Los bancos públicos de desarrollo reunidos en Cartagena no pueden maquillar de verde su apoyo a la agricultura destructiva

Del 4 al 6 de septiembre del 2023 se realizará en Cartagena, Colombia, la denominada “Cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo”, con la presencia de más de 500 de estos bancos. Juntos, comprenden más del 12% de la inversión mundial.

Estas instituciones operan en su mayoría con fondos públicos, provenientes de los impuestos y el trabajo de personas de varias partes del mundo. Siendo instituciones estatales, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en sus políticas y operaciones. Y se supone que deberían rendirle cuentas al público, a través de organismos gubernamentales de supervisión. Existe muy poca información disponible y la gente sabe muy poco de estos bancos y mucho menos de sus estrategias.

Los bancos de desarrollo invierten en el sector privado buscando rendimientos financieros. Argumentan que las compañías dan impulso al crecimiento y al empleo y que, para que esto ocurra, quienes financian deben asumir riesgos, por ejemplo, mediante endeudamientos y fondos de capital privados.

Los préstamos de los bancos de desarrollo al sector privado brindan a las corporaciones garantías que utilizan para recabar millones adicionales de prestamistas privados u otros bancos de desarrollo, con frecuencia a tasas más bajas. Así es como la banca pública de desarrollo juega un papel crucial en la expansión de las corporaciones en el sur global, aumentando sus mercados y presencia en diversos territorios.

A menudo los créditos de la banca pública de desarrollo contribuyen a la concentración de los sectores productivos, en especial el sector agroalimentario. Los préstamos, por ejemplo, son otorgados a empresas nacionales y transnacionales que concentran la producción, distribución y comercialización de alimentos.[1]

Esta cumbre, entonces, se constituye como un mecanismo para definir formas de aumentar su influencia en la región por medio de sus inversiones y termina extremando la crisis ecológica.

Con sus inversiones, los bancos públicos internacionales de desarrollo sostienen el modelo agroindustrial en beneficio de las corporaciones transnacionales. Tan sólo en la última década la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), prestaron ya más de dos mil millones de dólares, principalmente para mega fábricas de carne de cerdo y aves.

En América Latina los bancos nacionales y regionales de desarrollo siguen el mismo patrón mundial y financian a la agricultura industrial.

En México, una de las mayores granjas agroindustriales es propiedad del grupo porcícola Keken. Este grupo recibe financiamiento de la banca pública de desarrollo mexicana a través de Bancomext, que le ha otorgado créditos por más de 50 millones de dólares en los últimos años. Tales créditos financian la expansión de estas granjas, que producen afectaciones graves a los ecosistemas en Yucatán, donde se ha criminalizado la protesta social ante estos hechos.

En Chile, las granjas de crianza intensiva pertenecen sobre todo a la empresa Agrosuper, que ha recibido más de 100 millones de dólares en financiación a través de “bonos verdes”[2] respaldados por el gobierno chileno y promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y bancos internacionales como el Rabobank de Países Bajos. Dicen que son “verdes” pero son para expandirse en el negocio de la crianza intensiva de salmón, cuyos métodos de crianza son muy cuestionados por el uso indiscriminado de antibióticos.

Agrosuper estuvo involucrada en conflictos con comunidades campesinas de Atacama, en el poblado de Freirina, donde la empresa instaló un megaproyecto de crianza intensiva de cerdos, generando fuertes impactos por las emanaciones, las moscas, la contaminación y el envenenamiento ambiental. Finalmente, las protestas de la gente lograron que esta empresa cierre las granjas de crianza intensiva en esta zona.

En Brasil, el gigante de la carne JBS, involucrado en varios escándalos de corrupción, recibió préstamos, sobre todo del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES). JBS fue durante un tiempo el mayor productor mundial de carne.

La empresa transnacional BRF, una de las mayores agroindustrias de crianza intensiva de cerdos y aves, emitió “bonos verdes” por más de 500 millones de dólares para financiar su expansión. BRF también recibió una línea de crédito del Banco do Brasil (que es público) por hasta 288 millones de dólares. Además, 22% de las acciones de esta empresa pertenecen a los fondos de pensiones del Banco do Brasil y Petrobras. BRF es una de las empresas más grandes de crianza intensiva del mundo.

Hace poco, la empresa estuvo involucrada en varios escándalos de corrupción y adulteración de resultados de laboratorio por ocultar la contaminación de lotes de carne con salmonella.

En general, los principales productores de carne del mundo reciben créditos de algún banco público de desarrollo, lo que les permite asegurar su expansión y el control del mercado de la carne.

La expansión de las mega-fábricas de carne ha producido serios efectos ambientales, económicos, sociales y a la salud en territorios indígenas campesinos indígenas. Los desechos animales, los residuos químicos y los antibióticos utilizados, se filtran al suelo y a las fuentes de agua locales, generando riesgo de contaminación de agua potable y ecosistemas acuáticos.

Estas mega-granjas contaminan estas fuentes de agua con desechos sólidos (excremento), afectando la disponibilidad de agua limpia y segura de la población en las cercanías de donde se instalan. La crianza animal intensiva es una fuente importante de emisión de gases con efecto de invernadero, y otros gases contaminantes producto del hacinamiento de los animales y la intensificación de la producción. Esto provoca degradación de suelos y genera pérdida de la agrobiodiversidad, lo que afecta la soberanía alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas.

El modelo impuesto y consolidado con el financiamiento de la banca pública de desarrollo genera una enorme dependencia económica en el mundo rural, puesto que las empresas de crianza intensiva controlan toda la cadena de producción de carne, siendo un obstáculo importante en la diversificación económica de la población local. Quienes producen carne en pequeña escala son desplazados y las grandes agroindustrias concentran la producción.

Las comunidades que han denunciado los efectos de esta actividad, en muchos casos han sido amenazadas e intimidadas por las empresas que se dedican a la crianza o producción masiva de carne. En 2022, defensores de los acuíferos de Homún en México fueron amenazados por exigir que una mega-granja suspendiera sus operaciones. Las mega-fábricas de carne también provocan conflictos y divisiones en la comunidad, aumentando las tensiones entre la población.

Además, y muy centralmente, existen impactos diferenciados en las mujeres, relacionados con la intensificación de la violencia doméstica y sexual, injusticia climática que provoca impactos agravados en su salud, desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida.

Las granjas de crianza intensiva a menudo concentran grandes cantidades de animales en espacios reducidos, lo que puede facilitar la propagación de enfermedades (por medio de zoonosis), o ser el origen de nuevas pandemias como ya ha ocurrido en el pasado. Cerca de 60% de las enfermedades infecciosas son transmitidas por animales, sobre todo los que son criados en granjas intensivas.

El uso intensivo de antibióticos en estas granjas puede contribuir al desarrollo de resistencia a los mismos en los habitantes de las comunidades. En la actualidad el 73% de los antibióticos usados en el mundo son usados en la crianza de animales.

En las últimas décadas una gran cantidad de virus han saltado de animales de crianza intensiva a humanos. Habiéndose originado en mega-granjas industriales, la gripe aviar (H5N1) y la gripe porcina (H1N1) mataron a millones de aves y cerdos y miles de personas. En La Gloria, México, la gripe porcina llegó a enfermar al 60% de la población humana. Este brote ocurrió en Granjas Carroll, una planta procesadora de cerdos de Smithfield Foods. Los brotes de coronavirus también se han intensificado en el último periodo hasta mutar y llegar a los humanos, como el actual SARS-COV-2, COVID-19.

Este tipo de cumbres sirven para dar un impulso a la influencia de los bancos de desarrollo en América Latina, cuando, por el contrario, deberían ser un momento para cuestionar el papel que estos bancos juegan en las múltiples crisis que afectan al continente. Debería ser un momento para impulsar otros mecanismos de inversión pública que no sean destinados a las corporaciones.

Los bancos públicos de desarrollo tienen que detener de inmediato el financiamiento a las empresas agroindustriales, en especial las que se dedican a la producción masiva de carne.

Debe generarse también un mecanismo de denuncia y reparación a las comunidades que ya han sufrido los efectos de estas actividades en sus territorios.

Ha que crear mecanismos de financiamiento totalmente públicos y transparentes, que apoyen los esfuerzos populares para desarrollar soberanía alimentaria y proteger y restaurar los ecosistemas frente a la crisis climática.

Fuente: https://www.statista.com/ y páginas web de bancos públicos de desarrollo.

Foto: Karen Hudlet Vázquez