Solidaridad, no a la explotación: apoyamos a quienes trabajan en el sector alimentario, desde el campo a la mesa

El 1 de mayo es el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, es un día para honrar la fortaleza y los sacrificios de las personas que trabajan en todo el mundo. Pero hay gente que trabaja y que es permanentemente ignorada: aquellos millones que laboran para producir, procesar y llevar a las personas sus alimentos, quienes en su mayoría forman parte de la economía informal. Ya sea que hablemos del campesinado en Perú, gente que vende en las calles de Zimbabue o que reparten comida en India, las personas que trabajan en todo el sector alimentario – en producción, procesamiento, distribución o preparación – son esenciales para llevar el alimento hasta la mesa de la población y, sin embargo, siguen estando entre las personas más explotadas del mundo.

Pueblos campesinos y las agricultoras y agricultores “sin tierra” a menudo son expulsados a la fuerza de sus tierras ancestrales por la agricultura industrial o son despojados debido a la crisis climática y la eco-destrucción y deben luchar para sobrevivir. Muchas personas migran para convertirse en mano de obra mal pagada e indocumentada en la agricultura industrial de países más ricos. Estas son las personas que trabajan invisibilizadas, recolectando fruta, cosechando hortalizas y empacando carne para consumidores remotos – habitualmente sin acceso a la salud, a la protección legal o al derecho a sindicalizarse.

En las ciudades, las personas que venden en las calles y en los mercados, muchas de las cuales son mujeres, enfrentan persecución y violencia todos los días. Aunque proveen alimentos nutritivos y asequibles a las comunidades de bajos ingresos, siguen sin ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores que entregan servicios esenciales y, generalmente, no tienen acceso a ninguna protección social.

También están las trabajadoras y trabajadores que reparten alimentos que dependen de plataformas digitales, gobernadas por algoritmos que prometen libertad y eficiencia, pero solo les ofrecen inseguridad, sanciones arbitrarias y un pago miserable.

Los alimentos nos conectan a todos, pero las personas que los producen y proveen son habitualmente invisibles. Su labor es considerada “no calificada”, sus luchas son ignoradas y sus organizaciones son suprimidas. En el mes en el cual celebramos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, debemos asumir el costo humano de nuestro sistema alimentario cada vez más en manos de las corporaciones, explotador y profundamente desigual. Cada ración de comida es posible gracias a trabajadoras y trabajadores cuyos derechos – al descanso, a organizarse, a vivir con dignidad – son negados demasiado a menudo. La gran mayoría de la gente que trabaja en el sector de alimentos en el Sur global, y muchos en el Norte global, no tienen acceso a una protección social básica. En relación a las pensiones de jubilación, por ejemplo, después de décadas de un trabajo arduo, campesinas y campesinos, gente de la pesca, personas que trabajan en actividades agrícolas y vendedores y vendedoras de alimentos en casi todo el Sur global no tienen una jubilación o solo reciben una miseria.

La soberanía alimentaria no puede estar disociada de la justicia laboral. Esto implica salarios justos, condiciones de trabajo saludables y seguras, protección social y negociación colectiva. Para los millones de personas que trabajan en la economía informal, también significa asegurar sus derechos a la total protección legal y social y a la participación en la elaboración de políticas. Esto es posible de hacer, es más, ya hay casos en países del Sur global donde los gobiernos, a menudo presionados por los movimientos sociales, han promulgado sistemas públicos de pensiones, diseñados para brindar una jubilación digna a las campesinas y campesinos y sus familias. En la próxima 113ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, los gobiernos y las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo discutirán las normas tanto para las personas en la economía informal como para aquellas que están en la economía de plataformas digitales. Es de vital importancia que las necesidades e intereses de quienes trabajan en el sector alimentario, en toda su diversidad, sean un tema central en estas discusiones. ¡Luchemos unidas y unidos por un sistema alimentario basado en la solidaridad, no en la explotación!

Cuando comenzamos a vender los bolsones de verdura agroecológica en 2010 – repartiéndolas en bicicleta en toda La Plata, Buenos Aires – nunca imaginamos que en quince años habríamos construido la mayor red en Argentina de puntos de distribución de alimentos, administrada por pequeños agricultores y agricultoras y campesinas y campesinos. Hoy, la Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT – une a más de 22 mil familias productoras en 20 provincias. Cultivan frutas y verduras, crían ganado, cultivan granos, producen lácteos y operan agroindustrias a pequeña escala.

En el corazón de nuestro éxito está la estructura de base: las decisiones operacionales y políticas son debatidas en asambleas de delegadas y delegados electos y con mandato. Esto asegura que los acuerdos surjan de una tensión, una negociación y una resolución colectiva. No somos simplemente personas que distribuímos – somos gente que producimos alimentos, decididos a llevar alimentos nutritivos a la mesa de las familias.

Otro pilar es la total participación y compromiso de las trabajadoras y trabajadores en las redes de distribución. Se capacitan en contabilidad, comunicación y logística, empoderándose no solo para reponer en las góndolas o empacar los bolsones de productos, sino también para dar a conocer la historia tras cada hortaliza, defender su valor y garantizar su calidad.

Hemos diversificado la distribución para satisfacer las necesidades de la comunidad: mercados mayoristas, nuestras propias tiendas, centros comunitarios de compras al por mayor, ferias y asociaciones con el estado. También invertimos en forma colectiva en infraestructura – herramientas, maquinaria, insumos y vehículos equipados – para mejorar la producción y la distribución. Estos recursos de propiedad comunitaria son auto gestionados por las trabajadoras y trabajadores en todo el país, asegurando que cada producto alimenticio, desde la semilla hasta que llegan a las cocinas, impulsa una estrategia mayor de soberanía alimentaria.

La elaboración de un mapeo a nivel nacional nos permite adaptarnos a las realidades locales. No todas las regiones necesitan bodegas de empaque o almacenes; lo importante son las soluciones flexibles, basadas en las necesidades locales, que amplifican las fortalezas de cada área.

Simultáneamente, exigimos cambios concretos a las políticas a nivel municipal, provincial y nacional, luchando por el apoyo público para los sistemas alimentarios justos. Denunciamos a los agronegocios tóxicos a la vez que se avanza en alternativas viables – a pequeña y gran escala.

Las alianzas con otros movimientos son vitales. Unimos redes horizontales y verticales para defender el alimento como un derecho, no una mercancía, expandiendo las luchas de todo el sector.

Este ciclo virtuoso – la prueba tangible de que “es posible hacerlo”, la participación activa, el desarrollo de habilidades y la educación política – impulsan el empoderamiento de nuestras y nuestros compañeros. Cuando las trabajadoras y trabajadores enfrentan colectivamente los límites de los sistemas capitalistas y neoliberales, se abren nuevos horizontes: los derechos a la tierra, al agua, a los alimentos accesibles y saludables y al buen vivir[1] dejan de ser ideales utópicos y se convierten en demandas no negociables.

Quince años después, la UTT enfrenta nuevos desafíos bajo un gobierno neoliberal que impone una austeridad brutal, privatiza la tierra y mercantiliza los recursos colectivos. Pero estamos convencidos: las iniciativas de base, autogestionadas, son grietas del sistema que podemos hacer crecer. Nos mantendremos reinventándonos, como la organización de trabajadoras y trabajadores de la tierra que somos – hasta que transformemos todo.

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La venta ambulante, especialmente en sectores urbanos informales, es una fuente importante de sustento en Sri Lanka. A pesar de su importante contribución a la sociedad y a la economía local y la importante participación de las personas que venden en la calle en la fuerza laboral del país, se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo restricciones legales, desalojos forzados y una inadecuada infraestructura. Las mujeres vendedoras son especialmente afectadas. Suelen ser excluidas de los mercados formales de trabajo y enfrentan el estigma social y una vulnerabilidad que aumenta durante las crisis. Las personas encargadas de la planificación urbana y las autoridades a cargo del desarrollo habitualmente excluyen a las vendedoras y vendedores ambulantes de los programas de desarrollo urbano debido a su estatus informal, a la percepción de que no pagan impuestos y a la competencia con comerciantes minoristas más poderosos.

Cuando la pandemia de COVID-19 y las otras crisis -alimentaria, de combustibles y económica- remecieron a Sri Lanka en 2021 y 2022, más personas fueron forzadas a obtener su sustento de la venta ambulante. A pesar de las adversidades durante este tiempo, como la incertidumbre financiera y la persecución por parte de las autoridades, también hubo un aumento del reconocimiento del importante papel que tienen quienes venden en las calles en el abastecimiento de alimentos accesibles para la población urbana.

En esos días, FIAN Sri Lanka se embarcó en un proceso de colaboración con las vendedoras y vendedores ambulantes para mejorar su reconocimiento social y legal y apoyarles para que se organizaran colectivamente, con el objetivo de que ingresaran a la economía formal, para garantizar un ambiente de negocios seguro, acceso al crédito y a la información de mercado, así como acceso a la protección social y a la atención en salud. Desde entonces se han logrado varias mejoras en los derechos de quienes trabajan en la calle.

Se han llevado a cabo programas de capacitación en derechos humanos que han permitido a las personas que venden en las calles tomar conciencia sobre sus derechos y también mejorar la confianza en sí mismos. Se crearon foros y plataformas a través de las cuales las vendedoras y vendedores abogan por sus derechos y participan de negociaciones con las autoridades del estado.

Un sentido de comunidad más fuerte ha surgido entre quienes viven de la venta ambulante a través de cooperativas y redes de apoyo mutuo. Estas asociaciones operan bajo reglas auto reguladas, promoviendo una cultura de disciplina y respeto. Hasta ahora, tres Asociaciones de Vendedoras y Vendedores Ambulantes (SVA, por sus siglas en ingles) han recibido un reconocimiento formal bajo la Ley de Cooperativas de Sri Lanka. Además, se formó una Red Nacional de Asociaciones de Vendedoras y Vendedores Ambulantes. Esta red reúne a todas las asociaciones de personas que venden en la calle, de manera formal o informal, en todo el país, y representa un hito crucial en el fortalecimiento de su voz y representación colectiva. La Red Nacional proporciona un medio para que vendedoras y vendedores accedan a recursos, negocien con autoridades y enfrenten desafíos comunes.

Los esfuerzos en defensa de sus derechos han llevado a iniciar conversaciones sobre reformas legales y el desarrollo de pautas para políticas y estatutos a nivel municipal, provincial y nacional, con el objetivo de institucionalizar los derechos y la protección y permitir el registro legal y la concesión de licencias. Por ejemplo, un estatuto para la venta ambulante fue aprobado por unanimidad por el concejo municipal de Bandarawela en 2023 y las actuales conversaciones con las autoridades de vivienda, planificación urbana y aseo urbano buscan integrar la venta ambulante en los planes de desarrollo urbano de la municipalidad.

Los vendedoras y vendedores han mejorado sus competencias en administración financiera y algunas asociaciones han establecido fondos rotativos para las necesidades de micro crédito de las personas que las integran, mejorando la resiliencia económica, la sustentabilidad y la independencia. La introducción de herramientas tecnológicas simples, como grupos de WhatsApp, ha mejorado la comunicación y las operaciones diarias entre las personas que venden y sus clientes. Además, las asociaciones han organizado conferencias y ferias formales para mejorar la exposición al mercado y lograr una mayor promoción.

Los mejores estándares de higiene y calidad y mayores vínculos con los mercados también han llevado a una mayor aceptación por parte de la comunidad de los productos que venden. Las vendedoras y vendedores han recibido documentos de identificación, uniformes, certificados de salud emitidos por autoridades sanitarias, logrando una mayor formalización y creando un sentimiento de orgullo entre las vendedoras y vendedores. La Asociación de Inspectores de Salud Pública desarrollaron y validaron pautas para la gente que vende alimentos en la calle. Ha disminuido la confrontación entre quienes venden y la gente de la inspección de salud pública, dado que ahora trabajan juntos y más de cerca. Además, se proporcionan controles de salud a las y los vendedores.

El ambiente de trabajo para las vendedoras y vendedores ha mejorado significativamente, con una reducción de los desalojos por la fuerza y del acoso de parte de los organismos de recaudación. La colaboración con las autoridades locales ha llevado al desarrollo de políticas y regulaciones más justas, creando un marco de trabajo más amable para quienes viven de la venta ambulante. De manera importante, la gente que vende ha logrado reclamar un espacio en la gobernanza del sistema alimentario haciendo que sus preocupaciones y propuestas de solución sean escuchadas. La colaboración con la National Hawkers Federation en India (Federación Nacional de Vendedoras y Vendedores Ambulantes) ha permitido un valioso aprendizaje e intercambio de saberes entre países. También se han establecido relaciones con otros actores, incluyendo bancos locales, cámaras empresariales, instituciones académicas e investigadores.

Documentales en vídeos y relatos de casos han destacado los éxitos y desafíos, ganando el apoyo público para las vendedoras y vendedores y ha permitido influir en la elaboración de políticas.

Para fortalecer y asegurar que estos logros sean sustentables, las vendedoras y vendedores ambulantes están planificando institucionalizar aún más sus redes y aumentar su presión por reformas políticas, incluyendo la demanda por una política nacional que resguarde los derechos de quienes viven de la venta ambulante. También tienen planes de hacer crecer su membresía y cobertura, organizar talleres regulares de desarrollo de competencias – incluyendo capacitaciones específicas para mujeres vendedoras- y trabajar con las cámaras empresariales para crear políticas económicas que apoyen la venta ambulante.

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El comercio informal transfronterizo – a veces llamado “no registrado”, “a pequeña escala” – se refiere al movimiento de bienes a través de las fronteras internacionales sin una declaración formal de aduanas o sin cumplir plenamente con los procedimientos regulatorios. Aunque a menudo es ignorado en las estadísticas oficiales, el comercio informal transfronterizo tiene un importante papel en los sistemas alimentarios de muchas regiones y establece relaciones entre campesinas y campesinos y los mercados urbanos e incluso internacionales.

La falta de “declaración formal” no debe ser interpretada como el no pago de impuestos o derechos a las autoridades: como habitualmente ocurre con quienes trabajan en la economía informal, los impuestos y las regulaciones se aplican de una manera muy poco transparente, facilitando el acoso, la corrupción y la violencia en contra de las trabajadoras y trabajadores – particularmente las mujeres. Según los últimos datos de StreetNet, las mujeres corresponden al 70% de las personas que trabajan en el comercio transfronterizo a pequeña escala en África.

En muchas ciudades de regiones fronterizas, las importaciones formales no abastecen a los pequeños pueblos o áreas remotas. El comercio informal viene a llenar un vacío en el abastecimiento, asegurando un acceso estable a los alimentos básicos durante las temporadas de escasez. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Africano para el Comercio, la Integración y el Desarrollo, se estima que el comercio informal transfronterizo tiene un papel importante en la generación del sustento de alrededor del 43 por ciento de la población del África Sub Sahariana, incluyendo el sustento de sectores vulnerables, especialmente de las mujeres. El comercio informal transfronterizo tiene un papel importante en la seguridad alimentaria: en África Occidental, por ejemplo, los alimentos básicos del comercio informal transfronterizo representan alrededor del 30% del comercio regional total. El comercio informal transfronterizo puede ocurrir a través de puestos fronterizos oficiales o a través de fronteras no vigiladas e inseguras. En estas regiones, el acceso al alimento es de importancia crítica y el comercio informal transfronterizo representa una salvación.

StreetNet promueve y actúa en pro de un proceso de formalización centrado en las y los trabajadores, incluyendo a las y los comerciantes informales transfronterizos. Hay una serie de principios para una formalización justa y no punitiva de las trabajadoras y trabajadores en la economía informal:

En el contexto de comercio informal transfronterizo, esto significa, esencialmente que las y los comerciantes a pequeña escala necesitan tener acceso a una información transparente sobre la regulación transfronteriza, estar protegidos de la violencia y persecución de parte del estado o las autoridades fronterizas (especialmente la confiscación de bienes), y que todo lo relacionado a los bienes y los derechos de aduana sea realizado en un solo punto en la frontera (conocido como ventanilla única). Un ejemplo positivo de la implementación de estas políticas es el Régimen de Comercio Simplificado de Sud África (STRS), donde los vendedores que tienen ventas de bienes por un valor de hasta 2 mil dólares tienen derecho a una carga burocrática significativamente más baja.

Un punto importante es la inclusión de representantes de las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores en las negociaciones con las autoridades, como las del gobierno o de la policía fronteriza.

¿Cómo se ve esto en la práctica? Un sistema de comercio transfronterizo formal, justo y equitativo puede mejorar de manera dramática las cadenas de abastecimiento y, a la vez, transformar la vida de las comunidades fronterizas que las sostienen. Para las y los comerciantes a pequeña escala un mayor reconocimiento legal y procedimientos simplificados significa que pueden transportar bienes perecibles como frutas, verduras y granos de manera más segura y eficiente, reduciendo la descomposición y las pérdidas. En resumen: mejor vida para las y los comerciantes implica mayor seguridad alimentaria para todos.

Podemos ver un ejemplo en Costa de Marfil. “Desde fines de 2022, luego de la finalización del proyecto con StreetNet, las condiciones para las y los comerciantes en esta frontera han mejorado considerablemente, particularmente en Burkina Faso, donde la persecución a las y los comerciantes ha disminuido” dice Marcelline Adopo, presidenta de nuestra filial en Costa de Marfil, FETTEI-CI. “Sin embargo, Costa de Marfil aún sigue imponiendo algunas dificultades debido a ocasionales persecuciones y complicaciones en los procedimientos. Durante la fase de desarrollo del proyecto, las y los comerciantes establecieron un elemento central para los dos países. Para viajar, los comerciantes solo necesitan presentar su documento nacional de identidad y una libreta de vacunación al día, lo que ha simplificado viajar y las actividades comerciales”. FETTEI-CI agrupa a muchas personas que venden alimentos, muchas de las cuales comercian con los países vecinos a través de las fronteras.

Con una menor corrupción y reglas más claras, las y los comerciantes ya no necesitan recurrir a rutas encubiertas, mejorando la seguridad y la calidad de los alimentos que llegan a los mercados. Las comunidades fronterizas se benefician de la mayor disponibilidad de alimentos, precios más justos e ingresos más estables, lo que, a su vez, sirve a una mejor nutrición, salud y vida comunitaria. En regiones donde el comercio informal es la base de la distribución de alimentos, especialmente en algunas regiones de África Occidental, la formalización impulsada por las trabajadoras y trabajadores fomenta la seguridad alimentaria y la resiliencia desde las bases.

[1] El "buen vivir," es una filosofía y forma de vida enraizada en los saberes indígenas de América del Sur. Su énfasis está en la relación en armonía con la naturaleza y la comunidad, promoviendo un modelo de desarrollo que prioriza el equilibrio ecológico y la justicia social por sobre el crecimiento económico implacable.