No habrá soberanía alimentaria si la distribución de alimentos sigue en manos corporativas

Está claro que la soberanía alimentaria no tiene que ver únicamente con la producción de alimentos; es decir, quién produce los alimentos y cómo. Se trata de tener acceso a alimentos asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados, por lo que no podemos hablar de soberanía alimentaria sin hablar de distribución de alimentos (sobre quién distribuye los alimentos y cómo).

El gran culpable de los altos precios actuales de los alimentos para las consumidoras y los consumidores y de los bajos precios para el campesinado, es el poder corporativo. Se necesitan acciones urgentes para desmantelar el poder corporativo y pasar a sistemas alimentarios más localizados, basados en una producción de alimentos diversificada, que satisfaga las necesidades alimentarias de la población. Y esto requiere construir y fortalecer vínculos entre quienes producen alimentos a pequeña escala y la venta ambulante y en los mercados.

Como se mencionó en la última edición, estamos ampliando el alcance geográfico de este boletín trimestral y abriéndolo a una colaboración tripartita entre GRAIN, FIAN y StreetNet International. FIAN Internacional ha estado trabajando durante casi cuatro décadas junto a comunidades y movimientos de base, apoyando sus luchas contra las violaciones del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en todo el mundo y abogando por políticas que promuevan prácticas y condiciones justas, saludables y sostenibles para todas las personas involucradas en el sistema alimentario. StreetNet es una alianza global de personas vendedoras ambulantes y de mercados. Está compuesta por sindicatos, asociaciones y cooperativas.

Como alianza mundial del trabajo informal de bajos ingresos con más de 900 mil personas vendedoras ambulantes y de mercados en todo el mundo, StreetNet sabe lo importante que es tener acceso a alimentos asequibles. En la mayor parte del mundo, son personas vendedoras ambulantes y de mercados quienes llegan a las comunidades con frutas y verduras locales nutritivas, y también comidas cocinadas a precios bajos y se relacionan con el pequeño campesinado para distribuir sus productos.

Durante cientos, si no miles, de años, personas vendedoras ambulantes y de mercados han formado parte del paisaje urbano como mano de obra esencial y partes integrales de la vida citadina, además de conectar a las comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, el papel clave que desempeñan en la distribución de alimentos a menudo se pasa por alto y son expulsadas cada vez más por gobiernos e inmobiliarias porque las ven como molestias y amenazas al orden público y la seguridad. Los mercados tradicionales y de gente campesina suelen ser demolidos para construir en su lugar supermercados de franquicia.

Estas prácticas excluyentes no sólo amenazan los medios de vida de personas vendedoras ambulantes y de mercados, quienes sustentan a familias enteras con su trabajo, sino que también dan lugar a una falta de acceso a alimentos de calidad a precios asequibles para las comunidades. Además, el comercio callejero y en los mercados suele ser una mayor fuente de empleo para mujeres que para hombres. Desde la venta de frutas y verduras hasta la venta de comidas preparadas, estas mujeres proporcionan una fuente de ingresos a sus hogares. Por lo tanto, la lucha por unas condiciones de trabajo decentes para personas vendedoras ambulantes y de mercados no puede disociarse del movimiento mundial por la soberanía alimentaria. Esto forma parte de las acciones necesarias para poner coto al poder de los actores que están amplificando la volatilidad de los precios de los alimentos y de las acciones para aumentar y crear controles públicos sobre los precios de los alimentos y programas que garanticen una distribución justa, equitativa y segura de alimentos nutritivos para todas las personas.

Sin embargo, existen enfoques comunitarios para la seguridad alimentaria que pueden contrarrestar estas percepciones y que involucran a las personas vendedoras como partes activas e integrales del proceso. Un ejemplo notable proviene de Kenia.

“Recientemente, iniciamos un trabajo con personas vendedoras de alimentos en mercados y asentamientos informales para fortalecer sus prácticas y conocimientos”, relata Anthony Kwache, líder de KENASVIT y miembro del Consejo Internacional de StreetNet. “A finales de octubre y principios de noviembre, facilité una sesión de capacitación sobre marcos legales relacionados con los alimentos y la venta en el mercado de Mukuru, con el apoyo de una organización asociada. Esta capacitación cubrió áreas críticas como la seguridad alimentaria y la gestión de la cadena de suministro en asentamientos informales. Como resultado, las personas vendedoras de alimentos ahora están más conscientes de las leyes y regulaciones relacionadas con la manipulación, el almacenamiento y la seguridad de los alimentos”.

Un aspecto importante para KENASVIT es la experiencia de aprendizaje entre pares: “Organizamos una visita de intercambio entre personas vendedoras de los mercados de Mukuru y Muthurwa, fomentando el aprendizaje entre pares. Creo que cuando las vendedoras y los vendedores reciben información sobre marcos legales y seguridad alimentaria, están mejor preparados para abordar cuestiones como el almacenamiento adecuado y el mantenimiento de un entorno limpio, factores que son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria”.

La participación de personas trabajadoras en el proceso de gobernanza alimentaria se considera un elemento esencial para lograr la sostenibilidad de la cadena de suministro y la soberanía alimentaria. Sólo así podremos asegurarnos de que las prácticas y conceptos desarrollados a nivel internacional no se apliquen de forma extractiva y discriminatoria, y sean útiles para mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de las personas que producen y distribuyen los alimentos.

El auge de los pedidos por internet está provocando que la demanda de comida a domicilio se dispare en ciudades de toda Asia. Como resultado, un gran número de personas están siendo contratadas como repartidoras en condiciones de economía informal.

Los hombres han dominado durante mucho tiempo esta industria de alta intensidad y exigencia física. Pero, debido a la alta demanda de mano de obra, cada vez más mujeres también están siendo empleadas en el reparto de comida. Las motivaciones de las repartidoras de comida son complejas. Muchas de ellas provienen de áreas rurales en busca de un trabajo con horario flexible que pueda adaptarse a las tareas de maternidad. Otras pueden haber sido dueñas o trabajado en pequeños comercios que cerraron debido a la competencia en línea y han recurrido al reparto de comida como una de las pocas fuentes alternativas de ingresos. De hecho, el paisaje cultural de la comida callejera en Asia está siendo reemplazado rápidamente por un número masivo de motos de plataformas de reparto que esperan en calles concurridas y recorren las carreteras, ya sea con sol o con lluvia.

El año pasado, Grab, una multinacional tecnológica de Singapur, lanzó una campaña de contratación en Tailandia dirigida a mujeres conductoras. La iniciativa se está extendiendo por todo el sudeste asiático, abarcando Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Desde 2020, el número de mujeres conductoras de Grab en Tailandia ha aumentado en más del 45%. Sin embargo, aunque las empresas cuyas aplicaciones las envían cada día se han enriquecido, el elevado número de repartidoras hace que el trabajo sea más competitivo, duro y precario para las mujeres. Los estereotipos de género también prevalecen en la industria de la entrega. Las trabajadoras de reparto de comida en Tailandia y en otros lugares se enfrentan a salarios más bajos, acoso, acceso inadecuado al baño y dificultad para tomar licencia por cuestiones de salud femenina.

Basadas en algoritmos, las plataformas de reparto suelen ofrecer bonificaciones si quienes reparten completan una determinada cantidad de entregas. Este modelo de trabajo suele plantear desafíos a las repartidoras a tiempo completo que deben contribuir a los objetivos de rendimiento de su equipo. A las repartidoras de alimentos se les suele etiquetar de poseer “pocas habilidades para conducir” y “poco sentido de orientación”, lo que aumenta la posibilidad de que se enfrenten a la hostilidad de sus homólogos masculinos. La presión para actuar de acuerdo con los requisitos algorítmicos también impone riesgos de seguridad vial a repartidoras que buscan atajos o velocidad para completar la mayor cantidad posible de pedidos.

La mayoría de gente que reparte comida son personas empleadas como contratistas independientes con contrato abierto, por lo que normalmente no reciben beneficios básicos ni protección legal y carecen de poder de negociación. Con la excesiva fuerza laboral existente en el sector de la entrega de comida, la tecnología puede exacerbar estos problemas, lo que los hace más vulnerables a la explotación y a condiciones de trabajo precarias. China emplea actualmente a 12 millones de personas repartidoras. En este contexto de intensa competencia, las repartidoras a menudo trabajan más de 10 horas al día, lo que no les deja otra opción que depender de sus familiares para que cuiden de sus hijos.

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Para que las corporaciones puedan seguir expandiéndose, éstas deben mantener un mayor control sobre los sistemas alimentarios. Una forma de lograrlo es a través de organizaciones benéficas de alimentos respaldadas por las corporaciones, a menudo perpetuadas a través del modelo de bancos de alimentos norteamericano. Estas redes, las cuales son vitales durante momentos de crisis, se han convertido en elementos permanentes de la cadena mundial de suministro de alimentos. Si bien brindan ayuda a corto plazo, a menudo dependen del trabajo voluntario y de donaciones caritativas, lo que las hace vulnerables a las perturbaciones.

Las implicaciones de esta situación para los derechos humanos son significativas. En lugar de aplicar políticas que regulen el control corporativo y garanticen un acceso equitativo a los alimentos, los gobiernos han ido desfinanciando cada vez más los programas de apoyo público, permitiendo que los bancos de alimentos respaldados por las corporaciones asuman un papel más importante. Esto no sólo favorece el lavado de imagen corporativa y la promoción de sus productos, sino que también normaliza el desperdicio de alimentos e institucionaliza la inseguridad alimentaria, haciendo que el sistema dependa aún más de la caridad temporal en lugar de propiciar soluciones a largo plazo. Al hacerlo, los intereses corporativos siguen evadiendo la rendición de cuentas, perpetuando un ciclo de inequidad que viola el derecho humano fundamental a la alimentación y la nutrición.

En Colombia, la expansión de la caridad alimentaria respaldada por las corporaciones, influenciada por modelos del Norte Global, ha empeorado la inseguridad alimentaria al desviar la atención de las causas estructurales. El acaparamiento de tierras por parte de industrias como la caña de azúcar, los monocultivos que priorizan las exportaciones y el abandono rural contribuyen a disminuir la producción de alimentos. Los bancos de alimentos, introducidos en Colombia en 1999, distribuyen principalmente productos “alimenticios” ultraprocesados, lo que plantea serias preocupaciones sobre la salud pública. Este modelo depende en gran medida de las donaciones corporativas, lo que refuerza aún más la dependencia de actores poderosos en lugar de abordar las causas del hambre, como la pobreza y la inequidad sobre las tierras.

Un proyecto de ley reciente en Colombia (Proyecto de ley 383) ofrece exenciones fiscales a las empresas que donan a los bancos de alimentos, lo que genera pérdidas fiscales que de otro modo podrían financiar programas de protección social (se estima que ascienden a entre 14 y 17 billones de pesos colombianos anuales, aproximadamente entre 3 mil 380 y 4 mil 110 millones de dólares estadounidenses ). Este enfoque profundiza la dependencia de los donantes corporativos y no apoya los sistemas alimentarios locales sostenibles. Para lograr la soberanía alimentaria, Colombia debe priorizar el fortalecimiento de las comunidades rurales, el apoyo a la producción local de alimentos y la implementación de políticas sociales que aborden las causas subyacentes del hambre, empoderando a las personas para construir sistemas alimentarios equitativos a largo plazo.