Los bancos de desarrollo no tienen nada que hacer financiando agronegocios

Nuestros temores

Los PDBs son instituciones públicas creadas por los gobiernos nacionales o por las agencias multilaterales para financiar programas de gobierno y compañías privadas cuyas actividades, según se declara, contribuyen al mejoramiento de la vida de las personas en los lugares donde operan, particularmente en el Sur Global. Muchos bancos multilaterales de desarrollo, un importante subgrupo de los PDBs, también brindan asesoría técnica y política a los gobiernos, para que modifiquen sus leyes y políticas, y atraigan inversión extranjera.

Como instituciones públicas, los PDBs están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y se supone que deben rendir cuentas públicas por sus acciones, tienen ese mandato. Hoy, los bancos de desarrollo, en conjunto, gastan más de 2 billones de dólares al año financiando compañías públicas y privadas para construir caminos, plantas generadoras de energía, granjas fabriles, plantaciones de agronegocios y más, en nombre del “desarrollo”. Se calcula que 1.4 billones de dólares se destinan solamente a la agricultura y al sector alimentario. Se supone que el financiamiento a las compañías privadas, ya sea a través de préstamos o compra de acciones, permite que estos bancos obtengan ganancias, pero gran parte del gasto que los bancos hacen es respaldado y financiado por el sector público —gracias al trabajo de las personas y sus impuestos.

El número de PDBs y el dinero que reciben es cada vez mayor. El alcance de estos bancos también está en crecimiento, ya que cada vez más canalizan fondos públicos hacia capitales privados, hacia “financiamiento verde“ y otros sistemas financieros para brindar la solución prevista, en vez del apoyo más tradicional a programas de gobierno o a proyectos sin fines de lucro. El dinero procedente de un banco de desarrollo otorga una serie de garantías a las compañías que se expanden hacia lo que denominan países o industrias de alto riesgo. Estas garantías permiten que las compañías recauden más fondos de prestamistas privados u otros bancos de desarrollo, con frecuencia, a tasas favorables. Los bancos de desarrollo tienen así un papel crítico en facilitar a las corporaciones multinacionales su expansión hacia mercados y territorios en todo el mundo —desde minas de oro en Armenia, las controvertidas centrales hidroeléctricas en Colombia, o los desastrosos proyectos de gas natural en Mozambique— lo que no podrían hacer de otra forma.

Además, muchos bancos multilaterales de desarrollo trabajan específicamente en transformar, a nivel nacional, las leyes y políticas mediante la asesoría técnica que brindan a los gobiernos y a los sistemas de clasificación como el Enabling the Business of Agriculture del Banco Mundial. Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas.

Los Bancos Públicos de Desarrollo afirman que invierten solamente en compañías “sustentables“ y “responsables“ y que su participación mejora el comportamiento corporativo. Pero estos bancos tienen un fuerte legado de inversiones en compañías involucradas en el acaparamiento de tierras, la corrupción, la violencia, la destrucción ambiental y otras graves violaciones a los derechos humanos, frente a lo cual han evadido cualquier responsabilidad significativa. El creciente uso por los bancos de desarrollo de los fondos de capital privado en paraísos fiscales y de complejas redes de inversión para canalizar sus inversiones, incluyendo los denominados intermediarios, hace que la responsabilidad sea aún más fácil de evadir y posibilita que una pequeña y poderosa élite financiera se quede con los beneficios.

Es muy preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura. Son parte de la arquitectura financiera global que emprende procesos de despojo y destrucción ecológica, mucho de lo cual es causado por los agronegocios. Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales.

Penosos ejemplos

Existen importante ejemplos del modelo en el que se involucran los Bancos Públicos de Desarrollo:

• El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones [European Bank for Reconstruction and Development y el European Investment Bank] han otorgado generosos financiamientos a las compañías de agronegocios de uno de los más ricos oligarcas de Ucrania, que controla cientos de miles de hectáreas de tierra.

• SOCFIN de Luxemburgo y SIAT de Bélgica, dueños de las dos plantaciones más grandes de palma aceitera y caucho en África, han recibido numerosos préstamos financieros por parte de los bancos de desarrollo, pese a que sus empresas subsidiarias están mezcladas en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

• Múltiples bancos de desarrollo (incluyendo Swedfund, BIO, FMO y DEG) financiaron la fracasada plantación de caña de azúcar de Addax Bioenergy en Sierra Leona, la que ha dejado una huella de devastación para las comunidades locales después de la salida de la compañía.

• El CDC Group del Reino Unido y otros bancos de desarrollo europeos (incluyendo BIO, DEG, FMO y Proparco) volcaron más de 150 millones dólares en las plantaciones de palma aceitera de la República Democrática del Congo, de la ahora quebrada Feronia Inc, a pesar de los antiguos y extensos conflictos con las comunidades locales por la tierra y las condiciones de trabajo, acusaciones de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos de los aldeanos.

• El Fondo Común para Commodities de las Naciones Unidas invirtió en una finca de granos a gran escala de Agilis Partners, una compañía de propiedad estadounidense que estuvo involucrada en el violento desalojo de miles de pobladores en Uganda.

• Norfund y Finnfund son dueños de Green Resources, una compañía forestal noruega que planta árboles de pino en Uganda, en tierras usurpada a miles de campesinos locales, con efectos devastadores sobre sus medios de sustento.

• El Banco Japonés de Cooperación Internacional y el Banco Africano de Desarrollo [Japan Bank for International Cooperation y African Development Bank] invirtieron en una vía de ferrocarril e infraestructura portuaria para permitir a Mitsui de Japón y Vale de Brasil que exporten carbón desde sus operaciones mineras en el norte de Mozambique. El proyecto, conectado con el controvertido proyecto de agronegocios, ProSavana, ha llevado al acaparamiento de tierras, a reubicaciones forzadas, accidentes fatales, y a detenciones y torturas a los que se oponen al proyecto.

• El Banco Chino de Desarrollo [China Development Bank] financió el desastre ecológico y social de la represa de Gibe III en Etiopía. Diseñada para la generación de electricidad y para el riego de plantaciones a gran escala de azúcar, algodón y palma aceitera, como el gigantesco Proyecto Kuraz de Desarrollo Azucarero [Kuraz Sugar Development Project], ha interrumpido el flujo del río con el cual contaban los pueblos indígenas del Valle de Bajo Omo para la agricultura bajo inundación.

• En Nicaragua, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, una compañía que administra plantaciones de cacao y de teca, controlada por intereses de la minería del oro, responsable del desplazamiento de comunidades afro descendientes e indígenas, y de degradación ambiental.

• La Comisión Financiera Internacional y la agencia Invest, del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobaron recientemente préstamos a Pronaca, la cuarta corporación más grande de Ecuador, para expandir la producción intensiva de cerdos y aves a pesar de la oposición de grupos internacionales y de Ecuador, incluyendo comunidades locales indígenas cuyas aguas y tierras han sido contaminadas por las operaciones expansivas de la compañía.

• Invest, del Banco Interamericano de Desarrollo, está considerando un nuevo préstamo de 43 millones de dólares para Marfrig Global Foods, la segunda compañía más grande del mundo productora de carne de res, bajo el disfraz de promover “ganadería de carne bovina sustentable“. Numerosos informes han mostrado que la cadena de suministro de Marfrig está directamente relacionada con la deforestación ilegal en el Amazonas y el Cerrado y con violaciones de los derechos humanos. La empresa también ha afrontado cargos de corrupción. Actualmente, una campaña global está exigiendo que los PDBs se retiren de inmediato de todas las operaciones de ganadería industrial.

Necesitamos mejores mecanismos para construir soberanía alimentaria

Los gobiernos y las agencias multilaterales, finalmente, están comenzando a reconocer que el sistema alimentario global ha fracasado en la lucha contra hambre y es un importante factor generador de múltiples crisis, desde pandemias hasta el colapso de la biodiversidad y la emergencia climática. Pero no han hecho nada por enfrentar a las corporaciones que dominan el sistema alimentario y su modelo de producción, comercio y consumo. Al contrario, están presionando en pos de una mayor inversión corporativa, más asociaciones público-privadas y más dinero para los agronegocios.

El año de la cumbre de los bancos de desarrollo fue decidido en forma deliberada para que ocurriera casi de inmediato después de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. Ésta fue publicitada como un foro global para encontrar soluciones a los problemas que afectan al sistema alimentario global, pero se la apropiaron los intereses corporativos y se convirtió en poco más que un espacio para el lavado de imagen verde de las corporaciones y para promover la agricultura industrial. El evento fue protestado y boicoteado por los movimientos sociales y la sociedad civil, incluso a través de la Cumbre Mundial de los Pueblos y la Respuesta autónoma de los Pueblos a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, así como por académicos de todo el mundo.

La cumbre Finance in Common, con su interés central en la agricultura y los agronegocios, seguirá el mismo guión. Los financistas que supervisan los mandatos de los bancos y nuestros fondos públicos se reunirán con las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición. Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición.

El año pasado, una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil realizaron un enorme esfuerzo simplemente en conseguir que los bancos de desarrollo aceptaran comprometerse con un enfoque de derechos humanos y desarrollo liderado por las comunidades. El resultado fue sólo algunas tibias palabras en la declaración final, que no ha sido traducida a la acción.

Ya no queremos que el mandato de estos bancos, nuestro dinero público, y nuestros recursos públicos se malgasten en compañías de agronegocios que despojan de la tierra, de los recursos naturales y de sus medios de sustenta las comunidades locales.

Por lo tanto:

Exigimos un inmediato cese del financiamiento por parte de los bancos públicos de desarrollo a las operaciones de los agronegocios corporativos e inversiones especulativas.

Exigimos la creación de mecanismos de financiamiento totalmente públicos y transparentes, que apoyen los esfuerzos populares para desarrollar soberanía alimentaria, hacer efectivo el derecho humano a la alimentación, proteger y restaurar los ecosistemas y abordar la crisis climática.

Exigimos la implementación de mecanismos fuertes y efectivos que proporcionen a las comunidades el acceso a la justicia en caso de impactos adversos a los derechos humanos o de daños sociales y ambientales causados por las inversiones de los Bancos Públicos de Desarrollo.