Desastre en ciernes: Cómo Brasil se convirtió en un laboratorio de agroinversiones financieras

El eslogan “El agro es tech, el agro es pop, el agro es todo” se ha difundido ampliamente desde 2016 a través de anuncios transmitidos por la mayor emisora de televisión de Brasil. Financiada por el agronegocio, la publicidad muestra, por un lado, imágenes de gente trabajadora rural feliz en plantaciones de soja, maíz, algodón y caña de azúcar y, por otro, familias satisfechas en las ciudades porque pueden comer, vestirse y llenar el tanque de sus vehículos gracias a la agroindustria. Esta representación sugiere un círculo virtuoso en el que el sector agrícola beneficia tanto a las áreas rurales como a las urbanas.

Como parte de su estrategia de marketing, los principales medios de comunicación repiten el mantra de que el sector agropecuario representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PBI) de Brasil y es, por lo tanto, la principal fuente de riqueza nacional.

Esta imagen triunfalista del agronegocio se alinea perfectamente con la estrategia de los relativamente nuevos Fondos de Inversión en Cadenas Agroindustriales (Fiagros), que prometen que cualquiera puede participar de la riqueza del sector convirtiéndose en “socio o socia” del agronegocio. Creados en 2021, los Fiagros ofrecen acciones de participación a partir de apenas 2 dólares estadounidenses (10 reales brasileños), brindando al inversor o a la inversora una rentabilidad generalmente superior a las tasas de interés del país (que en promedio son del 12% anual) y libre de impuestos[1].

El fenómeno no se limita a Brasil. En México, las agritechs, que asesoran inversiones agrícolas, principalmente en la producción de frutas rojas, agave y aguacate para la exportación, se han multiplicado en los últimos años. A través de aplicaciones de telefonía móvil, una gran cantidad de jóvenes inversionistas de las ciudades ingresan en pools de siembra para convertirse en “dueños de su propia parcela de oro verde” o en “copropietarios de activos, beneficiándose de los ingresos generados”. Sin embargo, se mantienen alejados de las consecuencias negativas de esta ganancia aparentemente fácil, como la captación ilegal de tierras y de agua, así como la explotación de mano de obra en condiciones de esclavitud[2] [3].

Aunque en este momento no existe un esfuerzo para masificar las inversiones financieras en el sector, en la década de 2000, Argentina introdujo miles de hectáreas destinadas principalmente a la producción de soja transgénica, cotizada en dólares en los mercados de capitales. Esto se hizo con el objetivo de garantizar la rentabilidad de la inversión en los pools de siembra, alcanzando una tasa de retorno anual del 38% en 2008[4].

Con este sistema, surgió una nueva figura: el "gestor agrícola", quien organiza la producción argentina desde oficinas ubicadas en cualquier parte del mundo, utilizando recursos captados a través de fondos comunes de inversión. Este tipo de fondos experimentó un aumento del 270% entre 2004 y 2008, lo que contribuyó a que sociedades anónimas adquirieran una cuarta parte de la tierra cultivable del país[5] [6].

Sin embargo, a partir de 2008, la grave crisis argentina ahuyentó a los rentistas, lo que redujo significativamente la actividad de los pools de siembra. Y aunque las actuales políticas ultraliberales del recién elegido presidente Javier Milei prometen “todo el poder a los pools” y al capital financiero, el país está siendo testigo de fuertes manifestaciones de amplios sectores de la población –desde la agroindustria nacional hasta comunidades campesinas, desde pueblos indígenas hasta miembros de las fuerzas armadas– en contra de la venta de la riqueza nacional y la extranjerización de las tierras[7].

En Estados Unidos se propuso a finales de los años 70 una estructura muy similar a los actuales Fiagros de Brasil: el AG-Land Trust. Se trataba de un fondo especializado en la compra de tierras con el objetivo de inflar su valor para venderlas con beneficios y repartir entre los accionistas –en este caso, solo inversores institucionales– las ganancias de capital exentas de impuestos. La iniciativa encontró una fuerte oposición por parte de agricultoras y agricultores, y pronto fue bloqueada en el Congreso estadounidense –y posteriormente por varias leyes agrícolas estatales (o provinciales) anti-corporativas. Se la consideraba una estrategia de Wall Street para generar burbujas financieras sobre los precios de la tierra y obtener como resultado una mayoría de agricultoras y agricultores expropiados, sometida a pagar arrendamientos elevados a una pequeña élite financiera rentista[8].

Sin embargo, desde la década de 1980, diversos instrumentos han facilitado la adquisición de tierras por parte de inversores institucionales en Estados Unidos. Entre estos instrumentos se encuentran los fondos de inversión en terrenos forestales y agrícolas, conocidos como REITs (Real Estate Investments Trust). En marzo de 2023, el valor de las tierras agrícolas controladas o poseídas por inversores institucionales en el país superaba los 15 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 66% en comparación con 2008. Desde ese año, estas tierras comenzaron a funcionar más efectivamente como un activo financiero destinado a la rentabilidad de quienes invierten, con un rendimiento del 9.64% en 2022[9]. A su vez, el valor total de mercado de las explotaciones de tierras forestales hasta marzo de 2023 era de 24 mil millones de dólares, con un rendimiento del 12.9%[10]. Mientras tanto, en 2023 el número de explotaciones familiares en Estados Unidos era casi cuatro veces menor que en 1935, pasando de 6.8 millones de haciendas a 1.8 millones[11].

Brasil podría estar siguiendo el mismo camino. Tres años después de la implementación de los primeros Fiagros en el país, especialistas advierten que el resultado de esta operación podría ser catastrófico[12], y que, bajo el lema “el agro es tech, el agro es pop, el agro es todo”, agentes financieros y del agronegocio intentan vender gato por liebre para encubrir la bancarrota económica, ecológica y social del sector, así como el alto riesgo de estas inversiones.

Al lanzar un mecanismo de préstamos privados para atraer a diversos grupos sociales, este sector demuestra, en realidad, que solo puede sostenerse a través de la emisión de deuda sobre deuda, de subsidios estatales y la constante reducción de los costos de producción. Esto significa la explotación de la mano de obra, la expropiación de la tierra, el agua y otros recursos naturales[13].

Con la idea de que todo el mundo puede ser “socio del agro”, estos fondos buscan apoderarse de los ahorros de la población para socializar los riesgos y las deudas del sector para financiar la expansión de la agroindustria y todo lo que históricamente conlleva. La captación de los ahorros para financiar más cercamientos de tierras, la explotación de la mano de obra y la expropiación de los recursos naturales podrían ser algunas de las consecuencias más perversas de esta nueva estrategia financiera del agronegocio.

Hasta marzo de 2024, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) registraba 98 Fiagros, con un patrimonio total de 6 mil 800 millones de dólares distribuidos en 690 mil cuentas, según datos de la Asociación Brasileña de Entidades del Mercado Financiero y de Capitales (Anbima)[17]. De este total, solo 43 fondos, que representan un patrimonio de 4 mil 100 millones de dólares, cotizan en la Bolsa de Valores B3. Estos fondos cuentan con 490 mil inversionistas, de los cuales el 94% son personas físicas que representan el 83% del volumen de inversiones[18].

Esto significa que más de la mitad de estos fondos, con el 60% de su patrimonio total, no están listados en bolsa y se concentran en manos de solo el 29% de los inversores, de los que nada se sabe, ya que no están obligados a publicar informes mensuales. El único tipo de Fiagro que no está listado en bolsa es el que invierte en la compra de acciones para la participación en empresas del agronegocio (Fiagro-FIP). Aunque representan casi el 40% de los activos totales de los Fiagros, 2 mil 700 millones de dólares, estos fondos solo cuentan con 73 inversores. Dado que este tipo de fondo puede invertir hasta el 20% de su capital en activos en el extranjero, este Fiagro, lejos de los focos de atención, puede ser un importante mecanismo para remitir beneficios y dividendos al extranjero sin pagar impuestos.

Mientras que, por un lado, estos fondos cerrados benefician especialmente a las familias más ricas, que pueden constituir un fondo con el único objetivo de eludir el pago de impuestos, por otro lado, la oferta pública de acciones con alta rentabilidad a todo tipo de inversores, libres de impuestos, también convierte a los Fiagros en una opción de inversión atractiva y accesible a la población[19].

Sin embargo, una alta rentabilidad siempre va asociada a un alto riesgo. Los Fiagros se consideran una inversión de riesgo, ya que su patrimonio está en activos susceptibles a factores externos como el clima, las plagas, las malas cosechas, el crédito y los seguros, los derechos de propiedad de la tierra, así como problemas con infraestructura logística y de transporte. Por esta razón, la "democratización" de las inversiones tiene como objetivo atraer el ahorro de personas físicas de todas las clases sociales. De esta manera, se busca aumentar la capacidad financiera de los fondos y crear un patrimonio suficiente para disipar los recelos de grandes inversores, como los fondos de pensiones y de inversión.

Los Fiagros han estado pagando importantes dividendos, una media del 1.3% al mes, según el informe de noviembre de 2023[20] [21]. Esta rentabilidad se debe a que la mayor parte del patrimonio de estos fondos está constituida por títulos de deuda que pagan intereses al tipo actual del país, del 11.25% anual.[22]. Hasta ahora, los Fiagros se han beneficiado de las altas tasas de interés reales del país, mientras que productoras y productores rurales refinancian sus deudas a un costo estratosférico, lo que agrava el círculo vicioso de endeudamiento del sector.

Si bien el mercado de capitales y las inversiones financieras se han concentrado en el sector más rico de la población, el número de inversionistas en Brasil va en aumento. Actualmente, hay 60 millones de personas invirtiendo en el país, con un aumento significativo en todas las clases sociales, especialmente en la clase C (hogares que ganan entre 565 y 1 383 dólares), donde se ha observado un aumento del 29% al 36%[23]. La llamada financiarización de la economía apuesta por esta transferencia gradual de los ahorros de las personas desde las cajas de ahorro (que hoy lideran el país) y las pensiones públicas (fuente de ingresos del 90% de la población jubilada) hacia mecanismos financieros como los fondos de inversión.

El intenso marketing del “agro es todo” ha funcionado como uno de los principales mecanismos de popularización del mercado de capitales. A través de influencers en redes sociales y YouTube, se enseña a identificar los tipos de inversión y a invertir de forma sencilla y rápida con solo unos clics en aplicaciones para teléfonos celulares[24]. Gran número de personas trabajadoras ha considerado estos mecanismos financieros como una alternativa atractiva para invertir sus ahorros, en lugar de hacerlo en pensiones públicas, cuentas de ahorro o incluso en sus propios negocios, buscando rentabilidades rápidas.

El mayor aumento en el número de inversionistas se produjo entre la población que vive en el Cerrado brasileño, pasando del 33% al 43% de la población total. Precisamente en esta región se encuentran las principales “ciudades” del agronegocio[25]. Quienes hoy pueden estar invirtiendo sus ahorros en bonos del agronegocio y acciones de los Fiagros podrían ser los hijos y nietos del 30% de la población rural que, entre 1980 y 2010, tuvo que emigrar a las ciudades y a otras zonas. Estos desplazamientos forzados se generaron en gran parte debido al acaparamiento masivo de tierras en la región para la expansión de los monocultivos de soja[26].

Aunque las propiedades rurales representan solo el 17% de los activos en los que invierten los Fiagros, el volumen de inversiones en tierras casi se duplicó de junio a septiembre de 2023, pasando de 350.72 millones a 584.53 millones de dólares[27]. Los llamados “Fiagros de tierras”, que tienen el 100% de sus inversiones en tierras agrícolas, generalmente están cerrados a inversores profesionales (con inversiones superiores a 2 millones de dólares) y calificados (superiores a 200 mil dólares). El objetivo de estos fondos es aumentar el valor de la tierra a mediano y largo plazo (de 8 a 10 años) y pagar dividendos anuales.

Además de la exención de impuestos sobre los rendimientos, la ley también prevé que no se paguen impuestos cuando se vendan propiedades rurales a estos fondos. El pago se hace solamente sobre la ganancia de la reventa de cada acción en el mercado de capitales, y no sobre la totalidad de la propiedad al momento de la venta. Esta situación puede incentivar a grandes propietarios a crear estos Fondos como una estrategia para transferir herencias sin pagar impuestos o incluso para simular transacciones de tierras con el fin de defraudar deudas.

Aún más grave: esta exención fiscal sobre el comercio de tierras a través de los Fiagros tiene el potencial de concentrar la propiedad en manos de estos fondos, cambiando la lógica misma de la composición del precio de la tierra. Además de la evaluación de factores concretos como la calidad del suelo, el relieve, la presencia de agua e infraestructuras, el precio también se ve influido por los intereses de esta nueva clase de rentistas de la tierra y la dinámica de compra y venta de las acciones.

En busca de una mayor rentabilidad, los fondos Fiagros están comenzando a arrendar las tierras a productores y empresas especializadas en cultivos de alto valor de mercado y rápido rendimiento. Estos cultivos, generalmente commodities que se negocian en dólares en mercados futuros, no se limitan a productos agropecuarios, sino que también incluyen opciones "agroambientales". El objetivo de estos arrendamientos es aumentar el valor de la tierra hasta el momento de su venta, con derecho de compra preferente para el arrendatario y reparto de beneficios entre los inversores.

De esta manera, los Fiagros pueden utilizarse como mecanismos para crear burbujas especulativas sobre los precios, por ejemplo, mediante la compraventa de tierras entre sí (véase el recuadro “Fiagro Verde”: especialización financiera en la inflación de las tierras).

Entre las acciones más rentables de los Fiagros se encuentran las de tierras agrícolas. La remuneración de estas acciones depende del valor de los arrendamientos, que suelen estar vinculados al precio de un saco de soja por hectárea. Este precio, a su vez, varía en función de la disponibilidad de agua para la irrigación[34]. Esto demuestra la estrecha relación entre el precio de las tierras y los productos agrícolas básicos en las regiones productoras, así como la influencia indirecta de los agentes financieros en la fijación del precio del agua. A su vez, este precio del agua repercute en el valor de los arrendamientos, de la tierra y, ahora también, de las acciones de los fondos.

Un ejemplo de estos "Fiagros de tierras" son los tres gestionados por XP Investimentos. Estos fondos suman 35 mil hectáreas en la región de Matopiba, arrendadas a SLC Agrícola para la producción principalmente de soja, pero también de maíz, algodón y brachiaria[35]. La empresa es la mayor productora de soja en el país y, no por casualidad, también es responsable de la deforestación de, al menos, 30 mil hectáreas de vegetación autóctona del Cerrado[36] [37]. Dos de estas explotaciones están ubicadas en Correntina, en el estado de Bahía, escenario de los conflictos por el agua más intensos de la historia del país, cada vez más acaparada por empresas y proyectos de irrigación[38].

Si bien la rentabilidad de las acciones se ve afectada rápidamente ante la expectativa de cesación de pagos de la deuda, no sucede lo mismo con la violencia extraeconómica. Incluso en tiempos de "finanzas verdes", en la práctica, el mercado de capitales y las personas inversionistas persiguen una mayor rentabilidad, la cual suele estar asociada a negocios que involucran tierras acaparadas, deforestadas, con extracción ilegal de agua o donde se utiliza mano de obra esclava (véase la Tabla 1: “Fiagros de tierras”: acaparamiento de tierras agrícolas, agua y deforestación).

Quienes operan en el mercado de tierras consideran que el período actual presenta una gran oportunidad para adquirir tierras a bajo precio. Tras una intensa valorización en los últimos tres años, con un aumento del 128% en los precios medios de la tierra para la producción de cereales, en 2023 esta curva se estancó[39]. La pérdida de rentabilidad de los productores debido a la caída de los precios de las commodities y al aumento de los costos de producción podría poner en el mercado un buen stock de tierras a precios reducidos. Este contexto podría conducir a un período de concentración de la propiedad de la tierra en manos de los Fiagros y sus millonarios inversores, arrebatándola a los productores endeudados o sin capital para mantener sus tierras.

Fuente: Colussi J., G. Schnitkey, N. Paulson y J. Baltz. “Farmland Prices in Brazil More than Doubled in the Last Three Years”. Farmdoc daily, (13): 79, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, el 28 de abril de 2023.

El gobierno brasileño está considerando la creación de "Fiagros de tierras por deudas", un mecanismo financiero que busca convertir las deudas de los productores agrícolas en acciones de un fondo de inversión. En este esquema, los acreedores –comerciantes, proveedores, bancos y tradings– se convertirían en accionistas del fondo, mientras que el productor cedería la propiedad de su finca y se convertiría en arrendatario del Fiagro. Las deudas se pagarían con la producción, y al finalizar el plazo, el productor tendría derecho a recomprar las acciones y recuperar la propiedad. Sin embargo, esto es poco probable por la tendencia actual de concentración de tierras, que facilita la creación de burbujas especulativas sobre su precio[40].

Detrás del velo de la “democratización” de las finanzas y de la propiedad, esta financiarización de la tierra tiende a generar exactamente lo contrario: más concentración de capital y de la tierra en manos de las élites financieras.

Para brindar seguridad a las personas inversoras, los instrumentos de deuda del agronegocio y los Fiagros cuentan con garantías privilegiadas para sus pagos. Mediante la creación del llamado “patrimonio de afectación”, la Ley del Agro permite reservar la totalidad o partes de propiedades rurales proporcionales a la deuda como garantía para el pago específico de las obligaciones de las empresas del agronegocio. En caso de incumplimiento, las tierras afectadas por la deuda deben ser transferidas a nombre del acreedor directamente en el Registro de Inmuebles, sin necesidad de acción judicial. Y si la persona acreedora es extranjera, la ley de títulos del agro le permite la transferencia de las tierras en caso de ejecución de la deuda, sin considerar los límites de acceso a la tierra establecidos en otras leyes para personas extranjeras. Esta disposición podría considerarse una elusión legal que permite sortear las restricciones al control de la tierra por parte de personas extranjeras en el país.[41].

Las tierras afectadas para el pago específico del mercado de deudas del agronegocio no pueden ser objeto de compraventa, donación, recuperación judicial o quiebra, ni se las puede utilizar para pagar otras deudas, aparte de las tributarias, previsionales y laborales del productor o empresa deudora. Por lo tanto, aunque exista este mecanismo de blindaje de las tierras a favor del pago a las personas inversoras, el Estado y la clase trabajadora mantienen la preferencia en la fila de acreedores, lo que podría dejar a los nuevos y nuevas rentistas sin el pan y sin la torta.

También hay que destacar que estas tierras afectadas como garantía de deudas pueden ser, en realidad, tierras públicas y colectivas grilladas[42] (o acaparadas). Como han denunciado diversas organizaciones, Brasil ha permitido una legalización masiva del grillaje histórico de tierras públicas, especialmente tras el golpe institucional de 2016, con la llamada Ley de Acaparamiento de Tierras, y que se ha replicado en los estados (provincias), incluido el Matopiba[43]. Esto significa que la falta de pago de muchos productores y productoras puede conducir no a la expropiación de sus activos privados, sino de las tierras públicas -que pertenecen a toda la población- y de las comunidades locales que han sido grilladas, y que pueden acabar en manos de estos fondos.

La nueva tendencia entre los Fiagros es ampliar su cartera para incluir actividades consideradas de bajo impacto ambiental, mediante la compra de activos o deudas de empresas de bioenergía o que utilizan prácticas agrícolas “regenerativas”, como la recuperación de pastizales o la plantación industrial de árboles[44].

Este interés por los llamados “títulos verdes” (green bonds) se alinea con el movimiento global para “limpiar” la imagen de las corporaciones y agentes financieros, además de aprovechar la tendencia de creciente apreciación de estos activos “basados en la naturaleza”. En diversos países surgen disputas legales sobre la definición de la titularidad, es decir, a quién pertenecen los créditos de carbono de los bosques, el suelo y otros servicios ambientales, como la conservación del agua.

La ley de los títulos del agronegocio, modificada en 2022, considera ahora la prestación de servicios ambientales en las explotaciones agrícolas como un nuevo tipo de “producto rural”, autorizando la emisión de títulos de deuda sobre bienes que, hasta entonces, se consideraban comunes y no podían ser objeto de apropiación, negociación o ejecución por deuda, como cualquier otra mercancía[45]. Se consideran ahora como “productos rurales” la conservación y recuperación de bosques nativos, la reducción de la deforestación, la conservación del agua y el suelo, la reducción de emisiones o el mantenimiento y ampliación de las reservas forestales de carbono, entre otros beneficios ecosistémicos. Estos servicios, sin embargo, deben estar certificados por un tercero[46].

Esto significa excluir a la mayoría de las generaciones presentes y futuras del acceso a la integridad medioambiental necesaria para la calidad de vida, e introducir los servicios ambientales como garantía de las deudas de los productores rurales. Este precedente podría influir en la legislación de otros países para incluir al agronegocio como un sector que proporciona créditos de carbono y otros servicios ambientales.

Además, el compromiso social y medioambiental del agronegocio es cuestionable, y los Fondos –y quienes invierten en ellos– son mecanismos que se usan para maquillar de verde esta historia. Y lo que es peor: vinculan perversamente los ingresos esperados de estas nuevas e incautas personas inversoras a la expansión de la frontera agrícola y todo lo que conlleva[47].

El Fondo Kinea Agro, el Fiagro con mayor patrimonio (337 millones de dólares) y 37 mil accionistas, tiene el 37% de sus activos invertidos en Certificados de Recibimiento del Agronegocio (CRAs) de ingenios (usinas, en portugués brasileño) de azúcar y etanol. Uno de estos CRAs lo emitió la Usina Itamarati, en el estado de Mato Grosso, que, a pesar de figurar en la lista negra del trabajo análogo a la esclavitud en 2008 y de tener varias infracciones ambientales, logró apalancar 29 mil 227 millones de dólares en la emisión de “CRAs verdes”[48].

En el estado de Mato Grosso do Sul, el Fondo también invirtió en la compra de tres CRAs de la Usina Rio Amambai Agroenergia, propiedad del gestor estadounidense Amerra, que tuvo 2 mil hectáreas embargadas por la agencia ambiental en 2022 y está siendo investigada por arrojar residuos de caña de azúcar en una laguna. Esto no le impidió emitir y recaudar 12.6 millones de dólares en CRAs “verdes”[49].

A su vez, el Fiagro XPAC11, gestionado por XP investimentos, con 62 mil accionistas, tiene en su cartera una obligacion “verde” (green bond) emitido por Aço Verde Brasil (AVB), del grupo Ferroeste, que supuestamente obtiene el 100% de su carbón vegetal procedente de bosques plantados. La pérdida de diversidad, el agotamiento del agua, el grillaje de tierras y la expulsión de comunidades locales en todo el mundo, que produce la expansión de los monocultivos forestales industriales, no parecen ser suficientes para impedir que la inversión sea considerada "verde". Además, la XPAC11 tiene inversiones en los mayores productores de carne del mundo, como Minerva, Mafrig y BRF, que son importantes responsables del avance de la deforestación, del grillaje de tierras públicas y también el sector más responsable de mantener a la clase trabajadora en una situación similar a la esclavitud en Brasil[50].

No es difícil concluir que “¡Agro es deuda!”: una deuda histórica, económica, social y ecológica en Brasil.

Incluso si tomamos como cierto el inflado 25% del PBI que produce el agronegocio, debemos recordar que el pueblo no se alimenta de PBI. El saldo de las exportaciones, incluyendo las de soja, resulta irrelevante para analizar el desarrollo social, es decir, la reducción de la pobreza, la desigualdad, el hambre y los daños ecológicos. Además, aunque el PBI fuera un indicador útil, la cuenta del PBI de la agroindustria incluye, por ejemplo, las ganancias de corporaciones transnacionales de semillas, agrotóxicos, fertilizantes, maquinaria, así como servicios financieros que, en gran medida, se envían a los países sede y, por lo tanto, no se quedan en Brasil[51].

Esta cifra no deduce la enorme deuda del sector, del orden de billones de reales, ni tiene en cuenta lo que se deja de recaudar debido a exenciones fiscales[52] [53]. Solo la soja, por ejemplo, que representa la mitad del valor de la producción del agronegocio en el país, cuesta casi 12 mil millones de dólares anuales en exenciones fiscales, el doble de lo que costaría eximir la canasta básica de alimentos[54]. Si se incluyen también en el balance los costos de los daños irreversibles al medio ambiente, como la contaminación de territorios y los cuerpos enfermos, la polución y la erosión genética y del suelo provocadas por la cadena industrial del agronegocio, la deuda se vuelve impagable.

Pero es importante recordar que no se trata solo de los Fiagros o simplemente de la financiarización del agronegocio, la tierra y los sistemas alimentarios. Esta alianza entre el capital financiero, el sector inmobiliario –urbano y rural– y las compañías de seguros, transforma derechos en propiedad privada y mercancías, lo que hace que una clase rentista cada vez más restringida y violenta asuma un peso decisivo en la composición del precio de las viviendas, las tierras, la alimentación, el transporte, la seguridad social, la energía eléctrica, el agua y el alcantarillado.

Frenar la privatización de los hasta ahora bienes comunes y su posterior valorización financiera, recuperar el sentido de los llamados bienes públicos y los espacios comunes de las economías comunitarias, tanto en las ciudades como en el campo, que deben orientarse a producir una vida digna para todos los seres humanos, puede dar buenas pistas para evitar una futura generación de personas expropiadas: sin techo, sin tierra, sin acceso. Mayorías con derecho a una sola renta –y eso solo si financian a quienes les expropiaron.

Fuente: Informes financieros de los fondos y boletines mensuales de los Fiagros de B3.

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