Las semillas campesinas – uno de los pilares de la producción de alimentos – están sometidas a un ataque por todas partes. La presión de las corporaciones está impulsando, en muchos países, leyes que limitan crecientemente el rango de lo que los agricultores pueden hacer con sus propias semillas. Léa el libro: La criminalización de las semillas campesinas – resistencias y luchas Argentina: La industria de los transgénicos presiona a favor de una ley que criminalizaría a las/os agricultoras/es En Argentina, la propuesta de la nueva ley sobre semillas pretende satisfacer a la masiva industria de cultivos transgénicos para la cual Argentina produce el 14% del total de la producción mundial. Desde 2003, Monsanto ha intentado modificar la ley con el fin de recaudar regalías con sus semillas transgénicas de soja, que actualmente crecen en 21 millones de hectáreas en Argentina. Debido a que las patentes sobre las semillas no están permitidas en Argentina, esta empresa ha intentado incluso paralizar los envíos del país para que no lleguen a los mercados europeos, pero han fracasado. En 2012, el gobierno argentino anunció un cambio en la ley y la apertura de nuevas instalaciones de procesamiento de maíz transgénico en la ciudad de Córdoba. Desde entonces se ha ejercido una fuerte resistencia. Las organizaciones agrícolas y los movimientos sociales denunciaron que la ley se estaba negociando en secreto y que Monsanto colaboraba con el gobierno a escala local y nacional. El borrador de la ley de 2012 es extremadamente restrictivo y criminaliza a las/os agricultoras/es. Con esta ley, las/os agricultoras/es solo podrán conservar sus propias semillas si están etiquetadas pero no podrán intercambiarlas ni venderlas. Por otra parte, los derechos POV sobre las semillas incluyen hasta variedades similares a la variedad declarada. Además, la ley permitiría la incautación y destrucción de las semillas no autorizadas que se conserven en las explotaciones agrícolas y que incluso podría llevar a las/os agricultoras/es a la cárcel. La ley prevé así mismo garantizar su aplicación mediante agentes privados tales como fuerzas de seguridad que trabajan para las empresas semilleras. Dada la gran resistencia y organización de los movimientos sociales argentinos, esta legislación no fue sometida a votación en el Parlamento. En 2014, el gobierno presentó una nueva versión de la ley argumentando que se estaban teniendo en cuenta a las/os agricultoras/es campesinas/os. Mientras que la nueva propuesta mantiene todos los elementos negativos de la anterior, también propone que las semillas conservadas en las explotaciones agrícolas no acarreen regalías siempre y cuando las/os agricultoras/es registren sus cultivos con el gobierno. Sin embargo, la resistencia continúa. Canadá: la lucha para seguir utilizando variedades tradicionales En 2004 y 2005, los campesinos canadienses y sus aliados lograron evitar la promulgación de una ley que habría introducido UPOV 91 a Canadá, donde UPOV 78 ya estaba vigente. Pero en el actual contexto de los acuerdos de libre comercio con Europa, por un lado, y con los países de la orilla del Pacífico, por el otro, una nueva ley para impulsar UPOV 91 se presentó por parte del gobierno para reformar la legislación de derechos sobre variedades vegetales [o Plant Breeders Rights —PBR, por sus siglas en inglés]. Esta nueva ley prohíbe a toda persona la venta, la reproducción, el a adaptación y el almacenamiento de semillas de las variedades protegidas por derechos sobre variedades vegetales si falta el permiso del criador de la semilla, con muy pocas excepciones. La ley permitía que los agricultores reprodujeran y adaptaran semillas que habrían de ser utilizadas en sus propias fincas —una previsión conocida como “privilegio del agricultor”. Sin embargo, sin poder “almacenar” esas semillas, el llamado “privilegio del agricultor” sería inútil. Aunque la ley se aprobó eventualmente, la presión constante y fuerte de los campesinos canadienses pudo forzar al gobierno para que se incluyera una reforma que especifica que los agricultores tienen el derecho a almacenar semilla que ellos producen/reproducen y adaptan para ser utilizada en sus propias fincas sin pedirle permiso a pagarle regalías al criador/obtentor. Sin embargo, la nueva ley sí incrementa otras restricciones y costos a los productores y abre la puerta para otras restricciones y costos. Proporciona el marco legal para fijar un sistema que recolecte regalías finales [que comúnmente exige a quien utiliza una semilla que pague en función de la producción y no una cuota fija]. También incluye una cláusula de “recuperación” que permite que los futuros gobiernos promuevan regulaciones para restringir el guardar semillas por tipo de cultivo, tipo de establecimiento y número de ciclos de siembra. Hasta ahora esta potestad regulatoria no se ha ejercido, y si así fuere, algunas organizaciones campesinas en Canadá la resistirían con fuerza. El Acuerdo Económico Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea [Comprehensive Economic and Trade Agreement o CETA por sus siglas en inglés], que también está siendo resistido por algunas organizaciones canadienses de agricultores, extendería el poder de las compañías semilleras si finalmente se ratifica. CETA permitiría que las cortes ordenaran incautaciones preventivas de semillas, cultivos y otros activos de agricultores que se consideraran sospechosos de haber violado los derechos sobre variedades vegetales de alguna compañía semillera. Aquellos bajo sospecha de infracción podrían ver destruidas sus semillas así como los materiales e implementos utilizados para producir las semillas, antes siquiera de tener la oportunidad de defenderse en una corte judicial. Tales cambios en las leyes de semillas están ocurriendo en un contexto más amplio donde ocurren recortes drásticos en los programas de crianza y custodia pública de variedades vegetales, y cuando ocurre la sprivatización y el acaparamiento de los mercados de semillas a manos de compañías extranjeras ligadas a la industria de los plaguicidas. Los campesinos están resistiendo la privatización de las semillas y están hallando aliados en los promotores urbanos de otra alimentación, en quienes tienen hortalizas caseras, en las organizaciones eclesiales y laborales, así como en grupos de consumidores que se suman a las campañas públicas para mostrar que el control corporativo sobre las semillas es un obstáculo importante para lograr la soberanía alimentaria. Por todo Canadá, se hacen esfuerzos para reconstruir los sistemas campesinos de semillas y las políticas semilleras amigables con el campesinado. República Dominicana: semillas amenazadas por una nueva ley En la primavera de 2014, un miembro del Senado de República Dominicana muy vinculado a la industria introdujo una nueva ley para la comercialización de semillas. Desde entonces, las organizaciones campesinas se han movilizado para exigir que la ley sea enmendada y que se consulte a las organizaciones agrícolas. Según esta ley, que ya ha sido aprobada por el Senado, las variedades campesinas estarían excluidas del mercado por no cumplir con los requisitos DHE. Así mismo, la ley prohíbe el intercambio no comercial de las semillas no registradas. Las sanciones por esta actividad incluyen sentencias de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 250 veces el salario mínimo. Tal como sucede en la nueva ola de leyes sobre semillas que se están aprobando en Latinoamérica, el artículo 82 afirma que en caso de que las/os agricultoras/es violen la ley sus semillas serán confiscadas. La propuesta actual incluye así mismo cláusulas ambiguas que de primeras pueden parecer positivas, como la propuesta de restringir el uso de semillas que podrían provocar “contaminación genética”. Sin embargo, las/os agricultoras/es han advertido que esto no se refiere necesariamente a los OGM sino que podría interpretarse en referencia a las variedades campesinas y que la industria podría argumentar que estas últimas están “contaminando” sus variedades “mejoradas”, tal como ya ha sucedido en Perú con el algodón local. Guatemala: las movilizaciones masivas logran una victoria contra una ley Monsanto En octubre de 2014, tras meses de protestas en las calles, el Congreso de Guatemala derogó lo que ha sido conocida como la “Ley Monsanto”, una ley POV que habría ilegalizado la reproducción de semillas de las variedades privatizadas. Antes del anuncio, el Tribunal Constitucional ya había acordado la suspensión de determinados artículos de la ley. Las organizaciones agrícolas habían interpuesto una demanda argumentando que dicha ley era inconstitucional porque violaba el derecho del pueblo maya al cultivo tradicional de sus tierras. Hubo movilizaciones masivas en todo el país en las que las/os agricultoras/es tomaron las calles de la capital y bloquearon algunas de las carreteras principales del país. En algunas comunidades incluso se cerraron las escuelas para que las/os estudiantes pudieran unirse a las protestas. Se había introducido la Ley Monsanto, siguiendo los requisitos del acuerdo de libre comercio de EE.UU., la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA), ratificado por Guatemala en 2005. La ley habría significado que si las/os agricultoras/es volvían a plantar o a transportar o vender semillas protegidas por POV sin autorización, estarían realizando una actividad ilegal. Con esta ley, se habrían enfrentado a una pena de cárcel de entre uno y cuatro años y a multas de entre 1.000 y 10.000 quetzales (130 – 1.300 dólares estadounidenses). Pese a que la derogación de la “Ley Monsanto” ha sido aclamada en los medios como una gran victoria, las organizaciones guatemaltecas consideran esta victoria solo parcial ya que aún existe una ley previa, la Ley de Propiedad Industrial, que fue aprobada en el año 2000 y contiene disposiciones similares. Como consecuencia, las/os agricultoras/es (que conforman el 70% de la población) han prometido continuar con las movilizaciones para seguir luchando contra le Ley de Propiedad Industrial y se mantienen alerta ante cualquier reintroducción de una ley POV. Sri Lanka: Ilegalización de las semillas campesinas Las/os agricultoras/es de Sri Lanka están luchando actualmente contra una nueva propuesta de ley llamada “Ley de Semillas y Plantones”. Habiéndose organizado en una red de más de 700 organizaciones que trabajan por los derechos de las/os agricultoras/es, han llevado a cabo marchas y protestas masivas. El borrador de esta nueva ley impondría de manera obligatoria un registro de las/os agricultoras/es así como la certificación de sus semillas. Además de exigir al Estado que mantenga una lista de productoras/es y proveedoras/es de semillas, la ley autoriza que las/os funcionarias/os del gobierno realicen registros en las explotaciones agrícolas para buscar semillas “ilegales”. Si se encontraran, las/os agricultoras/es deberían pagar una sanción mínima de 50.000 rupias (380 dólares estadounidenses) y podrían ir a la cárcel hasta seis meses. La ley beneficia las semillas industriales al hacer que sean las únicas que son legales, en detrimento tanto de las/os agricultoras/es como de los programas estatales que producen cultivos como el arroz. Aquellas/os que están a favor de la ley afirman que es necesaria para proteger a las/os agricultoras/es de las semillas de mala calidad que se ofertan en el mercado. Sin embargo, estas/os argumentan que no es una de sus principales preocupaciones ya que, en los pueblos, saben quién produce las semillas que compran de manera local. El tema de las semillas de mala calidad en el mercado es un problema de las empresas multinacionales que quieren proteger sus monopolios. Con esta ley, se trataría de proteger los monopolios sobre otros plantones (incluido el abono verde producido por las/los agricultoras/es) a favor de las compañías que producen insumos sintéticos. Por último, las/os agricultoras/es de Sri Lanka también están preocupadas/os de que la nueva ley interrumpa el uso colectivo que hacen de las semillas. En muchos pueblos, las/os agricultoras/es conservan pequeños semilleros que distribuyen semillas a escala local. Con la nueva ley estos también pasarían a ser ilegales. Además de perder sus propias semillas, que están adaptadas a sus necesidades y gustos, las/os agricultoras/es argumentan que la compra de semillas certificadas y otros insumos añadiría un coste adicional que pondría en riesgo su sustento. Por este motivo, las/os agricultoras/es de todo el país se han movilizado. En octubre de 2014, un grupo de 4.000 agricultoras/es, trabajadoras/es agrícolas, pescadores y personas que apoyan la soberanía alimentaria y la reforma agraria viajaron a través de 25 ciudades diferentes del país, formando parte de una Caravana por las Semillas y la Soberanía Alimentaria. Además de las marchas y manifestaciones, hicieron una presentación de sus cultivos e hicieron representaciones de teatro comunitario para transmitir a las personas que tomaban las calles qué pretenden proteger y defender con su lucha. España: mercados locales de semillas y verduras en tiempos de crisis En España la crisis económica ha llevado a la gente a buscar la agricultura de pequeña escala como una alternativa, especialmente entre la gente joven y desempleada. Muchas/os de estas/os jóvenes agricultoras/es y jardineras/os se organizan de manera colectiva y producen de manera directa para las/os consumidoras/es locales. A menudo se interesan por las variedades campesinas y locales y han optado por las redes nacionales de conservación de semillas que organizan ferias y donde se intercambian semillas y se organizan talleres para aprender a seleccionar y desarrollar los cultivos. Solamente en la región de Andalucía la red local de semillas conserva más de 600 variedades de 90 cultivos diferentes y colabora con jardines colectivos que mantienen las organizaciones comunitarias y los colegios. Sin embargo, como en muchas otras partes de Europa, uno de los problemas de las redes es su incapacidad para vender semillas locales dado que estas no cumplen las normas exigidas por el catálogo oficial. Aunque lo hicieran, la certificación sería demasiado cara y burocrática. En consecuencia, las organizaciones semilleras y agrícolas españolas han presionado a los gobiernos locales para que estos desarrollen políticas que promuevan las semillas locales. Un ejemplo de ello es la regulación en Cataluña, donde el gobierno local ha recopilado en un catálogo las “variedades locales de interés agronómico” para la región. Por un lado, se ha agradecido esta regulación porque establece normas para registrar las variedades que no son DHE. Sin embargo, también ha sido polémica al establecer límites geográficos para su venta (dentro de Cataluña) y restringir las cantidades de venta. Por otra parte, estas semillas solo se pueden vender a personas que no se dediquen a la agricultura de manera profesional, lo que supone un problema para quienes la agricultura de pequeña escala supone su sustento. Las redes agrícolas y semilleras también están preocupadas porque las leyes locales puedan conllevar nuevas restricciones de uso. Por ejemplo, una fundación en Cataluña cuyo objetivo es “usar el potencial gastronómico y nutricional como una fuente de valor añadido” ha tomado tres variedades tradicionales de tomates y ha obtenido la Protección de las Obtenciones Vegetales sobre estas durante un período de 25 años. Esta fundación ha empleado el marco legal de las indicaciones geográficas para limitar los lugares de venta de las variedades tradicionales de judías, comercializándolas como una marca local y por tanto restringiendo su área de cultivo. Debido a su preocupación, algunas redes de semillas de otras partes de España han comenzado a registrar las variedades locales de cultivos tales como los tomates por medio de otros regímenes locales para así evitar su apropiación. Todo ello ha llevado a una situación en la que las/os agricultoras/es se sienten estancadas/os en un marco legal en el que conservar y utilizar variedades locales significa dejar a otras/os fuera. El debate continúa en España. ¿Se pueden contrarrestar las leyes desfavorables y escritas por la industria con la legislación local? ¿Cómo garantizar que las semillas sigan siendo un bien común sin limitar su uso? La criminalización de las semillas campesinas – resistencias y luchas Las semillas son objeto de ataques en todos lados. A través de la presión que ejercen las empresas privadas, las leyes de muchos países limitan cada vez más las actividades de las/os agricultoras/es con sus semillas y con aquellas que compran. La conservación de semillas, una práctica milenaria que constituye la base de la agricultura, está convirtiéndose rápidamente en una labor criminalizada. Tabla de contenido • Introducción • Las leyes sobre semillas ilegalizan a las/os agricultoras/es • Semillas africanas: un tesoro amenazado América: Resistencia masiva contra las «leyes Monsanto» • Asia: La lucha contra una nueva ola de semillas industriales • Europa: Las/os agricultoras/es luchan por rescatar la diversidad agrícola • Conclusión Recursos complementarios Puntos de acción – póster publicado por La Vía Campesina y GRAIN Las leyes de semillas en el mundo: influencia en las/os agriculturas/os y sus semillas – Publicación de GRAIN Los acuerdos comerciales criminalizan las semillas campesinas e indígenas – Publicación de GRAIN