Tax Justice Network ▪ Forum Syd ▪ GRAIN ▪ Anywaa Survival Organisation ▪ South Indian Coordination Committee of Farmers Movements ▪ Muungano wa Wanavijiji BOLETÍN DE PRENSA Nairobi, 19 de abril, 2013 Karuturi culpable de evasión fiscal Hay evidencias de que este gigante global de la floricultura quebrantó la ley en Kenya El gobierno de Kenya halló culpable de evasión fiscal a Karuturi Global Ltd, el productor de rosas cortadas más grande del mundo. Ésta es la primera vez que un gobierno africano lleva a los tribunales —mediante un proceso público— a una enorme compañía multinacional por manipular sus precios de transferencia. Una amplia alianza de movimientos y organizaciones de la sociedad civil está celebrando que el gobierno de Kenya haya resuelto ponerle un alto a tal comportamiento y que lo haya hecho con transparencia. A fines de 2012, las autoridades fiscales de Kenya (Kenya Revenue Authority) dictaminaron que la multinacional, con sede en Bangalore, India, solía alterar sus precios de transferencia para evitar pagarle al gobierno de Kenya unos 11 millones de dólares (8 millones de Euros) en impuestos al ingreso empresarial —parte de una disputa fiscal mayor con las autoridades gubernamentales que equivale a una cuarta parte de las ventas de la empresa en 2012. El 4 de abril de 2013, Karuturi apeló la sentencia, lo que provocó que los procesos entraran al dominio público. “Compañías como Karuturi están desangrando a África”, dice la doctora Attiya Waris, docente decana en derecho fiscal de la Universidad de Nairobi y vicepresidenta de la Red de Justicia Fiscal [Tax Justice Network]. “La manipulación de los precios de transferencia le roba a los trabajadores y ciudadanos de Kenya el acceso a una buena educación pública, a la atención a la salud, a los servicios de transporte y a un ambiente limpio; algo que nuestro gobierno puede proporcionar únicamente si cuenta con los ingresos apropiados”. La evasión fiscal le cuesta a los países en desarrollo un billón de dólares al año Anualmente Karuturi produce 580 millones de rosas en sus instalaciones en Kenya, Etiopía e India. (Una de cada nueve rosas que se compran en Europa proviene de un vivero de Karuturi.) Las flores que produce en Kenya se embarcan a Europa a través de una subsidiaria en Dubai. Al declararle un valor más bajo a la mercancía que envía a sus almacenes en Dubai, la empresa se ahorra costos en su declaración de impuestos. Esto es ilegal de acuerdo con las leyes kenianas. Waris y otros calculan que la fuga de capitales procedente de la evasión fiscal le cuesta a los países en desarrollo cerca de un billón de dólares por año. “Compañías como Karuturi tienen que jugar limpio”, recalca Stephen Gichochi, de Forum Syd, cuya contraparte —Muungano Wa Wanavijiji— discutió el punto con los trabajadores de Karuturi Flower Farms en Naivasha, Kenya, recientemente. “Los trabajadores de los viveros de Karuturi tienen una serie de preocupaciones en torno al equipo de aspersión, a los servicios de salud, a los salarios y la vivienda, y necesitan mejorar lo más pronto posible sus condiciones laborales”. El acaparamiento de la tierra Karuturi también se expande agresivamente hacia una agricultura en gran escala, y en 2009 adquirió derechos de largo plazo en 300 mil hectáreas de tierra de cultivo fértil en Etiopía. La tierra la rentó del gobierno, pero surgió un fuerte conflicto en torno a la compensación, desplazamiento y relocalización de los habitantes y los pastores que vivían en dichas tierras o pastaban sus hatos en ellas. “Estamos extremadamente agradecidos con las autoridades de Kenya por haber atrapado a este acaparador, justo en sus propias vías”, dice Nykaw Ochalla, de Anywaa Survival Organisation, un grupo que defiende a las comunidades anuak que han sido gravemente afectadas por Karuturi en Gambela, Etiopía. “Esta compañía es criminal, en muchos rubros”, continúa Ochalla. “No sólo son evasores de impuestos. A Karuturi se le acusa de violaciones a los derechos humanos, de condiciones laborales infames, de poner en peligro el ambiente y más”, apunta Devlin Kuyek de GRAIN, uno de los grupos que siguen de cerca la disputa fiscal. “Incluso el Grupo del Banco Mundial le negó a Karuturi el seguro de riesgos políticos que solicitaba en relación con sus operaciones en Etiopía”. Si buscan información de contexto, por favor consulten “Una letanía de problemas”, que perfila la vasta serie de quejas contra Karuturi. Si desean entrevistas o mayor información, por favor contacten a: Dr Attiya Waris, Law School, University of Nairobi, [email protected], +254771891571 (acerca de la disputa fiscal en Kenya y en torno a la lucha en pos de justicia fiscal en África. El señor Stephen Gichohi, Forum Syd, Nairobi, [email protected], +254725401366 (en relación con la situación de los trabajadores en las instalaciones de y en cuanto a la campaña contra la alteración de los precios de transferencia en Kenya). El señor Devlin Kuyek, GRAIN, Montreal, [email protected], +15145717702 (en relación con Karuturi el acaparamiento global de tierras) El señor Nyikaw Ochalla, Anywaa Survival Organisation, Londres, [email protected], +447939389796 (en relación con Karuturi en Etiopía y la situación de los pueblos indígenas) El señor S. Kannaiyan, South Indian Coordination Committee of Farmers Movements, India, [email protected], +919444989543 (en relación con las operaciones en India y África de Karuturi vistas desde la perspectiva de los campesinos de la India) Karuturi: una letanía de problemas Karuturi Global Ltd, un consorcio registrado públicamente, con sede en Bangalore, India, está en la mira de las autoridades fiscales de Kenya (Kenya Revenue Authority-KRA) por evasión fiscal, pero las quejas contra ésta van mucho más allá. Esta empresa de agronegocios, cuyas operaciones de cultivo se extienden también a Etiopía e India, ha estado esquivando acusaciones relacionadas con violaciones al derecho laboral, violaciones a los derechos humanos y otros aspectos ambientales. Incluso el Grupo del Banco Mundial dejó de considerar la petición de la compañía de un seguro de riesgos para sus inversiones en Etiopía. Esta nota de contexto resume los variados problemas por los que Karuturi se ha hecho notoria entre los movimientos de justicia social en todo el mundo. Evasión fiscal Todos los años un billón de dólares desaparecen sin dejar rastro de los países en desarrollo, y terminan en algún paraíso fiscal o en los países ricos. La mayor parte de esto se debe a que las compañías multinacionales buscan evadir impuestos en los lugares donde operan. Cada año, la suma que abandona los países en desarrollo (salidas financieras sin reportar conocidas como fugas ilícitas de capital), equivale a diez veces los montos anuales de la asistencia global, y es el doble del servicio de la deuda que pagan los países en desarrollo año con año. Durante el periodo 2000-20008, África fue la región con el mayor crecimiento real de fugas ilícitas de capital, equivalente a 21.9% anual. Si este dinero se registrara asignándole un impuesto apropiado en el país de origen, podría, por supuesto, contribuir a cumplir con algunos derechos humanos, como por ejemplo a una educación o atención a la salud, y harían una gran diferencia en el combate a la pobreza. Tan sólo dos de los modos que asumen las fugas ilícitas de capital utilizados por las corporaciones (la alteración de precios y la facturación falsa), provocan que los países en desarrollo pierdan cada año, en los ingresos fiscales, tres veces el monto necesario para lograr los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas (una educación universal, frenar la diseminación del VIH, reducir a la mitad la pobreza extrema). Si buscan todos los datos de la evasión fiscal y mayor información en torno a la alteración de precios, revisen: “Bringing the billions back: how Africa and Europe can end illicit capital flight”, Froberg y Waris, 2011). En 2012, las autoridades fiscales de Kenya reunieron un equipo de expertos en precios de transferencia para auditar la contabilidad de las compañías y evaluar si es que existía una alteración de los precios de transferencia y si ocurrían evasiones fiscales de ese tipo. La alteración o manipulación de precios de transferencia es uno de los procedimientos preferidos por algunas compañías que exportan desde Kenya. Sin embargo, el gobierno ha tenido dificultades para rastrear las operaciones de las empresas, debido a que no se cuenta con la capacidad para hacerlo. A la fecha, todas las evaluaciones y auditorías (a excepción de una contra Unilever) se han arreglado fuera del escrutinio público. El 4 de abril de 2013, Karuturi apeló contra la decisión del tribunal fiscal que exigía impuestos debidos al gobierno y al pueblo de Kenya. Según un análisis de ICRA (una agencia india de investigación y tasación de créditos) de octubre de 2012, comisionado por Karuturi, y según el informe anual 2012 de la empresa, ésta enfrentaba un número de amenazas potenciales a su viabilidad financiera: Una disputa con las autoridades fiscales de Kenya en relación a sus precios de transferencia del orden de los 10. 7 millones de dólares u 8 millones de euros. Una reclamación por parte de las autoridades de India en relación con impuestos al ingreso no pagados, del orden de los 15 millones de dólares, u 11.5 millones de euros. El riesgo de insolvencia por un monto de 54.7 millones de dólares (40.3 millones de euros) relacionado con bono convertible de divisa extranjera que debía redimirse el 19 de octubre de 2012 y cuya situación se reestructuró desde entonces. Las reclamaciones fiscales totales equivalen a 26 millones de dólares, lo que significa una cuarta parte de los ingresos globales de la multinacional en el año fiscal 2012 (que suma 106 millones de dólares), mientras que para Kenya esto significa casi el uno por ciento de la recaudación fiscal anual de impuestos totales. En estas magnitudes, el dinero podría utilizarse como un ingreso adicional para el desarrollo, para reemplazar algunos de los impuestos actuales que se le cargan a los pobres (como el impuesto al valor agregado) o incluso para retrasar la promulgación de impuestos adicionales como ése sobre la harina de maíz que se activará en Kenya en 2015. Acaparamiento de tierras Desde 1996, el negocio central de Karuturi ha sido la floricultura, y producen 580 millones de rosas al año en 289 hectáreas de tierras que la compañía arrienda: en Kenya (154 hectáreas), en Etiopía (125 hectáreas) y en India (10 hectáreas). En 2012, el grupo controlaba no menos del 9 por ciento del mercado de rosas cortadas en Europa. A partir de la crisis alimentaria de 2007/2008, Karuturi comenzó a expandirse de la floricultura a la producción de alimentos. Su plan fue establecer operaciones agrícolas en más de un millón de hectáreas, principalmente en África oriental y del sur, para producir sobre todo maíz, arroz, caña de azúcar y palma aceitera para los mercados internacionales. El eje de su expansión es Etiopía. En 2009, Karuturi adquirió 10 mil 700 hectáreas de tierra en Bako para la producción de maíz, arroz y vegetales. En 2010, adquirió 300 mil hectáreas adicionales para su expansión en Gambela. La compañía busca cultivar un total de 750 mil hectáreas en Etiopía. Esta tierra se la renta el gobierno a precios de oferta, pero las comunidades locales la consideran suya. El resultado es que han surgido muchos conflictos en torno a la compensación, el desplazamiento y la relocalización de los habitantes y los pastores, que de pronto se hallaron expulsados de sus tierras por la compañía. En 2011 Karuturi anunció que se expandiría más aún, buscando invertir 500 millones de dólares para la adquisición de 370 mil hectáreas en Tanzania, incluidas mil hectáreas iniciales en la fértil cuenca del Rufiji. Ese mismo año, la compañía anunció que estaba en tratos con los funcionarios del gobierno en la republica del Congo en relación a un proyecto de cultivo en una zona económica especial en Oyo-Ollombo, 400 kilómetros al norte de Brazaville. Además, ha estado planeando instalar operaciones de frutas y vegetales en Sudán, Mozambique y Ghana. Dice el director ejecutivo Ramakrishna Karuturi, “en Senegal, hemos realizado sondeos exploratorios y en Sierra Leone ya hicimos los contactos iniciales”. Todos estos países están plagados de acaparamientos de tierra hoy en día. Asuntos y disputas laborales Según un informe publicado en 2012 por la London Business School, cinco por ciento de la fuerza laboral de Karuturi en Etiopía está compuesta por extranjeros. Karuturi ha estado trayendo de fuera al personal y a los consultores, incluso de India, para que manejen la administración, la irrigación y las operaciones de drenado y de logística, dado que afirman que a nivel local no encuentran gente con experiencia. Lo mismo ocurre con los operadores manuales. Karuturi contrata a etíopes como mano de obra no calificada, pero en cuanto a la mano de obra calificada la compañía afirma que tiene problemas. A fines de 2011, Karuturi entró en disputa con el gobierno etíope por haber traído a varios cientos de campesinos de India a trabajar en los campos de Gambela, lo que para las autoridades etíopes contraviene las leyes del país y, como tal, no dieron los permisos. Karuturi también espera emplear a campesinos de India para que manejen el trabajo relacionado con la palma aceitera. Según informes de los medios y de las organizaciones laborales, los trabajadores en las fincas de Karuturi, tanto en Kenya como en Etiopía, se han quejado de varias condiciones laborales, en especial las relacionadas con los salarios y la seguridad, y ya emprendieron acciones al respecto. En noviembre de 2012, Karuturi comenzó a despedir a unos 900 de sus 3 mil 500 trabajadores estacionales en Naivasha, Kenya, debido a sus problemas financieros. El número de despedidos se redujo después a 600. En diciembre de 2012, mil trabajadores entraron en huelga en demanda de que la administración les pagara salarios no cobrados y mejorara las pobres condiciones laborales. Poco antes, en junio de 2010, Workers Rights Watch, una asociación keniana, llevó a cabo discusiones de grupo focalizadas con los trabajadores de los viveros de flores de Karuturi en Naivasha y registraron un balance entreverado de opiniones positivas y negativas respecto de la compañía. En cuanto a las fincas etíopes de Karuturi, varios reportajes de los medios e informes de investigación han denunciado las quejas de que los salarios son bajos. Por ejemplo, un sólido informe comisionado por International Land Coalition muestra que Karuturi le paga a los jornaleros etíopes en su finca de Bako el equivalente a 50 centavos de dólar por día, en comparación al dólar por día que se le paga a los peones en las fincas comerciales de ajonjolí. Se dice que a las guardias nocturnas de la compañía se le pagan unos 15 dólares al mes si tienen su propia arma, y 10 dólares al mes si no la tienen. Violaciones a los derechos humanos Según un poderoso informe de Human Rights Watch de 2012, el gobierno etíope está reubicando a miles de indígenas de Gambela occidental a nuevos poblados que carecen de los alimentos adecuados, de tierra de cultivo, de atención a la salud, y de instalaciones educativas, con el fin de hacerle campo a proyectos agrícolas en gran escala, de inversionistas extranjeros, incluido Karuturi. Con base en entrevistas con los representantes de la comunidad, se dice en el informe que los cultivos de las comunidades anuak locales fueron retirados sin su consentimiento para instalar las operaciones de Karuturi, y que los residentes de Ilea, un poblado de más de mil personas dentro del área rentada por Karuturi, fueron informados por el gobierno etíope que se les reubicaría en 2012 como parte de un “programa de poblamiento”. En respuesta, el director ejecutivo, Sai Ramakrishna Karuturi negó cualquier conexión entre las actividades de su compañía y el programa de poblamiento del gobierno. En conversación con la unidad del Wall Street Journal en India, describió el informe de Human Rights Watch como “bazofia” , lo calificó llamándola “una visión occidental totalmente prejuiciada”, e incluso llegó a negar que existiera el programa de poblamiento. Pérdida de medios de subsistencia El proyecto de desarrollo agrícola de Bechera, 10 mil 700 hectáreas de Karuturi en las planicies de Bako en Etiopía, ha privado a varias comunidades locales de las áreas de pastoreo comunal y del acceso al agua para sus hatos, lo que está afectando severamente sus medios de subsistencia. Esto proviene de un estudio comisionado por International Land Coalition, que se basa en discusiones detalladas con las comunidades locales, con las autoridades locales, y con algunos empleados de Karuturi. El estudio documenta cómo es que se le proporcionan tierras a Karuturi sin el consentimiento de las comunidades locales y sin compensación alguna. Esto revela que Karuturi se está negando a implementar las más mínimas medidas recomendadas por las autoridades locales para responder a algunos de los impactos de sus operaciones. Por ejemplo, el abrir un corredor para el ganado a través de sus campos, de tal modo que los habitantes locales pueden llegar a las fuentes de agua con sus animales, o para que sus animales puedan pastar de los residuos de los cultivos. Preocupaciones ambientales y de salud Karuturi opera una de las fincas de flores más grandes en la cuenca del lago Naivasha en Kenya, que es el segundo lago de agua dulce más grande del país. Se dice que los viveros de flores están ocasionando un descenso en el nivel de agua del lago, la contaminación del lago con pesticidas y fertilizantes químicos y la afectación de la biodiversidad del lago. Los trabajadores de las granjas de Karuturi en Naivasha que hablaron con Muungano wa Wanavijiji, una contraparte local de Forum Syd, en febrero de 2013, dijeron que existe una dilapidación en las operaciones de Karuturi y que las pobres medidas o equipos de protección los ponen en grave riesgo de exposición a los químicos. Afirman que a la compañía no parecen importarle estas preocupaciones. Para su finca en Gambela, Etiopía, Karuturi ha desarrollado un sistema de irrigación de 50 kilómetros de canales, 50 kilómetros de drenaje y 40 kilómetros de diques, con el fin de bombear 22 mil litros de agua por segundo desde el río Baro, una crucial fuente de agua para la gente que depende del Nilo blanco. La finca de Karuturi en Bako, con 10 mil 700 hectáreas, también genera problemas significativos relacionados con el acceso al agua y a la calidad de la misma. Aunque en Etiopía por lo común se requieren evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de irrigación, se ha informado que Karuturi no elaboró ninguna evaluación previa a la construcción de su complejo agrícola en Bako. Confianza para los inversionistas Karuturi y sus accionistas han estado esperando desde mayo de 2011 a que la Agencia de Garantía para las Inversiones Multilaterales del Banco Mundial (MIGA por sus siglas en inglés) les apruebe una petición de la compañía en pos de un seguro por riesgos políticos en sus operaciones en Etiopía. De acuerdo a Sai Karuturi, en 2012 la solicitud todavía no se aprobaba debido a los planes de Karuturi de producir aceite de palma —un asunto sensible para el que el Banco requirió que el gobierno etíope pusiera en efecto protocolos ambientales. Karuturi explicó que MIGA le había aconsejado que omitiera el aceite de palma de la solicitud, por ahora, lo cual hizo. Si la protección de MIGA no se materializa, le dijo la compañía a sus accionistas, su segunda opción sería buscar el respaldo de la agencia de garantía de créditos de exportación de la India (India's Export Credit Guarantee Agency). El 29 de enero de 2013, MIGA le informó a GRAIN, llanamente, que la solicitud de Karuturi “ya no estaba a consideración”. En marzo de 2013, Bloomberg informó que Karuturi buscaba “cientos de millones” de dólares de inversión fresca de un fondo soberano desconocido, después de que un banco de desarrollo, también desconocido, le negó un préstamo. En abril de 2013, el periódico indio Business Today informó que Karuturi estaba pensando volver privada su compañía.