¿Acaparamientos de tierras para compensaciones de carbono donde todos ganemos?

A fines de 2024, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) – cuya membresía incluye desde agencias financiadas por gobiernos, como el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), hasta grupos como Slow Food o la Red de Agricultores Familiares de África Occidental – difundió ampliamente un nuevo informe. Afirma que los datos proporcionados por los aliados de ILC, además de fortalecer los sistemas de derechos sobre la tierra, pueden convertir el actual acaparamiento masivo de tierras para proyectos de compensación de carbono en una situación en la que todo el mundo gane. Esto es tan falso como absurdo.

La publicación en cuestión, Africa’s carbon land deals and the hidden tenure challenge (“Los acuerdos sobre el carbono en África y el reto oculto de la tenencia de la tierra”), comienza resumiendo cómo las comunidades en África están siendo desplazadas y dañadas por los mercados de carbono y cómo los proyectos de compensación de carbono sólo desvían la atención de la necesidad de implementar soluciones reales para la crisis climática. Además, resalta cómo una de cada cuatro personas en África (26%) viven con el temor de ser desalojados de sus tierras. Enfatiza también que es evidente que las comunidades rurales están siendo directamente amenazadas por los proyectos de compensación de carbono. Pero luego da un giro y argumenta que los datos recolectados por un aliado de ILC, Land Matrix sobre un caso en Ghana, demuestra que la buena gobernanza de la tierra puede “permitir contratos de carbono sustentables e inclusivos”.

Land Matrix es una base de datos sobre transacciones de tierras a gran escala, y los datos que posee sobre esta extensa plantación de árboles de Miro Forestry en Ghana, no son confiables. Ignoran al menos cinco publicaciones disponibles en internet que enumeran los daños causados a las comunidades locales, incluyendo una demanda judicial presentada contra la compañía por más de 100 campesinas y campesinos locales por haber destruido sus cultivos. (Ver Recuadro). La aseveración de ILC que “en el caso de Miro Forestry, los derechos sobre la tierra de las comunidades locales no fueron afectados y nadie fue desalojado”, simplemente no es verdad.

En septiembre de 2024, GRAIN publicó un conjunto de datos sobre cientos de transacciones de tierras para proyectos de compensación de carbono mediante plantaciones en todo el mundo. La información cubría contratos pactados desde 2016, incluyendo acuerdos que cubren más de 5 millones de hectáreas en África. Una de las principales conclusiones de esta investigación fue que hay muy poca información pública sobre la mayoría de los proyectos, y cuando la información existe, es principalmente propaganda para quienes los promueven. La falta de información en internet acerca de los daños no prueba que los daños no ocurran. De hecho, el pequeño número de investigaciones independientes en terreno que se ha realizado casi siempre han puesto de manifiesto importantes problemas y graves daños ocasionados a las comunidades locales.

Pero no solo es un problema de datos. La ILC está tratando de demostrar que el problema está en la debilidad de los derechos sobre la tierra, y no en la estrategia de entregar enormes extensiones de tierra en África para producir bonos de carbono para un mercado internacional no regulado, que solo es útil a las corporaciones extranjeras y que no contribuye en nada a enfrentar la crisis climática. Despojar de sus tierras a las personas para producir una nueva mercancía – cuyo precio no es controlado por las comunidades directamente afectadas – nunca será una buena idea, sin importar cual sea el marco legal. La obsesión de la ILC por los derechos sobre la tierra y la importancia exagerada que atribuye a sus propios datos parece haberla cegado respecto a este hecho tan sencillo.