La fiebre del carbono de los estados: más amenazas para las comunidades y el clima

El tan pregonado Acuerdo de París sobre el cambio climático, firmado en 2015, hoy parece más que nunca un simple papel mojado. Durante una década de vigencia no ha logrado frenar las emisiones de gases de efecto invernadero ni exigir la rendición de cuentas por parte de las grandes corporaciones. Actualmente, su signatario más importante, Estados Unidos, no solo se ha retirado del acuerdo, sino que su ejército—uno de los mayores contaminadores climáticos del mundo—está reduciendo a cenizas la cooperación internacional con total impunidad, bajo el mando de su actual comandante en jefe.

Sin embargo, hay un aspecto del pacto que ha tenido consecuencias importantes para las comunidades locales. El acuerdo respaldó la idea de los mercados de carbono. Esto permite a las corporaciones que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones en lugar de reducirlas directamente. Al hacerlo, el Acuerdo de París desencadenó una carrera por establecer proyectos—principalmente en el Sur Global—que puedan generar estos créditos y venderlos a corporaciones, ubicadas mayoritariamente en el Norte Global.

Las compensaciones de carbono son muy controversiales. La mayoría de los créditos emitidos hasta ahora se pueden considerar patrañas, en el sentido de que no se basan en una reducción real de las emisiones ni en la captura de carbono[1]. Sin embargo, sí han causado daños reales a nivel local. Comunidades enteras han sido desalojadas de sus bosques y pastizales, han perdido tierras de cultivo debido a las plantaciones de árboles y han sufrido graves violaciones a sus derechos, sin obtener prácticamente ningún beneficio[2].

Hasta la fecha, casi todos estos proyectos de compensación de carbono operan en lo que se conoce como mercados voluntarios. En estos mercados, las corporaciones que desean implementar proyectos dependen de unas pocas agencias privadas para certificar sus planes y establecer las normas y metodologías que deben seguir. Los créditos generados se venden posteriormente a corporaciones que desean compensar sus emisiones por motivos propios, no por ninguna obligación legal. Sin embargo, los precios que se pagan en estos mercados son muy bajos, dada la generalizada falta de confianza, por lo que resulta difícil que este sector pueda crecer y obtener beneficios.

Están dándose importantes esfuerzos para cambiar todo esto.

El Acuerdo de París no solo respaldó los mercados voluntarios de carbono para las corporaciones, sino que también sentó las bases para que los gobiernos comerciaran con créditos de carbono. El artículo 6 del acuerdo establece dos mecanismos mediante los cuales los Estados pueden adquirir créditos de carbono para compensar sus emisiones nacionales. El primero, el artículo 6.2, permite a los gobiernos desarrollar mecanismos bilaterales para el intercambio de créditos de carbono entre sí. El segundo, el artículo 6.4, establece un mecanismo centralizado, bajo la supervisión de la ONU, mediante el cual los gobiernos pueden comprar créditos a las corporaciones.

En la jerga de la ONU, estos se denominan mercados de cumplimiento o mercados regulados. Esto se debe a dos razones. La primera es que los proyectos deben estar registrados por el país de origen y la exportación de créditos debe contabilizarse para cumplir con las obligaciones nacionales de reducción de emisiones de dicho país. Por ejemplo, si Indonesia vende al gobierno de Japón créditos de carbono por valor de dos millones de toneladas procedentes de un proyecto de conservación forestal en su territorio, no puede contabilizar esas dos millones de toneladas como una reducción de sus propias emisiones. (Si lo hiciera, se produciría una doble contabilización).

La segunda razón es que las normas y metodologías que rigen estos mercados son establecidas por los propios gobiernos. Esto puede hacerse de forma bilateral, para los proyectos contemplados en el artículo 6.2; y también puede hacerse de forma multilateral, con la asistencia de un grupo de expertos designado por el gobierno, para los proyectos que se llevan a cabo en virtud del artículo 6.4.

Aunque los detalles aún están en negociación, muchos países están avanzando con sus planes nacionales de reducción de emisiones, que dependen del comercio de créditos de carbono. De hecho, casi todos los 129 países que han presentado planes nacionales en el marco del Acuerdo de París confían en utilizar créditos de carbono para alcanzar sus objetivos[3]. A finales de 2025, la Unión Europea tomó una decisión que la convertirá en el mayor comprador de créditos de carbono en virtud del artículo 6.[4]

Además de esto, existen varias iniciativas nuevas que no se rigen por el Acuerdo de París y que solo estarán abiertas a proyectos autorizados por este artículo. Estas incluyen el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, utilizado por las principales aerolíneas, y los planes de impuestos al carbono—como el de Singapur—que permiten a las corporaciones comprar créditos autorizados en por el Artículo 6 en lugar de pagar un impuesto.

El interés político en todo esto es fácil de comprender. Los grandes países contaminadores, principalmente del Norte Global, quieren comprar créditos de carbono a otros países como una alternativa barata y menos complicada (aunque sea engañosa) para reducir sus propias emisiones o establecer compensaciones en sus territorios. Los gobiernos del Sur Global, por otro lado, están interesados en obtener ganancias con la venta de créditos de carbono provenientes de proyectos que utilizan las ricas tierras, bosques y aguas de sus poblaciones.

Esto ha dado lugar a una oleada de nuevos marcos legislativos nacionales para los mercados de carbono, junto con la creación de organismos burocráticos encargados de su implementación. Para enero de 2026, 85 países habían implementado o estaban implementando mecanismos para la emisión de créditos basados en el Artículo 6[5]. Muchos de estos marcos nacionales se están diseñando e implementando con la participación activa del Banco Mundial y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (Global Green Growth Institute), con sede en Corea, así como con la asistencia bilateral de países como Noruega y Japón.

La Unión Europea (UE) es otro de los actores que impulsan a los países del Sur Global a establecer regímenes para el comercio de créditos de carbono. En el lanzamiento del registro nacional de carbono de Kenia en febrero de 2026, financiado por la UE y Alemania, la embajadora de la UE, Henriette Geiger, envió un mensaje contundente al gobierno keniano: «Kenia debería desarrollar los créditos de carbono como un producto de exportación de alta calidad. Estamos en el siglo XXI; no podemos depender únicamente de té, café o aguacate para obtener ingresos por exportaciones»[6].

Resulta evidente, y no debería sorprender a nadie, que el nuevo mercado de carbono previsto en el artículo 6 no se diferenciará de los mercados voluntarios en lo que respecta a la integridad científica de los proyectos y los perjuicios para las comunidades.

A principios de 2025, el mecanismo de acreditación de carbono previsto en el artículo 6.4 entró en funcionamiento y aprobó un primer lote de proyectos. Si bien se afirma que sus normas y metodologías garantizan créditos de "alta integridad", el grupo de vigilancia Carbon Market Watch descubrió que solo uno de cada 26 créditos emitidos por los proyectos iniciales probablemente represente reducciones reales de las emisiones de carbono[7]. Las recientes propuestas para fortalecer las normas y metodologías se diluyeron tras una intensa presión por parte de las corporaciones[8].

Se han identificado problemas similares con los primeros proyectos bilaterales contemplados en el Artículo 6.2. En la COP30 celebrada en Brasil, los gobiernos rechazaron una propuesta para prohibir los créditos de los proyectos señalados como problemáticos, ya que habría implicado prohibir los créditos de todos los proyectos que actualmente operan bajo el Artículo 6.2[9].

Estos problemas no han impedido que los gobiernos avancen rápidamente en la creación de acuerdos bilaterales de comercio de créditos de carbono. Para febrero de 2026, ya habían 108 acuerdos bilaterales firmados bajo el Artículo 6.2, en los que participan 64 países. Los principales actores son Japón, Suiza, Corea y Singapur como compradores, y diversos países del Sur Global como vendedores[10].

En estos acuerdos bilaterales, los términos los establecen esencialmente los países compradores. Japón y Corea tienen sus propias normas que los proyectos deben cumplir y utilizan sus propias corporaciones para la verificación. Singapur y Suiza, por otro lado, seleccionan de entre las normas y metodologías para mercados voluntarios establecidos por corporaciones privadas, como Verra y Gold Standard, y recurren a estas mismas empresas para la verificación.

A principios de 2025, Singapur lanzó una licitación para proyectos de créditos de carbono en países con los que mantiene acuerdos bilaterales (actualmente cuenta con 28). Uno de los cuatro proyectos seleccionados es un proyecto de pastoreo de ganado en Paraguay, liderado por el grupo estadounidense Boomitra. Esta empresa está financiada por Chevron, una de las mayores petroleras estadounidenses, y Yara, el mayor productor mundial de fertilizantes, con sede en Noruega[11]. Boomitra obtuvo recientemente la autorización para utilizar un proceso de verificación de sus compensaciones de carbono basado exclusivamente en inteligencia artificial e imágenes satelitales[12]. Normalmente, este tipo de proyectos requieren análisis costosos y laboriosos de muestras de suelo, e incluso así existen serias dudas sobre su capacidad para compensar las emisiones.[13] Si bien las verificaciones de Boomitra basadas en inteligencia artificial y satélites son menos rigurosas, resultan mucho más económicas y pueden aplicarse a áreas mucho más extensas, lo que permite generar enormes cantidades de créditos de carbono a bajo costo.

Los proyectos que pueden generar grandes cantidades de créditos baratos satisfacen los intereses de compradores como Singapur. Esto explica en parte por qué Corea y Japón se están centrando ahora en proyectos de gran escala para reducir las emisiones de metano en el cultivo de arroz[14]. Sin embargo, estos proyectos pueden entrar en conflicto con los intereses de los gobiernos de los países anfitriones, que buscan maximizar los ingresos provenientes de los gravámenes sobre la exportación de créditos de alto precio, al tiempo que minimizan las emisiones que deben compensar en sus objetivos nacionales de reducción de emisiones. Cuando Singapur anunció el proyecto Boomitra, el gobierno paraguayo respondió de inmediato con una declaración pública en la que dejó claro que no había dado su consentimiento y que no permitiría la exportación de créditos de carbono a Singapur hasta que lo aprobara, lo cual aún no había ocurrido en marzo de 2026[15]. Es posible que también influyan consideraciones políticas. El gobierno paraguayo pretende utilizar su nuevo registro de carbono para la exportación de créditos provenientes de fincas de soja y plantaciones de eucalipto por parte de sus poderosos intereses agroindustriales[16].

En un caso reciente, el gobierno keniano se negó a autorizar un proyecto de estufas que contaba con el respaldo financiero y político del Banco Mundial. Los créditos para proyectos de estufas se han estado negociando a precios bajos debido a una serie de escándalos que han expuesto cómo exageran sus afirmaciones sobre la reducción de emisiones. La empresa en cuestión buscaba la autorización de Kenia para poder vender en un mercado de cumplimiento específico, donde esperaba obtener precios más altos por sus créditos. Sin embargo, el gobierno keniano se percató de que el proyecto consumiría todos los créditos disponibles para exportar bajo su nuevo marco climático nacional. Esto no dejaría margen para otros proyectos en los que el gobierno pudiera estar más interesado por razones financieras o políticas. Inmediatamente después de que Kenia anunciara su decisión, la empresa se declaró en bancarrota[17].

Los proyectos más destacados en estos nuevos mercados de carbono suelen denominarse proyectos basados en el suelo o en la naturaleza. Generalmente implican monocultivos de árboles a gran escala, la delimitación de zonas forestales para su conservación o la modificación de las prácticas tradicionales de agricultores o pastores. Estos proyectos resultan atractivos tanto para compradores como para vendedores, corporaciones y gobiernos; pero pueden generar graves problemas para las comunidades.

GRAIN constató que, entre 2016 y 2024, más de 9 millones de hectáreas de tierras en el Sur Global ya habían sido expropiadas para proyectos de monocultivos de árboles y otros cultivos destinados a la producción de créditos de carbono[18]. Esto ocurrió antes de que los créditos de carbono contemplados en el Artículo 6 comenzaran a implementarse de forma generalizada. La fiebre de acaparamientos de tierras comunitarias podría empeorar considerablemente.

Por ejemplo, la licitación de Singapur para 2025 se centró exclusivamente en proyectos basados en el suelo. Uno de los proyectos seleccionados, junto con el de Paraguay, fue un proyecto de siembra de árboles de 50 mil hectáreas en Ghana. Está liderado por una empresa propiedad del fondo soberano de Singapur, y el terreno se encuentra dentro del territorio del Consejo Tradicional Indígena Kwahu[19]. Parte del proyecto abarca una reserva forestal, mientras que 30 mil hectáreas corresponden a tierras comunitarias, donde la empresa afirma que firmará contratos confidenciales con cada una de las comunidades, comprometiéndolas a mantener plantaciones de árboles en sus tierras durante décadas[20].

Trafigura, comerciante de petróleo y una de las principales intermediarias en los mercados de carbono, ganó esa licitación de Singapur en 2025[21]. Ahora se ha asociado con una de las familias más ricas de Portugal en un proyecto de compensación de carbono que plantará árboles en diez mil hectáreas y delimitará otras 550 mil hectáreas de bosques en Malawi. Actualmente, las comunidades dependen de estos bosques para la producción de carbón vegetal. La intención declarada de Trafigura es vender créditos del proyecto bajo el Artículo 6, probablemente a Singapur y Suiza, dado que tienen acuerdos bilaterales con Malawi[22]. Trafigura, una de las principales corporaciones de comercio de carbono del mundo, cree que la demanda de créditos de carbono en virtud del Artículo 6 representará el 80% del mercado en un par de años, en comparación con el 20% actual[23].

Estos nuevos mercados, contemplados en el Artículo 6, generarán mayor demanda y financiamiento para proyectos de compensación de carbono en un momento en que el sector atraviesa dificultades y aumentan las voces que reclaman abandonar este esquema. Un mayor número de créditos de carbono solo nos alejará de las reducciones reales de emisiones que se necesitan con urgencia. Por lo que hemos visto, este nuevo mercado de cumplimiento es potencialmente más peligroso para las comunidades que el mercado voluntario. Otorga a los gobiernos un interés financiero en los proyectos que autorizan, involucrándolos directamente en cualquier conflicto territorial entre los promotores de proyectos y las comunidades. Esto ya se está manifestando en Kenia, donde las comunidades indígenas denuncian que la policía las está desalojando violentamente de zonas forestales y de sabana para dar paso a proyectos que generan exportaciones de carbono[24].

Las comunidades, los grupos por la justicia climática y los movimientos sociales pueden resistir esta presión para regular el comercio internacional de créditos de carbono. Esto requerirá esfuerzos colectivos para mantener las compensaciones fuera de las regulaciones y marcos climáticos nacionales, incluidos los sistemas de impuestos al carbono y los mecanismos de ajuste fronterizo de carbono. También requiere que trabajemos juntos para detener los acuerdos bilaterales en virtud del Artículo 6.2 y encontrar maneras de desmantelar el Artículo 6.

Los mercados de carbono son una peligrosa distracción de las verdaderas soluciones climáticas que el mundo necesita urgentemente.