La compra pública de alimentos puede ser una herramienta poderosa para la soberanía alimentaria, si se hace bien

Cada año, los gobiernos invierten más de 84 mil millones de dólares estadounidenses en programas nacionales de comedores escolares, y el 99% de este financiamiento proviene directamente de los presupuestos nacionales. Estos programas públicos de alimentos, que compran y suministran alimentos a escuelas, hospitales públicos, residencias geriátricas o prisiones, representan una parte significativa del mercado total de venta de alimentos. Al destinar fondos para alimentos nutritivos de origen local provenientes del campesinado y personas que venden en las calles, los gobiernos sostienen programas que pueden ser una herramienta eficaz para abordar simultáneamente la desnutrición, la pobreza, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Al abastecerse de fincas agroecológicas, centros de distribución de alimentos locales y pequeñas empresas, los programas públicos de alimentos pueden apoyar a las cocinas comunitarias y, al mismo tiempo, garantizar medios de vida dignos para quienes se dedican a la producción y distribución en pequeña escala, incluidas las personas que venden en las calles y mercados ambulantes, así como otros grupos marginados. Estos programas también pueden proporcionar a las personas, sobre todo las más necesitadas, alimentos frescos, culturalmente apropiados y nutritivos. Iniciativas como estas pueden traer grandes mejoras a la salud pública y dinamizar la economía local. Además, pueden crear un espacio para la participación comunitaria, reuniendo a cabezas de familias, cuerpo estudiantil, campesinado local, personal del gobierno y autoridades de la salud para diseñar programas de forma conjunta.

El abastecimiento público de alimentos también tiene el potencial de influir positivamente en los hábitos alimenticios y, al mismo tiempo, preservar las culturas gastronómicas locales. Mediante menús bien diseñados, las escuelas y otras instituciones pueden adquirir frutas y verduras locales sin inflar sus presupuestos, creando un espacio para el aprendizaje colectivo sobre la importancia del suministro de alimentos de proximidad. Los programas también pueden abordar problemas de la cadena de suministro, colaborando con quienes distribuyen alimentos en la utilización de materiales de origen vegetal, como hojas de plátano, en lugar de envases de plástico.

Lamentablemente, los beneficios potenciales de los programas públicos de alimentos a menudo se ven limitados por la forma en que estos son diseñados e implementados. Los programas verticales y centralizados propician la corrupción y el nepotismo, y tienden a favorecer a las poderosas empresas agroalimentarias. Estos programas suelen recurrir a alimentos precocidos y ultraprocesados debido a la conveniencia, reduciendo la demanda de ingredientes frescos y locales. Además, las licitaciones públicas implican una gran cantidad de trámites burocráticos y auditorías rigurosas para garantizar la transparencia, lo que dificulta la participación de los pequeños proveedores locales.

Para aprovechar al máximo el potencial de los programas públicos de alimentos, debemos considerar la alimentación como un bien público esencial, aprovechando las redes locales de abastecimiento de alimentos que ya existen, desde pequeños productores y productoras hasta los mercados informales y a quienes consumen estos productos. Un sistema de adquisición descentralizado es fundamental, uno en el que los gobiernos locales desempeñen un papel central y las comunidades beneficiarias tengan voz y voto directo en el diseño e implementación del programa.

Algunos programas públicos de alimentos están marcando la pauta en este sentido. En Brasil, la sociedad civil impulsó con éxito la aprobación de una ley recientemente promulgada que aumenta el presupuesto nacional destinado a los comedores escolares del 30% al 45%, el cual debe invertirse en fincas familiares que practiquen métodos agroecológicos, priorizando a personas productoras indígenas, quilombolas, beneficiarias de la reforma agraria y mujeres. En mayo de 2025, el municipio filipino de Nueva Vizcaya lanzó la Ordenanza de Adquisición Pública de Alimentos Saludables, que promueve alimentos integrales y nutritivos mediante la colaboración con personas pescadoras y agricultoras a nivel local.

En esta edición, analizamos la importancia de involucrar a las personas que venden en las calles y mercados ambulantes en los programas de compra pública de alimentos así como los desafíos que enfrentan dos de estos programas que ponen de relieve la importancia de la descentralización y la diversidad: el programa de comidas gratuitas de Indonesia y el sistema de adquisición pública de la India.

Enero de 2026 marcó un año desde el lanzamiento del programa Makanan Bergizi Gratis (MBG, o Comidas Nutritivas Gratis), a través del cual se brindan comidas gratuitas a niñas y niños, principalmente a través de las escuelas. Es una de las ocho iniciativas emblemáticas de la presidencia de Prabowo Subianto en Indonesia. MBG fue un programa central durante la campaña presidencial y ha mantenido su prominencia desde que Prabowo asumió el cargo. El programa se presenta como un importante esfuerzo político para abordar los problemas nutricionales de Indonesia. También se promueve como un programa que puede impulsar a las pequeñas y medianas empresas y generar oportunidades de empleo, ya que es gestionado por y para el pueblo.

Sin embargo, la implementación del MBG ha generado serias preocupaciones. En lugar de fortalecer los sistemas alimentarios locales y mejorar los resultados nutricionales, el programa está propiciando la corrupción, el control oligárquico y la corporativización del sector agroalimentario de Indonesia. Según informes de diversas regiones, las comidas proporcionadas bajo el MBG a menudo no son suficientemente nutritivas, ya que incluyen alimentos envasados y ultraprocesados, y pueden llegar a ser peligrosas, reportándose más de 20 mil casos de intoxicaciones en todo el país.

Existe una creciente preocupación por la gobernanza y la supervisión de este enorme programa. En su primer año, el programa MBG contó con un presupuesto de 71 billones de rupias (cuatro mil 200 millones de dólares), aproximadamente el 10% del presupuesto nacional de educación de Indonesia. Cuando la adquisición y distribución de alimentos se centralizan e implican grandes flujos financieros, los riesgos de mala gestión y búsqueda de ganancias aumentan inevitablemente. Hasta el momento, el programa no ha contribuido significativamente al empoderamiento del campesinado local, ni de las personas que producen alimentos a pequeña escala, ni de los comedores comunitarios. En cambio, corre el riesgo de consolidar las cadenas de suministro en manos de unos pocos grandes proveedores y actores corporativos.

La implementación vertical y centralizada del MBG ha excluido a las comunidades locales y, en muchos casos, ha debilitado el papel de las familias y las comunidades como pilares fundamentales de la seguridad alimentaria. En lugar de aprovechar los sistemas alimentarios locales existentes y la participación comunitaria, como intentaron hacer gobiernos anteriores, el programa ha puesto el control en manos de las autoridades del MBG y de grandes actores institucionales, como Badan Gizi National (BGN/Consejo Nacional de Nutrición) e incluso la policía y el ejército, que controlan las distribuciones del MBG. Además, la implementación del MBG parece haber impulsado la participación de grandes corporaciones extranjeras, tales como Danone, Nestlé y Friesian Flag (Friesland Campina), en calidad de proveedores dentro del sistema MBG.

«Menú de comida nutritiva gratuita hoy, 13 de marzo de 2026, en la escuela primaria Tente 02 (Nusa Tenggara Occidental)». IG@astutiningsiehSe han expresado preocupaciones sobre hasta qué punto las cocinas del MBG son operadas o controladas por actores estrechamente vinculados a redes políticas. Esto incluye a partidos políticos que apoyaron la campaña presidencial de Prabowo, élites y autoridades locales, e incluso instituciones como el ejército y la policía. Este arreglo corre el riesgo de reforzar los sistemas existentes de corrupción, clientelismo político y control oligárquico, donde el acceso a los recursos públicos se vincula a la lealtad política y al poder institucional. En algunos casos, el MBG incluso podría perturbar los sistemas comunitarios de distribución de alimentos que durante mucho tiempo han sostenido los mercados locales y los medios de subsistencia en Indonesia.

Concebido originalmente como una iniciativa de bienestar social, el programa MBG se ha convertido cada vez más en un foco de disputa política y económica, impulsando el crecimiento de "nuevas oligarquías alimentarias" que impiden a familias, comunidades y sistemas alimentarios locales controlar su nutrición.

El sistema alimentario de la India se caracteriza por una amplia variedad de cultivos, lo que ha fortalecido el suministro de alimentos a nivel local y nacional, y en general a la economía. Las personas que producen alimentos a pequeña escala, especialmente provenientes de comunidades marginadas, han desempeñado un papel fundamental para que esto sea posible. Las condiciones ambientales favorables y un enfoque de producción local y sostenible han dado como resultado una gama variada y nutritiva de alimentos. Y sin embargo, el sistema de adquisiciones públicas no ha hecho justicia a esta diversidad, debido en gran medida a la ignorancia de las autoridades sobre la amplia variedad de cultivos que produce el campesinado de la India.

Una forma de abordar este problema es descentralizando la adquisición de alimentos a nivel local. Esto no solo podría mejorar la calidad nutricional de los programas de seguridad alimentaria, sino que también tendría un impacto positivo en las economías locales.

En sus primeros años de independencia, la India sufrió una crisis alimentaria debido a los bajos rendimientos y se vio obligada a importar cereales para alimentar a millones de personas. En la década de 1960, la India impulsó la Revolución Verde para fortalecer su seguridad alimentaria y alcanzar la autosuficiencia. Se creó entonces la Corporación Alimentaria de la India (Food Corporation of India, FCI) para adquirir cereales a un precio mínimo de apoyo preestablecido, garantizar una remuneración justa al campesinado, mantener reservas estratégicas y distribuir alimentos a quienes más los necesitaban mediante un sistema público de distribución.

En 2013, gracias a la lucha y la demanda ciudadana por garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas, se promulgó la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, que estableció una garantía legal y la rendición de cuentas del gobierno respecto a este derecho. Desde su promulgación, la India ha logrado crear un sólido sistema de adquisición de alimentos, con una gran reserva anual. Sin embargo, la autosuficiencia del país se limita a los cereales, especialmente en cuanto a arroz y trigo, lo cual no satisface las necesidades nutricionales para una vida saludable. Dado el papel fundamental que desempeña el sistema público de distribución de alimentos en un contexto donde una parte significativa de la población no puede acceder a una dieta diversificada por sus propios medios, esto representa una importante oportunidad desaprovechada, con repercusiones para la salud y el bienestar de la población, el sustento del campesinado y las economías locales. Alimentos esenciales como legumbres, semillas oleaginosas y verduras aún no figuran entre las prioridades del gobierno para su adquisición a nivel público y, por tanto, no están incluidos en el sistema público de distribución de alimentos.

Al limitar la adquisición a una gama reducida de cereales, el sistema ha contribuido a una ingesta nutricional deficiente para la mayoría de la población. Las semillas oleaginosas y las legumbres son cultivos cruciales que garantizan la nutrición y forman parte del consumo diario de millones de personas en la India. A pesar de ello, siguen dependiendo de las importaciones de ambos productos, lo que provoca una gran volatilidad en sus precios. En 2024, la India importaba aproximadamente el 60% de su aceite comestible y alrededor del 10% de las legumbres que consumía internamente. El informe de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 reveló que el 55.6% de la población india no podía permitirse una dieta saludable.

Los altos costos de producción son otro factor que socava la diversidad en los sistemas alimentarios locales. El cultivo de hortalizas era rentable para el campesinado, pero el reciente aumento de los costos de producción significa que ahora sufren pérdidas netas. El gobierno solía subsidiar o incluso proporcionar semillas y fertilizantes de manera gratuita para mantener bajos los costos, pero estos apoyos, así como la inversión pública en infraestructura rural, se han reducido, dejando a las personas agricultoras a merced de los mercados para satisfacer sus necesidades de insumos.

Para abordar la situación laboral de este sector y los costos de producción, es importante garantizar un precio mínimo de apoyo también para las hortalizas. Es esencial fijar el precio de las hortalizas de manera que se tengan en cuenta los costos reales que permitan asegurar ingresos netos y hacer justicia al trabajo de las familias agricultoras. En el estado de Kerala, el gobierno estatal fue el primero en promulgar un precio mínimo de apoyo para las hortalizas en 2020, al establecer un precio mínimo para 16 productos, que incluían hortalizas, frutas y tubérculos. Este fomento a la diversificación de cultivos contribuye a la nutrición y la biodiversidad, y ayuda a que la India vuelva a ser autosuficiente en proteínas y aceites comestibles.

La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, la cual es la red de protección de la seguridad alimentaria de la India, desempeña un papel fundamental en la lucha contra el hambre y la desnutrición. No obstante, carece de un enfoque sistémico que abarque todas las etapas, desde la producción hasta el consumo; para garantizar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de una amplia variedad de alimentos. En este contexto, ciertas cuestiones relacionadas con la agricultura requieren especial atención. La descentralización del sistema de seguridad alimentaria, con la adquisición descentralizada a nivel local, no solo reduciría el costo del transporte de cereales, sino que también mejoraría la nutrición de la canasta básica de alimentos.

El programa de desayunos del estado de Tamil Nadu es un buen ejemplo de un programa local de alimentación nutritiva, donde los alimentos locales preparados por grupos de autoayuda liderados por mujeres contribuyen significativamente a la salud y nutrición de los escolares. La Comisión de Planificación del Estado de Tamil Nadu informó que el programa de desayunos contribuyó en la disminución del 63.2 % en los ingresos hospitalarios de niñas y niños de primaria en escuelas públicas y una reducción del 70.6% en las enfermedades graves en 2024.

Es fundamental invertir en la construcción de un sistema alimentario descentralizado, diverso y equitativo, al tiempo que se implementan medidas sólidas de protección social. Un enfoque del sistema alimentario local en la compra pública no solo promueve una dieta diversificada y nutritiva para la sociedad, sino que también contribuye en la mejora de los medios de vida y las economías locales. Esto nos permitirá avanzar en la construcción de resiliencia ante futuras crisis, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria para toda la población.

Durante décadas, las autoridades municipales han considerado a las personas que venden comida en las calles como una fuente de ingresos fiscales o como un problema de orden público que debía gestionarse, generalmente mediante la violencia, el desalojo o la confiscación de sus productos. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que sugieren que estas personas vendedoras pueden —y deben— ser vistas como socias activas de las instituciones públicas. Al integrar a las personas que venden comida en las calles en los sistemas de compra pública, las ciudades pueden aprovechar la economía informal para crear sistemas alimentarios más sostenibles.

Una de las principales ventajas de incluir a las personas que venden en las calles en los procesos de compra pública es la creación de redes alimentarias más cortas y resilientes. En Kenia, por ejemplo, el programa Acceso a Oportunidades de Adquisición Pública (AGPO, por sus siglas en inglés) reserva el 30% de los contratos para grupos marginados, lo que genera un incentivo por el cual el mercado público anima a las vendedoras y vendedores ambulantes y pequeños comerciantes a incorporarse voluntariamente a la economía formal mediante la obtención de un estatus legal documentado.

Además, el abastecimiento directo desde las comunidades locales garantiza que los fondos públicos circulen dentro de la economía local. Las redes descentralizadas de personas dedicadas a la venta a menudo suelen ser más adaptables a las interrupciones en el suministro que las empresas que atienden a industrias centralizadas; asimismo, facilitan un mejor acceso de la comunidad a alimentos de calidad y culturalmente relevantes.

El modelo no está exento de desafíos. Los programas públicos de alimentos suelen requerir una gran cantidad de trámites burocráticos, normas de cumplimiento y presentación de informes digitales que en última instancia podrían excluir a quienes pretenden ayudar. Muchas personas dedicadas a las ventas carecen de la capacidad administrativa, la alfabetización digital, el acceso a internet o los recursos financieros necesarios para desenvolverse en procesos de licitación complejos. También pueden surgir problemas de corrupción. Por ejemplo, si bien el programa keniano cuenta con un componente digital para mitigar la corrupción, existen lagunas legales que permiten a ciertas personas, incluso del gobierno, registrar pequeñas empresas en el programa utilizando identidades fraudulentas de personas desprevenidas para ganar licitaciones, dejando de lado a los solicitantes legítimos.

Como alianza de personas trabajadoras de la economía informal, creemos que la formalización es más efectiva cuando se presenta como una herramienta para la inclusión y el crecimiento económico, en lugar de una medida punitiva. Al brindarles un camino claro hacia los contratos gubernamentales, las personas dedicadas a la venta ambulante pueden ser reinterpretadas como proveedoras de servicios profesionales. Este cambio puede mejorar sus condiciones de vida e integrarlas a la infraestructura urbana. La adquisición pública puede ser un catalizador para la integración social y económica. Para las personas vendedoras de alimentos, significa pasar de la marginalidad al centro de los sistemas urbanos. Para la ciudadanía, significa un sistema alimentario más democrático y local. Apoyar la economía informal mediante la compra pública inclusiva no implica "limpiar" las calles en el sentido neoliberal verticalista, sino que contribuye a construir ciudades equitativas.