Treinta años de TLCAN: un método para acaparar el mundo

Hoy, con la cada vez más frecuente firma de diversos tratados de libre comercio (TLC), se desarman aparatos jurídicos nacionales y se le abre margen de maniobra a las empresas mientras se cierran los espacios legales para que la gente, las poblaciones, defiendan sus intereses.

En 2024, el primer tratado de libre comercio de la era moderna, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cumple 30 años. Es una ocasión importante para preguntarse: ¿Por qué este tratado en particular ha tenido un rol de parteaguas en la historia del régimen global de comercio e inversiones? ¿Hasta qué punto ha sido el laboratorio donde comenzó un proceso que continúa cambiando la textura global de las relaciones entre los gobiernos y entre éstos y sus sociedades? Para los movimientos que se enfrentan al libre comercio en todos los continentes, mirarse en el espejo del TLCAN puede ser de gran utilidad.

Desde la entrada en vigor del acuerdo en 1994, el mundo entró en una etapa inusitada de homogenización de los términos de referencia de sus relaciones internacionales, y la llamada democracia formal se erosionó aún más.

Los organismos financieros y de comercio internacionales reivindicaron la efectividad de los tratados de libre comercio como candados de las reformas estructurales promovidas desde los años ochenta. Con ellos se comenzaron a someter las estructuras jurídicas, nacionales e internacionales, a los arbitrios de los intereses económicos de las corporaciones, dentro de los ambiguos márgenes del derecho, que va abandonando sus motivaciones públicas para someterse a intereses particulares.

Un año después de la firma del TLCAN, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), vigente desde 1947, se reconvirtió en Organización Mundial de Comercio (OMC). El TLCAN inspiró una verdadera andanada de acuerdos bilaterales de comercio que multiplicaron los controles, pero sobre todo las sustituciones y paralelismos de lo que debería ser la labor de los congresos y los gobiernos nacionales al determinar leyes, normas y políticas públicas. Ya entonces GRAIN afirmaba que estos tratados buscaban presionar a los países más débiles mediante negociaciones bilaterales o subregionales, y someter a aquellos que se empeñaban en mantener algún grado de soberanía o defender los intereses de las empresas nacionales.

Estos acuerdos bilaterales de comercio e inversión se desnudaron entonces como instrumentos de desvío de poder. Moldes de normas y políticas públicas, modelos de relación, donde quiera que haya tratados, que abren margen de maniobra a las empresas mientras le cierran los canales jurídicos a la gente que no se puede defender, excluida de la legalidad, marginada de su posibilidad de acceder a la justicia.

En un momento en que muchos gobiernos y algunas organizaciones de la sociedad civil se empeñan en reformar los tratados de libre comercio, incluyendo por ejemplo previsiones de desarrollo sustentable o protecciones laborales más fuertes como modo de agitar una varita mágica que elimine todas las consecuencias de la liberalización del comercio, la experiencia con el TLCAN subraya los límites de este enfoque reformista. Una vez más, el TLCAN fue el primero en incluir salvaguardas que enmascararon los impactos negativos potenciales. El presidente de entonces, Bill Clinton respaldó el acuerdo comercial con la condición de que se añadieran acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. Treinta años después la iniciativa apenas tuvo efectos positivos si acaso. Pero el proceso se ha repetido en otros acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos y la Unión Europea, con los mismos resultados.

Desregulación laboral y ambiental: una “ventaja”. Los gobiernos ofrecen en la desigual relación entre los países socios “ventajas” que fragilizan las relaciones laborales en favor de los patrones, y sumen el medio ambiente en una devastación sin miramientos.

Fragmentación, dispersión y dislocación de los procesos de producción y distribución. Las maquilas, surgidas desde 1964 pero impulsadas con el TLCAN, fragmentan los procesos de producción, importan sin arancel alguno la materia prima para fabricar partes de un producto, o productos semi-elaborados. Y exportan de regreso el producto terminado al país de donde surgió dicha materia prima, o incluso exportándolo a un tercer país.

Esta fragmentación de los procesos productivos de las compañías desarma toda la cadena industrial en talleres “de sudor” que producen segmentos irreconocibles, disgregados entre diferentes talleres y zonas de producción, estableciendo cadenas de suministro. Esto ha configurado una industria de la subordinación, se abaten costos, se instaura invisibilidad de lo producido esparciendo los procesos entre diferentes países. Intentan lucrar lo más posible con las condiciones infrahumanas de sometimiento a trabajadoras y trabajadores, de la precariedad laboral y la tercerización de sus contratos (en manos de empresas intermediarias, lo que facilita disolver o hacer inviables los sindicatos obreros).

Privatización y acaparamiento de la tierra. En México esto se emprendió dos años antes de la firma del TLCAN mediante la contra-reforma al artículo 27 constitucional que establecía el carácter inembargable, inalienable e imprescriptible de la tenencia colectiva de la tierra por parte de comunidades indígenas y campesinas. El régimen agrario surgido de la Revolución Mexicana contemplaba comunidades indígenas (que habían sido reconocidas en su territorio por el poder colonial) y ejidos (la figura agraria colectiva para ir dotando de tierras en común a los núcleos poblacionales despojados o sin tierra).

Aunque en muchos países los detalles pueden ser diferentes, el TLCAN impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras, en particular las de los pueblos originarios y afrodescendientes, o toda posesión colectiva campesina (comunal o ejidal en México). Para ello se forzó el registro de las parcelas y sus tierras de uso común, buscando que los ejidos y comunidades se titularan individualmente y rompieran de facto la colectividad o comunalidad de sus tierras. Con el cambio en la propiedad de la tierra sería más fácil converger “con los programas neoliberales [...] y con la reorganización de la agricultura estadounidense y mundial”.

Inversión directa de empresas extranjeras que comienzan a instalarse en regiones, sectores económicos, y segmentos de las cadenas de suministro que antes no habían sido tocados. El ejemplo mexicano más arrasador es la Península de Yucatán y el Corredor Transístmico, donde ocurre un “acaparamiento multimodal de territorios”.

La migración se disparó, en particular debida a la expulsión de comunidades y personas de sus territorios. Además, la creciente violencia alimentó el acaparamiento de tierras desregulado, contribuyendo a la ola migratoria, donde las personas migrantes acaban en el sistema de trabajo semi-esclavo de las prisiones privadas estadounidenses.

Importaciones desleales. Con el TLC se abre la impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo a los intereses de las

corporaciones de los países que ponen las reglas del juego. Eso a nivel mundial. En el caso mexicano, se impulsaron importaciones de maíz, pese a ser un producto básico para la alimentación de la población y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios – existentes entre los productores mexicanos y quienes nos importan su mercancía.

Comestibles procesados y control absoluto de la distribución. La instalación de la industria alimentaria extranjera empujó la promoción inmediata de inversión directa: un mundo de comestibles procesados que cambiaron los patrones de consumo, y se disparó cáncer, diabetes y obesidad hasta volverlas un grave problema de salud. La distribución impulsó la pugna por el control de puntos de venta y de lo que es factible conseguir. Ese control de la distribución se detalla en los barrios expulsando a las tienditas de esquina en aras de tiendas de conveniencia que crecen desmedidas.

El aumento de los monocultivos reafirma el modelo instaurado desde la Revolución Verde, un modelo inamovible (gracias a los TLC) pero que ahora adquiere la fuerza del sistema de políticas públicas, con sus paquetes de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos, y que busca la dependencia de los campesinos hacia las empresas y los programas de gobierno, más las famosas reformas estructurales, expansivas en su promoción de dependencias y restricciones. Esto provoca y promueve la deshabilitación del campesinado que es escindido crecientemente de su entorno de subsistencia y restringido en el ejercicio de sus propias estrategias para resolver lo que más le importa.

Las políticas públicas interfieren con los criterios propios de la producción agrícola, obligan a homologar modos de producción y la aceptación de productos, imponen sanciones de no seguir o cumplir con los parámetros de los tratados, promueven la desigualdad, y marginan al campesinado, a productoras y productores, y al empresariado independiente.

Promoción de la Propiedad Industrial y los Derechos de Propiedad Intelectual, incluidos los derechos de obtentor sobre materiales vegetales y semillas. Se fuerza a la adopción del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV por sus siglas en francés) que promueve la propiedad intelectual y la privatización y el acaparamiento de semillas y variedades vegetales, amenaza la agricultura independiente (que ejercen comunidades y pueblos en sus propios términos, sin depender de corporaciones o gobiernos para fijar sus metas, aunque puedan recibir subsidios de los gobiernos conscientes).

Las cláusulas y capítulos del TLC que abren mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados tienen un sesgo a favor de los inversionistas que va en contra del derecho establecido, que tendría que regular sus actividades. Imponen un ámbito legal paralelo porque someten a una igualdad artificial de rango a inversionistas y gobierno, en el marco de “tribunales de arbitraje” que confrontan y en muchos casos rebasan a los tribunales nacionales.

Con el TLCAN se abrió una desfiguración amplia de las estructuras jurídicas de las naciones. Un desmantelamiento jurídico que laceró las leyes y artículos constitucionales que defendían derechos colectivos o ámbitos de comunidad (incluidos los derechos laborales en las reformas mexicanas al artículo 123 constitucional y los derechos agrarios campesinos en el artículo 27 cuya contra- reforma ya mencionamos).

Hay entonces una sumisión a la lógica planteada en el tratado mismo y la apertura a todos los tratados posibles, incluidos tratados o acuerdos bilaterales de inversión. Esto, siguiendo la lógica de los tratados, entraña una renuncia paulatina a la soberanía nacional.

La promoción de empresas que devastan el ambiente sin miramientos ha llevado a zonas de sacrificio de enorme devastación. La extrema contaminación tóxica de decenas de regiones mexicanas habla del extremamiento de las condiciones de vida en los lugares donde operan los tratados.

El extractivismo (la invasión de territorios con miras a extraer materias primas): hidrocarburos (petróleo y gas), minería o agua también es rampante. Los mecanismos de solución de controversias han propiciado también que la minería crezca y se aposente sin miramientos.

Tan evidentes eran los daños para México del TLCAN que el rechazo más claro a sus intenciones fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento indígena de base comunitaria con marcos de referencia y vínculos globales que repercutieron su influencia en todo el mundo. El mismo día de su entrada en vigor, miles de zapatistas le declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como dialéctica de esta entrada en vigor del “cambio en las reglas del juego” entre los países, las corporaciones y la población de los países afectados, desde entonces se expande un movimiento por la autonomía de los pueblos y comunidades, en particular en Latinoamérica. Desde sus rincones, las comunidades comprendieron las repercusiones y la verdad tras los objetivos eufemizados que sus gobiernos aceptaron en tales supuestos acuerdos comerciales, porque queda claro que son mucho más que eso. Se entendió también la futilidad de luchar por un nacionalismo, incluso revolucionario, si quedaban intactas las reglas del juego que se concretaban en México y luego en una cascada mundial de acuerdos y tratados bilaterales.

Los efectos de estos instrumentos de desvío de poder son tan negativos y vastos que las comunidades no logran luchar contra los TLC en directo. Hasta para eso requieren recursos, tiempo, desplazamiento, sacrificios, abogados. Esta disparidad de medios dificulta que las comunidades se manifiesten o luchen contra los TLC. Pero sí tienen que luchar contra la cauda de ataques, invasiones, despojos, devastaciones, deshabilitación que provocan en las regiones y localidades donde habita el mundo campesino e indígena, o la gente en los barrios de las crecientes ciudades.

Entre 2011 y 2014 se celebró en México un proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos que tejió por abajo desde más de 25 regiones del país, los agravios y las motivaciones para rechazar no sólo los TLC sino toda la cauda de efectos de ellos en la actualidad. Ese trabajo de reconstrucción continúa y legitima más y más la vigencia de la resistencia popular en México, el continente y el mundo.