La crisis hídrica se expresa como sequía y desecación de lagos y ríos o como merma en la captación de agua de las presas, pero también como huracanes, tormentas e inundaciones más intensos e inusitados. En México, y en otros países de América Latina, ante estos extremos que se han asociado al calentamiento global o al cambio climático, diversos sectores de la población advierten que se relacionan directamente con la apropiación del agua, con el despojo y la devastación territorial. Procesos que además de generar “escasez” para la mayoría, alteran el ciclo del agua, la contaminan y degradan, y comprometen a su vez la subsistencia de las comunidades y sus hábitats. Con la llegada de un gobierno progresista en México a partir de 2018 se ha procurado la rectoría del Estado y se ha preponderado el interés público, pero no se ha logrado transformar el uso y gestión del agua a favor del bien común y más bien se ha optado por el despliegue de megaobras que garanticen su extracción y provisión. Aun cuando hay iniciativas ciudadanas y surgidas de la administración federal y del poder legislativo, tras cinco años de gobernar no se ha modificado el marco legal.[1] No se ha concretado una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que, en 1992, resultado de la reforma al artículo 27 de la Constitución y en el marco del TLCAN y de un proceso de desregulación económica y ambiental, estableció un sistema de concesiones que favorece la apropiación y mercantilización del agua.En ese contexto, pueblos originarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y cercanos al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, se congregaron en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida teniendo como principio la gestión comunitaria del agua en el marco de la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como una apuesta política distinta a la transformación del marco legal constitucional. Ejercen y hacen valer lo que llaman la “Ley de los Pueblos”. Ponen en el centro la distinción del agua como legado comunitario frente a su apropiación como bien público y mercancía.Este sector disidente, que el titular del ejecutivo ha denostado como “conservadores radicales de izquierda”, mantiene una postura crítica frente al Estado y sus políticas de desarrollo. Denuncia la continuidad del extractivismo y el uso de los programas sociales como “moneda de cambio” para apropiarse de sus territorios. Evidencia la fragmentación de las comunidades y la implementación de megaproyectos en manos del ejército mientras que sus territorios quedan expuestos y vulnerados por grupos criminales que ejercen diversos modos de violencia.[2]El 28 de agosto de 2022 se anunció el nacimiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santa María Zacatepec del municipio Juan C. Bonilla del estado de Puebla. Reunidos en la explanada de esta comunidad de origen nahua se declaró: “Hoy celebramos y anunciamos al mundo el nacimiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que es un proceso permanente y colectivo que tiene el objetivo de rescatar al agua para los pueblos, para la vida. En ella llevaremos a la práctica y fortaleceremos la ley de los pueblos, que es una forma de ser y de hacer, una forma de ver el mundo con respeto y amor. Y en este camino que nos enseña nuestra hermana agua, hay una gran diversidad de formas para defenderla así como diversos somos los territorios, con nuestros comités de agua, sistemas propios de gestión comunitaria, amparos, denuncias, acciones directas, asambleas, y nuevas propuestas que en conjunto desarrollemos”.[3]La iniciativa de esta Asamblea Nacional tiene como antecedente el cierre de la planta de la embotelladora de agua Bonafont el 22 de marzo de 2021 y la subsecuente toma y fundación del Altepemelcalli, “La Casa de los Pueblos”, en respuesta a la creciente escasez del agua, la merma del líquido vital de los pozos artesanales y la alteración del sistema de cosecha del agua en la región. Tal ocupación se mantuvo hasta que el 15 de febrero de 2022 fueran recuperadas las instalaciones por la Guardia Nacional en salvaguarda de la propiedad privada de la empresa.[4] En el Altepemelcalli se generó un espacio de confluencia y encuentro de diálogo y construcción colectiva del saber de los procesos de despojo y devastación socioambiental que propició también el fortalecimiento de la memoria, la identidad colectiva y las estrategias comunitarias para cuidar el territorio. El Estado pretendió cancelar este proyecto al devolver la planta a la empresa filial de la corporación francesa Danone. Pero el proyecto autogestionario continúa bajo la figura de la Asamblea Nacional del Agua y por la Vida como un movimiento de alcance nacional vinculado con colectivos y organizaciones de otros países. Desde entonces los pueblos siguen caminando. Se encuentran, deliberan en colectivo y coordinan acciones. El 18 y 19 de febrero de 2023 en el Barrio Quinto del pueblo ñhöñhö de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco, Querétaro se celebró la 2° Asamblea. Ahí se recuperó un pozo donde se estaba sustrayendo el agua con fines privados y se restableció su uso común. Como Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) enfrentaron la llamada Ley Kuri, iniciativa privatizadora del líquido vital que favorece aún más el acaparamiento del agua por la ciudad y la industria, y en especial a favor de la especulación inmobiliaria. [5] El 12 y 13 de agosto de 2023 se realizó en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco la 3° Asamblea. Este pueblo originario y campesino de la Ciudad de México evitó el derrame de aguas negras movilizando su comunidad y, junto con otros pueblos originarios y migrantes, se oponen a los planes de desarrollo que ponen en riesgo los humedales, bosques y tierras de cultivo. En el encuentro se evidenció la sustracción de millones de metros cúbicos por los megaproyectos inmobiliarios y el despojo del territorio y desplazamiento de las poblaciones por los procesos de gentrificación.[6]. En marzo de 2024 se llevará a cabo la 4° Asamblea en Tlaxcala en torno de la Matlacueyetl, el volcán que provee del líquido vital y “es fuente de vida, alimento y protección”, actualmente amenazado por la creciente tala del bosque. A esta última convocatoria la acompaña la alerta sobre la creciente hostilidad, criminalización, muerte y desaparición de los defensores del agua y el territorio en México.[7]Con una apuesta política que cuestiona la razón de Estado, su modelo de desarrollo y la perspectiva geopolítica que subsumen a las comunidades, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida permite reconocer al país desde sus comunidades y territorios. En torno de la gestión comunitaria del agua y su desmercantilización, se encaminan “recuperando y fortaleciendo las formas de organización, el pensar, el sentir, el hablar, el soñar, el hacer de los pueblos. Continuaremos con acciones concretas en nuestros territorios, promoviendo la autogestión, la autodeterminación y la autonomía, poniendo al centro la vida”.[8] •Portada: Asambleas por el Agua y la Vida. Foto: Clarissa T. Cortés [1] Destaca la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas: https://aguaparatodos.org.mx/[2] Declaración frente a la violencia contra comunidades y pueblos originarios en México: https://www.ceccam.org/node/3878[3] https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/declaracion-de-la-primera-asamblea-por-el-agua-y-la-vida[4] Ver Eliana Acosta, “Pueblos Unidos y la lucha por el agua y la vida en El Volcán Insurgente, No.69, julo-diciembre de 2022. [5] https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/declaracion-de-la-segunda-asamblea-por-el-agua-y-la-vida[6] https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/declaracion-de-la-3a-asamblea-nacional-por-el-agua-y-la-vida[7] https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/chiapas-michoacan-y-tlaxcala-son-mexico-pronunciamiento-de-la-asamblea-nacional-por-el-agua-y[8] https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/declaracion-de-la-primera-asamblea-por-el-agua-y-la-vida