No moriremos de sed a la vera de los ríos del Cerrado

Como seguimiento de la aceptación de la denuncia de ecocidio del Cerrado brasileño y del genocidio cultural en curso contra sus pueblos, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebró la primera de las tres audiencias temáticas de la sección del Cerrado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las violaciones relacionadas con el acceso al agua.

El jurado de esta sección estuvo compuesto por: Antoni Pigrau Solé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España; Deborah Duprat, jurista y ex procuradora general adjunta de la República de Brasil; Monseñor. sJosé Valdeci, de la Diócesis de Brejo, Brasil; Eliane Brum, periodista brasileña; Enrique Leff, economista y sociólogo medioambiental mexicano; Rosa Acevedo Marín, socióloga venezolana y profesora de la Universidad Federal de Pará; Silvia Ribeiro, periodista uruguaya e investigadora del Grupo ETC; Teresa Almeida Cravo, profesora portuguesa de relaciones internacionales de la Universidad de Coimbra, y Philippe Texier, jurista francés y actual presidente del TPP.

El 10 de diciembre, debido a la “gravedad y urgencia de las pruebas presentadas” en la audiencia, el panel emitió una declaración pública sobre sus consideraciones en relación con el proceso de apropiación y contaminación de las aguas del Cerrado, aunque esto no representa ninguna decisión del TPP, que sólo se emitirá en la audiencia final después de todo el proceso de producción de pruebas el próximo año. Entre los puntos destacados por la declaración sobre las pruebas presentadas por los seis casos, destacamos:

1. El contexto de interés prioritario del Cerrado no sólo para Brasil, sino también para otros contextos donde los llamados "planes de desarrollo" se traducen en proyectos que violan derechos individuales o colectivos fundamentales —incluidos el derecho a la dignidad, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la vida— o asumen su pérdida como un "efecto secundario" o "sacrificios necesarios";

2. El reconocimiento de los pueblos de la sabana tropical como una realidad con características culturales, laborales y de civilización que establecen una íntima relación con el bioma, sus aguas y sus flujos, y que deben ser consideradas inviolables, respetadas y autónomas, independientemente de los planes de “desarrollo” propuestos por agentes externos, sean públicos o privados o fruto de alianzas colusorias, que van en la dirección de la destrucción o la marginación estructural de los pueblos del Cerrado;

3. Los procesos masivos de acaparamiento de tierras (robo de tierras), las concesiones ilegales de tierras e incluso las donaciones (por parte de las autoridades gubernamentales) de tierras públicas y baldías tradicionalmente ocupadas por pueblos y comunidades (¡algunos millones de hectáreas!) en favor de la agroindustria y las empresas mineras;

4. El cercamiento y el uso intensivo —legal e ilegal— de millones de litros de agua por día desviados para proyectos de riego (a través de pivotes, pozos y piscinas de almacenamiento) para los monocultivos instalados —de soja y eucaliptos principalmente— y las represas hechas por la minería; la contaminación por el uso también intensivo de pesticidas por pulverización aérea o por el uso de metales pesados y otros químicos por la minería. Esto ha provocado la muerte de cientos de manantiales y ríos del bioma y la consiguiente inviabilidad de supervivencia de sus pueblos;

5. La progresiva escalada de la deforestación —legal e ilegal— especialmente en las áreas de recarga de agua (las mesetas), y la expulsión de los miembros de las comunidades mediante la generación de escasez de recursos naturales esenciales para su supervivencia, o mediante la violencia física y psicológica e incluso el asesinato, por parte de las milicias y las empresas de seguridad privada;

6. La ausencia de un procedimiento de consulta libre, previa e informada, como exige el Convenio 169/OIT, aplicable a todos los casos presentados, así como la utilización del sistema de justicia para legalizar las violaciones o minimizar la responsabilidad del Estado y de las empresas por los daños causados a las comunidades y al medio ambiente.

GRAIN ha estado monitoreando las graves consecuencias del sistema agroalimentario industrial, en particular el masivo acaparamiento de tierras y recursos naturales en el Sur global y la consiguiente expropiación de los territorios de campesinas y campesinos y de comunidades locales. Como venimos denunciando desde hace más de una década, varios de estos casos de acaparamiento de tierras por parte de los fondos de pensiones e inversión y de las corporaciones del agronegocio ocurren en el Cerrado brasileño, donde la disponibilidad de agua para el riego, especialmente para la soja, es una de las principales razones para incorporarlo como zona de expansión e inversión para las cadenas de valor del agro-hidro negocio global. Un reciente informe elaborado por el diario El ARA pone de manifiesto la violencia de la cadena mundial de la soja sobre el Cerrado y sus pueblos.

La audiencia temática sobre el Agua se construyó dentro del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, como instrumento político más para hacerse eco de la voz de los pueblos y comunidades que en conjunto constituyen el Cerrado como “cuna de las aguas” para Brasil y toda América Latina. Y denuncian: “no es posible admitir que la gente muera de sed viviendo a la vera de los ríos del Cerrado”.

Para ver los dos días de la audiencia temática sobre el agua, haga clic aquí:

Día 30.11: https://www.youtube.com/watch?v=ohILHgXSBrA

Día 01.12: https://www.youtube.com/watch?v=sjXiDGlb1tg

Para ver el evento que anuncia el pronunciamiento de los jurados, haga clic aquí.

Para leer la declaración pública de la audiencia temática sobre las aguas haga clic aquí (por el momento solo en portugués. Pronto en castellano)