Acaparamientos de tierra a punta de pistola : Desalojan violentamente a miles de familias de sus fincas en Uganda

Sara Apio vive en Kikungulu, municipio de Kitwara, en el distrito de Kiryandongo. Ella y su esposo, Olupot James, viven con sus nueve hijos en un área de tierra conocida como “Rancho 28”. El primero de enero de 2017, la compañía Kiryandongo Sugar Company Limited comunicó a las personas que vivían dentro del Rancho 28 y otros tres ranchos, que habían adquirido las tierras y que debían marcharse.

La familia de Apio es una de las pocas que aún permanecen en la zona, pero ahora su casa está completamente rodeada por una plantación de caña de azúcar y ya no tiene tierras donde cultivar y producir sus alimentos. Apio debe cruzar “ilegalmente” la plantación para tener acceso al agua. Cuando ella lo hace, está a merced de los guardias de seguridad de la compañía quienes ya han intentado varias veces violar a su hija.

El hambre es permanente en su familia y, hace poco, cuando ya era insoportable, Apio dice que no tuvo más alternativa que tomar algunas plantas de caña de azúcar de la plantación para usarlas como alimento.

“Desde que comemos caña de azúcar, hemos tenido muchos problemas de salud”, señala Apio. “Uno de mis hijos sufre de hinchazón de panza y sufre constantes dolores de cabeza. Otro de mis niños, tiene problemas para respirar y sarpullido en todo el cuerpo.”

Kiryandongo Sugar Limited fue la primera compañía en llegar en 2017, con su enorme proyecto de 2 mil 400 hectáreas de caña de azúcar. Los documentos de registro de la compañía demuestran que es de propiedad de los miembros de la familia Rai, quienes, a través de su grupo empresarial con sede legal en Mauricio, Rai Group, son propietarios de numerosas compañías azucareras y otras empresas forestales y de agronegocios en todo Asia Oriental y Asia del Sur. Poco después, llegaron otras dos empresas. La primera, Great Season SMC Limited, una compañía de Dubai que, según información disponible, pertenece a un empresario sudanés que explota una plantación de café de mil 165 hectáreas. La otra empresa es Agilis Partners, cuyo propietario es un empresario estadounidense que cuenta con el apoyo de varias agencias de desarrollo y de inversionistas de “impacto social”, y que explota una finca de alrededor de 3 mil 850 hectáreas para producir granos. Se estima que 35 mil personas están siendo desalojadas para dejar lugar a estos tres proyectos de plantaciones.¹⁵

“No atacaron y nos desalojaron por las armas”, señala Florence Nassaka, de sesenta años, que vive en la comunidad de Canaan y que fue desalojada por Agilis Partners. “¿Qué clase de desarrollo es el que ellos traen? ¿Nos dan acaso algo de ese maíz que usted ve ahí? Intente usted caminar hacia el campo de maíz y sólo tome una mazorca de maíz ¡y vea lo que le pasará! Es sólo para el hombre blanco. Lo peor es que las autoridades de Kiryandongo no nos ayudan en nada; ellos sólo engullen el dinero del blanco y siguen adelante.”

Las crisis globales, alimentaria y financiera, en 2007-2008, generaron una gran demanda por tierras agrícolas en África. Desde entonces, los gobiernos africanos han firmado cientos de acuerdos de negocios con compañías extranjeras para proyectos de agronegocios que cubren más de 10 millones de hectáreas de tierras agrícolas. El impacto sobre las comunidades locales ha sido brutal. Han perdido sus tierras, bosques y fuentes de agua y han sufrido una represión violenta, inseguridad alimentaria y todo tipo de desastres sociales.¹⁶

La mayor parte de la tierra de la que se han apoderado los gobiernos y las compañías, están ocupadas por comunidades con muy poca capacidad legal o política para resistir, como son las comunidades migrantes. Por ejemplo, en 2010, el gobierno de Tanzania ofreció a AgriSol, compañía estadounidense de agronegocios, tierras en las cuales hay más de 160 mil refugiados de Burundi, que las han ocupado y cultivado por casi cuarenta años.¹⁷ Los gobiernos y las compañías se han centrado en tierras que fueran previamente entregadas como concesiones, pero que se abandonaron o nunca fueron desarrollados por los titulares de las concesiones. Aunque estas tierras ya habían sido reocupadas y cultivadas por comunidades locales, los gobiernos y las empresas usan los antiguos contratos de concesión como base para vender las tierras a otras compañías. Hay numerosos casos en que esto ha ocurrido con antiguas concesiones de plantaciones de palma aceitera en África Occidental y Central.¹⁸ En el distrito de Kiryandongo, en el oeste de Uganda, ambos factores han estado presentes. (Recuadro 2: Distrito de Kiryandongo).

Mapa de Uganda (arriba) y de Kiryandongo (abajo). Fuente: Wikipedia

Muchas de las familias que ahora viven en Kiryandongo son descendientes de las familias que llegaron al área en los años treinta para trabajar en la agricultura.

“Yo nací aquí, el 25 de febrero de 1942 y fui criado por el difunto mzee Kamiri Kajura. Mis hermanas y yo hemos estado aquí desde la niñez”, dice Bakaikara Edward de 78 años, que vive en Kakoba, sub condado de Kitwala, en el distrito de Kiryandongo, quien actualmente se enfrenta a un desalojo por Kiryandongo Sugar Limited.²⁰ “En 400 hectáreas cultivamos y vivimos como familia, compuesta por las siete esposas de mi padre y 29 hijos. En la época en que él murió, en 1995, habíamos formado familias, realizábamos agricultura comercial y teníamos un fuerte vínculo con la tierra. Antes que mi padre muriera, apartó 200 hectáreas de sus tierras y me las transfirió cuando me casé con mi primera esposa. Me establecí en este terreno y lo desarrollé. Como agricultor, sembré maíz, mandioca y todas las formas de cultivos para producir alimentos, tanto para la casa como para vender.”

A lo largo de los años, vinieron más personas huyendo de la guerra y los desastres naturales, para establecerse en el área, provenientes de otras partes de Uganda e incluso de países vecinos. Hay personas acholi, masaaba, luos keniatas, congoleños y de sudaneses del sur, dinkas, kuku, nuer, kakwa, madi y siluk.

Joseph Walekula es una de las muchas personas que vino a Kiryandongo debido a los deslizamientos de tierras en su zona natal de Mbale, en el distrito de Bududa, Uganda. Se estableció en el distrito en 2012 y fue recibido por una familia que había vivido en estas tierras por más de 40 años.

“La mayoría de nosotros se mudó desde Bududa debido a los deslizamientos de tierra. Algunos fueron relocalizados por el gobierno y se les entregó tierras. Yo, por otro lado, me mudé por mi cuenta y me perdí las entregas de tierras del gobierno en Kiryandongo”, dice Joseph. “Me mudé a Kiryandongo, y trabajé duro para construir un nuevo hogar. Aún hay muchos problemas de deslizamientos de tierras y de aluviones en Bududa.”

Pero las tierras de Kiryandongo no sólo han sido del interés de los pequeños agricultores. A fines de los años 70, el entonces presidente Idi Amin Dada declaró unas 3 mil 800 hectáreas en Kiryandongo como tierras del gobierno y las dividió en ranchos de varios cientos de hectáreas cada uno. En 1975, el gobierno concedió un contrato de arriendo sobre varias de estas tierras a una compañía de Uganda llamada Sodari Livestock Enterprises. Inició algo de crianza de vacas y ovejas, pero cuando estalló la guerra en el país en 1979, la compañía abandonó el proyecto y dejó el negocio.

Otras personas, que fueron desplazadas por las operaciones de Sodari, se mudaron a un área a lo largo del río Nilo que Sodari afirmaba le había sido concedida como parte del acuerdo de arriendo. “El propietario dijo que tenía mil 165 hectáreas disponibles cerca del río Nilo y que, si nos organizábamos y trabajábamos con él, estaría muy contento que nosotros fuéramos a esa zona y nos quedáramos ahí”, señala Baryaija Benon, una de las personas de la zona que fue trasladada al área de reasentamiento.

Durante varios años, después que Sodari se marchó, las tierras que ocuparon quedaron sin trabajar. Crecieron bosques y matorral y, finalmente, las personas comenzaron a mudarse a estas tierras para limpiarlas y desarrollar agricultura. Muchas familias, fueron incluso reasentadas por el gobierno en esta área, entre 1995 y 1998, bajo un Sistema de Restructuración de Ranchos y formaron una organización llamada Nyamalebe Farmers’ Association—actualmente conocido como Umoja Farmers’ Association. A través de esta asociación gestionaron la formalización de su asentamiento, siguiendo el procedimiento legal del gobierno.

“Comenzamos en las oficinas del Concejo Local (CL) 1, hicimos todo el camino, por todos los CLs y el Comisionado Distrital Residente (RDC) [representante del presidente en el distrito] y obtuvimos todos los papeles y estuvieron de acuerdo con nosotros de que debíamos permanecer en las tierras”, dice Joseph Walekula, que es el presidente de Umoja Farmers’ Association. “Llevamos los papeles a la que entonces era Ministra de Tierras, Aida Nantaba, y ella nos escribió una carta informándonos que vendría a Kiryandongo. Entonces, la Ministra Nantaba hizo los arreglos y trajo a un equipo de los diferentes ministerios que están relacionados con nuestro tema. Vinieron a todos los ranchos y se realizaron reuniones en tres lugares: Kabong, Kapapula y Kimogola. Con ellos había representantes del área forestal, RCDs y el diputado del área, Concejo Local (CL5), personas de áreas ambientales, de tierras y de la oficina del Fiscal General. Llegaron a la conclusión que las personas que estaban en las tierras, estaban ahí legalmente. Escribieron el informe y nos entregaron los documentos que nos permitían estar en la tierra hasta que el gobierno tomara una decisión. A nivel de gobierno, no sabemos qué sucedió después de eso.”

La gente de Kiryandongo tiene una larga tradición de aceptar a los nuevos colonos que lleguen al área. De manera que cuando estas tres compañías extranjeras llegaron hablando sobre nuevos proyectos agrícolas que iban a intentar en el área, la gente de la zona fue, en un comienzo, confiada y dispuesta.

“De hecho, los recibimos bien, especialmente si iban a traer consigo el desarrollo”, señala Joseph Walekula. “Sólo necesitaban venir en forma apropiada, hacer los arreglos correctos, adquirir la tierra de una manera apropiada y reconocer a las comunidades que encontraron en los ranchos, al menos entregarnos una participación sobre la tierra. Esto habría podido ser una situación en que todos ganáramos, pero cuando ellos llegaron, quisieron una situación de ganadores y perdedores, donde ellos eran los ganadores y las comunidades, los perdedores.”

La situación empeoró pronto. De acuerdo a los miembros de las comunidades locales, en abril de 2017, Agilis Partners compró sin su conocimiento las tierras que ellos cultivaban. Los que vivían en esas tierras dicen que sólo se enteraron del acuerdo varios meses más tarde, cuando el presidente del Concejo Local 5 (CL5) y el diputado del área hicieron una reunión en los centros comerciales de Kanani y Kapapula en octubre de 2017. En esta oportunidad anunciaron a las comunidades que las tierras pertenecían al gobierno, que las tierras se le habían vendido a las compañías para ser desarrolladas y que la compañía compensaría a los afectados y que cumpliría con todos los prerrequisitos del desalojo.

“De inmediato iniciamos las reuniones de consulta y a la primera oficina que fuimos fue a la del diputado del área”, dijo uno de los ancianos de la comunidad. “En esa reunión nos dijo que era verdad que la tierra había sido vendida sin ninguna evidencia (sin mostrar ningún documento). Para ese efecto, sin embargo, nos dijo que los inversionistas nos compensarían por las construcciones ubicadas en las tierras, pero no por los lotes de tierras.”

Dos semanas más tarde, después de la reunión con el diputado, se filtró la información que habría una reunión de los “interesados” con el inversionista, en el hotel al frente a las oficinas principales del distrito de Kiryandongo. Tres líderes de la comunidad se las arreglaron para estar en la reunión y entre los asistentes estaba el Representante del Concejo Local del distrito de Kiryandongo, el Jefe de Policía del distrito de Kiryandongo, los CL 1, CL 3 y CL 5 del área y un hombre blanco representando a la compañía Joseph Initiatives que se presentó a sí mismo como Phillip Prinz. Según los miembros de la comunidad, esta fue la primera vez que vieron a alguien de Joseph Initiatives, la cual es propiedad de Agilis Partners.

Los líderes de la comunidad presentes en la reunión dicen que Phillip Prinz presentó un plan de trabajo que, afirmó, los llevaría al desarrollo de la tierra. Mencionó un número de planes, incluyendo el registro de todos los ocupantes legales, evaluaciones, reuniones de consulta, compensación y reasentamiento. Otras promesas incluyeron la capacitación a los agricultores sobre el manejo y almacenamiento de semillas, la construcción de hospitales y caminos y una inversión total de mil millones de shillings (275 mil dólares). Prinz prometió trabajo para los miembros de la comunidad e incluso exhibió muestras de bolsas de 5 kilos de harina de maíz que, según él, su compañía iba a entregar a las comunidades afectadas.

La delegación de los tres líderes la comunidad en la reunión demandó conocer cuál era el plan de compensación para los miembros de la comunidad afectados y preguntaron por una serie de otros temas candentes, como las formas violentas mediante la cual sus tierras habían sido usurpadas.²¹ Se dice que Prinz respondió con una promesa de que su compañía tasaría sus propiedades en las tierras y ofrecería una compensación adecuada a cada uno. También se dice que prometió unos UGX 500 mil adicionales (cerca de 131 dólares) para realizar el desbroce. Los líderes de la comunidad dicen que estas promesas nunca fueron cumplidas.

Poco después, a fines de noviembre de 2017, el diputado del área invitó a diez líderes de la comunidad a una reunión en el centro comercial de Bweyale. Una vez reunidos, dicen los líderes de la comunidad que recibieron una llamada de parte de miembros de la comunidad informándoles que tres patrullas de la policía, con diez policías en cada vehículo, habían invadido sus poblados con un grupo de unos veinte hombres armados con pangas (machetes) y palos para llevar a cabo, por la fuerza, una invasión de sus tierras.

Bakaleke Joseph, el comandante de la policía del distrito de Kiryandongo (extrema derecha), junto con otros policías durante un desalojo. Foto: Archivos de los miembros de la comunidad

Los líderes de la comunidad dicen que una vez que se consumó la invasión a las tierras, trabajadores de Agilis Partners, acompañados por oficiales de la policía de Kiryandongo, fueron a las comunidades y comenzaron a intimidar y a forzar uno a uno y a punta de pistola a los miembros de la comunidad, para que aceptaran el pago por dejar las tierras, que en ocasiones fue de apenas de UGX 300 mil (cerca de 78 dólares).

A inicios de 2017, los residentes del poblado de Kakoba, en el distrito de Kiryandongo, se enteraron por la radio que pronto serían desalojados de sus tierras.

“Escuchamos noticias en la radio de que la gente debía prepararse para que sus tierras fueran tasadas para ser compensados y para abandonar el sitio en desalojo”, dice Bakaikara Edward, de 78 años, residente de Kakoba. “El anuncio se realizó durante dos meses … Sin reuniones o sin entregarnos información relacionada con sitios de asentamiento alternativos, ni tampoco realizaron audiencias públicas ni tasaciones.”²²

Después, en marzo de 2017, agentes y trabajadores de Kyriandongo Sugar Limited llegaron al área acompañados por el diputado local y otros funcionarios del gobierno local.

“Me amenazaron con pistolas, a mí y a mis cuatro niños, y dijeron que debíamos abandonar la casa. Yo estaba embarazada de ocho meses y mi esposo estaba lejos por trabajo. Nos sacaron a la fuerza y me golpearon en la espalda sin consideración a mi estado de embarazo. Una de las personas que nos desalojaron me hizo caer y continuó golpeándome en el suelo”, dice Mukabariyanga Anamario, de 35 años, que vive en el área del Rancho 23. “Debido a las graves lesiones que me provocaron, comencé a sangrar, durante 5 días, pero no podía ir al hospital, porque no tenía dinero. Más tarde fui llevada al hospital de Kiryandongo por personas del área vecina donde me mudé después del desalojo. Por desgracia, el niño nació muerto debido a la grave caída que tuve durante el desalojo. Mi espalda también sufrió lesiones graves y aún siento dolor.”²³

Carta de Mukabariyanga Anamario, fue escrita por sus líderes locales para ayudarla a obtener una compensación (Carta compartida por Anamario)

Esta violenta represión hacia los pobladores de Kyriandongo, es a menudo realizada con la participación del Estado de Uganda. Witness Radio ha obtenido evidencia acerca de que soldados de la 4ta. División de las fuerzas armadas de Uganda (UPDF), personal de la policía de Kyriandongo y guardias de seguridad privados, como Saracen Uganda Limited, de fuera del área, trabajan directamente con Kyriandongo Sugar, así como Agilis Partners y Great Season, para realizar los desalojos. Excepto Saracen, las compañías también emplean guardias de seguridad violentos y sin preparación, que están armados con pangas, arcos y flechas.

Great Season, por ejemplo, colabora con un comerciante local en tierras llamado Reuben Mwesigwa quien les vendió los títulos de tierras en el área. Aunque los líderes de la comunidad han visto documentos de la Unidad de Protección de Tierras del gobierno local, en Kibuli, que muestran que estos títulos son falsos, Mwesigwa ha usado su cercana relación con la policía de Kyriandongo, para impedir que los residentes locales se opongan a la ocupación de sus tierras.

Los líderes de la comunidad señalan que la policía ha actuado bajo las órdenes de Mwesigwa al atacar físicamente a los miembros de la comunidad y para arrestar y detener arbitrariamente a los defensores de los derechos a la tierra de la comunidad. Según ellos, la policía del área, en Kimogola, se rehusa a gestionar cualquier denuncia de parte de miembros de la comunidad, afectados por las operaciones de Great Season y todos sus intentos para presentar casos ante las cortes han sido rechazados.

Del manera similar, el 25 de marzo de 2020, en Nyamuntende, agentes de la compañía Kiryandongo Sugar, acompañados por cuatro militares, entraron a la propiedad del defensor de los derechos a la tierra, Richard David Otyaluk. Con un tractor de la compañía, destruyendo sus cultivos. Los soldados lo detuvieron y lo golpearon. También detuvieron y golpearon al defensor de los derechos a la tierra, James Olupoti, que trató de fotografiar el ataque. Ambos fueron llevados a un campamento perteneciente a Kiryandongo Sugar donde alojan los trabajadores y los militares. Fueron torturados antes de ser transferidos a la estación de policía de Kiryandongo. Los mantuvieron en ese lugar por siete días antes de ser acusados de allanamiento de morada y liberados luego del pago de una fianza.

Esta constante violencia ha causado que las personas estén temerosas de hablar y volver a luchar. “Por supuesto. Temo por mi valiosa vida y por las represalias, si algo de lo que digo aquí llega a oídos de los que nos desalojaron”, dice Benon Baryaija, uno de los ex residentes del Rancho 23, donde operan Great Season. “Estas compañías han establecido una red de vigilancia para espiarnos, en todo lo que hacemos. Lo han hecho comprando/comprometiendo a todos, incluso a nuestras compañeras y compañeros que han sido víctimas. Cada vez que hables, ellos te buscarán. Si vas y te quejas, en cualquier lugar, pronto ya no podrás seguir durmiendo en tu casa. En este momento, cuando le hablo, no estoy en mi casa. Traté de permanecer en mi casa pero fui golpeado, torturado y amenazado hasta que me fui. Perdí mi propiedad para defender mi vida.”

“Nuestros corazones están destrozados. Nuestros niños no están yendo a la escuela y no tenemos alimentos. Estamos enojadas, muy enojadas y tenemos hambre.” Dice Joyce Badudu una de las mujeres desalojadas de sus tierras por Kiryandongo Sugar.

Antes de que llegaran las compañías de agronegocios, Badudu y otros pequeños agricultores de Kiryandongo sembraban frijoles, maíz, batatas, bananas, maní, mandioca y mangos y tenían cerdos, cabras y vacas. Ahora, grandes áreas de tierra están cubiertas de caña de azúcar, café, soja y maíz, todo lo cual es sólo para exportación, mientras que una de las compañías, Agilis, produce cereal para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

“Tenía 23 acres de tierra (poco más de 9 hectáreas). Tenía una plantación de bananas como mi mayor inversión”, señala otro habitante, Agarubanda Emmanuel. “También cultivé maíz, mandioca y batatas. Tenía 60 pollos y gallinas de libre pastoreo, 47 cerdos y patos de libre pastoreo. También construí una cerca de alambre para los cerdos y el alambre aún está ahí, pero la cerca fue destruida.”

El alimento era abundante en el área, y las personas producían excedentes que incluso eran vendidos en los mercados de Kampala. Pero ahora el hambre y la desnutrición acechan a las comunidades. Sin las tierras para cultivar, las personas que aquí viven tienen que trabajar en las plantaciones. Kobusingye Jane, que antes vivía en el Rancho 23, dice que su marido murió debido a la conmoción y a la angustia por ser desalojado de su hogar. Con 12 niños que criar y educar por sí sola, no tiene otra alternativa más que trabajar como trabajadora ocasional en la plantación de Kiryandongo Sugar, donde recibe una paga de alrededor de 50 centavos de dólar por un día de trabajo.

“Las personas que trabajan en la caña de azúcar realmente están sufriendo. Viven como esclavos. A menudo nos preguntamos si estas compañías vinieron para empobrecer a los ugandeses”, dice Joseph Walekula. “Le preguntamos a un oficial de policía cuando nos encarcelaron, por qué estaba torturando a la gente de Uganda. Él nos dijo que ellos querían que sufriéramos y viviéramos en las calles. Sentimos como si el gobierno y estos inversionistas, están simplemente decididos a torturar ugandeses comunes.”

La salud de los trabajadores y de las personas también se ha visto afectada por el intenso uso de agroquímicos en las plantaciones y por la quema de caña de azúcar. Los residentes locales señalan que no se hace nada para protegerlos o prevenirlos cuando los cultivos son asperjados o son quemados. El efecto de estos químicos es visible en los cuerpos y en la mala salud de los niños y mujeres. Además, las personas señalan que las plantaciones también han aumentado la población de mosquitos en el área. A pesar de todo, las compañías no han instalado clínicas médicas para atender a los trabajadores ni a las personas afectadas por sus operaciones. Más aun, varias escuelas locales han cerrado porque los niños ya no pueden llegar a ellas.

Las comunidades hacen todo lo posible por luchar por su dignidad y recuperar sus vidas, a pesar de las amenazas y la intimidación que enfrentan. En el caso de Agilis Partners, han intentado presionar a los gobiernos extranjeros y a las compañías que apoyan y financian a la compañía apelando al apoyo de algunas organizaciones nacionales e internacionales. En febrero de 2020, dirigieron una carta abierta y una petición a los embajadores en Uganda del Reino Unido, Estados Unidos y Holanda y también al gobierno de Uganda, para que detuvieran los desalojos y actuaran ante este acaparamiento de tierras.²⁴ Agilis publicó una respuesta pública, pero en el terreno poco ha cambiado y los gobiernos permanecen en absoluto silencio.²⁵

Las comunidades también están tratando de buscar justicia en las cortes. Con el apoyo de organizaciones de defensa de derechos humanos – Witness Radio – y otros abogados (M/S Kiiza & Mugisha Advocates), las comunidades han presentado varios casos en la corte de Suprema de Masindi para tratar de detener los desalojos. Actualmente los casos están esperando fecha de audiencia.

Durante una reunión de mujeres, cargada de emociones, una mujer muestra el formulario de solicitud de compensación (papel amarillo) que ha guardado por años con la esperanza de una compensación. Foto: GRAIN

Desgraciadamente, los desalojos, arrestos arbitrarios y violaciones a los derechos humanos – aún durante la pandemia de COVID 19 y a pesar de las directivas ministeriales de no desalojar a ningún ocupante de las tierras – han continuado.²⁶ Las compañías han tomado ventaja de los confinamientos por la pandemia para intensificar la presión sobre las personas para que desalojen. Hay informes de incautación de ganado de los lugareños por parte de Agilis y que Kiryandongo Sugar ha bloqueado el acceso al agua de las comunidades y ha arado las huertas. Incluso ha habido casos recientes de miembros de las comunidades que fueron capturados y torturados por hombres que trabajan para la compañía. En uno de estos casos, un hombre que trabaja para Sarracen, una compañía de seguridad privada, que presta servicios a Agilis, tomó a un miembro de la comunidad en su casa, en medio de la noche, y lo detuvo a la fuerza, por días, en un edificio en las instalaciones de Agilis, donde fue torturado y se le impidió contactarse con su familia, su abogado o un doctor.²⁷

Los abogados también han enfrentado su propia persecución por parte de las autoridades. El 30 de junio de 2020, siete abogados —Nafula Elizabeth, Kaijuka Ezron, Tuwayenga Brian, Buryelali Joan, Muhindo Morgan, Koloa Eric y Marunga Christine, comisionados por Kiiza & Mugisha Advocates para recolectar evidencias— fueron detenidos siguiendo órdenes del comandante Bakalele Joseph de la policía del distrito de Kiryandongo, con la supervisión directa del gerente de Agilis, por el cargo de realizar un “acto negligente que puede propagar la infección de la enfermedad”.

“Nacimos en Uganda, pero Uganda cambió. No sabemos si nuestros líderes aprecian y se preocupan por la gente blanca más que por sus propios ciudadanos. No sé si ellos nos consideran ugandeses” dice Florence Nassaka. “Si usted trata de caminar sobre esa tierra, lo arrestarán, porque caminó sobre la tierra del hombre blanco.”

Es un sentimiento compartido por el líder de la comunidad, Benon Baryaija. “Es por esto que no nos sentimos como ugandeses. No se puede estar en medio de una plantación de soja, caña de azúcar o café. Ahora caminamos sin rumbo en un país que se supone que es nuestro.”

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