Imagen : @MSTLos expertos apuntan al menos dos causas principales para la intensificación de los episodios de epidemias y pandemias y el aumento de la vulnerabilidad humana ante ellas:• La destrucción de ecosistemas y hábitats, la homogenización de los paisajes y la intensificación de la urbanización, desestabiliza los medios de vida de los animales salvajes, facilitando su contacto con animales domésticos y humanos. Aunque la mutación de microorganismos y virus a formas patógenas que llegan a los humanos, las llamadas zoonosis, no es nueva, la industrialización de las zonas rurales ha acelerado la creación de nuevos patógenos y su capacidad de propagarse por todo el mundo.• La expansión del modelo extensivo del agronegocio, principalmente la cría industrial de animales domésticos, como aves y cerdos, cuya homogeneidad genética y mayor densidad facilitan las mutaciones con una mayor tasa de transmisión del virus.Los orígenes más divulgados en los medios para el Covid-19 de nuevo se encuentran en la venta de animales silvestres, esta vez en el mercado libre de Wuhan en China. Sin embargo, GRAIN rescata estudios que amplían las posibilidades de huéspedes intermedios responsables por la transmisión del virus a los humanos, principalmente la cría industrial de animales confinados.El modo del uso y la ocupación del suelo, la concentración de la tierra y de los recursos naturales, la destrucción masiva de los ecosistemas y la creciente homogenización de los paisajes deberían ser los puntos clave del debate sobre la crisis de salud y la resiliencia humana a partir de ahora.El gran robo de tierras públicas:En Brasil, las nuevas leyes de tierras prometen una concentración sin precedentes de tierras rurales, esto expande vez tras vez la deforestación y destrucción de hábitats. Esto lo promueve que se incorpore más y más espacio para la producción industrial de materias primas de exportación. Esto culminará con la expulsión de miles de agricultores, pueblos y comunidades a las periferias urbanas.La Ley 13.465/17, resultado de la Medida Provisional número 759 del 22 de diciembre de 2016, editada por Michel Temer poco después de un golpe institucional en el país y sin ninguna consulta con la sociedad, modificó unos 26 marcos fundamentales en la legislación de tierras del país. En su conjunto, la Ley termina amnistiando el delito de robo de tierras públicas federales y promueve una privatización masiva de las tierras de la Amazonía Legal cuyos 500 millones de hectáreas (60% del territorio nacional), albergan la mayoría de los territorios indígenas y de los territorios de comunidades quilombolas y tradicionales. A grandes rasgos, la llamada “Ley del acaparamiento” [Lei da Grilagem]:Autoriza la regularización inmediata de unos 40 millones de hectáreas del patrimonio público federal, un área mayor que países como Alemania, a través de la legalización de la propiedad en ocupaciones irregulares de hasta 2500 ha en la Amazonía Legal, hasta el 22 de julio de 2008. Por primera vez, las personas jurídicas, las nuevas ocupaciones y las grandes propiedades también pueden ser beneficiarias, no sólo las ocupaciones históricas de los pequeños y medianos agricultores con hasta 1500 ha, según lo permitido por la ley anterior. A través de pagos muy por debajo del valor de mercado, con subsidios gubernamentales de entre 50% y 90% del valor mínimo de la agenda del valor de la tierra desnuda, esta verdadera “legalización del acaparamiento de tierras” puede representar un daño a los activos públicos entre 19 mil millones de reales y 21 mil millones de reales (entre 3 mil 300 millones y 3 mil 700 millones de dólares) solamente en la Amazonia, según el Imazon. Desestructura la política nacional de la reforma agraria y facilita la introducción de los asentamientos en el mercado de tierras, lo que lleva a una verdadera contrarreforma agraria en el país. Por un lado, la Ley debilita la infraestructura, la asistencia técnica y las políticas crediticias de los asentamientos. Por otro lado, promueve el mercado de tierras con titulación individual y anticipación de la venta de lotes de hasta 4 módulos fiscales (hasta 440 ha en la Amazonía legal) y hasta por 10 años. Anteriormente, las familias asentadas sólo podían vender las parcelas después de 10 años de la emisión de los títulos definitivos, que podrían llegar a 20 años, para tener tiempo para estructurar los campamentos y evitar la reconcentración de la tierra por parte del mercado. Ahora, 10 años después de la emisión del título provisional con el establecimiento del acuerdo, los lotes ya se pueden vender, lo que representa casi el 80% del total de los asentamientos o 37 millones de hectáreas. El INCRA emitió 123 mil títulos individuales sólo en 2017, un récord en comparación con los gobiernos anteriores, cuyo promedio entre 2003 y 2016 fue de cerca de 20 mil títulos/año, según un estudio realizado por la organización no gubernamental FASE.El 10 de diciembre de 2019, Bolsonaro firmó la conocida “MP 910”. Si el Congreso Nacional lo aprueba antes del 19 de mayo de 2020, la nueva Ley puede ampliar aún más los millones de hectáreas de tierras públicas federales que se pueden privatizar, eliminando la burocracia, autorizando un procedimiento de auto declaración. La medida permite la consolidación de la propiedad de hasta 2500 ha, que ya no se limita a la Amazonia, sino a todo el país. Además, incluso las ocupaciones irregulares más recientes podrían ser legalizadas, perdonando los delitos de robo de tierras públicas y deforestación hasta el 10 de diciembre de 2018 en la Amazonía Legal. Esto puede hacerse a través de un procedimiento de auto declaración, sin inspección y sin la firma de los vecinos limítrofes, lo que garantiza los mismos descuentos de hasta 90% sobre el valor de la tierra descubierta fijado por INCRA.Con la aplicación de las nuevas reglas para todo el país, la Medida puede representar un daño aún mayor a los activos públicos, calculado esta vez por Imazon de entre 62 mil millones y 88.5 mil millones de reales (entre 11 y 16 mil millones de dólares) considerándose sólo los19.6 millones de hectáreas identificadas por el programa como elegibles para la titulación en la Amazonía Legal.Estamos enfrentando una verdadera batalla entre el Brasil público y el Brasil privado. Aunque no hay datos públicos claros que indiquen la cantidad y dónde se encuentran, esta disputa puede involucrar unos 240 millones de hectáreas, si consideramos las tierras federales y estatales:• 42 millones de hectáreas de bosques públicos federales y cerca de 22 millones de bosques estatales no destinados, a pesar de que no pueden entrar en la regularización de la Ley (art. 4, III de la Ley 11.952 / 09);141 millones 500 mil hectáreas de tierra baldías (16.6% del territorio nacional);37 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria (un 79% de los proyectos), que autorizan la venta anticipada de las parcelas y su reintroducción en el mercado de tierras (ya permitida por la Ley 13.465/13).Con la suspensión de adquisiciones y expropiaciones con el propósito de la reforma agraria y la titulación de los territorios indígenas y tradicionales, por un lado, y los cambios en la tenencia legal de la tierra para legalizar un proceso histórico de apropiación de tierras públicas, el país está allanando la liberación de casi 1/3 de sus tierras en el mercado libre, ya sea para incorporarlas al modelo extractivo de agronegocios o minería, o simplemente para conformar reservas de tierras para el capital financiero.Todo esto va en contra de la Constitución Federal brasileña que determina el destino prioritario de las tierras públicas y las tierras baldías, la reforma agraria, la titulación de territorios indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, así como para las unidades de conservación de uso sustentable para proteger los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los pueblos tradicionales históricamente responsables de su conservación. Habría unos 263 millones de hectáreas (un 30% del territorio nacional) entre tierras y reservas indígenas; quilombolas; unidades de conservación para uso sustentable y territorios comunitarios en asentamientos indivisibles e inalienables, federales y estatales, prohibidos para la regularización de tierras individuales promovida por las nuevas leyes de tierras. A estos números deben agregarse unos 141 millones 500 mil hectáreas de tierras baldías, federales y estatales, que deben ser discriminadas y tener su destino prioritario para la reforma agraria y la protección de los ecosistemas naturales.¿Cuál es la enfermedad, cuál es la solución?Esta expansión de la apropiación privada de los espacios públicos para la protección social y ambiental puede intensificar aún más la vulnerabilidad social ante las epidemias e intensificar las crisis de salud.En esta producción industrial del espacio por grandes corporaciones, se nombran “obstáculos” a los bosques y la biodiversidad, en la búsqueda de “tierras limpias” valoradas en el mercado; los insectos se llaman “plagas”; microorganismos, “parásitos”; la gente de la tierra, sin tierra, comunidades y pueblos tradicionales, “invasores”. Está claro que los ecosistemas y paisajes biodiversos funcionan más en base a la cooperación y la simbiosis que en base a la agresión. Sin embargo, un cuerpo extraño en un ambiente homogéneo, sin diversidad genética e inmunodeprimido tiene el potencial de causar desastres y, por lo tanto, es una “plaga”, “parásito” o “enfermedad” que debe eliminarse.Está claro que la enfermedad a eliminar es la estandarización de la vida, de los organismos, de los bosques y de los paisajes. La solución para enfrentar la actual crisis de salud es precisamente la preservación de los hábitats, los ecosistemas y las formas de vida tradicionales. Esto significa alentar la producción por parte de pequeños agricultores basada en la agroecología y en la diversidad genética de semillas y razas criollas/locales que ofrecen soberanía alimentaria y nutricional a todas las sociedades. No es por ninguna otra razón que, ante la crisis de suministro de alimentos en las ciudades e incluso sin incentivos públicos, son precisamente los territorios de los movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), El Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y organizaciones vinculadas a la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) que ahora pueden donar y suministrar una diversidad de alimentos frescos, como frutas y verduras, a centros urbanos, especialmente los más vulnerables en las periferias urbanas.Para leer el texto completo con todas las referencias haga clic aquí (sólo en portugués)