Alex Press, 10 de junio, 2016, The Nation. En marzo de 2009, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO por sus siglas en inglés), asociación de comercio y brazo de cabildeo de la industria biotecnológica, envió una carta a la oficina del representante de comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que estaba en las primeras etapas de negociación del Acuerdo Trans Pacífico (ATP o TPP por sus siglas en inglés). La carta respondía la invitación hecha por el USTR a que hubiera comentarios públicos que ayudaran a desarrollar los objetivos de negociación del propuesto acuerdo de comercio, que en ese momento implicaba a otras naciones de la orilla del Pacífico. El USTR delineó a grandes rasgos las áreas en las que tenía interés de recibir comentarios: “costos y beneficios económicos de la retirada de aranceles, asuntos laborales y ambientales” que debían enfrentarse, “derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” que debían ser considerados. BIO se lanzó en respuesta. “BIO enfocará sus comentarios en puntos relacionados con (i) biotecnología agrícola y (ii) aspectos relacionados con derechos de propiedad intelectual”, abundando en una carta de seis páginas. BIO aprecia esta oportunidad de comentar en el propuesto acuerdo de libre comercio transpacífico, y estamos deseosos de colaborar de cerca con el USTR conforme proceda esta iniciativa”. Y muy de cerca colaboraron. Aunque los términos del ATP se mantuvieron en secreto del público y de los diseñadores de políticas durante las conversaciones, los negociadores del USTR confiaron mucho en la contribución de “la gente de adentro de las corporaciones” —funcionarios corporativos— que pueblan los comités de asesoría para la industria y el comercio (ITACs), designados por el gobierno de EUA. Sólo fue necesario un representante de BIO en conversación con el ITAC-15 (el comité que se enfoca en derechos de propiedad intelectual). BIO invirtió 8 millones de dólares en cabildeo durante cada año que se negoció el ATP, y le pagó a firmas como Akin Gump Strauss Hauer&Feld 80 mil dólares al año para cabildear “previsiones de patente en las negociaciones de comercio del ATP”. Los resultados de esta descarga de cabildeo se desconocían hasta que se publicó el texto final del acuerdo en noviembre del año pasado. Firmado el 4 de febrero y en espera de que lo ratifiquen sus 12 países miembros —Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Estados Unidos, Vietnam, Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelandia— el Acuerdo Trans Pacífico es el acuerdo regional de “libre comercio” más grande del mundo. Mientras que muchos han sometido a escrutinio su potencial de dislocar empleos, reducir salarios y subir el precio de los medicamentos, pocos le han prestado atención al impacto del ATP sobre el sector que BIO priorizó por encima de todos los demás: la biotecnología agrícola. Los expertos han llamado al ATP “gran triunfo” de la industria semillera biotecnológica, y muchos alertan que el tratado en cuestión enriquecerá aún más a las compañías semilleras a expensas de los derechos campesinos. La biotecnología agrícola se refiere a un rango de instrumentos utilizados para alterar organismos vivos, incluidos los instrumentos de modificación genética. Según la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO) de Naciones Unidas, el principal producto de estos instrumentos, conocido comúnmente como organismos genéticamente modificados u OGM, se produce mediante técnicas que alteran el material genético “de modos que no ocurren naturalmente en el apareamiento o la en recombinación natural”. Desde los ochenta, Estados Unidos ha permitido el patentamiento de organismos genéticamente modificados. Debido a las economías de escala que trabajan en la investigación y desarrollo de variedades vegetales, casi todos los detentadores de patentes son corporaciones que pueden invertir millones en experimentar con características genómicas. Las patentes ofrecen a sus dueños derechos exclusivos sobre la producción, la venta, y el uso de cultivos con OGM patentados, como soja [o soya] resistente a herbicidas o maíz tolerante a las sequías. Recompensar a las grandes compañías con derechos de propiedad exclusivos ha impulsado la consolidación de la industria semillera, y hoy tres firmas —Monsanto, DowDupont y Syngenta— controlan la mayoría del mercado de semillas transgénicas, y continúan la compactación del mercado. Estas firmas y otros dueños de patentes de OGM venden sus semillas a los agricultores junto con el acuerdo legal de que no podrán guardar ni replantar las semillas producidas a partir de las semillas compradas a las compañías. Aquellos agricultores que “se hallen en violación de estos acuerdos son sujetos de procesos legales por parte de los dueños de la patente, incluso si la violación es accidental”. Aunque EUA es el productor principal de cultivos transgénicos, desde 1985 el gobierno federal ha negociado propiedad intelectual y tratados comerciales que han permitido que las semilleras expandan sus negocios a los mercados extranjeros mediante la exportación de las leyes de propiedad intelectual. El ATP extenderá aún más su alcance. Aunque EUA y Japón no lograron que se aprobara su propuesta de incluir protecciones de patente para plantas geneticamente modificadas (la previsión, basada en el modelo de patentes estadunidense, se retiró en respuesta a la resistencia de la mayoría de los países miembros), el ATP requiere que los países miembros impongan patentes disponibles para “invenciones derivadas de plantas”. Según Burcu Kilic, director legal y de políticas del grupo de defensoría Public Citizen, quien ha escrito en extenso en torno al ATP, lo probable es que esta previsión se traduzca en patentes de genes que, una vez insertos en plantas, brinden una planta protegida con patentes. Así, por ejemplo, no es posible patentar una soja resistente a herbicidas, pero se puede patentar el gene que confiere a la soja su resistencia a herbicidas. El dueño de la patente tendrá así los derechos exclusivos de fabricar, vender, y usar cualquier organismo que contenga ese gene. En otras palabras, aunque el lenguaje final del ATP se volvió más apetitoso para los escépticos cuya aprobación era necesaria, en la práctica y a fin de cuentas no faltarán las patentes a “invenciones derivadas de plantas”. “Es ambiguo”, reconoce Kilic con respecto a cómo el lenguaje difiere de lo que originalmente se propuso en relación a las patentes sobre plantas. “Y cuando es ambiguo, es aterrador, porque su implementación dará forma a todo”. En la actualidad, sólo tres países miembros del ATP disponen patentes para plantas. Si los expertos están en lo correcto acerca de las implicaciones de esta previsión, nueve otros países podrían introducir patentes a plantas parecidos a los de EUA. El ATP también requiere que todos los países miembros se adhieran al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, que Public Citizen afirma que “hará más fácil el procedimiento de solicitar una patente”. Cada país miembro debe adherirse al Convenio Internacional de la Unión para Protección de Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV) 1991, lo que en definitiva pone fuera de la ley el guardar semillas de una temporada a la siguiente, una práctica de la que dependen la mayoría de los campesinos del mundo. “Se prohibe que los campesinos guarden, replanten e intercambien semillas protegidas, y a los obtentores se les reconocen derechos exclusivos sobre el germoplasma”, dice del tratado Maywa Montenegro, una doctorante de la Universidad de Berkeley que investiga sistemas de semillas. Aunque los campesinos en algunos países del ATP técnicamente tengan este derecho consagrado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, el conflicto entre estos acuerdos coexiste sin resolución. Los proponentes de estrictos derechos de propiedad intelectual para los OGM dicen que las protecciones de patente promueven la innovación que podría ayudar al desarrollo de los países. Sin embargo, según con un estudio publicado por el Canadian Journal of Sociology, la mayor parte de los cultivos genéticamente modificados son versiones de maíz, canola, algodón y soja resistentes a herbicidas e insecticidas. “Si se consideraran las necesidades de los países en desarrollo, uno podría ver rasgos tales como dureza de las plantas, resistencia a las sequías, o cultivos tolerantes a la salinidad en regiones de inseguridad alimentaria, en vez de los mismos cultivos y rasgos útiles en los países desarrollados”, concluye el estudio. Mientras que algunos OGM “socialmente útiles se anuncian con mucha fanfarria pública —como el arroz con vitamina A conocido como arroz dorado que dice combatir la ceguera en los países pobres” tales innovaciones no han alcanzado la comercialización y permanecen estadísticamente intrascendentes”, añadían. Un estudio publicado por Third World Quarterly encontró que, en las regiones menos desarrolladas del mundo, los derechos de propiedad intelectual no sólo no promueven la innovación, sino que en realidad son un impedimento para ella. Como explicó el que fuera Relator Especial para la Alimentación, Olivier De Schutter, en 2009, “Los derechos de propiedad intelectual recompensan y reconocen la estandarización y la homogeneidad, cuando que lo que deberíamos premiar es la agrobiodiversidad”. Con el agostamiento de las variedades de cultivos vienen las amenazas a la biodiversidad, elemento clave de la adaptación al cambio climático. Maywa Montenegro concuerda en que el ATP es un peligro para la biodiversidad. Al exportar las leyes de propiedad intelectual desarrolladas primero en el contexto de Estados Unidos a otros países con poblaciones y ambientes muy diferentes en el ámbito doméstico, ella afirma que el ATP amenaza con homogenizar los modos de cultivo en toda la orilla del Pacífico, en detrimento de las poblaciones marginadas, no sólo los pequeños agricultores y los pueblos originarios que no podrán guardar las semillas sino poblaciones enteras que perderán acceso a sus alimentos tradicionales conforme las impuestas semillas transgénicas contaminen o expulsen a las variedades de plantas nativas. La diseminación de los OGM acarrea también el potencial para infligir daños a los frágiles ecosistemas al contaminar los cultivos nativos mediante la polinización cruzada y el desplazamiento de las variedades nativas genéticamente diversas debido a los monocultivos. “Es la antítesis de la agricultura sustentable”, dice Montenegro. Ante las amenazas e incertidumbres por los riesgos a la salud que entrañan los OGM, docenas de países han aprobado legislaciones para restringir o prohibir los cultivos GM. [...] Las semilleras enmarcan estas iniciativas como “indebidas restricciones al comercio”, como lo pone BIO en su carta al USTR, y el ATP puede facilitar que las compañías semilleras desafíen las prohibiciones sobre la base del comercio. Montenegro supone que esto forzará a la apertura de mercados previamente inaccesibles a los OGM, lo que “pondrá en riesgo la soberania sobre las semillas, los ecosistemas, y los derechos al conocimiento”. En un informe enviado al USTR el 3 de diciembre de 2015, menos de un mes después de que se liberara al público la versión final del ATP, el comité de industria y comercio enfocado en derechos de propiedad intelectual apuntó que el acuerdo “requiere que las partes en el ATP hagan efectiva la protección de patentes disponible para las innovaciones de plantas”, concluyendo: “el ITAC-15 considera que el objetivo de una protección integral de patente para la tecnología relacionada con plantas ha logrado avanzar con el ATP”. Por desgracia, parece ser cierto. Ver la versión completa con citas en http://www.thenation.com/article/the-trans-pacific-partnership-will-hurt-farmers-and-make-seed-companies-richer/