En Paraguay, miles de familias campesinas carecen de acceso a un elemento indispensable para su supervivencia material y cultural: la tierra. Sin ella, resulta imposible seguir viviendo en el campo, continuar siendo campesino o campesina, preservar sus formas de vida, sus culturas, y desarrollar el trabajo productivo que garantiza el sustento diario. Esta situación no responde a una escasez real de tierras, sino a una profunda y persistente desigualdad estructural, marcada por el control y la apropiación histórica del territorio por parte de grandes terratenientes y empresas multinacionales, que han relegado sistemáticamente a comunidades campesinas e indígenas.El país presenta una de las mayores asimetrías en la distribución de la tierra a nivel regional. El Índice de Gini aplicado a la tenencia de tierras alcanza el alarmante valor de 0,96, lo que expresa una desigualdad casi perfecta. En términos concretos, el 95 % de la superficie agrícola se encuentra en manos de una minoría y es utilizada principalmente para monocultivos vinculados al agronegocio, mientras que apenas el 5 % se destina a rubros de la agricultura campesina,[1] que es la principal fuente de alimentos para la población local y un pilar de la soberanía alimentaria.Esta situación tiene raíces históricas y profundas. A modo de acercar un panorama se puede mencionar que en el año 2003 fue creada la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), mediante la Ley Núm. 2225, con el objetivo de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en Paraguay entre 1954 y 2003, recuperar la memoria histórica y esclarecer el contexto político, social y económico en el que dichas violaciones tuvieron lugar.Es importante recordar que la dictadura stronista, sostenida por la Asociación Nacional Republicana (ANR) y las Fuerzas Armadas, se extendió durante 35 años, constituyéndose la más larga de Sudamérica. Durante ese periodo, al menos 128 mil 077 personas fueron víctimas directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos. Los movimientos campesinos se encontraron entre los sectores más perseguidos: el 24 % de las violaciones documentadas por la CVJ afectaron directamente a este sector, evidenciando el carácter profundamente represivo del régimen hacia cualquier forma de organización popular vinculada a la tierra.En su informe final, la CVJ dedicó un apartado específico al análisis de la situación de las tierras en el país, examinando las adjudicaciones de tierras rurales realizadas entre 1954 y 2003. Como resultado de esta investigación, se determinó que el 19,3 % del territorio nacional —del total de 40.675.200 hectáreas— fue entregado de manera irregular y fraudulenta, en abierta contradicción con los principios de la reforma agraria.Entre los principales beneficiarios de estas adjudicaciones ilegales se encuentran políticos oficialistas, militares leales al dictador, así como personas involucradas en prácticas de tortura, delación y otras graves violaciones a los derechos humanos. En otros términos, tierras destinadas a la reforma agraria fueron utilizadas como mecanismo de recompensa política y de consolidación del poder autoritario.Uno de los casos emblemáticos de este patrón de corrupción y abuso ocurrió con la llegada en agosto de 1979 del dictador nicaragüense Anastasio Somoza a Paraguay. Según los registros de la CVJ, en febrero de 1980 le fueron adjudicadas 8 mil hectáreas de tierra, presuntamente como un “regalo” del anfitrión Alfredo Stroessner. Este hecho ilustra cómo grandes extensiones de tierra pública fueron utilizadas como moneda de intercambio entre dictaduras y élites políticas.[2]Estas prácticas permitieron que vastas proporciones del territorio nacional quedaran en manos de personas que no eran sujetos de la reforma agraria. En muchos casos, esas tierras terminaron bajo el control de poderosas empresas que obtienen enormes ganancias o de individuos vinculados al narcotráfico y a mafias internacionales que operan en Paraguay, ampliando sus tentáculos económicos y territoriales.En este contexto, la tierra se convierte en una mercancía altamente valiosa, objeto de especulación tanto del capital legal como del ilegal. Ambos acumulan grandes extensiones de territorio a costa del despojo de familias campesinas e indígenas, quienes no buscan la tierra para lucrar, sino para vivir, producir alimentos, reproducir su cultura y desarrollarse de manera digna.Un ejemplo significativo es el caso de Luiz Carlos Da Rocha, alias "Cabeza Branca", considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Sudamérica, quien logró evadir órdenes de captura durante al menos treinta años. Tras su detención en Brasil el 1 de julio de 2017, el Estado paraguayo pasó a administrar, desde 2019, los bienes que poseía en el país. Entre ellos se encuentran ocho narcoestancias ubicadas en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, que en conjunto suman cerca de 26 mil hectáreas y tienen un valor estimado superior a los 100 millones de dólares.[3]Ese mismo año, en 2017, se promulgó la Ley Núm. 5876, que creó la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Actualmente, esta institución administra más de 138 mil hectáreas de inmuebles rurales provenientes de incautaciones y decomisos al crimen organizado.[4] La legislación vigente establece que el Estado paraguayo subaste estos inmuebles. Dado su elevado valor económico, estas tierras quedan prácticamente fuera del alcance de campesinos y comunidades indígenas, y sólo pueden ser adquiridas por grandes terratenientes, empresarios, ganaderos o incluso por testaferros de otros grupos vinculados al narcotráfico.Para las organizaciones campesinas, la tierra no es simplemente un bien económico, sino un derecho fundamental estrechamente vinculado a la seguridad, la vivienda, la alimentación, la cultura y la vida misma. Por ello, desde hace seis años han impulsado un nuevo fragmento de la lucha por la tierra en Paraguay, exigiendo que los inmuebles incautados al crimen organizado sean destinados a la reforma agraria.En este marco, se conformó la Coordinadora Sin Tierras del Norte, cuyo objetivo central es exigir la modificación de la Ley Senabico y proponer alternativas concretas a la problemática de la tierra que afecta a comunidades campesinas e indígenas. Específicamente, reclaman la modificación de los artículos 46 y 49 de dicha ley, para que las tierras incautadas sean cedidas de forma directa al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y/o al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en lugar de ser subastadas.La propuesta campesina resulta sencilla, práctica y coherente en un país marcado por una extrema desigualdad en el acceso a la tierra. Además, se sustenta en un mandato constitucional claro. La Constitución Nacional establece la implementación de una política de reforma agraria integral basada en dos principios fundamentales: el derecho de campesinos y campesinas a acceder a la tierra y el deber del Estado de desalentar el latifundio (artículos 114 al 116).[5]No obstante, los poderes fácticos del Paraguay se niegan sistemáticamente a reconocer las propuestas y acciones del movimiento campesino. Lejos de abrir espacios de diálogo, despliegan estrategias para bloquear cualquier avance, estigmatizar a quienes luchan por la tierra y, en los últimos meses, profundizar una campaña de violencia y criminalización contra dirigentes de la Coordinadora Sin Tierras. La estructura agraria paraguaya no ha sido democratizada; la concentración de la tierra en pocas manos continúa siendo la regla del mercado, pese a los límites legales existentes y quienes luchan por transformarla son perseguidos y criminalizados.De acuerdo con datos de BASE Investigaciones Sociales,[6] entre los años 2008 y 2019 se registraron 106 ocupaciones de tierra en el país. De éstas, sólo ocho no sufrieron algún tipo de criminalización por parte del Estado. En el mismo periodo, más de 1300 personas fueron imputadas. El 58 % de las ocupaciones derivó en desalojos, mientras que apenas el 10 % logró su objetivo: asentarse en las tierras para producir. En otras palabras, frente a la inacción estatal en materia de reforma agraria, las ocupaciones de tierra se convierten en una de las pocas vías de presión que encuentran las organizaciones campesinas para visibilizar sus demandas y exigir el cumplimiento de derechos.Esto mismo ocurrió en el caso de la estancia Lucipar, una de las propiedades incautadas al narcotraficante Da Rocha. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales y en medio de una campaña de desprestigio contra la lucha campesina impulsada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), integrantes de la Coordinadora Sin Tierras anunciaron la ocupación de dichas tierras.Este anuncio, realizado en noviembre de 2025, fue interpretado por el Poder Judicial como "apología del delito", lo que derivó en la detención de tres dirigentes campesinos, quienes actualmente se encuentran con prisión domiciliaria. Posteriormente, el 5 de diciembre del mismo año, centenares de campesinos y campesinas intentaron recuperar las 11 mil hectáreas de la estancia en cuestión. La acción culminó con más de cuarenta personas detenidas, decenas de heridos y una violenta represión, cuando intentaban acceder al inmueble.De este modo, el gobierno volvió a cerrar toda posibilidad de diálogo en torno a la reforma agraria. Se negó a escuchar las propuestas campesinas, emitió órdenes de captura contra dirigentes sociales, los imputó y los persiguió, todo ello con el fin de proteger inmuebles que pertenecieron a un narcotraficante y que actualmente se encuentran bajo control estatal. No se trata, por lo tanto, de una defensa estricta de la propiedad privada, sino de la preservación de una estructura profundamente injusta que continúa negando derechos fundamentales a quienes históricamente han sido despojados. •Foto: Movilización de la Coordinadora Interdistrital de Sin Tierras del Norte, 5 de diciembre de 2025 en San Pedro, cercano a la estancia Lucipar, Paraguay. Por: Malu Vázquez[1] Con la Soja al Cuello 2025. https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2025/11/Soja-al-Cuello-2025-web-.pdf [2] Se puede ver informe CVJ en el siguiente enlace https://www.codehupy.org.py/verdadyjusticia/ [3] Diario abc color, abril 2019. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/estado-toma-posesion-dehaciendas-confiscadas-al-narco-cabeza-branca-1804127.html[4] Con la Soja al Cuello 2025. https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2025/11/Soja-al-Cuello-2025-web-.pdf [5] El Derecho campesino a la tierra en Paraguay 2023. https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2023/03/ElDerecho-Campesino-a-la-Tierra-en-Paraguay.pdf [6] Ocupaciones de tierra: marcas del conflicto rural (1990 a 2019) 2019. https://www.baseis.org.py/wp-content/ uploads/2020/03/2019_Dic-Ocupaciones-de-tierras.pdf