Entre los fuegos fatuos del desarrollo y la violencia que se tiende como un manto

El enrejado de planes y proyectos sobre y para el subcontinente se superponen a un entramado de sociedades y culturas ignoradas y, por lo tanto, invisibles en la planeación del “desarrollo” propuesto. Cualquier movimiento territorial de un megaproyecto transforma más, mucho más, que todos los discursos sobre beneficios o exclusiones alrededor del mismo. Las supuestas “bondades” de las propuestas son instigadas desde gobiernos estatales, cámaras de comercio e industria; empresas de origen nacional transnacionalizadas; transnacionales en campos de biotecnología (farmacéuticas y de alimentos), turismo, minería, forestal (especialmente celulosa), construcción, energéticas (gas, petróleo, electricidad), seguros, ordenamiento territorial (rural, urbano y marítimo), administración, pesqueras, financiamiento y Banca Multilateral y Comercial. Son las que ven y velan por la profundización del negocio globalización neoliberal en curso. Muchos de los impactos por los cuales se moviliza la inquietud social de la población del subcontinente (pobreza y pobreza extrema, precariedad laboral y desempleo, salario insuficiente, trabas comerciales, pérdida del acceso a tierras y recursos, bajo nivel educativo, situaciones severas de desnutrición infantil, corrupción como estilo de vida, pérdida de masa forestal y de suelos, contaminación de cursos de agua dulce y ambiental, hacinamiento, desaparición y tráfico de especies, programas supuestamente de apoyo a los más desfavorecidos pero en realidad reproductores de la pobreza y de mano de obra barata, crispación social, ingobernabilidad, democracia formal sin contenido, narcotráfico, trata de blancas y de niños, tráfico de órganos, trasiego de armas, justicia precaria, discriminación y racismo, migración internacional, aumento de la importancia creciente y relativa de las remesas disfrazadas en las cuentas públicas como inversión extranjera directa, privatización y transnacionalización de los recursos sociales y naturales, concentración y transnacionalización del poder, las riquezas y las soberanías, etcétera) son parte de la ideología y práctica de la globalización en su versión hegemonizante, misma que promete un futuro, en tiempo ambiguo, promisorio, paradisiaco. Nemesio Rodríguez, Territorios indios y negros, sustento de los Megaproyectos en América Latina. Orientación a la praxis. El Devenir de los Pueblos Indígenas, Afrodescendiente y la Población Inmigrante.

La CIDH documenta al detalle la trama financiera que acabó en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque con el que un grupo de sicarios mataron a la activista. El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado.

Ahora, un grupo de expertos de la comisión señala que la trama criminal empleó fondos de bancos de desarrollo europeos y americanos para pagar a los asesinos. Hasta ahora hay ocho condenados. En meses recientes un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.

Extranjerización de las tierras en La Pampa: dos departamentos están por encima del promedio. Investigadores del Conicet elaboraron un mapa interactivo donde ponen el foco en la propiedad del suelo argentino, en un contexto donde la gestión de Javier Milei insiste con derogar la denominada Ley de Tierras (Núm. 26737). Las estadísticas oficiales relevan que dos departamentos de La Pampa están por encima del promedio nacional, que se ubica en torno al 5 %.

El trabajo fue realizado por el Observatorio de Tierras, particularmente por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa), publicó el diario La Arena. «La búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos», advirtieron.

Las estadísticas oficiales, actualizadas en agosto de 2025, señalan que en Argentina hay una superficie rural de 266.643.212,84 hectáreas, de las cuales 13.262.725,64 están en manos extranjeras (4.97 %). Es preciso recordar que la normativa vigente establece «un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel departamental». https://radiodon.com.ar/2026/01/11/extranjerizacion-de-la-tierra-en-la-pampa-dos-departamentos-estan-porencima-del-promedio/

Gigantes del agronegocio abandonan la Moratoria de la Soja y aumentan el riesgo de deforestación en la Amazonía. La asociación de productores anunció su retirada del acuerdo después de que una ley en Mato Grosso eliminara beneficios a las empresas que se habían unido a éste.

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) anunció el lunes 5 de enero su retirada de la Moratoria de la Soja, un acuerdo para preservar la Amazonia que refuerza el Código Forestal Brasileño. Con esta decisión, empresas representativas del sector, como Bunge, Cargill y Amaggi, abandonan su compromiso de no comprar soja procedente de zonas deforestadas en la Amazonia desde 2008.

La decisión de la asociación es una consecuencia de la ley estatal 12.709/2024, de Mato Grosso —el estado con mayor producción de soja del país— que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

La medida restringe la concesión de beneficios fiscales a las empresas firmantes del acuerdo y representa una amenaza para la preservación de la selva amazónica y para la meta de deforestación cero, según expertos.

En un comunicado, el Instituto de Manejo y Certificación Forestal (Imaflora), que tiene 30 años de experiencia implementando buenas prácticas en el uso de recursos naturales, advierte sobre el riesgo de que se levante la moratoria. https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/01/08/ecologia-social-brasil-gigantes-del-agronegocio-abandonanla-moratoria-de-la-soja-y-aumentan-el-riesgo-de-deforestacion-en-la-amazonia/

El puerto de Chancay: un dramático impulso para el extractivismo en América del Sur. Situado en la costa peruana, no es sólo una gran obra de infraestructura; es un punto clave que puede cambiar el rumbo del comercio, la inversión y la geopolítica en la región. Aunque la salida al Pacífico desde Sudamérica afecta directamente los intereses geoestratégicos de China, la infraestructura de transporte y el puerto de Chancay abren las puertas a inversionistas y conglomerados extranjeros de cualquier bandera, al favorecer la instalación de zonas económicas especiales orientadas a sus ganancias.

Bajo la renovada promesa del “desarrollo”, América del Sur corre el riesgo de profundizar el modelo primario-exportador y, con éste, los conflictos por la tierra, el agua y la relación con las comunidades locales. Del lado de Perú, se verían impactadas 19 comunidades nativas y 1793 comunidades campesinas. Del lado de Brasil, podrían verse afectadas 28 territorios indígenas y cerca de 320 Asentamientos de Reforma Agraria. Este informe explica cómo este megapuerto, financiado sobre todo por capital chino, viene cambiando el mapa del transporte y atrayendo a nuevos grupos económicos hacia las zonas donde avanza el agronegocio. https://grain.org/e/7341

Argentina: El ajuste de Milei detrás de los incendios forestales de la Patagonia. Un incendio de gran magnitud avanza en la Comarca Andina de Chubut, con miles de hectáreas de bosque nativo arrasadas y viviendas afectadas. Lejos de tratarse de un hecho excepcional o inevitable, es consecuencia directa del avance de los negocios capitalistas, favorecidos por la política del gobierno de Javier Milei que ejecuta un brutal ajuste presupuestario y promueve reformas que desmantelan la prevención ambiental, vacían los organismos estatales y habilitan el territorio para el negocio de terratenientes, petroleras, mineras e inmobiliarias.

El recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego es una pieza clave de esta política. Menos presupuesto, menos recursos, menos personal y brigadistas sometidos a condiciones laborales de extrema precarización explican por qué los focos se descontrolan año tras año. Jornadas extenuantes, contratos temporarios, salarios de miseria y falta de equipamiento conviven con incendios cada vez más intensos, en un contexto de crisis climática que el propio gobierno niega. El resultado es una respuesta estatal magra, tardía e insuficiente frente a emergencias que podrían evitarse o prevenirse.

Sin ir más lejos, desde noviembre que el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitieron un alerta ígnea, advirtiendo por el alto riesgo de incendios debido a escasas precipitaciones, sequía, ola de calor y vegetación seca. Un terreno propicio para la propagación incontrolada de incendios forestales, que en un 95% son iniciados por humanos. Esto cuando en el último período se vienen perdiendo entre 30 mil y 40 mil hectáreas de bosque nativo en los parques nacionales de Chubut, Neuquén y Río Negro.

Colombia: La Federación Campesina del Cauca resiste desde el territorio y lo transforma dignificando el trabajo campesino. Los más de 50 años haciéndole frente a la violencia con la simple pero poderosa decisión de permanecer en el territorio, sembrando comida, protegiendo la naturaleza y trabajando en comunidad los llevó a convertirse en la primera organización de Colombia certificada por sus prácticas de comercio justo.

La Federación Campesina del Cauca (FCC) le está dando un nuevo significado al concepto de ser campesino. Por más de 50 años, esta organización ha luchado para que el campesinado del departamento se sienta orgulloso de sus raíces y su trabajo, y para que pueda desarrollarlo en condiciones dignas. Esa batalla no ha sido fácil; a algunos de sus líderes les ha costado la vida. Sin embargo, también los ha convertido en un ejemplo de liderazgo regional y, en 2004, en la primera organización de Colombia certificada por sus prácticas de comercio justo.

La organización comenzó con una disputa, en los años 70, por el derecho de los campesinos a tierras, que terminó sentando las bases para que la FCC se consolidara como una organización social que impulsa un modelo de economía sostenible, en medio del complejo contexto caucano, marcado por años de violencia y desarraigo. En un lugar en el que las oportunidades escaseaban, la FCC fue logrando brindarles a distintas generaciones la posibilidad de continuar en su territorio trabajando en iniciativas que fortalecieran el tejido social y la productividad regional.

Nuevo fracaso del Estado hondureño en la protección del campesinado del Bajo Aguán. Centenares de campesinos víctimas del grupo criminal Los Cachos fueron atacados el lunes 8 de diciembre, durante un desalojo fallido en Quebrada de Arenas (Colón). A pesar de las órdenes judiciales y el despliegue de un operativo de más de 1021 policías, decenas de vehículos y un helicóptero, los campesinos desplazados de la Cooperativa Camarones que acudieron al llamado de las autoridades para recuperar la posesión de sus fincas, fueron agredidos por decenas de personas procedentes de la finca que se intentaba recuperar y de sus inmediaciones, ante la inacción de las autoridades policiales y judiciales presentes en el lugar.

Después de casi un año, el 25 de diciembre pasado fueron desplazados forzadamente de las fincas de la Cooperativa Camarones, y tras innumerables movilizaciones y denuncias legales contra el grupo criminal Los Cachos (que han conducido a la detención e ingreso en prisión de algunos de sus integrantes y a la obtención de órdenes judiciales para su desalojo de las fincas que ocupan y explotan ilegalmente), el lunes 8 de diciembre era la fecha señalada por un juzgado hondureño para que los 150 desplazados de Camarones recuperaran los terrenos que constituían su hogar y fuente de ingresos.

A las 13.45 de este lunes, cuando recibieron la comunicación de que podían dirigirse a Quebrada de Arenas, una caravana de camiones y vehículos llenos de unos 400 campesinas y campesinos, que incluían integrantes de las vecinas cooperativas El Tranvío y Chile, que se unieron como muestra de solidaridad, emprendió la marcha hacia esta localidad que se encuentra a menos de 3 kilómetros de distancia. https://arainfo.org/fracaso-honduras-proteccion-campesinado/ •