El tóxico lucro del agronegocio israelí

“Pueden hacer lo que quieran. No tienen límites. Tienen acceso al agua y a la tierra” explica Khalil Alamour, campesino de la región de Naqab, entrevistado por Luke Carneal. Se refiere al despojo sistemático por Israel de las comunidades beduinas cada vez más arrinconadas en esta zona desértica que colinda con Gaza. Mientras que del otro lado de la frontera a la población palestina se le aplica genocidio y hambruna, la agroindustria israelí sigue prosperando. Sus monocultivos industriales altamente demandantes de agua han desplazado cultivos beduinos adaptados durante cientos de años al árido clima de la zona. Hoy, hasta el agave israelí producido en un proyecto de dos millones de dólares estadounidenses, necesita riego.

A miles de kilómetros de allí, la plataforma de “agricultura inteligente” de la empresa israelí Netafim propone el riego con goteo para incrementar los rendimientos de las plantaciones industriales de agave que riman con la devastación del campo mexicano. Hace años que se ha visibilizado la colaboración de Netafim con las empresas israelíes de tecnologías militares y su papel fundamental en el desarrollo de los asentamientos ilegales en los Territorios Ocupados. Este año, figura además entre las corporaciones denunciadas por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, debido a su vínculo con la economía del genocidio.

Tal como lo viene apuntando desde hace tiempo la organización campesina UAWC*, miembro de La Via Campesina, el ataque a los sistemas alimentarios palestinos tiene un propósito muy claro: la limpieza étnica y el reemplazo de la población palestina. De la misma manera que arrancan violentamente milenarios olivos en territorio palestino, el ejército y los habitantes de las colonias ilegales se aplican en la estrategia de desenraizar al pueblo palestino de su tierra. Uno de los pilares de este proceso es el agronegocio israelí.

Las inversiones extranjeras han jugado un papel importante en el crecimiento de este empresariado, conforme se ha ido entretejiendo con la agroindustria global y exportando su modelo tóxico hacia otros países. Por ejemplo, 80% de Netafim está en manos del grupo mexicano Orbia Advance Corporation, que opera en la industria de los químicos y el plástico. Por su parte, Bright Food Group Co. (controlada por la Comisión Municipal de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal de Shanghai) es dueña de la empresa de lácteos Tnuva. Esta última figura en el informe de Albanese por haberse beneficiado de la destrucción por Israel de la industria láctea palestina, explotando un mercado palestino cada vez más cautivo. Otras empresas del sector, tienen un perfil similar: Adama, que vende pesticidas, es propiedad del Grupo Syngenta (China/Suiza); la semillera Hazira pertenece al Grupo Limagrain (Francia); Tahal, que construye infraestructuras hídricas está controlada por Kardan N.V. (Países Bajos/Israel); la empresa de sistemas de riego Rivulis pertenece al Ministerio de finanzas de Singapur; y Haifa Chemicals cuenta con inversiones del grupo estadounidense Trans-Resources, Inc.

Varias de estas corporaciones israelíes también tienen filiales registradas en otros países, especialmente en paraísos fiscales como los Países Bajos y Suiza. Esta estrategia les permite eludir la problemática identidad asociada con el apartheid y, al mismo tiempo, beneficiarse del apoyo político (y financiero) de países extranjeros. Gran parte de las ventas de Netafim se realiza mediante su subsidiaria en los Países Bajos. Esto le otorga acceso preferencial a mercados foráneos a través de acuerdos comerciales de la Unión Europea, obteniendo incluso financiamiento de agencias públicas holandesas.

En otros casos, estas empresas mantienen la identidad israelí, como es el caso de Mekorot, que está en plena expansión hacia varios países del Sur Global. En México, tiene un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional del Agua para un proyecto valuado en más de cinco millones de dólares. En Chile, obtuvo un contrato de gestión del agua en la región del Bíobío, actualmente denunciado por la sociedad civil por irregularidades y su implicación en el apartheid israelí. En Argentina, la campaña “Fuera Mekorot” exige que los gobiernos de varias provincias rescindan los contratos con la empresa. Además, se ha movilizado contra la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que tiene un contrato con Mekorot.

Esta empresa goza prácticamente de un monopolio en la distribución del agua en los Territorios Ocupados y también figura en el informe de Albanese, por haber contribuido a transformar el agua en un instrumento más del genocidio. De acuerdo con Who Profits, restringe sistemáticamente el acceso de la población palestina al agua, a pesar de que explota los recursos hídricos ubicados en los Territorios Ocupados (incluyendo aquel del Golán sirio). Además, aplica a la Autoridad Palestina un precio de venta cerca de diez veces más elevado que aquel pagado por las ciudades israelíes. Entonces, si el consumo medio israelí es de 200 litros diarios de agua por persona, la población de Cisjordania y Gaza sólo puede usar entre 77 y 85 litros por persona. Hoy, la población gazatí carece de agua 95% del tiempo porque Mekorot ha reducido drásticamente la distribución desde octubre de 2023.

A la imagen del modelo probado en Palestina, la agroindustria israelí se ha consolidado en el exterior en conexión con el complejo militar. Los países donde invierte suelen tener un carácter geoestratégico para Tel Aviv o ser destinos atractivos para la venta de armas.

En América Latina, la martirizada Guatemala de los años 80 es el país donde se ubican los antecedentes de esta agro-diplomacia militar. Una investigación de Gavriel Cutipa-Zorn reporta cómo en esos años, vendedores de armas y consultores agrícolas israelíes, conjuntamente con USAID, apoyaron la militarización. Entrenaban a la policía y al ejército en la construcción de “villas agrícolas”. Este modelo se inspiraba de los moshav israelíes (característicos de la colonización de tierras palestinas desde mediados de 1950). El campesinado proveía su mano de obra barata en monocultivos de frijol y café destinados a los mercados globales. Pero lo que más importaba era experimentar con el control de la población rural, que tenía prohibida la salida de las villas bajo pena de muerte. Presentadas como proyectos de desarrollo, las villas fueron esenciales para la táctica contrainsurgente desplegada por Rios Montt, que tuvo por resultado la muerte o desaparición de cientos de miles de personas. Guatemala se convirtió rápidamente en un mercado para la venta de armas de Israel.

En la actualidad, sigue siendo un aliado de Israel en la región y uno de los centros de recepción de la “cooperación” israelí en agricultura. Ejemplo de ello, en 2022, a la vez que se firmaba un tratado de libre comercio entre ambos países, se inauguró el Centro de Modernización Agrícola en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Guatemala es uno de los países centroamericanos desde donde se despliega el uso de tecnologías israelíes de vigilancia de las fronteras y monitoreo de las caravanas de migrantes, que se extiende hasta México.

Otro país latinoamericano que ha importado armas y tecnologías militares y agrícolas israelíes desde hace décadas es Colombia, tal y como lo destaca un informe de BDS. En este país, el agronegocio israelí ha desarrollado costosos proyectos, algunos de los cuales han fracasado en condiciones dudosas. Por ejemplo, en los años 1990, con la empresa israelí Isrex que proveía a Colombia de armas y de servicios de irrigación, se implicó en un proyecto agrícola de 300 hectáreas que incluía a 198 familias en Altamira y Cantilleras. El proyecto tenía un valor de 1 500 millones de pesos colombianos, 60% del cual debía ser aportado por Isrex y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). El resto del dinero provenía de un préstamo contraído por las familias campesinas. Ocho años después, la inversión de Isrex seguía sin materializarse y el proyecto fracasó. Las autoridades colombianas se desentendieron del caso y un juez decretó que las tierras de las comunidades se subastaran para pagar las deudas. Unos años después, el antiguo representante de Isrex, Luis Vicente Cavalli Papa, reaparecía en la escena, como directivo en Colombia de la empresa israelí Innovative Agro Industry, propiedad del Grupo LR, que proyectaba ampliar sus plantaciones de cacao ecuatoriano hacia Colombia. En 2022, se confirmó el proyecto desarrollado por Bean & Co., filial del Grupo LR, en las localidades colombianas de Santa Lucía y Suan, en el marco de un plan de siembra de cacao sobre 1 500 hectáreas.

Este grupo, con el Grupo Mitrelli, con quien comparte fundadores, forma parte de un conjunto de empresas del agronegocio israelí muy poco conocidas. No necesariamente operan en Israel, pero están muy vinculadas a sus servicios militares o de seguridad y se benefician de relaciones políticas de alto nivel. Han usado África como laboratorio para sus megaproyectos agrícolas “llave en mano”. Operan también en Asia, y tienen una presencia menor en América Latina, pero buscan expandirse allí. En este tipo de proyecto, la empresa israelí es contratada para diseñar, encontrar el financiamiento, construir, equipar y gestionar la operación. Consigue financiamiento a través de préstamos facilitados por bancos israelíes o europeos, asegurados por una agencia de crédito a la exportación de Israel u otro país, a través de una filial de la propia empresa situada en algún paraíso fiscal. A pesar de las promesas de desarrollo, estos emprendimientos millonarios suelen colapsar cuando se agota el dinero y debido a la escasa capacidad de adaptación a las condiciones locales. En algunos casos han habido indicios de corrupción. Pero por lo regular, quien acaba asumiendo las consecuencias es el país donde tiene lugar el proyecto, que acaba aún más endeudado. Se suele usar la mano de obra barata local, generando denuncias por explotación laboral.

En Guyana, la sociedad civil y el colectivo local BDS exigen actualmente la ruptura del contrato del Grupo LR con la empresa Demerara Distillers Limited (DDL). Se trata de un proyecto valorado en 20 millones de dólares, que incluye a 500 vacas importadas desde Estados Unidos, cuya leche será exportada hacia otros países del Caribe desde finales de 2025. El contrato fue gestionado por Joseph Haim Harrosh, directivo del Grupo LR, que estuvo también involucrado en un dudoso proyecto de parque agroindustrial de 600 hectáreas en Surinam, valorado en 75 millones de dólares (67 millones de euros de la época). Las investigaciones del diario Parbode reportan que el contrato firmado en sigilo en 2018 se sustentaba en un crédito del Credit Suisse, garantizado por el Estado surinamés. La preocupación por la viabilidad económica, que amenazaba con generar más deuda para el país, fue uno de los principales motivos de cuestionamiento desde varios sectores de la sociedad, incluido el propio gobierno.

En el momento en que cerramos este artículo, varios gobiernos negocian un incierto acuerdo de paz en Sharm El Sheikh. Las incógnitas son varias, sobre todo en lo que atañe a la impunidad de Israel por el genocidio y al propio futuro de Palestina. Mientras tanto, más de cien personas voluntarias convocadas por la UAWC se afanan en la cosecha de las olivas, apoyando al campesinado cisjordano bajo la constante agresión de los colonos y el ejército. Es tan sólo una muestra más de la movilización popular que se ha ido intensificando a nivel global, poniendo el cuerpo desde las calles, los puertos y los mares en apoyo al pueblo palestino. Desde hace años, y ahora de forma más sistemática, una de las estrategias ha consistido en las campañas de boicot de las empresas que están vinculadas al apartheid. A la vez, es cada vez más importante denunciar el modus operandi del agronegocio israelí, por su contribución al sistema agroindustrial global que amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos y por exportar el modelo colonial desarrollado en detrimento de Palestina.

* El 1 de diciembre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes atacaron las oficinas de la UAWC en Ramallah y Hebrón. Detuvieron a miembros de la organización, sometiéndolos a un trato duro y humillante, mientras realizaban registros violentos en todo el edificio. La redada causó la destrucción y confiscación de todo el material de oficina. También se dirigió específicamente contra las infraestructuras del banco de semillas palestino en Hebrón, destruyendo las reservas de semillas que representan su patrimonio genético vegetal. En el momento de la publicación, dos personas seguían detenidas y la condena internacional del ataque no cesa de crecer. https://viacampesina.org/en/2025/12/alert-la-via-campesina-strongly-condemns-attacks-against-its-member-organisation-in-palestine-and-denounces-the-arbitrary-arrests/