¿Quién gana y quién pierde? Capitalismo y desastre ambiental

La crisis socioambiental que afecta al estado de Rio Grande do Sul trae oportunidades para ampliar los mecanismos de clientelismo, corrupción y debilitamiento de la democracia representativa, pero también apunta a alternativas para su recuperación.

Las cifras son gigantescas. Afectó directamente al 75% de la población de Rio Grande do Sul, en 425 de los 497 municipios y a toda la economía regional, en una perspectiva de largo plazo. Comprometió la viabilidad de 47 mil industrias, que emplean unas 800 mil personas. Más de 200 mil propiedades rurales afectadas perdieron unos 2 millones de toneladas de soja, 354 mil de maíz, 160 mil de arroz, 18 mil de frijol, más de 1 millón de aves, 17 mil bovinos, 15 mil porcinos, frutales, huertas y al menos 16 mil colmenas de abejas, y se alteraron múltiples funciones ecosistémicas.

La degradación del suelo y la sedimentación de ríos, lagos y ciudades amenazan no sólo la fertilidad y la capacidad productiva futura de los suelos, sino también la salud humana y ambiental. Es enorme la presencia de residuos de pesticidas en sedimentos arrastrados por el agua, llegando a poblaciones de microorganismos establecidos en rocas, depósitos y maderas sumergidas en el agua. Todo el veneno retenido en el suelo de los cultivos y en los asientos devastados por la inundación ahora quedará retenido en zonas residenciales, hospitalarias, escolares, repositorios de los sedimentos que no fluyeron por la Lagoa dos Patos al océano.

Aún no se ha cuantificado las implicaciones de esta contaminación en la salud humana y ambiental, en la probable aparición de zoonosis, ni en la supresión de los huéspedes naturales o la mayor fragilidad del sistema inmunológico de una población humana, física y psicológicamente impactada por la novedad y la magnitud de este drama colectivo.

El aumento de los precios de mercado y la reducción de la producción de alimentos destinados al autoconsumo sugieren una tendencia a la malnutrición y la inseguridad alimentaria.

Se destaca la confluencia de al menos tres factores correlacionados: la posición y geografía de Rio Grande do Sul; el desequilibrio del ecosistema global asociado a la hegemonía planetaria del sistema capitalista y su resultante calentamiento global; la ocupación de este territorio por la agroindustria y los impactos de su modelo depredador dominante.

Con el calentamiento global, inmensos volúmenes de agua retenidos de antes en los casquetes polares han alterado radicalmente los patrones conocidos, generando precipitaciones muy superiores a los promedios históricos en las regiones altas del estado. En consecuencia, las diferencias de altitud, de hasta 800 metros entre las cuencas hidrográficas y las llanuras irrigadas de las regiones bajas, y la sedimentación de los ríos implicados, explican la velocidad y la violencia de la escorrentía superficial. Los daños se agravaron por la supresión de funciones ecosistémicas relacionadas con los cursos de agua, a consecuencia de la forma de ocupación y la impermeabilización del territorio.

Con incentivos oficiales, una cubierta biodiversa fue reemplazada por monocultivos estacionales sobre todo soja (afectando bosques, bosques ribereños, pastos nativos, humedales y otras formas de protección del suelo), que no sólo restringieron su capacidad de absorber y retener agua de lluvia, sino que provocaron la sedimentación de ríos, ampliando los límites de las regiones inundadas.

En cuestión de horas, millones de metros cúbicos de agua llegaron a zonas impermeabilizadas por la urbanización, a lo largo de las orillas de los ríos aguas abajo del Río/Lago Guaíba. Éste y las grandes lagunas se encuentran casi que al nivel del mar, con el que se comunican a través de un estrecho canal en Barra do Rio Grande, por donde escapa la carga de agua drenada por 27 ríos. Y, allí, la marea alta y los vientos del sur actuaron como barreras que redujeron la velocidad del vaciado, determinando el “esparcimiento” de la inundación. Todo esto ya se advertía: un importante y costoso informe analítico que se consideró políticamente inconveniente fue desestimado por los gestores públicos.

Los cambios en la forma de ocupación del territorio, estimulados mediante créditos subsidiados, desgravaciones fiscales, desmantelamiento de legislaciones protectoras y vastas campañas de marketing ilusionistas, que en su conjunto terminaron configurando la aceptación acrítica del modelo de agronegocio, hegemónico en Rio Grande do Sur y en el país, fueron decisivos para la catástrofe actual.

La difusión de conocimientos científicamente sustentados, que permitan desenmascarar los contenidos falsos y los intereses políticos asociados a ellos, posibilitarán la viabilidad de procesos de desarrollo amigables con la naturaleza y compatibles con principios fundamentales en relaciones de complementariedad y sinergia.

Los miles de millones de reales previstos para recuperar la región atraen a las transnacionales del sector y a sus agentes locales. Es la “economía del capitalismo de desastre”, que implica consultorías especializadas en captar oportunidades de negocio que no se darían en situaciones normales. Sus recomendaciones tienden a ser controvertidas, ya que abordan servicios que inducen liberaciones del sector público y la expansión de las aperturas corporativas que, al final, al transformar las catástrofes en mercancías, aumentan las oportunidades de corrupción y clientelismo político. La democracia se fragiliza.

Se espera que la recuperación de Rio Grande do Sul movilice a la sociedad hacia iniciativas que permitan:

1. Establecer mecanismos para evaluar, priorizar, implementar y monitorear actividades de recuperación que incorporen consejos representativos de la comunidad científica, organizaciones sociales y poblaciones afectadas, con elementos de transparencia, desde la recuperación de la biodiversidad y el cumplimiento de la legislación ambiental.

2. Implementar la Política y Programa Estatal de Agroecología y Producción Orgánica (PEAPO), incorporando consejos consultivos a nivel estatal, con contrapartes regionales y municipales, en la línea de los servicios de salud, fortaleciendo mecanismos de apoyo a producir y comercializar alimentos limpios.

3. Reactivar el Programa Estatal de Reforma Agraria, a modernizarse con base en los criterios y propuestas del Programa de Reforma Agraria Popular del MST.

4. Fortalecer las articulaciones activas entre las fuentes de saberes/experiencias populares y el conocimiento científico, con evaluación y estímulo financiero para multiplicar los resultados positivos, y que participen organizaciones sociales, grupos ambientalistas, centros de agroecología y la comunidad científica con miras a implementar agrobosques y producir a gran escala alimentos limpios con tecnologías amigables con la naturaleza.

5. Implementar/calificar y hacer obligatorio un programa estatal de educación ambiental formal e informal, para todas las edades, involucrando escuelas públicas y privadas, apoyado en un mecanismo de comunicación social, con contenidos elaborados por organizaciones ambientalistas.

6. Revisar y calificar la zonificación climática ecológica y económica de las exploraciones agrícolas, energéticas y mineras, y establecer criterios que orienten los incentivos y restricciones a las operaciones de crédito y seguros agrícolas.

7. Reevaluar y, en su caso, corregir los cambios establecidos por el gobierno de Eduardo Leite, en la ley de plaguicidas de Rio Grande do Sul, en la legislación ambiental y en el otorgamiento de beneficios a las empresas que actúan en el sector.

Para lograr la recuperación de Rio Grande Sul, es necesario esclarecerle a la sociedad las causas y responsabilidades subyacentes a la tragedia actual, pero también asegurar el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza participativa: acciones de un carácter solidario y actividades económicas respetuosas con la naturaleza.

Las inversiones aplicadas a la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, que durarán décadas, deben garantizar la recuperación de valores en desuso, en particular en el ámbito de la ética y la moral públicas, valorando a la población.

Las experiencias abandonadas en los gobiernos recientes, como los presupuestos participativos, los consejos de desarrollo regional, los programas estatales de microcuencas, la reforma agraria y la educación ambiental formal e informal, deben ser recuperadas y adoptadas como instrumentos para movilizar a la sociedad.

Son caminos necesarios, aunque insuficientes para enfrentar las tendencias degenerativas que someten a la región a la incapacidad, ineficacia y negligencia de agentes públicos captados por intereses mercantilizantes de todo en detrimento de la condición humana.

Necesitamos una revisión amplia de las formas de aprender, controlar y valorar los espacios de gestión y representación social, y reconstruir vínculos favorables al acercamiento de la sociedad con la naturaleza.

Que la zona de sacrificio, que se constituyó en Rio Grande do Sul, sirva de base para recuperar vínculos de mutualidad, y experimentar caminos menos dramáticos ante las emergencias climáticas que seguramente ocurrirán en otros regiones dominadas por el mismo proceso de degradación.

Que este desastre contribuya a la construcción de valores cognitivos y sociales no discriminatorios, ajustados al desarrollo del espíritu y la solidaridad humana. •

Una versión completa con referencias puede consultarse en https://periodicos.unb.br/index.php/rbagroecologia/article/view/54414/40375