Cortarle las piernas al gigante agroindustrial

Frijol forrajero canabalia

Estos impulsos oficiales se recrudecen con la firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos o multilaterales como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica) que impactan todas las esferas de la vida pública de los países imponiendo procesos y disposiciones legales en muchos sectores, incluido el agropecuario.

En el acuerdo entre la UE y México se dispone la cooperación en el sector agropecuario donde “Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial y rural” y “Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de la OMC”. En el T-MEC acuerdan “la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola” lo que se traduce en producción de mercancias agropecuarias ajenas por completo a alimentar a la población.

La serie de adecuaciones legales se apegan a las normas internacionales de la producción agropecuaria, pero son normas que homogenizan la producción industrial de alimentos en cualquier parte del mundo: desregularizan la propiedad social de la tierra y la acaparan por compra, renta, invasión, desalojo, contaminación; rodeándola de agroindustria o quitándole el agua. Establecen normativas de privatización de las semillas según los estándares de UPOV y reservorios para marginar y folclorizar la agricultura campesina. Todos mecanismos de control de productos y procesos bajo pretexto de la inocuidad y la estandarización.

En Jalisco, México, los campesinos enfrentarán las consecuencias de la recién aprobada “Ley Agroalimentaria del estado de Jalisco”. Ésta plantea “Asegurar al estado de Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad”; “prevención fitozoosanitaria y el fomento de la inocuidad agroalimentaria”; “implementar los instrumentos, mecanismos y regulaciones necesarias para contar con un sistema promotor y clasificador de las calidades de los productos del sector agroalimentario”; “ejecutar en cualquier tiempo y lugar, las diligencias necesarias para la práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella deriven”.

En septiembre de 2011 Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, pregonaba a los medios de comunicación que “Argentina es ya un líder mundial agroalimentario capaz de producir alimentos para 400 millones de personas”. Argentina cuenta con unos cuarenta millones de habitantes y vive desde entonces una profunda crisis económica y alimentaria. Ella se refería a la producción y exportación de soja, biodiesel, maíz, aceite de girasol, trigo, ajo, jugos de manzana y de limón, entre otros productos de producción industrial que afectan el empleo y benefician a unas cuantas industrias del agronegocio.

La pérdida de variedad y calidad de la alimentación rápidamente se pierde en las regiones donde invade el sistema agroindustrial. En Jalisco, su “innovadora” disposición legal se orienta al control de plagas siendo que por sus monocultivos es la propia agroindustria la generadora de resistencia y propagación de plagas. Dicha ley establece instancias en las que están plenamente presentes las empresas y el sector público, sin considerar de ninguna manera al sector campesino y ciudadano. Abre la puerta a contratos y convenios con instancias educativas y de capacitación de las mismas empresas que producen y comercializan agroquímicos y semillas patentadas con el pretexto de promover “buenas prácticas en el manejo de agroinsumos” ligadas al control de sus plagas, pero muy ajenas a la producción real de alimentos sanos y libres de contaminantes químicos agrotóxicos.

Tal ley de sanidad no considera la emergencia ambiental, alimentaria y de salud que ya provocó el “Gigante Agroalimentario” en la región. El gobernador, secretarios y políticos en turno continúan embebidos con los falsos números de las exportaciones, sin considerar que esos ingresos son insuficientes para enfrentar la emergencia multifactorial. Entretanto los niños en las poblaciones cercanas a regiones agroindustriales son intoxicados por múltiples venenos con alarmantes síntomas. Capacitadores corporativos les enseñan a usar, como cosa de gracia, los trajes “de astronauta” para el buen uso de agrotóxicos violando toda su esfera de derechos a la salud, a un ambiente sano y el respeto a toda su emocionalidad.

Simultáneamente se pretende aprobar la “Ley Federal de Variedades Vegetales”, algo que la Red en Defensa del Maíz califica de “grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria” ya que pretende “asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras”.

“La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie”.

Con estas y otras leyes se corre el peligro de dejar en la “ilegalidad” todas las prácticas agrícolas tradicionales y agroecológicas que producen alimentos sanos, nutritivos y diversos en todas las regiones.

Dicen los miembros de la Red Agroecológica de Loja, Ecuador, en su cartilla “Nuevas leyes de sanidad e inocuidad, ¿Promover o devastar el sistema alimentario local?” elaborada para analizar comunitariamente la ley orgánica de sanidad agropecuaria aprobada en junio de 2017 tras la firma del TLC entre Ecuador y la Unión Europea. “Esta andanada de acuerdos y leyes hechos para cumplir los intereses de las empresas transnacionales pretenden promover una sola forma de producir alimentos sin pensar en la población y manteniendo el sistema productivo agroindustrial que genera altísimos niveles de calentamiento global, contaminación y graves efectos en la salud”, que en esta región afecta la ancestral producción artesanal de lácteos y ganado.

En cualquier país estas políticas provocan las mismas emergencias de salud, contaminación y ataque a la vida campesina y rural.

“Con esta ley se pretende imponer requisitos que se deben cumplir para sacar a vender semillas y productos alimenticios en el mercado. A esto se suma la prohibición de usar insumos no registrados y no autorizados. Se ponen trabas para el desposte de animales y el transporte a los mercados locales para la venta”. Imponen “participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (Art. 22 y 25), a pretexto de prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades”.

“Avanza un modelo de agricultura industrial, de monocultivos y monocrianzas de animales, basada en semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas, alimentos balanceados, antibióticos y vacunas”.

Pero subsiste la agricultura campesina diversa, en pequeñas propiedades con un bajo uso de insumos comerciales, practicando una agricultura diversificada, con tendencia a una agricultura ecológica e integral con insumos producidos y mejorados en la propia finca.

En los pueblos y comunidades hay principios básicos, como la agricultura, que guían las decisiones, y son siempre la posibilidad de construir una forma de vida y convivencia que se va corrigiendo en la práctica o el camino, con la asamblea y la experiencia.

Históricamente se ha insistido en que los campesinos modifiquen sus cultivos en función de los intereses de las grandes industrias. Así vastas regiones se convirtieron en productoras de monocultivos.

Se ha buscado desenraizarles imponiendo las condiciones para usar su mano de obra en el agronegocio y otras industrias. Muchas políticas proponen sacar a los habitantes del campo, y ya no incluirlos en los sectores productivos agrícola o industrial sino mandarlos directamente al sector servicios —definitivamente desconectados de las actividades relacionadas con sus tierras y territorios, prisioneros en el ámbito de la especulación del ecoturismo, el folklor, los servicios ambientales; proveedores de insumos para las industrias (minera, petrolera, construcción) según los planes de manejo y programas oficiales-empresariales, ajenos a las actividades y decisiones comunitarias. Y que sólo quede en el campo la producción automatizada.

En Jalisco, en las asambleas y talleres regionales contra la agroindustria y las afectaciones ambientales y a favor de la agroecología se dice: “sólo queremos vivir bien y que se reconozca lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro trabajo”. “Desde hace cientos de años llegaron los hombres de empresa con el fin de progresar ellos mismos a costa del trabajo y la riqueza de los pueblos campesinos e indígenas. Y no han cesado de imponer su dominio. Pero los pueblos se han levantado siempre y han buscado sembrar la tierra como lo hicieron sus padres y de esa forma han trasmitido su sabiduría y han logrado resistir”.

El movimiento Basta es Basta en Argentina (que surgió ante el hecho de que 700 mil niños y adolescentes de escuelas rurales corren riesgo por las fumigaciones con agroquímicos sin control en los campos aledaños a los centros educativos, frente a una agroindustria que fumiga escuelas y comunidades rurales), denuncia: “en dos años obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición para los productores ahogados por un modelo agotado apeló contra los derechos humanos y ambientales [...] en vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio”.

En diciembre de 2019 el movimiento denunció: “ante un probable decreto por parte del gobernador Bordet que disminuye las distancias de fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros las terrestres y a 200 metros las aéreas contrariando el fallo del Supremo Tribunal de Justicia que ordena alejar las pulverizaciones a mil metros y 3 mil metros respectivamente de cada escuela rural de Entre Ríos, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos: ¡Basta es Basta! advertimos: señor gobernador, los intereses de niños, niñas y adolescentes son considerados superiores por tratados internacionales supraconstitucionales”.

El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado.