Paraguay es un territorio privilegiado en agua potable; se calculan unos 336 km cúbicos por habitante, es decir, cada persona tiene una reserva de 67 mil metros cúbicos anuales. Esta reserva se ve amenazada cada vez más por la expansión del agronegocio en las dos regiones del país. Desde varias disciplinas se están realizando estudios en la fauna, la flora y los seres humanos, sobre los impactos de los agronegocios que corroboran las denuncias realizadas por las comunidades y organizaciones sociales. El uso intensivo de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes químicos, cambiaron radicalmente la forma tradicional del cultivo de los alimentos, la relación con la naturaleza y las relaciones humanas. Se empezó a cultivar con OGM en los noventa del siglo XX con semillas traídas de contrabando desde Argentina y Brasil. El territorio se expandió primero al sur y luego hacia el este. En 2004, año de habilitación legal de la primera semilla transgénica en el país, la soja RR, el suelo paraguayo ya tenía casi dos millones de hectáreas de soja, casi toda transgénica El modelo agroexportador se instala en una de las zonas más fértiles del país (parte del Bosque Atlántico que inicia en Brasil, pasa por Paraguay y culmina en Argentina). Debajo se encuentra el Acuífero Guaraní, con una extensión de 71 mil 700 km2. En territorio paraguayo es donde se encuentra a menor profundidad, y se recarga fácilmente con aguas superficiales. Ahí se encuentran las grandes extensiones de cultivo de soja y maíz transgénico, y otros monocultivos como canola, trigo, avena y caña dulce. Lo que fue un bosque inexpugnable se ha convertido en un “desierto” verde. Detrás ha quedado un tendal de comunidades desmanteladas, poblaciones expulsadas, contaminación de agua, destrucción de bosques, enfermedades y muerte. Las empresas extranjeras en la zona, Dreyfus, Cargill, ADM, complementan el panorama desolador que provoca la existencia de cultivos extensivos. El trayecto que conecta las principales zonas rurales del país, por donde circulan los camiones transportadores de soja y otros productos, está plagado de propaganda de las semillas transgénicas y de silos. Sobre el río Paraná existen 11 puertos y sobre el río Paraguay 24 puertos, todos privados, que se utilizan para el traslado de estas materias primas de exportación. Los agronegocios no sólo dañan las fuentes de agua, sino que también se apropian de ellas. El agua que utiliza en su crecimiento la producción de la soja se conoce como agua “virtual”. Para un kilo de grano de soja, se calcula que se utilizan unos 2 mil 300 litros de agua. En el ciclo 2016-2017 se sembraron unas 3 millones 388 mil hectáreas, con una producción de 10 millones 336 mil toneladas de soja. Se puede trasladar este cálculo al sector de la ganadería, que en ese periodo exportó 466 millones 807 mil kilos de carne vacuna, cada kilo de carne producida utiliza 15 mil 500 litros de agua. Haciendo una sencilla multiplicación, se obtiene un resultado de más de 7 billones de litros de agua utilizados en la ganadería en el año 2016. La ganadería es la que mayor cantidad de agua utiliza (46%), la agricultura (27%), el complejo sojero (16%), la actividad forestal (9%), algodón (2%) y otros sectores (1%). Es notoria la apropiación del agua por los sectores económicos de mayor generación de riquezas, pero sin aportar por el uso intensivo de la misma. Se calcula que el complejo agroindustrial aporta solamente 6%, con una participación de 25.3% en el Producto Interno Bruto. El modelo económico impone un desigual acceso al agua, que afecta sobre todo a la población rural. El panorama se complejiza con la contaminación de las fuentes de agua por agrotóxicos y fertilizantes químicos. Para el ciclo agrícola 2016-2017 de soja transgénica, se calcula que se utilizaron unos 8 litros de agrotóxicos y/o fertilizantes por hectárea. Es decir, unos alarmantes 27 millones de litros sólo en la soja, más el cultivo de maíz, trigo, canola, caña dulce y arroz que abarcan más extensiones de tierra. Contaminar así es una apropiación indirecta del agua, evitando la existencia de agua potable para uso doméstico y para los animales de las chacras campesinas e indígenas. Las industrias de procesamiento de almidón y caña dulce también usan cantidades extraordinarias de agua. La ley 3239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay fue promulgada en 2007, tres años antes de la Resolución 64/292 de las Naciones Unidas del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Taxativamente en su Artículo 1, expresa la regulación de “la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay”. La ley todavía no se reglamentó, porque arriesga los intereses de los empresarios dedicados a la comercialización del agua, dado que actualmente no se cobra por extraer agua del subsuelo. En lo relativo a la disponibilidad y otorgamiento de permisos y concesiones establecidas en dicha ley, “El caudal ambiental de la fuente de agua a ser utilizada, y la cantidad y la calidad del recurso hídrico disponible, deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha otorgado el permiso, atendiendo la permanencia del caudal ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos”, y deberá haber “Seguridad de que no causarán contaminación o derroche de agua”. Paraguay cuenta con tres grandes acuíferos, y dos cuencas de agua superficiales que riegan todo el país. El acuífero Patiño con mil 777 km2, se ubica en el Departamento Central, donde se halla la mayoría de las empresas privadas de servicio de agua. Así como en la zona rural la explotación del agua no tiene límites, en la urbana, el problema es otro. Sólo 75%, de los habitantes urbanos tienen agua asegurada. De este porcentaje, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA cubre 36%, las empresas privadas (aguateras) 13%, las Juntas de Saneamiento (comunitaria) 37%, Municipalidad (1%) y Comisión Vecinal (comunitaria)13%. El resto de la población (25%) accede a agua sin tratamiento, es decir, manantiales, arroyos, y pozos artesianos. En el país existen unas 20 instituciones cuyo principal tema es el agua, directamente involucradas en la solución de este problema sea con soporte técnico, provisión de cañerías, fondos para excavación de pozos, capacitación, control de la calidad del agua y del precio. Desde ministerios, secretarías, direcciones, hasta organismos no gubernamentales, la forma de organización, permite la “desorganización” del sector. Ninguna tiene la facultad de controlar el nivel de extracción ni el uso del agua. Existen unas cien empresas registradas ante el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que comercializan agua embotellada, entre ellas cinco extranjeras (Omnilife Ble de México, Sfiere de Brasil, S. Pellegrino de Italia, Virgen de las Ánimas de Uruguay y Evian de Francia). Es notoria su presencia, pues el mercado interno está saturado con marcas nacionales. La presencia de embotelladoras de agua en casi todo el territorio paraguayo muestra la falta de normativas que prohíban la excavación o extracción en ciertas partes del territorio, donde existe déficit hídrico por el uso excesivo de grandes plantas industriales lácteas, cárnicas y arroceras que utilizan mucha agua en el procesamiento. Empresas extranjeras como Coca Cola (Dasani), Pepsi Cola (Aquafina), Cervepar (Brasil) tienen instalaciones sobre el acuífero Patiño, que abarca la totalidad del Departamento Central. El nivel de descontrol y la ausencia de un órgano contralor permite la existencia de más de 50 empresas embotelladoras de agua que la extraen del acuífero Patiño, más la instalación de frigoríficos, estaciones de combustible, y la urbanización descontrolada, provocan alteraciones en la calidad del agua, que son aprovechadas por las empresas embotelladoras. De continuar con este ritmo de explotación del acuífero, se corre el peligro de que se seque o se convierta en una fuente de agua salada, por la intromisión de sales desde el río Paraguay. La mayoría de la población marginada no podrá acceder a agua potable proveída por un servicio público y necesitará comprar agua embotellada para sobrevivir, violando los derechos al agua. El agua, uno de los bienes comunes indispensables para la vida misma, es apropiada y mercantilizada lo que constituye un ejemplo más de cómo las grandes empresas atentan contra los derechos de los pueblos. Para una versión completa con referencias, consultar la página de Base-IS: http://www.baseis.org.py/