Reformas estructurales, tratados de libre comercio y guerra a la subsistencia

1. El Tribunal Permanente de los Pueblos en México

De octubre de 2011 a noviembre de 2014, sesionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP): un espacio jurídico internacional autogestionario que continúa el trabajo del legendario Tribunal Rusell —de gran visibilidad entre 1966 y 1976 al juzgar los crímenes de guerra en Vietnam y los horrores de las dictaduras del Cono Sur.

Al solicitar la intervención del TPP, el grupo de organizaciones, comunidades y personas que promovieron su presencia en México señaló: “En esta espesura legal en que nos encontramos, es para nosotros urgente hallar un referente que incluso vaya más allá de la institucionalidad internacional y sea en verdad independiente, lo que nos permitirá documentar de forma vasta, abierta (y sin embargo rigurosa) todo tipo de agravios”. 1

El problema es estructural, sistémico, complejo: lo agravaron las políticas de ajuste de los ochenta al punto de adquirir carácter irreversible con los tratados de libre comercio y su cauda de cláusulas “paulatinas” o “de revisión”. En el diagnóstico, el Estado mexicano incurre en “desvío de poder”: porque le “abre margen de maniobra a las corporaciones mientras obstaculiza que la población logre justicia por los canales legales o institucionales: hay una impermeabilidad de las instancias del Estado, un enmarañamiento jurídico y la fabricación de políticas públicas, reformas constitucionales y leyes que abrogan derechos colectivos, atentan contra ámbitos comunes y vuelven volátil el pacto social”.2

El capítulo México del TPP identificó el libre comercio como centro de una dinámica sistémica que sojuzga al derecho ante los intereses económicos de sectores ajenos a la población en su conjunto, por lo que toda la sesión del TPP (2011-2014) fue identificada como Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México.

En 3 años la sociedad civil mexicana documentó siete procesos que resumen la insostenible situación: violencia generalizada (decenas de miles de desaparecidos, represión, militarización, encarcelamiento y más de 100 mil asesinatos); devastación ambiental; precarización laboral y represión al sindicalismo independiente; violencia de género y crímenes de odio; expulsión/migración imparables; falta de libertad en los medios y violencia contra los comunicadores; un ataque integral a la vida campesina, la soberanía alimentaria y a los ámbitos colectivos de tenencia de la tierra —el proceso que nos ocupa en este documento.3

Durante 2013 diversas comunidades y organizaciones —cercanas sobre todo a la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales—, celebraron talleres en diversas regiones y localidades, sistematizando los agravios sufridos por el abandono institucional del campo, las políticas que atentan contra los pueblos indígenas y la vida campesina, la devastación de la territorialidad, la subsistencia y la vida digna de las comunidades, la voracidad del sistema agroalimentario industrial, y por supuesto la irresponsabilidad de promover el maíz transgénico y la importación masiva de maíz de dudosa calidad para usos industriales.

En veinte talleres, cinco preaudiencias, una audiencia final y una audiencia complementaria, los recuentos sistemáticos concitaron dictámenes particulares y una sentencia final del eje donde los jurados nacionales y extranjeros reconocieron —por primera vez en un ámbito jurídico internacional— lo vasto y sistemático del ataque contra el campesinado y la producción independiente de alimentos. (Una de las preaudiencias la organizó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y consolidó un diagnóstico a muchas voces sobre los peligros de los transgénicos y de la ciencia sesgada a favor de las empresas, una tecnociencia que contradice los principios auténticos del método científico que reconoce la complejidad y la incertidumbre como principios fundamentales.)

Todos los casos arrojaron evidencia de que las llamadas reformas estructurales, las políticas públicas internacionales promovidas desde los años ochenta, son las responsables, junto con los cambios constitucionales y la reforma a leyes y reglamentos, del desmantelamiento jurídico e institucional que golpea la vía campesina. La subordinación de la agricultura mexicana a los intereses de un sistema agroalimentario industrial mundial dominado por unas cuantas corporaciones transnacionales, el deshabilitar al campesinado para que no les sea rentable producir sus propios alimentos, la interrupción o erosión del proceso continuado de creación de biodiversidad agrícola y cultural-social, son efectos directos de estas políticas y de los tratados o acuerdos de libre comercio (que funcionan como candado para hacerlas irreversibles).

Las corporaciones del sistema agroalimentario industrial mundial no perdonan a los agricultores, sean de subsistencia o comerciales que buscan vivir de las actividades agropecuarias aun con las reglas impuestas por el modelo dominante, pues van siendo marginados “conforme se desploma la tasa de ganancias y las corporaciones deciden degollar a todo aquel que se interponga en el camino de su propia estabilidad financiera”.4 Resultan afectados los consumidores en ciudades y ámbitos rurales por igual porque ya no pueden decidir sobre sus propios alimentos y se hallan prisioneros de las políticas públicas y los designios de las corporaciones.

Es una condición estructural de violencia, un proceso de desmantelamiento de los ámbitos rurales, de la propiedad social, de la vida campesina y de la posibilidad de que la gente se alimente a sí misma. Todo en favor de empresas trasnacionales que logran certeza jurídica, y la posibilidad de acaparar vastas extensiones de tierra o construir oligopolios de sectores de mercado claves, como la semillas o la compra y distribución de granos, su procesamiento y venta al público. El resultado es la expulsión desmedida, y que las urbes crezcan imparables repercutiendo con renovadas urgencias sobre el campo.

2. Los dictámenes y visiones

El apartado 3.2 de la sentencia final de todo el proceso mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, estableció un fiel cotejo de esta condición sistémica:

La inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.

El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los “perdedores”. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo.

El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas”. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia.5

En noviembre de 2013, el dictamen de la audiencia final del eje Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los Pueblos afirmaba:

Existe una guerra abierta, de carácter criminal, contra la subsistencia autónoma de amplios grupos, entre ellos destacadamente la de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Al despojarlos de sus medios autónomos de vida se les condena a la migración, a la dependencia de programas asistencialistas, a la miseria, a la marginación y a la muerte... La imposición de un modelo agroindustrial intensivo —del que los transgénicos son uno de los instrumentos más extremos— por parte del Estado mexicano y corporaciones como Monsanto, Syngenta, Dow, BASF o Cargill, no sólo constituye un ataque a una cultura, sino también una verdadera guerra contra la subsistencia, impulsada mediante la fabricación de leyes que impiden la defensa de la agricultura campesina y la producción independiente [de alimentos].

Para el TPP, las políticas públicas y las leyes privilegian a las corporaciones mientras erosionan la rentabilidad general de la actividad agrícola, atentan contra la seguridad alimentaria de la población; abren el acaparamiento de tierras y agua; imponen semillas de laboratorio (híbridas y transgénicas) e insumos altamente tóxicos; criminalizan las semillas nativas campesinas y su tramado de relaciones; impulsan vastos sistemas de propiedad intelectual. Las corporaciones se apoderan de toda la cadena alimentaria (de la tierra al comercio al menudeo), los territorios vacíos los invaden con proyectos extractivistas, inmobiliarios, turísticos, de seudoconservación, basura y otros. Cunde la devastación ambiental.

Las diversas organizaciones y comunidades presentaron sus casos con una visión integral y panorámica de lo que significa este ataque para la agricultura y la producción independiente de alimentos. Los dictámenes nos muestran la fuerza con que fue planteada esta integralidad en los diferentes espacios. 6

La evidencia surgida de los casos (de grupos y comunidades) permitió configurar un agravio central, que retomaron tanto el dictamen final de la audiencia general de noviembre de 2013 como la sentencia final del TPP en noviembre de 2014. Esta concreción recibió el cotejo de la obra del filósofo Jean Robert y de los trabajos de Iván Illich.7 En la preaudiencia de Tepoztlán, los dictaminadores lo devolvieron así:

El objetivo de los ataques [de corporaciones y gobierno] es el despojo total, quitar a los pueblos sus saberes, sus formas de construir una mirada, un sentido y un actuar propio, sus formas de convivencia y, por supuesto, sus medios de subsistencia. Ello con el objetivo de convertirnos en individuos aislados, sin lazos sociales, sin arraigo a un territorio, a la tierra o a un barrio, dependientes al momento de alimentarnos y trabajar, para así dejarnos sin más alternativa que convertirnos en mano de obra sumisa, barata y desechable.8

3. Los agravios

La acusación general buscó una mirada integradora como método de relacionar los elementos que configuran el proceso. Los dictámenes se hicieron eco de esta integralidad, que no sólo busca explicar una circunstancia sino desentrañar el flujo del sistema y la estructura.

1. El Estado mexicano y las corporaciones están destruyendo, con intensidad inusitada, la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia y la continuidad civilizatoria de un pueblo. Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, de 1992, y otras leyes adyacentes, se despojó a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, abriendo la posibilidad de su renta, venta, hipoteca o enajenación mediante contratos con corporaciones e individuos.9 Se separó la tierra del agua y los recursos naturales, y a los núcleos humanos de los ámbitos que durante milenios custodiaron. Con la nueva Reforma Energética, el Estado mexicano busca erradicar la propiedad comunal y ejidal, la propiedad social de la tierra, mediante leyes secundarias que contemplan la “ocupación” de todo terreno que contenga potencial energético, declarando prioritaria la explotación energética sobre cualquier otra actividad. Este atropello no implica sólo disponer de la tierra abstracta: es el exilio forzado de comunidades enteras e intenta borrar la memoria territorial de las comunidades y los ejidos.10

2. Tampoco se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Solamente se les reconoce como entidades de interés público. Para reconocerle derechos a la autonomía, a los territorios, el Estado mexicano tendría que haber establecido a los pueblos indios como sujetos de derecho público. Sabiendo del acaparamiento, privatización y expoliación que preparaban empresas, gobiernos y organismos multilaterales era crucial NO reconocerles la posibilidad de tener derechos, es decir, herramientas jurídicas de defensa.11

3. Retirar el apoyo a la producción independiente de alimentos atenta contra la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de la población en su conjunto, y socava las bases y estrategias productivas del país. Mientras, todas las facilidades para producir, importar, comercializar y/o promover los alimentos procesados que fabrican a partir de sus propias canales de abastecimiento de materia prima, los consiguen, vez tras vez, las grandes corporaciones. 12

4. Apoyar a la agroindustria significa implantar una dependencia forzada. Los paquetes tecnológicos hacen a la tierra dependiente de agroquímicos muy tóxicos, la erosionan y encarecen la actividad agrícola hasta restarle toda su rentabilidad.13

La dependencia impuesta incluye programas de intensificación de cultivos, de corte enajenante y autoritario (en aras, dicen, de aumentar la productividad, los rendimientos). Se erradican los modos y saberes ancestrales de manejo agrícola sustituyendo semillas ancestrales por toda una gama de semillas de laboratorio (híbridas y transgénicas), registradas y certificadas, compradas a las corporaciones; se impulsa la mecanización, y fertilizantes y plaguicidas químicos. En su sentencia, los jurados de la audiencia final del maíz recalcaron:

Cuando la Revolución Verde se extendió a zonas campesinas y al maíz, ocupó un lugar central de una política que se empeñaba explícitamente en expulsar a los campesinos del campo, para abastecer de mano de obra barata a las ciudades que habían entrado al acelerado proceso de industrialización. Al mismo tiempo, se extendió progresivamente el uso de las semillas híbridas y sus agroquímicos a las zonas de agricultura de temporal tradicionalmente cultivadas con semillas nativas o criollas.14

Sostener grandes rendimientos sólo se logra predando un terreno tras otro y acaparando sin miramientos la tierra, con la idea de que todo es desechable. Se imponen estándares, normas de calidad, sanidad alimentaria y otros criterios “técnicos”, como “buenas prácticas agrícolas, las NOM, la Calidad Suprema, y otras, que se invocan para marginar los alimentos producidos “por la libre”, privilegiando a los producidos bajo el control de las corporaciones, aunque en la práctica sean estos alimentos mucho más nocivos que los populares. 15

5. La guerra contra la subsistencia entraña privatizar saberes, conocimientos y descubrimientos, lo que lleva al extremo de privatizar la vida misma. La propiedad intelectual, las patentes, los derechos de obtentor y todos sus esquemas asociados de certificación, registro y catalogación (por ejemplo de variedades vegetales) se establecen para criminalizar expresamente la custodia e intercambio libre de semillas nativas ancestrales.16 Esa criminalización la promueven las corporaciones y diversas asociaciones, en complicidad con Estados y organismos internacionales mediante sistemas de leyes encaminadas a dejar fuera todas las semillas NO registradas y certificadas por ellos. En el fallo de la audiencia final del Eje Maíz, los jurados señalaron: “las leyes y el aparato judicial están siendo utilizados para burlar principios de derecho y derechos fundamentales de los pueblos. La Ley de Semillas de 2007 convierte en crimen lo que los pueblos han hecho por milenios para cuidar, mejorar, multiplicar y compartir sus semillas”.17

6. El arma más extrema contra la producción independiente de alimentos son los cultivos transgénicos: un control genético, atado a marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial. En los últimos catorce años, el gobierno asumió varias estrategias para contaminar. Primero penetró con transgénicos las regiones, intencionalmente y a trasmano, luego minimizó los efectos de los OGM, promulgó leyes para promoverlos, negó que toda Mesoamérica es centro de origen, terminó la moratoria que existía contra el maíz transgénico y comenzó a otorgar permisos de siembra piloto y experimental en el norte del país.18 En varias pre-audiencias se demostró con pruebas científicas y monitoreos comunitarios, la dispersión de la contaminación transgénica de maíz y algodón campesinos en varios puntos del país (que es centro de origen de ambos cultivos). Y la contaminación de la miel por soya transgénica. Los efectos de corto y largo plazo de esta invasión transgénica son catastróficos para la biodiversidad, la agricultura, la producción de alimentos y la salud de la población, no sólo para México, sino para el mundo, al ser el maíz uno de los principales cultivos de la alimentación mundial.19

En su sentencia final el TPP afirmó: “El gobierno mexicano, debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país”.20

En 2010, Pat Mooney, director del Grupo ETC dijo: “Si ustedes pierden la batalla en el centro de origen del maíz, entonces perderemos los centros de origen de la diversidad agrícola en todo el mundo. No podemos ganar si ustedes pierden”.21

En el dictamen de la preaudiencia de San Luis Beltrán, Oaxaca, se valoró cómo fue que el establecimiento científico se coludió con la contaminación buscando hacerla irreversible. Los dictaminadores recogieron evidencia de “la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de la información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica”.22

Desde octubre de 2012, y tras varios intentos, el 5 de julio de 2013, “un grupo de organizaciones de la sociedad civil, científicos y abogados” interpuso una “Demanda de Acción Colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano”. Esta demanda logró “una medida precautoria que se pidió en tanto se desarrolla el juicio y fue otorgada el 17 de septiembre de 2013. Gracias a ella todos los permisos para la liberación o siembra de maíces transgénicos en todo el país se encuentran suspendidos por mandato judicial”.

Los agraviados sostienen que el Estado mexicano incurre en desvío de poder pues algunas instancias de gobierno y cinco empresas “han promovido 73 impugnaciones contra la Demanda y la Medida Precautoria, hasta el 17 de septiembre de 2014; entre las que activaron recursos de apelación, revisión, revocación, recusación y amparos”.23 Las propias instancias gubernamentales no se detienen para respaldar a las corporaciones con tal de instaurar un instrumento de control que de modo automático privatice no sólo una variedad particular sino especies completas y, a la larga, la actividad agrícola completa. Las acciones legales del gobierno junto con las empresas, el desvío de poder que significan, sin embargo, se empeñan en detener tanto la movilización como la suspensión promovida por la sociedad civil.

7. El acaparamiento del agua se promueve de manera frenética. Se buscan artilugios legales para romper la defensa de las fuentes de agua en los territorios campesinos e indígenas. El despojo del agua a las comunidades locales conurbadas a las ciudades es tan extrema que una parte importante del agua que se le deja a las comunidades es fuente de enfermedad y envenenamiento.24

8. Está en curso la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, escindiendo a las personas, a los colectivos, de sus fuentes y medios propios de subsistencia. La expulsión a las ciudades o a los centros agroindustriales, provoca un tráfico de personas para la mano de obra barata como jornaleros y obreros. Crecen las urbes por las poblaciones descastadas y precarizadas que arriban, lo que recrudece las exigencias urbanas sobre el campo, exacerbando el círculo vicioso entre ambos.25

9. La expulsión implica un vaciamiento de los territorios y su subsecuente invasión para minería, deforestación, y otros esquemas fraudulentos de especulación con el carbono y el oxígeno como los servicios ambientales, REDD, las reservas de la biosfera, que enajenan el manejo del territorio y especulan con el cuidado ancestral de las comunidades.26

10. Las grandes empresas se apoderan de toda la cadena de producción alimentaria. Se aleja el punto donde se producen los alimentos del punto donde se consumen. Se impone la “integración vertical” del sistema agroalimentario industrial: un proceso que atraviesa el acaparamiento de la tierra, la producción y uso de semillas de laboratorio (incluidos transgénicos) con paquetes de agrotóxicos, el cambio del uso del suelo, la devastación-deforestación-acaparamiento-abuso de suelos y agua, el transporte, procesado, empacado, almacenamiento, y llega a las grandes cadenas de comercialización de alimentos. Se condiciona y agrava la sanidad alimentaria, el precio y el acceso de los alimentos. Se desmantelan los mercados locales en aras de los grandes acaparadores de alimentos y las grandes cadenas de supermercados rompiendo las regiones y sus flujos de intercambio más profundos. 27

11. Se impone una violencia extrema contra múltiples procesos históricos de larga duración —muy pertinentes— para comunidades y pueblos. Crecen las amenazas, las coerciones, los encarcelamientos, las desapariciones y los asesinatos de líderes comunitarios, de gente de organizaciones civiles campesinos e indígenas a manos de grupos paramilitares y sicarios promovidos por las empresas agrícolas, mineras, forestales, de infraestructura y otras para atemorizar o desaparecer a los opositores.28

En la preaudiencia de Maní, Yucatán, los dictaminadores recalcó:

Existe un proceso mucho más amplio de acaparamiento de tierras y bienes comunes, de destrucción socioambiental y territorial y de aniquilamiento de los tejidos sociales que forma parte de un plan orquestado para el desplazamiento y vaciamiento de los territorios. El proceso de despojo también pasa por un mecanismo de destrucción del tejido comunitario de los pueblos indígenas. Lo que se busca es fomentar la división comunitaria y la coptación de los líderes. [...] A veces cómplice y otras protagonista, es casi imposible encontrar una línea que divida los intereses del Estado y los de los empresarios nacionales o extranjeros que desean el territorio.29

La sentencia final del Eje de Maíz y Soberanía Alimentaria de noviembre de 2013, estableció que los agravios que sufren las comunidades “se están ejerciendo mediante diversas formas de violencia sistemática, cuyo fin parece ser infundir terror general y profundo, creando un ambiente de caos y provocando confusión y zozobra continua”. 30

Pero la gente resiste. Adquiere perspectiva. Entiende que “las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producen la parte más sustancial de los alimentos del mundo”, pese a la poca tierra a nivel mundial que mantiene, y pese a las condiciones de opresión que les intentan imponer.31

El proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos abrió múltiples espacios y vasos comunicantes donde la gente reunida reflexionó y sistematizó lo que le ocurre. Fue entender juntos cómo transformar las condiciones que pesan sobre la gente. Las comunidades revaloran el papel de su agricultura y su producción propia, independiente, “los cultivos ancestrales, las semillas nativas” y buscan mantener a sus jóvenes en sus comunidades y regiones para que la masa crítica de gente actuando y pensando desde la lógica de la comunidad no se desgaste, no se pierda, no se rompa. Saben que hay que abrir y reforzar a como dé lugar los espacios de reflexión(como núcleo articulador de la construcción colectiva del saber y del entendimiento general del mundo y los quehaceres), la asamblea y la comunidad. Y que los vínculos locales y regionales crezcan y se fortalezcan.

 

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