Reunimos de nuevo más materiales relacionados con la batalla por las semillas, una lucha que libran las comunidades en defensa de sus estrategias más antiguas, de sus sistemas de saberes más elaborados, contra las grandes corporaciones que buscan apoderarse de las semillas para controlar toda la cadena alimentaria. En Biodiversidad, sustento y culturas, insistiremos en que la custodia e intercambio libre y responsable de las semillas es clave para defender el futuro de la humanidad. La temática territorial no se puede ver de manera fragmentada sino conociendo todas las fichas que la componen y el papel que desempeña cada una de las fichas en ese ajedrez político y económico. Cuando hablamos de biodiversidad hablamos indisolublemente de cultura y eso es lo que ha movido a la humanidad desde su origen. Las semillas son parte esencial de la vida; sin ellas nuestro planeta se convertiría en un desierto. Sin ellas no sería posible la agricultura, ni todo lo que ella nos entrega. Estos hechos fundamentales fueron comprendidos por los pueblos del mundo desde hace miles de años. Por eso es fundamental el libre acceso, y el libre uso e intercambio de las semillas como pilares fundamentales de la cultura y la expansión de la agricultura, de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación y todos los contextos productivos y económicos en general. Los países tropicales y subtropicales somos el centro de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación, especialmente en América Latina que es el centro de origen de cultivos como la papa, el maíz, el fríjol, la yuca, el tomate. Cultivos fundamentales que son producto del trabajo colectivo acumulado de cientos y miles de generaciones de agricultoras y agricultores que crearon toda esa biodiversidad que hoy sustenta el planeta. Los países industrializados no son centro de casi ningún cultivo importante en el mundo. Hoy la disputa en el mundo es dónde están los recursos genéticos, la biodiversidad y el conocimiento asociado a ellos. Dónde están las tecnologías para la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos de estos recursos que son el fundamento de la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria nos referimos al poder de decidir qué, cómo, cuándo y cuánto se consume. Es la capacidad de hacer efectiva la seguridad y la autonomía alimentaria. Germán Vélez, Quién maneja los alimentos, maneja el poder: Hacia una necesaria soberanía alimentaria, III Foro Internacional Armenia y Cajamarca, Colombia: “Comunidades, Extractivismo Y Paz”, realizado los días 26 y 27 de septiembre. El rechazo rotundo a la Ley Monsanto ha sido evidente por parte del pueblo campesino e indígena de Guatemala porque atenta contra la soberanía alimentaria y la vida ya que con la aprobación de dicho decreto ley se abre la puerta a la privatización de las semillas criollas. Según detalla el artículo uno del decreto-ley ésta tiene como objeto el reconocimiento y protección de los derechos del obtentor (autor) de una variedad vegetal nueva, amparados en un título de protección vegetal; es decir ampara la propiedad intelectual de las variedades vegetales supuestamente nuevas en el país. Para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) en Guatemala, dicha ley es como una bomba para el pueblo, que vive de la agricultura y que desde miles de años ha sido protector de las semillas nativas. Aracely Saucedo, de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina, dijo que exigen la derogación total de la ley porque no se va a aceptar que se privatice lo que les pertenece a los pueblos. Dijo que la Ley Monsanto viola derechos de los pueblos y las personas, entre ellos el de la soberanía alimentaria que es uno de los principios de la CLOC-Vía Campesina. “Para nosotras las mujeres que somos administradoras y cuidadoras de las semillas son indignantes las políticas de despojo”, señaló Saucedo quien hace un llamado a las y los campesinos del mundo aglutinados en la CLOC-Vía Campesina a pronunciarse y mostrar solidaridad con la lucha del pueblo de Guatemala para que se derogue en su totalidad la Ley Monsanto. La Ley Monsanto pretende privatizar la agricultura ya que en su artículo cuatro refiere que inicialmente la ley será aplicada a por lo menos 15 géneros vegetales, y en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigencia, la ley se aplicará a todos los géneros y especies vegetales. Con dicha ley toda variedad vegetal genéticamente modificada podrá patentarse y cualquiera que reproduzca o produzca cualquier tipo de vegetales patentados sin autorización será sancionado con prisión de uno a cuatro años y una multa entre los mil a diez mil quetzales según el artículo 50 de dicha ley. Guatemala: exigen derogación inmediata de la Ley Monsanto, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, 28 de agosto, 2014. http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/biodiversidad-y-recursos-gencos-mainmenu-37/2233 Criminalizar a las poblaciones indígenas y los pequeños agricultores por el uso de materiales genéticos protegidos con derechos de obtentor abre el riesgo de un nuevo foco de alta conflictividad social, afirmaron en el foro Implicaciones de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (Redfia). Debido a múltiples acciones de rechazo de varios sectores a la ley, diputados promueven cambios e incluso derogarla, pero el panorama se ve complicado para las dos opciones. Lauriano Figueroa, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, afirmó que la ley es incomprensible incluso para los técnicos, y criticó que “nunca se pidió opinión a la academia para su creación”. Destacó que la normativa únicamente menciona a los obtentores o descubridores, pero descuida a los productores y consumidores, lo que calificó de “grave”, pues “atenta directamente contra la seguridad alimentaria del país”. “Aparte de esto está la criminalización de los agricultores. El polen vuela por kilómetros, y puede llegar a polinizar cualquier cultivo, y la empresa bajo el amparo de la normativa puede llegar y reclamar su derecho, como ya pasó en otros países”, comentó Figueroa. Refirió que esas situaciones podrían generar otro foco de conflictividad. “El país tiene suficientes niveles de conflictividad como para agregar un tema extremadamente delicado que tiene que ver con la alimentación y los recursos que esta tierra ha ofrecido, que además están protegidos por otras legislaciones”, afirmó Jorge Cabrera, de la directiva de Asíes y de Redfia. Agregó que otra implicación de la ley es que “viola los derechos de los pueblos indígenas”, porque no reconoce el derecho del conocimiento colectivo, en un país que es clasificado entre 18 naciones megadiversas y origen de una amplia variedad de especies vegetales. “Esta ley es un intento de privatizar la biodiversidad del país y a mediano plazo los alimentos en general”, aseveró Cabrera. Leocadio Juracán, coordinador del Comité Campesino del Altiplano, coincidió con los expertos: “Definitivamente va a contribuir a que se desate un nuevo foco de conflictividad en Guatemala. El control de las semillas y la dependencia de una empresa o de alguien generará mayor pobreza y desnutrición. Será el detonante de más conflictividad en los territorios indígenas”. Carlos Álvarez y Jessica Gramajo, Guatemala, Ley de Variedades Vegetales traerá más conflictividad social, Prensa Libre, http://www.prensalibre.com/noticias/politica/ley_monsanto-decreto_19-2014-ley_de_obetenciones_vegetales-analistas_0_1197480313.html Quien tiene las semillas tiene el poder. El control de semillas, la tecnificación agrícola, la interferencia en la administración de la diversidad de los países del sur, hace parte de un modelo de producción y control alimentario que se sirve de la biotecnología para garantizar el control sobre un insumo esencial a la producción agrícola. Quien tiene las semillas tiene el poder. [...] Algunas reacciones que se publicaron en los medios escritos ponen en evidencia ciertos puntos claves: el desconocimiento generalizado de las medidas legales orientadas al control y monopolio de la producción de alimentos, la ambigüedad jurídica, la criminalización del uso de semillas nativas, la criminalización de las tradiciones agrícolas y culturales del país, etcétera. Si bien es cierto que las problemáticas que se levantan tienen una gran relevancia, sería pertinente, en estos momentos en que se exigen transformaciones estructurales para el sector rural y para el campesinado colombiano, entender que dichas regulaciones se inscriben en un sistema complejo de leyes y decretos, encargados de preparar el terreno para que el control de la cadena de la producción agrícola por parte de multinacionales sea un hecho. Si en un primer momento la problemática pareciera ser asunto exclusivo de los campesinos, detrás de los tecnicismos, de las cuestiones de forma y de la divulgación, se esconde un debate mucho más importante del que debe ocuparse el conjunto de la sociedad. El modelo se ha convertido en una fuente de legitimización de violencias simbólicas y de inadmisibles legales, hasta llegar al absurdo de judicializar un campesino por el uso de semillas criollas o nativas para la producción comercial. Y este absurdo tiene un gran alcance: aniquila saberes, tradiciones, conocimientos necesarios e indispensables para la conservación de la semilla como patrimonio colectivo además de tener un gran efecto en la protección y promoción de la soberanía alimentaria. Olga Nadeznha, “Semillas certificadas, monopolios y soberanía alimentaria”, Palabras al margen, 3 de septiembre, 2014, www.biodiversidadla.org Desde mediados del 2013, el movimiento popular se viene movilizando en ejercicio de contraloría social y poder constituyente de cara al proceso legislativo de la nueva ley de semilla. Así se enviaron los aportes y observaciones al proceso legislativo iniciado por la Comisión de Desarrollo económico de la Asamblea Nacional a fin de garantizar cuatro elementos claves en esta nueva ley, que debe trascender la visión economicista y tecnocrática de la ley vigente desde el año 2002 (Ley de semillas materiales e insumos biológicos). Estos elementos claves son: La no privatización de la semilla a través de patentes y derechos de obtentor determinados por las transnacionales del agronegocio. La prohibición de entrada, liberación, uso, multiplicación y producción de semillas genéticamente modificadas (trasngénicas) en el país. El reconocimiento de las semillas criollas desde una nueva lógica que supere los criterios de fiscalización y certificación impuestos por la agricultura convencional contaminante. La garantía de la participación popular protagónica y constituyente de un nuevo modelo agroalimentario diverso y soberano. En acuerdo con la Asamblea Nacional se inició un proceso de debate popular constituyente por una nueva Ley de Semillas Revolucionaria. Estos debates de carácter autogestionario y autoconvocados por el movimiento popular comenzaron el 28 y 29 de octubre de 2013 en Monte Carmelo, Estado Lara, en el marco de la celebración del “Día de la Semilla Campesina” [...] Hasta ahora han participado más de 2 mil personas provenientes de colectivos, consejos comunales, frentes campesinos y comunas, que buscan consolidar las competencias del poder popular para la custodia, resguardo y regulación de las semillas, con base en el modelo de producción ecosocialista, originario, campesino y comunal [...] Esta ley nos protegerá de la privatización, la certificación y la propiedad intelectual impuesta sobre las semillas, y garantizará que Venezuela sea un país verdaderamente pluricultural y libre de transgénicos. Además, será una herramienta de poder contra la guerra económica y a favor de la paz y la soberanía de los pueblos. Venezuela: El pueblo legislador cuenta su historia: por una Ley de Semillas revolucionaria y ecosocialista. http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Venezuela_El_pueblo_legislador_cuenta_su_historia_por_una_Ley_de_Semillas_revolucionaria_y_ecosocialista Las semillas como instrumento de control y dominación. En las últimas décadas las empresas biotecnológicas identificaron el enorme valor que tienen las semillas en el control de la agricultura mundial. Son concientes de que quién controle las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados, va a controlar los sectores productivos y el sistema alimentario. Se calcula que el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad es más grande que el mercado conjunto del petróleo y de la industria automotora. Gran parte de ese mercado potencial no está aún en manos del capital y hoy el objetivo del capital es primero, forzarnos a comprar los alimentos y luego, por supuesto, controlar ese mercado de alimentos. En muchos países del Sur se están modificando las leyes de semillas, adecuándolas a las necesidades de la industria y el comercio, que buscan entregar a un puñado de empresas el control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. Incluyen normas de protección de variedades vegetales y patentes; normas de control y certificación obligatoria de la agricultura orgánica, de registro y certificación de semillas y normas de bioseguridad que facilitan el comercio de semillas transgénicas. Son leyes que buscan regular la comercialización de semillas, y que definen cuáles semillas se pueden vender y cuáles no. En el fondo lo que pretenden es romper el sistema de semillas nativas conservadas por milenios y que han generado la autonomía de los pueblos, buscan que las variedades tradicionales no puedan circular libremente, aniquilan la diversidad genética en el mercado y generan pérdida del poder de los agricultores. [...] Para enfrentar estas normas regresivas, debemos fortalecer los procesos de recuperación y usos de las semillas nativas y los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad, porque el día que dejemos perder las semillas campesinas, quedaremos en manos de las transnacionales que nos dirán qué podemos sembrar y comer. No podemos aceptar que las semillas se privaticen y que sean controladas por unas pocas empresas y mucho menos permitir que se criminalice su uso y su producción. Los agricultores y agricultoras de todo el país debemos hacer todo lo contrario de lo que imponen estas leyes. Frente a la privatización y monopolización, tenemos que garantizar que las semillas no tengan un solo dueño y que caminen con los agricultores; frente a las semillas homogéneas, mantendremos toda la diversidad de semillas en nuestras parcelas. No podemos dejar que se impida el flujo horizontal de las semillas entre los agricultores y que se rompa la relación de interdependencia entre los pueblos con sus semillas puesto que ellas son fundamentales como el aire que respiramos, es así como las consideran los pueblos ancestrales andinos que sabiamente dicen: “las semillas nos crían a nosotros y nosotros criamos a las semillas”. GRAIN y Grupo Semillas, Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos, mayo 2013, http://www.aporrea.org/actualidad/a166943.html No sólo los cuerpos humanos caen bajo el control del biopoder. Con las corporaciones se articula y dispone de los territorios y los recursos naturales por lo que los Estados nacionales pasan a ser con frecuencia meros gestores burocráticos de estos procesos y generadores de las legislaciones que garantizan a las empresas “seguridad jurídica”, continuidad y ganancias. Se van obteniendo los derechos exclusivos de toda una biodiversidad genética (cuyo ejemplo más diáfano es la semilla) que debería quedar en manos de la humanidad con los traspasos generacionales que garanticen su continuidad, como ha ocurrido en los mundos campesinos e indígenas que conservan más del 80 por ciento de la biodiversidad. [...] Muchos llaman “modernización” a lo que primó décadas atrás e intentan imponer un sentido común acorde a las necesidades de los grandes actores económicos para mantener estos sentidos: “modernización”, “progreso”, “desarrollo”. No obstante, “el pensamiento social del siglo XXI” puso en cuestión tales sentidos e intenta desactivar el feroz proceso de privatización de la vida que están “adornando” con tales consignas. Los epítetos no han faltado desde el otro lado: “ambientalistas”, “luditas”, “fundamentalistas” y, paradójicamente, “atrasados”, calificativo que emana de quienes defienden ferozmente el paradigma ya caduco que brilló en el siglo XIX y comienzos del XX. El anteproyecto de la ley de semilla que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional se enmarca en este debate y es necesario que el mismo tenga resonancia en el Parlamento y en los medios masivos de comunicación. Norma Giarracca, Paradigmas y semillas, Página 12, 7 de octubre, 2014 Como guardianes de las semillas hombres y mujeres salen a defender de manera crítica, cada artículo de las propuestas, cuestionando palabras, concepto y códigos refinados de tecnócratas: la propiedad intelectual, derecho a obtentor, patentes, organismos genéticamente modificados (OGM) y organismos vivos modificados (OVM), transgénicos, monocultivos, para nadie es un secreto que utilizando las leyes y mecanismos perversos a nivel mundial las corporaciones del agronegocio vienen imponiendo su mecanismo y plataformas de saqueo y destrucción, siempre buscan grietas, debilidades o puertas giratorias para introducir interés única y exclusivamente de las multinacionales. El 14 de octubre del 2014, la Asamblea Nacional (AM), en sesión ordinaria, aprobó en primera discusión el proyecto de ley de semilla. En esta propuesta se recogieron los aportes y la revisión recogida en el debate constituyente y plan popular de semilla, una acción colectiva por la soberanía alimentaria emprendida desde el poder popular. El diputado José Ureña, presentó el proyecto de ley de semilla por parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv-Guarico), y afirmó que “La semilla es un derecho de los pueblos, es un patrimonio de la humanidad, en consecuencia no se puede privatizar”. Señaló que “la semilla no puede ser patentada, es un ser vivo” e indicó que esta ley “tiene que fortalecer el eco-socialismo, que tiene que ver con un modelo de producción agroecológica y la garantía de la diversidad biológica y la preservación de vida en el planeta”. Según lo manifestado por el diputado Ureña, se necesita tener “un sistema nacional de semilla, que haya un centro nacional de semilla, que revise la semilla industrial y debe existir un servicio externo que trabaje con la semilla campesina”, debido a que “la semilla campesina es una semilla ancestral que constituye un patrimonio cultural”. Es muy ingenuo dudar o menoscabar las pretensiones transnacionales como Monsanto, Syngenta y sus aliados nacionales en Venezuela, como Fedeagro, Fedecamara, quienes vienen promoviendo la entrada de semillas transgénicas en el país, sus falsos mitos siempre, como aquel de la mayor productividad. Estos grupos económicos parasitarios, representan a las alas golpistas de la derecha venezolana, históricamente enemigos de los campesinos y campesinas. Es el rostro del agronegocio, es el brazo principal de la guerra económica, sus objetivos siempre están basados en que la soberanía alimentaria deben ser entregados al agronegocio. Para nada es casual que en esta oportunidad nuevamente la bancada opositora se oponga al proyecto de ley de semilla anti-transgénica revisado con el poder popular. Venezuela: Semilla patrimonio legítimo y sabiduría del poder popular al servicio de la humanidad http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Venezuela_Semilla_patrimonio_legitimo_y_sabiduria_del_poder_popular_al_servicio_de_la_humanidad