En febrero de 2011, el Foro Social Mundial en Dakar retomó la inquietud que desde hace años expresan las comunidades, las organizaciones y diferentes grupos de investigación y organismos de la sociedad civil en relación al acaparamiento de tierras, una tendencia mundial de compra, renta y asociación entre gobiernos, o entre empresas privadas y gobiernos, para apoderarse de tierras en diferentes países con el fin de producir alimentos a nivel comercial y obtener enormes ganancias. Esto socava la soberanía nacional de los países que aceptan este tipo de arreglos comerciales. Por otra parte, desde el 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, prominentes organizaciones campesinas, de pastores, de pescadores artesanales, de derechos humanos y de investigación cuestionaron al Banco Mundial, a tres agencias de Naciones Unidas y a varios gobiernos, por promover inversiones agrícolas que tienen como resultado acaparamientos de tierra en escala masiva, mediante el documento: Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de “responsabilidad”. Entre el 18 y el 20 de abril, inversionistas, funcionarios de gobierno y personal de los organismos internacionales se reunieron en Washington DC para la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. Discutieron cómo operacionalizar un marco de trabajo conocido como Principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR). Formulados por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), los principios de “inversión agrícola responsable” son siete principios que los inversionistas pueden decidir obedecer o no cuando realicen adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala. Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras... fustigó los “principios de inversión agrícola responsable” y llamó a prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras. Según Henry Saragih, de la Vía Campesina, “La crisis en los precios alimentarios ocurrió por la mercantilización de los alimentos. Los principios de ‘inversión agrícola responsable’ legitimarán el acaparamiento de tierras de una manera peor que en la era colonial. Las transnacionales van a tomar la tierra de todos los tipos y tamaños. No habrá lugar para que vivan los campesinos, los pueblos y las comunidades. Este tipo de producción agrícola está provocando un modo de vida muy dependiente de unas pocas transnacionales”. “Las adquisiciones de tierra en gran escala están diseñadas para abrirle nuevos espacios a la agricultura industrial, de plantación, orientada a las exportaciones”, dijo Henk Hobbelink, de GRAIN. “No tenemos por qué legitimarlas mediante ningunos ‘principios’ o ‘códigos de conducta’ para inversionistas. No es ésta una agricultura que le dé de comer a la gente en formas justas y sustentables”. Las narraciones que llegan de Asia, África y América Latina revelan que las comunidades locales están siendo despojadas como nunca antes de su única fuente de seguridad de vida y alimentación. Los informes indican que por lo menos 50 millones de hectáreas de buenas tierras agrícolas —suficientes para darle de comer a 50 millones de familias en India— fueron transferidas de los campesinos a las corporaciones tan sólo en los últimos años. Los agentes de inversión calculan que ya se han comprometido unos 25 mil millones de dólares a nivel global, y alardean que la cifra se triplicará en un futuro muy próximo. Los principios de “inversión agrícola responsable” le ofrecerán una careta de respetabilidad a estos inmensos negocios de tierras. “Los principios de IAR son peligrosamente engañosos”, dijo Shalmali Guttal, de Focus on Global South. “Las corporaciones y los gobiernos ganarán, pero las comunidades locales, los ecosistemas y las futuras generaciones habrán de perder; la apropiación de las tierras rurales de los pueblos es completamente inaceptable, no importa qué lineamientos se sigan”. “La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras”, afirmó Sofía Monsalve, de FIAN International. “Son violaciones a los derechos humanos las expulsiones por la fuerza, los cierres de vastas extensiones de tierra que ya no podrán utilizar ni ahora ni el futuro los pueblos rurales, la introducción de modelos de agricultura y uso del suelo que destruyen los ambientes naturales, la tajante negativa a dar información y el impedir una participación local significativa en las decisiones políticas que afectan las vidas de la gente”. Según Ibrahim Coubaly de CNOP-Vía Campesina en Mali, “el acaparamiento de tierras es bandolerismo de Estado; tiene que ver con arrebatar o tomar el único recurso que le queda a la gente para dárselo a quienes ya tienen demasiado, a aquéllos que ya son extremadamente ricos. Eso es inaceptable”. Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras... llama en cambio a impulsar una renovada y genuina reforma agraria y una inversión agrícola que apoyen a los campesinos y productores en pequeña escala a que produzcan en sus propias tierras por medios agroecológicos. En el marco de la reunión sobre agricultura del G20, celebrada en París el 21 y 22 de junio, cientos de organizaciones de la sociedad civil incluyendo movimientos campesinos y ganaderos, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, hicieron suyo el Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras, que surgió del Foro Social Mundial. Mientras los ministros de agricultura de los 20 países más ricos del mundo discutían qué hacer con la volatilidad de los precios de los alimentos y la creciente crisis alimentaria, millones de hectáreas de tierra fértil, junto con sus respectivos recursos de agua, son acaparados. Se despoja a millones de familias campesinas y otros pueblos rurales e indígenas que son expulsados de sus tierras quedando privados de su sustento. En el Llamamiento de Dakar, entregado al gobierno francés que preside el G20, se urge a los gobiernos a detener de inmediato los acaparamientos de tierras y a devolverle a las comunidades las tierras robadas. Por el momento, el G20 favorece el acaparamiento de tierras y respalda los “principios de inversión agrícola responsables”. Las organizaciones instaron al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas a rechazar definitivamente los mencionados principios, que son ilegítimos, y que no pueden aportar equidad a ningún acaparamiento de tierras. Que no son directrices obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierra y que no respetan ni protegen los derechos de los pueblos ni las personas, especialmente el derecho a la alimentación. Presentamos en la página siguiente el documento Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no darle una fachada de “respetabilidad”, que se hizo público en abril con motivo de la reunión del Banco Mundial con un grupo de cerca de 200 inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de gobierno y servidores públicos internacionales. Este documento fue suscrito en un primer momento por FIAN International, Focus on the Global South, Amigos de la Tierra Internacional, Global Campaign on Agrarian Reform, GRAIN, La Vía Campesina, Plateforme Régionale Paysanne de l’Afrique Centrale, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest, World Alliance of Mobile Indigenous Peoples y World Forum of Fisher Peoples. ¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y algunos gobiernos muy involucrados insisten en intentar que estos negocios con tierras funcionen mediante “inversiones agrícolas responsables”? Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de “responsabilidad” Los acaparamientos de tierra de hoy se pactan a gran velocidad. Se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener a la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo —cantidad suficiente para alimentar a 50 millones de familias en la India— se le han transferido de los agricultores a las corporaciones en los últimos años, y a diario se unen a esta carrera más inversionistas.1 Algunos de estos negocios son presentados como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para lograr alimentar a sus poblaciones, tales como Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de negocios y nuevas oportunidades de hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y las corporaciones privadas. Las firmas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro muy cercano.2 Los principios de “inversión agrícola responsable” (siete principios para un acaparamiento de tierras donde “todos ganen”): 1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales. 2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la seguridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán. 3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la tierra y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas. 4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material serán consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en efecto. 5.Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de la ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado valores compartidos duraderos. 6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad. 7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y se tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al tiempo de minimizar y mitigar los impactos negativos. Los principales promotores de los PIAR (desde 2009): Unión Europea, FAO, G8, G20, FIDA Japón, Suiza, UNCTAD, Estados Unidos, Banco Mundial ¿Qué son los Principios de Inversión Agrícola Responsable? Con gran nerviosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos y organismos internacionales, de Japón al G-8, decidieron sugerir criterios que pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el documento promovido por el Banco Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos (conocido por las siglas IAR). Los principios de “inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO).3 Son siete principios que los inversionistas pueden suscribir voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala (véase recuadro). Es notable que los principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometido a la aprobación de los órganos de gobierno de las cuatro instituciones promotoras. En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios de “inversión agrícola responsable”. Su declaración dejó en evidencia que los principios IAR son una maniobra para legitimar el acaparamiento de tierras, y afirmó que facilitarle el control a las corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin importar qué lineamientos se sigan.4 Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más grupos y movimientos sociales de todo el mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es lamentable que, en vez de ponernos a la altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más sustentable social y ambientalmente, actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera conseguirse de manera responsable”.5 En septiembre de 2010, el Banco Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de tierras a gran escala. Tras dos años de investigación, el Banco no pudo hallar ejemplos convincentes de “provecho” para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir información con el Banco Mundial acerca de sus inversiones en tierras de cultivo, por lo que éste tuvo que confiar como fuente de información en el sitio electrónico (farmlandgrab.org), pu-blicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR. Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés) en octubre de 2010 debatió si respaldar o no dicha iniciativa. Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Japón, estuvieron en favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica, y Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una fuerte oposición debido a la ausencia de un proceso adecuado de consulta. Una coalición de movimientos sociales y organizaciones publicaron una crítica detallada del marco de operación de los principios IAR antes de la reunión del CFS.6 Esto catalizó a los movimientos sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un llamado al CFS para que rechazara el documento de principios de IAR. Al final, el CFS no respaldó el citado documento y acordó únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de IAR. A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras socialmente responsable donde “todos ganen” estaba a punto de naufragar. Entretanto, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios. En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron a compartir experiencias y consolidar sus luchas contra el acaparamiento de tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron un llamado público —que continúa ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento.7 Pero los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse. Actualmente, la dirección del CFS prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente de consulta en torno de las IAR.8 El borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que se opondrá a un proceso cuyo foco principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones de tierras en gran escala. En cambio, argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión agrícola responsable” son la respuesta a los problemas en el terreno y luego reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la agricultura se necesita para remontar el hambre y apoyar a los agricultores en pequeña escala, en particular a las mujeres. El CIP recomendó que el CFS dejara de utilizar el nombre actual (IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras, no con las inversiones. Pero las cuatro agencias que promueven los principios de IAR siguen presionando. Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia anual en torno a tierras y pobreza en su sede de Washington DC.9 Los principios de IAR están en el centro de la discusión. Su objetivo central ahora es comenzar a operacionalizar las IAR a partir de experiencias de otros mecanismos de “responsabilidad social corporativa” (RSC), como las Mesas Redondas sobre Soya Sustentable y Biocombustibles, o la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.10 Entretanto, los gobiernos nacionales luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en que “ambas partes ganan” comienza a sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Nueva Zelanda comienzan a responder con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades de los extranjeros para adquirir tierras de cultivo nacionales. Otros, como Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta para suprimir la oposición local. En la campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición, Le Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), solicitó que el presidente de la república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron en la región conocida como Office du Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el gobierno de Khartoum por haberles arrebatado sus tierras. Qué está mal con los principios de “Inversión Agrícola Responsable”. Las IAR no tienen que ver con facilitar inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de que el acaparamiento de tierras puede continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esta ilusión es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades con el fin de que los acaparadores de tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando vender o arrendar sus tierras. El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro por indígenas campesinos, pastores, pescadores artesanales y nómadas, lo que amenaza seriamente sus derechos a la alimentación y al sustento seguro. El acaparamiento de tierras también captura todos los recursos de agua que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo que de facto es una privatización del agua. La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras, debido a que se llevan a cabo expulsiones por la fuerza, se silencia y se reprime a los críticos, se introducen modelos no sustentables de agricultura y del uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas. Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y estas realidades. No pueden tampoco adaptarse para ser presentados como políticas públicas o regulación estatal. El acaparamiento de tierras que tiene por objetivo darle a los inversionistas una tasa de ganancia del 20% es, lisa y llanamente, una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento de tierras es totalmente incompatible con la seguridad alimentaria: la producción alimentaria únicamente arroja ganancias de entre 3 y 5%. Lo único que logra el acaparamiento de tierras es enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo. Hay quienes creen que promoviendo transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún modo, conducir a resultados donde “ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”, la transferencia de vastas porciones de tierra, bosques, áreas costeras y fuentes de agua a grupos de inversionistas, de todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente de proteger la tenencia de la tierra de los campesinos y otros productores en pequeña escala, y muchos movimientos sociales han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos agrarios durante muchos años. Los principios de “inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta la fecha en pos de un reforma agraria, en pos de derechos territoriales. Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro de sus triunfos de sus mecanismos de “responsabilidad social corporativa”, un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán confiando en tratados comerciales y de protección de inversionistas, en los resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros de riesgo político (proporcionados por las instituciones internacionales que promueven los principios de IAR), que los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera. El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil hectáreas del acuerdo de Malibya en el Office du Niger en Mali, a las 320 mil hectáreas que el Grupo Beidahuang pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar la ausencia de legitimidad haciendo que los inversionistas se adhieran a unos cuantos principios es una estafa. Invirtamos en soberanía alimentaria. Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes están rompiendo las cadenas de viejos regímenes para recuperar su dignidad y el espacio de la autodeterminación, necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo. Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras; no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros;11 rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada e ilegalizar el acaparamiento de tierras. Los gobiernos deben también dejar de oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad a los activistas detenidos. Reiteramos las exigencias que han hecho una y otra vez los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de 2006 —el referente multilateral consensado y de mayor autoridad en relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. De igual modo llamamos al CFS a que adopte los Lineamientos de la FAO en relación a la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales que tienen fuertes raíces en las leyes de derechos humanos, con el fin de que se utilicen efectivamente para proteger y cumplir con los derechos a la tierra y a los recursos naturales de todas las poblaciones rurales y urbanas a nivel nacional e internacional. Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo un amplio consenso en relación con las soluciones reales para el hambre, la crisis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son: * la agricultura campesina, la agricultura familiar, la pesca artesanal y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas que se basan en métodos ecológicos, y en mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan los medios de garantizar el sustento. * los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad de carga de la tierra. * reemplazar los regímenes neoliberales, verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala. * deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.12 Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando y pugnando por este camino junto con muchos aliados por todo el mundo. 17 de abril, 2011 1 En 2010, el Banco Mundial informó que tan sólo en 2009, 47 millones de hectáreas se habían arrendado o vendido en todo el mundo. El Global Land Project calculó que 63 millones de hectáreas cambiaron de manos únicamente en 27 países de África. Ver “New World Bank report sees growing global demand for farmland”, Banco Mundial, Washington DC, 7 de septiembre, 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/15309, y Cecilie Friis & Anette Reenberg, “Land grab in Africa: Emerging land system drivers in a teleconnected world”, GLP Report núm. 1, The Global Land Project, Denmark, agosto de 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/14816, respectivamente 2 Ver High Quest Partners, “Private financial sector investment in farmland and agricultural infrastructure”, OCDE, París, agosto de 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/16060 3 Los cuatro organismos internacionales crearon también una plataforma de internet para intercambiar información sobre los principios de IAR. Ver http://www.sponsibleagroinvestment.org/ 4 http://farmlandgrab.org/post/view/12256; http://www.landaction.org/spip/spip.php?article554&lang=es 5 “Responsibly Destroying the World’s Peasantry” by Olivier de Schutter, Brussels, 2010-06-04, http://www.project-syndicate.org/commentary/deschutter1/English 6 Ver Por qué nos oponemos a los Principios de Inversión Agrícola Responsable (IAR) http://www.landaction.org/spip/spip.php?article574 y http://www.focusweb.org/content/why-we-oppose-principles-responsible-agricultural-investment-rai 7 Ver Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras, abierto a que las organizaciones lo respalden con su firma hasta junio de 2011 http://www.petitiononline.com/dakar/petition.html 8 Ver http://cso4cfs.files.wordpress.com/2010/11/proposal-for-consultation-process-on-rai-principles.pdf 9 Ver http://go.worldbank.org/YJM5ENXKI0 10 Para ubicar el contexto ver John Lamb, “Sustainable Commercial Agriculture, Land and Environmental (SCALE) management initiative: Achieving a global consensus on good policy and practices”, Banco Mundial, julio 2009, http://farmlandgrab.org/post/view/7649 11 Nos referimos a los actos mediante los cuales alguien se apodera de una porción de tierra o controlarla, con fines comerciales o de producción agroindustrial, que sea desproporcionada en tamaño si la comparamos con las porciones de tierra promedio en la región. 12 Este consenso se refleja en el trabajo del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Chtter. Su informe de marzo de 2011 sobre agroecología y el derecho a la alimentación captura gran parte de la opinión pública sobre cómo avanzar al respecto. Vease http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food.