De un vistazo y muchas aristas Chile se utiliza como ejemplo del éxito y la bonanza que puede traer el modelo neoliberal a todo el mundo. No obstante, los horrores realmente existentes que provocan sus estrategias de saqueo y devastación hacen que el chiste cruel en Chile sea: “milagro chileno es cómo logramos sobrevivir con tan malos sueldos y tan malas condiciones”. Los siguientes fragmentos documentan ese milagro sufrido mucho más brutalmente por las mujeres que por los hombres. Según el Banco Mundial, Chile es uno de los países más desiguales del planeta. Por donde se le mire, la mayor desigualdad tiene que estar asociada a mayor pobreza, aunque los modelos matemáticos puedan decir lo contrario y los sofisticados cálculos de los especialistas pretendan demostrarnos que un olmo puede dar peras. Más aún cuando la desigualdad es tan aguda. De acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial 2005 del Banco Mundial, entre 124 naciones, Chile ocupaba el lugar decimosegundo entre los países más desiguales del mundo, compartiendo posiciones con Namibia y por debajo de países más pobres como Zimbabwe, Bolivia, Zambia, Nigeria y Malawi. Es más, en esta materia Chile está muy lejos de acercarse medianamente a la situación de países que muchas veces constituyen un referente para nuestra élite política y empresarial, los países desarrollados, quienes muestran diferencias entre el segmento de mayores ingresos y el más pobre muy por debajo de los que exhibe nuestro país, que llega a más de 40 veces. (Marcel Claude, “La doble condena de ser pobres y no ser reconocidos como tales”, 18 de junio de 2007.) Se ha concretado la desnacionalización de la principal riqueza básica del país de espaldas al pueblo chileno con el control de 70% de la producción y de las exportaciones, Las grandes utilidades de las empresas extranjeras son la manifestación más clara de la expropiación del “sueldo de Chile”, como designó Salvador Allende al cobre. En un documento reciente del Banco Central, se da cuenta de las grandes utilidades remitidas por las empresas extranjeras que operan en el país. [...] En 1996, las ganancias remitidas eran 2 mil millones de dólares. En 2003 subieron a 4 600 millones de dólares. En 2004 subieron a 8 200 millones de dólares. Y en 2005, las ganancias remitidas al exterior superan los 11 mil millones de dólares, que representan un incremento de 4.3 veces o 330% respecto de 2002. Si estas cifras se corrigen disminuyendo las ganancias obtenidas por las inversiones extranjeras directas en otros sectores no mineros, y se incorporan la parte de las remesas de las empresas mineras por concepto de depreciación acelerada y otros ítems que consideramos utilidades, el total de las utilidades por las empresas extranjeras que operan en la minería chilena, las estimamos en torno a los 10 mil millones de dólares en 2005. Los 10 mil millones de dólares de ganancias de las empresas mineras privadas equivalen a un 47% del presupuesto de la nación para 2005, que incluye todos los ministerios. Superan el presupuesto conjunto de dos de los ministerios más grandes: Educación y Salud, que en total suman 9 400 millones de dólares. (Orlando Caputo y Graciela Galarce, Chile- http://www.el mostrador.cl, 21 de abril de 2006.) El desarrollo de la industria forestal, no ha implicado mejoramiento local ni regional ni menos aún nacional. Esto no le impide desplegar campañas de mercado con el fin de legitimar su posición de poder en el país, mediante la promoción de la industria como una actividad sustentable y socialmente responsable. Estas campañas apuntan a ocultar los severos daños que la industria ocasiona sobre el suelo, debido a la aceleración de la erosión que inducen la tala de bosques y la pérdida de nutrientes, y la compactación de suelos provocada por el tránsito de maquinaria pesada y camiones. Los procesos de eutroficación [el proceso natural de envejecimiento de agua estancada o de corriente lenta con exceso de nutrientes que acumula en el fondo materia vegetal en descomposición] de los cursos de agua, la disminución de su calidad por el creciente uso de fertilizantes y herbicidas, junto al constante deterioro de los bosques naturales debido a la sustitución de especies nativas, son también consecuencias negativas atribuibles a la actividad forestal. En cuanto a la celulosa, ésta no sólo produce pulpa para papel, sino también residuos industriales líquidos, sólidos en suspensión, sustancias orgánicas y compuestos órganoclorados responsables de las temidas dioxinas [las sustancias químicas más tóxicas que los humanos hayan podido sintetizar, y que en general son producto de los procesos industriales] todos los cuales contaminan las cuencas hidrográficas desde donde se ubican estas plantas hasta su destino final —el mar—, afectando toda la cadena alimentaria. En la última década hay importante aumento de contaminación por residuos líquidos de más de 150% en prácticamente todas las sustancias contaminantes. El destino de los productos de la industria es mayoritariamente el mercado externo. La producción de celulosa se exporta en un 100%. El Producto Interno Bruto, pib, del sector forestal chileno creció a una tasa promedio de 4.8% entre 1999 y 2004, acumulando en 2004 más de 2 300 millones de dólares. Las exportaciones forestales chilenas han crecido en los últimos años, a una tasa promedio de 10.8% en la primera mitad de la década del 2000, acumulando retornos, en 2005, de unos 3 500 millones de dólares. El crecimiento del sector forestal dentro de la economía nacional, junto al crecimiento espectacular de las exportaciones forestales, constituyen hechos fehacientes que permiten sustentar la tesis de que el modelo chileno básicamente es un patrón de acumulación de riqueza basado en la extracción y exportación de recursos naturales o productos de escasa elaboración, como son los productos forestales que exporta Chile... Los acuerdos comerciales firmados por Lagos han permitido profundizar el modelo de inserción primaria que tiene Chile en los mercados mundiales y que posibilitan a los grupos económicos que controlan la extracción de recursos naturales, acrecentar su acumulación y concentración de riqueza. La relación entre el empleo y la producción, se ha reducido de manera importante en los últimos cinco años… Cada vez se utilizan menos trabajadores para realizar el proceso productivo, lo que demuestra el escaso beneficio social que la comunidad puede esperar de este tipo de industrias. ...Esta tendencia del empleo implica un proceso creciente de capitalización del sector: reemplazo de trabajo por capital para la producción. Esto favorece la concentración del ingreso, la rentabilidad del capital, en desmedro del factor trabajo y de una gran mayoría que tiene como única fuente de sustento su propio trabajo. ...Aquellas regiones con las mayores extensiones de plantaciones (más de 20% cubiertas con pino y o eucalipto), son también las que tienen las más altas tasas de pobreza a nivel nacional. La gran mayoría de las comunas forestales de la viii Región muestran niveles de pobreza superiores al promedio nacional, como por ejemplo, Laja, Collipulli y Nacimiento. También se sabe que las comunas con más de 20% de la superficie cubierta con plantaciones forestales introducidas, tienen promedios de pobreza muy superiores a los del grupo de comunas con menos de 5% de superficie reforestada con plantaciones. Otro dato interesante es la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Para la industria de la madera 54.5% del ingreso se lo lleva el capital a través de los excedentes, mientras que los trabajadores menos calificados se llevan sólo 22.4%. En el caso de la industria de la celulosa la cosa es peor, ya que el capital se lleva 68.9% del ingreso generado por la actividad, destinándose sólo 14.5% a los trabajadores menos calificados. De esta manera, esta industria es la tercera más desigual del país, siendo sólo superada por la minería y la industria química. (Marcel Claude, www.laplazadigital.cl, 5 de mayo de 2007.) El negocio forestal chileno está dentro de los top junto a la minería y la pesca. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) en el primer bimestre de 2007, las exportaciones de celulosa llegaron a 357.9 millones de dólares, monto 96% por encima del registrado en similar lapso de 2006. Por su parte, en el periodo enero-marzo se enviaron 1 071 millones de dólares en productos forestales, esta cifra es 38% más que las ventas anotadas en igual periodo del año anterior. La empresa Celulosa Arauco y Constitución —controlada en un 99.9% por Empresas Copec, del grupo Angelini— registró utilidades después de impuestos por 164.87 millones de dólares en el periodo enero-marzo de 2007, según la información enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (svs). La cifra implica un alza de 46.44% respecto a 2006, cuando ganó 112.59 millones de dólares. El año pasado logró entradas de 619.42 millones de dólares, lo que implica un alza de 41.32% respecto de igual periodo de 2005, cuando recibió 438.30 millones de dólares. La firma de Anacleto Angelini, junto a la de Eleodoro Matte, cmpc, son líderes en Chile. De hecho, ambos magnates se sitúan en el ranking elaborado por Forbes de los hombres más ricos del mundo, junto al empresario y virtual candidato presidencial de rn, Sebastián Piñera. (“Las millonarias utilidades de Celulosa Arauco”, La Nación, 7 de mayo de 2007.) Uno de los sectores que más viola las leyes laborales en el país es la industria salmonera y es uno de los que más ganancias registra en los últimos años, pero sus trabajadores reciben menos del mínimo. Eso, sin contar la alta siniestralidad que presenta: 17 trabajadores han muerto desde 2005, uno cada mes. El último caso ocurrió el domingo 18 de junio. José Diego Barría Reyes colocaba y revisaba redes loberas en un centro de cultivo de salmones de la empresa Frío Sur, a 20 metros de profundidad. Desde el exterior, una máquina compresora conectada a una manguera lo proveía de aire. Era su trabajo habitual: colocar las redes, revisar la jaula de salmones y sacar los peces muertos de las profundidades. Mientras realizaba su labor, la fina red destinada a los lobos de mar se le enredó en el cuerpo y desprendió la manguera que lo proveía de oxígeno. Murió de asfixia por inmersión. No es el primero y probablemente no será el último buzo que perece en la industria salmonera. El problema no se limita a las muertes. La industria de las “ovas de oro” tiene una de las tasas más altas de infracciones laborales del país. Las denuncias efectuadas en la Dirección del Trabajo, en 2005, hablan de un aumento de éstas en un 147%. Básicamente son por hacinamiento en el trabajo, higiene, seguridad, bajos salarios y prácticas antisindicales y contratos. Según se desprende del informe emitido por la Dirección Regional del Trabajo, en el año 2005 el monto de las multas cursadas a la industria salmonera por infringir la legislación laboral ascendió a 227 mil dólares, suma que supera en cinco veces la de la construcción, segundo en importancia en la x Región. “En el 2003, de cada 10 compañías inspeccionadas, 7 violaban la norma; en 2004, 6 de cada 10; en 2005, 6 de cada 10. Esto, a pesar de que se inspeccionaba en promedio cerca del 12% de las empresas”. (Dalia Rojas, La Nación, 27 de junio de 2007.) La industria salmonera presenta una tasa de crecimiento anual promedio de 20% para los últimos 15 años. En 2005 los envíos de salmones alcanzaron los 1 721 millones de dólares, resultado que supera en más de 13 veces los envíos de 1990. Los salmones son la segunda producción en importancia dentro de la canasta exportadora (superada sólo por los envíos de cobre). Las proyecciones del sector salmonero apuntan a lograr exportaciones por sobre los 2 500 millones de dólares para el año 2010. Las remuneraciones son bajas y están mal establecidas. El salario líquido promedio mensual es levemente superior a 348 dólares. Los hogares de los trabajadores de la industria del salmón se componen en promedio por 4.15 personas, por tanto el ingreso per cápita aproximado es de 85 dólares, bordeando la línea de la pobreza. Una encuesta realizada por Fundación Terram, arrojó como resultado que 80% de los trabajadores percibía menos de 387 dólares mensuales. Según el Inspector del Trabajo de Castro, Víctor Inostroza, cerca del 60% de la mano de obra de la industria proviene de empresas subcontratistas. Adriana Moreno, ex directora de la Dirección del Trabajo de la x Región, aseguró que algunas salmoneras cuentan con hasta 40 prestadoras de servicio, de buceo, y de maquila. El abuso de la subcontratación produce desigualdad de trato y desamparo legal y social, dificultades de fiscalización, remuneraciones más bajas, excesos de jornada, proliferación del empleo temporal, dificultades de sindicalización. Hay también una deficiente protección a la vida, la seguridad y la salud de las trabajadoras y trabajadores. La industria del salmón posee la más alta tasa de accidentes a nivel país: en los centros de cultivo 11.2% y en plantas de proceso 13.9%. La protección de los trabajadores fue la principal materia sancionada a la industria salmonera en 2005 con un 34% de las infracciones totales. Según una encuesta realizada en diciembre de 2004 por Fundación Terram a 139 trabajadores de la industria salmonera, el 31% señaló haber sufrido algún tipo de accidente o enfermedad profesional durante el último año. El 58% declaró que las condiciones de higiene y seguridad son regulares, malas o muy malas. Desde febrero de 2005 a la fecha han muerto 18 trabajadores en la industria (8 buzos, 2 guardias, 2 operarios y 1 un tripulante de centros de cultivo, 3 pescadores artesanales y 2 trabajadores de plantas de proceso). Las condiciones laborales son muy desfavorables para las trabajadoras. La participación de la mujer en la fuerza laboral salmonera se estima entre 30% y 70%. Existe deficiente protección a la maternidad y creciente judicialización de estas causas. Según la ex directora del Sernam, Karen Muller, las mujeres que hacen uso del fuero maternal, en muchas ocasiones luego son despedidas. Las empresas apelan al hecho que imparten muchas licencias y a su bajo desempeño. Un castigo a la maternidad encubierto. La exposición a dobles jornadas, a sobreesfuerzos laborales, problemas posturales, trabajo repetitivo, son condiciones características del trabajo de las operarias del salmón, lo que favorecería la emergencia de enfermedades, como la tendinitis, síndrome del túnel carpiano y lumbagos. Hay también discriminación encubierta en remuneraciones: existen más hombres que mujeres que ejercen tareas, por las cuales obtienen una remuneración mayor. Una encuesta realizada en noviembre de 2005 por Terram a dirigentes salmoneros, el 30% señaló que los acosos son frecuentes y el 30% dijo que ocasionales. (Fundación Terram, agosto, 2006 Impactos de la salmonicultura en Chile.) La proliferación del piojo de mar, Caligus, es una nueva respuesta a los ambientalmente insustentables procedimientos de la industria salmonera en Chile, en particular en el uso de productos farmacéuticos de forma descontrolada e irracional que, además de generar resistencias en los propios organismos causantes de enfermedades a los peces, representan una amenaza para la salud humana. Hemos advertido que el uso irracional de antibióticos, fungicidas, pesticidas, pinturas y colorantes artificiales en esta industria, derivarían en un colapso ambiental de alcances insospechados. La proliferación de Caligus no sólo afecta a los centros salmoneros, causando mortalidades de peces en el Seno de Reloncaví y el Golfo de Ancud, sino que también afecta a los pescadores artesanales y sus recursos tradicionales. Conapach se solidariza con los trabajadores de la industria salmonera que han perdido temporal o definitivamente sus empleos por el abandono de operaciones en centros de Calbuco, Puerto Montt y otras localidades, y les llamamos a exigir el total cumplimiento de sus derechos laborales e indemnizaciones amparadas por la ley chilena. (Comunicado de Pescadores Artesanales de Chile [Conapach], 16 de abril de 2007.) Las aguas están contaminadas por pesticidas, desechos industriales, relaves y aguas servidas y se han hecho cada vez más escasas producto de la extracción por parte de las empresas, la deforestación, las plantaciones forestales, la acuicultura y la destrucción de los ecosistemas. En muchas partes han desaparecido vertientes y arroyos. Incluso los ríos se están secando. El acceso al agua es cada vez más difícil. Parte de ello es por la escasez, pero la razón principal es que el agua está en manos de grandes empresas, especialmente las transnacionales (mineras, sanitarias, eléctricas). Como el agua es privada, los más grandes desconocen y le quitan sus derechos a los más chicos. Incluso el agua para beber está escaseando. Los pozos son cada vez más profundos, porque la extracción con grandes máquinas por parte de las empresas ha bajado las napas. Nos están obligando a registrar la aguas y con eso controlarán hasta cuánto bebemos. (Anamuri, diagnóstico final para su aprobación en la asamblea, 23 de marzo de 2007.) El Estado debe reconocer el derecho a la seguridad social como un derecho universal, es decir, se debe proteger a todas las personas en edad de jubilar, independiente de los años en que fue trabajadora asalariada. Por lo tanto, todas las mujeres campesinas, productoras, artesanas, es decir toda mujer rural, deben tener al menos un piso básico: la pensión mínima. Creemos que se debe cambiar de un sistema individual a uno solidario, donde cada uno aporte de acuerdo a su capacidad, a fin de contribuir a la redistribución de los ingresos, y recibir, a lo menos, un mínimo según sus necesidades. Proponemos que el gobierno otorgue una pensión a mujeres campesinas al cumplir los 60 años, ya que han trabajado toda la vida en el hogar y en el campo. Anamuri, indap, o el municipio, las podría acreditar. (Propuestas del Congreso Nacional de Anamuri, 23 marzo de 2007.) El sistema de seguridad social que actualmente rige es un sistema privado, creado por la dictadura de Pinochet durante el periodo de mayor represión y violencia criminal contra los chilenos y sus organizaciones. No es sorpresa, entonces, que el actual sistema sea un ejemplo extremo de ortodoxia neoliberal y que sus niveles de abuso sean inaceptables incluso para otros ideólogos neoliberales. Ahora se encuentra en el Parlamento un proyecto de reforma —sometido a todo tipo de presiones y negociaciones por parte de las autoridades, políticos y empresarios. Formalmente, la ciudadanía fue consultada a través de algunas organizaciones que han hecho grandes esfuerzos por mostrar la verdadera tragedia creada por el sistema e impedir que tal realidad quede oculta por los discursos y manipulaciones de cifras que hacen autoridades, parlamentarios y gremios empresariales. Sin embargo, virtualmente ninguna de las observaciones provenientes de organizaciones sociales y civiles ha sido tomada en cuenta en las discusiones y negociaciones parlamentarias. En julio de 2006, una comisión oficial de asesores de la presidenta Bachelet entregó un extenso informe. Las cifras pueden considerarse oficiales y seleccionadas. No muestran las peores situaciones y buscan mostrar un lado “positivo” incluso en los peores casos. Y si hay alguna duda acerca del tipo de análisis hecho por los miembros de la comisión asesora, baste decir que el presidente de la comisión fue incorporado por los empresarios que actualmente controlan el negocio de la seguridad social al directorio de la asociación que tales empresas han conformado. He aquí las cifras del informe gubernamental: * Los hombres chilenos tienen trabajo durante sólo un 62% de su vida laboral. La mujeres, durante sólo un 40%. * El promedio de duración de los contratos laborales no alcanza a los 8 meses. * En el sistema actual de jubilación, cada chileno debe entregar casi un 13% de sus sueldo a las empresas privadas que actúan como administradoras. Los fondos son asignados a cuentas personales: tanto entregó un trabajador, tanto recibirá a partir de su jubilación. Los fondos son invertidos para obtener ganancias, que supuestamente se reparten mediante un porcentaje fijo entre todos los que entregan parte del salario. Las 6 empresas que hoy controlan la seguridad social ganan por concepto de administración más dinero que todos los chilenos juntos después de hechas estas inversiones. * Las empresas administradoras no están obligadas a garantizar que los fondos que administran obtendrán ganancias; en muchas ocasiones los trabajadores han perdido; sus fondos de jubilación han disminuido. La adminstradoras privadas jamás han dejado de obtener ganancias. * Las tasas de ganancia que obtienen las administradoras para sus accionistas está por sobre el 40% anual. Los fondos de jubilación promedio no alcanzan al 5% de ganancia anual. * Con el sistema actual, casi la mitad de los chilenos no tendrá derecho a jubilación alguna, porque sus entregas al sistema fueron muy bajas. Esto ocurre porque el trabajador está empleado muy pocos meses en su vida laboral, o porque los patrones descuentan del sueldo los aportes a los fondos de jubilación, pero no los entregan a las administradoras, se los embolsan. * Los sectores más ricos recibirán una jubilación cercana a su último sueldo; los sectores más pobres, menos de la mitad de su último sueldo. * En promedio, el sistema privado entrega jubilaciones que son sólo un tercio de las jubilaciones que entregaría el sistema público anterior. * 77% de los chilenos rechaza el sistema privado de seguridad social y desea que se vuelva a un sistema estatal. La reforma que hoy se propone le da más garantías al sector privado. El Estado deberá poner recursos para dar una jubilación (muy pequeña) a quienes el sistema privado no les entregue jubilación. La jubilación estatal se entregará a los 65 años, lo que implica que el 66% más pobre de las mujeres trabajadoras no se podrá jubilar a los 60, como establece la ley, sino que deberá esperar a cumplir 65 años. (Camila Montecinos/grain.) El Estado Chileno y el empresariado continúan desconociendo el derecho de los pueblos indígenas al territorio y a la autodeterminación, mantienen la usurpación de los territorios ancestrales y aplican políticas de represión injustificables a través de la ley antiterrorista y otras normas. La agricultura campesina e indígena ha sido históricamente la fuente más importante de alimentos sanos y variados para toda la población, no sólo la rural. Sin embargo, vemos que la agricultura campesina e indígena está siendo sistemáticamente destruida, producto de los procesos de privatización, la invasión y los abusos por parte de las grandes empresas nacionales y transnacionales y un conjunto de políticas públicas que se empeñan ciegamente en entregar el país a los empresarios. Vemos el intento de convertir a Chile en “potencia agroalimentaria” a través del “encadenamiento productivo” como una amenaza grave e intolerable a nuestra forma de vida y producción. La destrucción de nuestra agricultura pasa por la destrucción igualmente sistemática de nuestra identidad y nuestra cultura. Intentan por todos los medios hacernos invisibles, negándonos incluso el nombre de campesinos y pueblos indígenas. Nuestros hijos son educados para renegar de nuestros saberes y de nuestro trabajo, para abandonar el campo y convertirse en mano de obra barata y sin derechos. Las mujeres somos permanentemente invisibilizadas. Históricamente se nos ha negado el acceso a la tierra, y las actuales políticas y programas de asistencia técnica y crédito son insuficientes y la mayorías de las veces inadecuados. Las políticas sociales no toman en cuenta que trabajamos dos o tres jornadas, y no se nos considera productoras. Chile es un país gravemente contaminado, porque la actividad industrial, especialmente de las empresas forestales, mineras, eléctricas y pesqueras, no se regula ni fiscaliza. La Conama no fiscaliza adecuadamente ni cumple con su papel de proteger el ambiente. La participación de la ciudadanía en la protección del ambiente es reprimida. Las condiciones laborales en el campo son cercanas a la esclavitud. No se respeta los pocos derechos laborales que aún tenemos, reprimen nuestras organizaciones, nos pagan sueldos miserables y nos hacen trabajar en condiciones peligrosas e indignas. Chile es país agroexportador sólo gracias a la explotación extrema de los trabajadores y especialmente las trabajadoras agrícolas. (Declaración de la asamblea del Primer Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas [Anamuri], 23 de marzo de 2007) Hemos decidido reiterar nuestro rechazo al neoliberalismo y continuar luchando hasta que nuestro país adopte otras formas de organizar su agricultura y su economía. Lucharemos por la revisión y derogación de los tratados de libre comercio. Apoyamos las demandas por un cambio constitucional que, entre otros, termine con el sistema binominal, que sólo agrava los problemas de falta de democracia en Chile y beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos. Exigimos la derogación de la ley antiterrorista. Luchamos por que se lleve a cabo un programa amplio de Reforma Agraria, que entregue tierras a campesinos y pueblos indígenas, con un cuidado especial por garantizar la entrega de tierras a mujeres y jóvenes. Luchamos por el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y autodeterminación, que incluya la devolución de los territorios ancestrales a los pueblos indígenas. Reafirmamos nuestra identidad como campesinas, indígenas y mujeres. Nos comprometemos con defender el derecho y el deber de continuar produciendo alimentos para nosotros y el resto de los chilenos. Nos comprometemos con una agricultura sin agrotóxicos, con la defensa de nuestras semillas, nuestros saberes y nuestra cultura, en contra de las semillas transgénicas y los monocultivos. No queremos ser potencia agroexportadora. Rechazamos el encadenamiento productivo y seguiremos luchando por producir de manera libre y de acuerdo a nuestros principios. Lucharemos por la soberanía alimentaria como derecho fundamental de los pueblos. Lucharemos por cambios en las políticas agrícolas hasta contar con políticas que fomenten y protejan la agricultura familiar campesina y garanticen que los servicios públicos favorezcan a los pequeños agricultores y no discriminen a la mujer y a los jóvenes. Exigimos una solución real al problema del endeudamiento campesino y que el indap asuma la responsabilidad que le cabe en la creación de este problema. Demandamos y lucharemos por una reforma al Código de Aguas que responda a las prioridades de las comunidades y las personas, reconociendo el agua como patrimonio común, derogando e impidiendo su privatización. Lucharemos por una ley del medioambiente que garantice la efectiva participación ciudadana, que prohíba las actividades contaminantes y obligue a la fiscalización efectiva. Queremos se derogue el decreto 701 y se fomente la plantación de bosque nativo. No queremos más pinos y eucaliptus. Exigimos y lucharemos por un sistema de educación público, accesible a todos los niños y jóvenes, que respete nuestras culturas y que apoye que los jóvenes permanezcan en el campo. Queremos una educación técnica y agrícola respetuosa con el medioambiente y con nuestros saberes. Exigimos y lucharemos por un sistema de salud público, digno y solidario, al alcance de todos, que proteja efectivamente contra los agrotóxicos y otras formas de contaminación. Exigimos un sistema previsional público y solidario, jubilación digna y garantizada para todos y jubilación más temprana para las mujeres del campo. (Plan de acción, Asamblea del Primer Congreso Nacional de Anamuri, 23 de marzo de 2007.)