Un glosario del lavado de imagen del agronegocio

El sistema alimentario global es un desastre. Es el responsable de un tercio de las emisiones de gas con efecto de invernadero y la principal razón detrás del colapso de la biodiversidad a nivel mundial. Además, mientras 1 de cada 10 personas alrededor del mundo se va a dormir con hambre, otros cientos de millones sufren de diabetes, obesidad, cáncer y otros problemas de salud causados por alimentos insalubres. El sistema alimentario mundial es el factor principal en la aparición de nuevas enfermedades y pandemias.

Por décadas, diversas comunidades y movimientos sociales han estado luchando para construir y mantener alternativas alimentarias. Muchos de estos movimientos han llegado a identificarse como parte de un movimiento global por la soberanía alimentaria, en la cual la producción de alimentos se centra en las necesidades y la cultura de las comunidades locales, en la protección de ambientes y territorios propios, y no en los beneficios de empresas externas. Estas prácticas agrícolas locales giran en torno al conocimiento desarrollado durante generaciones por comunidades indígenas y campesinas, que ejercen medios concretos para enfrentar la crisis climática. Muchos movimientos se refieren a estas prácticas como “agroecología”.

La soberanía alimentaria y la agroecología representan un duro escollo para los intereses de las empresas agrícolas y alimentarias, que se ven beneficiadas con el actual sistema alimentario mundial. En estos sistemas alimentarios las grandes empresas no pueden obtener ganancias. Estos sistemas no utilizan organismos genéticamente modificados, semillas híbridas o insumos químicos vendidos por las corporaciones del agronegocio, ni tampoco producen mediante monocultivos para abastecer granjas industriales o las plantas procesadoras de las grandes empresas alimentarias. De esta manera, a medida que estos movimientos sociales se han ido fortaleciendo, y que la soberanía alimentaria y la agroecología son vistas, cada vez más, cómo las verdaderas soluciones para la crisis climática, las empresas alimentarias y agrícolas han aumentado sus esfuerzos por destruirlas.

En este sentido, la táctica principal utilizada por las empresas agrícolas y alimentarias es el lavado de imagen. Ésta es una estrategia publicitaria o de márketing en la cual las empresas reconocen la existencia de problemas medioambientales pero, a través de información falsa o engañosa, se presentan a sí mismas (y a sus productos) como si estuvieran ofreciendo soluciones para dichos problemas. Si se observan las páginas web de las empresas agrícolas y alimentarias, o se revisan sus informes anuales, se podría pensar que su misión es luchar contra el cambio climático y salvar el planeta. Estas empresas aseguran estar comprometidas con detener la deforestación, resolver la crisis climática, revertir la pérdida de biodiversidad y acabar con el hambre. También dicen defender los derechos humanos, incluyendo los indígenas en relación a sus tierras y sus territorios. Y, a pesar de esto, continúan vendiendo los mismos productos y promoviendo los mismos modelos de producción y consumo alimentario que están matando el planeta y destruyendo el control de los pueblos sobre su territorio y su biodiversidad. Así como las empresas de energía fósil como Shell y Exxon han usado lavado de imagen para aparentar que realmente les importa el cambio climático, las grandes empresas agrícolas y alimentarias utilizan esta estrategia para confundir a la gente y bloquear acciones que pudieran poner en peligro sus ganancias.

En las siguientes páginas, intentaremos identificar y desmitificar algunos conceptos claves sobre el lavado de imagen y las falsas soluciones que las empresas agroalimentarias utilizan para boicotear las acciones realmente efectivas para combatir el cambio climático.

Según Naciones Unidas “emisiones netas cero” significa “recortar las emisiones de gases con efecto de invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas desde la atmósfera”. En palabras simples: reducción + reabosorción = cero emisiones de gases con efecto de invernadero. Desde que en 2015 los gobiernos del mundo acordaran llegar al “cero neto” para el año 2050, ha habido una avalancha de compromisos “cero neto” por parte de los gobiernos, como también adhesiones voluntarias por parte de distintas empresas.

Sin embargo, el problema del compromiso empresarial con la política “cero neto” es que las empresas no se acercan a un cero “real”. Éstas se limitan a utilizar la ecuación del “cero neto” como una forma de evitar recortes significativos en sus emisiones. Aseguran que no es necesario reducir sus emisiones ya que pueden compensarlas mediante proyectos que capturan el carbono de la atmósfera, ya sea plantando árboles, conservando los bosques o aplicando geoingeniería al planeta. Un fraude absoluto.

Un ejemplo de esto es el plan “cero neto” de Nestlé. El programa de la empresa suiza incluye aumentar en dos tercios sus ventas de alimentos —productos lácteos, cárnicos y otros productos agrícolas altamente contaminantes— entre 2020 y 2030. Para contrarrestar estas emisiones, Nestlé dice que plantará árboles y conservará bosques. . Pero para hacer esto, Nestlé necesitará más de 4 millones de hectáreas de tierra cada año para conservar o plantar árboles, tamaño superior a toda Suiza, su país de origen. Las cifras no cuadran, y Nestlé es sólo una de las cientos de empresas que planean plantar árboles para contrarrestar sus emisiones.

La única manera de llegar a un “cero” real el año 2050, es eliminar todas las emisiones de gases con efecto de invernadero, excepto las más esenciales. Existen sistemas alimentarios alternativos y de bajas emisiones que pueden perfectamente alimentar al mundo, por lo que las emisiones de Nestlé y de las demás empresas alimentarias y del agronegocio no son esenciales.

La compensación de emisiones de carbono es un mecanismo a través del cual, con el fin de “balancear” sus propias emisiones, un gobierno o una empresa compra créditos producidos por proyectos que evitan, reducen o eliminan gases con efecto de invernadero. Lo que se comercializa en los mercados de carbono son, básicamente, permisos para contaminar.

En algunos países como el Reino Unido, China, Nueva Zelanda o la República de Corea, si bien existen regulaciones que obligan a las empresas a eliminar gradualmente sus emisiones de gases con efecto de invernadero, se les permite comprar o vender “derechos” o créditos a otras empresas y así compensar emisiones que sobrepasen el máximo permitido. Se trata de mercados obligatorios de créditos de carbono, también conocidos como sistemas de comercio de emisiones. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de compensación de carbono venden sus créditos en mercados voluntarios, donde los criterios son más flexibles y los precios de los créditos son casi diez veces más bajos. Si bien estos créditos no pueden ser utilizados (todavía) para la reducción oficial de las emisiones de un país, tienen el efecto de reducir el precio de los créditos en los mercados obligatorios, y son utilizados además en las relaciones públicas de aquellas empresas que aseguran compensar sus emisiones de carbono. Debido a que los compromisos corporativos de emisiones netas cero dependen en gran medida de las compensaciones como un medio para evitar recortes directos en las emisiones, la demanda por créditos en los mercados voluntarios está creciendo. En 2021, las compensaciones procedentes de bosques y tierras crecieron un 159 % (lo que representa un tercio de todos los créditos).

Existe toda una industria compuesta por empresas, consultoras y ONG trabajando para generar compensaciones a través de proyectos, tales como plantaciones de árboles a gran escala o programas agrícolas que afirman restaurar el carbono en los suelos. Como no se han establecido normativas estandarizadas y rigurosas que regulen estos proyectos, el negocio de las compensaciones está repleto de casos de fraude y cálculos sesgados. Además, a menudo dichos proyectos se asientan en áreas rurales del Sur Global, donde el costo de estos proyectos y el precio del carbono son más bajos, afectando el acceso de la población local a la tierra, el agua y los bosques. Sin embargo, las comunidades locales que participan en los proyectos de compensación reciben apenas una fracción del valor de la venta de los créditos de carbono, si es que llegan a recibir algo. Es por esta razón que se ha denominado “colonialismo del carbono” al acaparamiento masivo de tierra, para proyectos de compensación en el Sur global.

El término “soluciones basadas en la naturaleza” fue acuñado inicialmente por las grandes ONG dedicadas a la conservación de bosques, con el fin de apoyar la búsqueda de fondos, enfatizando los múltiples beneficios de dichas acciones. Actualmente, es mayormente utilizada por los Estados y las grandes empresas para promover las compensaciones de carbono y así alcanzar sus compromisos de “emisiones netas cero”. Entre los principales precedentes de las soluciones basadas en la naturaleza se encuentra los proyectos pilotos, financiados por el Banco Mundial, para estimar el valor en dinero de los servicios ecosistémicos y proponer soluciones centradas en el mercado para la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Bajo esta narrativa, la “Naturaleza”, en la forma de bosques, humedales y océanos protegidos o incluso campos de cultivo y plantaciones de árboles, pueden aprovecharse para eliminar el 37% de las emisiones de gases con efecto de invernadero que se han acumulado en la atmósfera. De esta manera, afirman, al cuantificar el nivel de reabsorción de los ecosistemas, éstos se pueden vender y así seguir contaminando. Tras la adopción de la primera definición oficial (y extremadamente amplia) de las soluciones basadas en la naturaleza por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un amplio abanico de actividades entra ahora en esta categoría.

Debido a esto, en la actualidad la demanda por “soluciones basadas en la naturaleza” ya ha generado una carrera por zonificar y cercar grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, el gigante petrolero francés Total, inmerso en esta estrategia de lavado de imagen y con el fin de compensar un proyecto petrolero ecológicamente desastroso, está montando una plantación de árboles de 40 mil hectáreas en las tierras del pueblo pigmeo de la República del Congo, que se caracteriza por tasas de deforestación cero, para lavar la imagen y compensar las emisiones de un proyecto de prospección petrolera ecológicamente desastroso. Otras de las más grandes empresas europeas de energía, Eni y Shell, necesitarían cada una ocupar y plantar mas de 8 millones de hectáreas de árboles cada año para compensar las emisiones de combustible fósil que planean mantener hasta el 2050. Otros proyectos de compensación de “soluciones basadas en la naturaleza” que tanto estas como otras empresas planean llevar a cabo, involucran capturar carbono en grandes extensiones de tierra de cultivo en lo que se conoce como programas de agricultura del carbono.

Las “soluciones basadas en la naturaleza” se describen muy bien al llamarlas “despojos basados en la naturaleza”, por los acaparamientos masivos de tierras y bosques de la gente que requieren, en particular en el Sur Global. Pero también se basan en un fraude fundamental. Asumen que las emisiones del consumo de combustibles fósiles pueden absorberse, de modo permanente, en cantidades iguales por bosques, suelos y océanos. Ésta es una ecuación absolutamente falsa que es rechazada ampliamente por los científicos del clima.

Una de las principales causas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad es la deforestación, y por ello la atención internacional sobre esta materia ha ido en aumento. En respuesta, en 2010 las empresas productoras de alimentos más grandes del mundo acordaron eliminar de sus cadenas de suministro, para el año 2020, todo proceso que suponga deforestación. Compromiso similar hicieron en las Cumbres del Clima de la ONU en 2014 y en 2021 al adherirse a la meta de “deforestación cero”. Se supone que un tercio del dinero necesario para lograr esta meta vendrá de inversionistas y administradores de activos del sector privado. A pesar de esto, dichos compromisos voluntarios no han valido nada para frenar la tasa real de deforestación. Actualmente, cada minuto + se destruye un bosque equivalente a 27 campos de fútbol, y en la Amazonía brasileña, durante la primera mitad del 2022, la tasa de deforestación alcanzó niveles récord.

La mayor parte de la deforestación es provocada por la producción de monocultivos y mega producciones agrícolas a nivel global, como la carne de res, la soja y el aceite de palma. Mientras la producción y la demanda de estos productos continúe en aumento, la deforestación también lo hará. Pero las grandes corporaciones de alimentos y de agronegocios quieren pan y tajada: buscan negar su responsabilidad por la deforestación y no tomar ninguna medida para reducir la demanda de productos agrícolas que causan la deforestación. En cambio, crean y se suscriben a estándares y procesos de certificación de “agricultura climáticamente inteligente”, que son más efectivos lavando la imagen de sus productos que previniendo la deforestación.

Los proyectos “deforestación cero” desarrollados por las grandes empresas están llenos de lagunas, no son obligatorios y no rinden cuentas. Se aplican sólo a ciertos tipos de productos y en ciertos tipos de bosques, y no consideran la deforestación histórica o indirecta. Por ejemplo, Cargill puede comprar maíz de “deforestación cero” producido en tierras que fueron deforestadas y arrebatadas a las comunidades locales hace apenas una década. Unilever puede comprar aceite de palma de “deforestación cero” extraído de plantaciones que destruyeron bosques comunitarios que no son considerados de un “alto valor de conservación”. Bunge puede comprar soja de “deforestación cero” producida en pastizales convertidos en las sabanas de Brasil, aunque es sabido que esto traslada la producción ganadera hacia la selva amazónica.

Además, cuando las grandes empresas son descubiertas violando sus propios programas de certificación, como sucede repetidamente, existen pocas consecuencias debido a que estos programas no son vinculantes, sino voluntarios. Por ejemplo, Nestlé y el Deutsche Bank, firmaron el compromiso de “deforestación cero” de 2014, y a pesar de esto continuaron comprando y financiando la producción de carne de res a empresas que obtienen el ganado de. tierras ilegalmente deforestadas en la Amazonía Cuando se enfrentan a estas fallas repetidas en la aplicación y la trazabilidad, las corporaciones las ignoran, argumentando que están trabajando con nuevas tecnologías, como cadenas de bloques, que aún se encuentran en fase piloto. Mientras tanto, sus etiquetas de “deforestación cero” continúan dando una imagen ecológica a los alimentos producidos con los monocultivos agrícolas que están impulsando la deforestación, lo que a su vez fomenta una mayor producción y más deforestación.

La “agricultura climáticamente inteligente” es un término creado hace una década por las grandes empresas del agronegocio con el fin de contrarrestar el creciente apoyo a la agroecología en los foros internacionales sobre agricultura y cambio climático. Fue impulsado por las mayores empresas de fertilizantes del mundo a través de una enorme campaña de lobby y la creación de una alianza mundial entre empresas, gobiernos y organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial y la FAO.

Mientras que la agroecología se aleja del modelo de agricultura industrial a través de una transformación radical, la “agricultura climáticamente inteligente” incorpora cualquier práctica que afirme reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero, evitando de manera deliberada tomar en consideración otros efectos de la agricultura industrial. Debido a que aumentan el rendimiento, y por lo tanto reducen la demanda de bosques para la agricultura, puede ser “climáticamente inteligente” utilizar fertilizantes nitrogenados altamente contaminantes. Puede ser “climáticamente inteligente” rociar un campo con herbicidas tóxicos para evitar arar el suelo y así liberar carbono a la atmósfera. Ya que la soja fija el nitrógeno y no requiere fertilizantes nitrogenados, puede ser “climáticamente inteligente” convertir grandes extensiones de pasto en plantaciones de soja en Argentina o Brasil.

La etiqueta de “climáticamente inteligente” puede aplicarse a casi todas las prácticas de la agricultura industrial, ya sean pesticidas y fertilizantes químicos, sistemas de riego por goteo, los monocultivos a gran escala, la agricultura industrial o los transgénicos. Así, se lleva a cabo un lavado de imagen a un modelo de agricultura que es una de las principales causas de la crisis climática, un modelo que debemos sustituir urgentemente.

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La “Cuarta Revolución Industrial” o “La industria 4.0" es un concepto inventado por las élites del Foro Económico Mundial con la finalidad de describir los cambios provocados por nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la edición genética y la robótica avanzada. "Agricultura 4.0" se refiere a los cambios revolucionarios que estas tecnologías podrían provocar en la agricultura.

Hasta ahora, las consecuencias para la mayoría de quienes producen alimentos están lejos de ser revolucionarias. Mientras que las maquinarias de alta tecnología, como los drones, los tractores sin conductor o los robots, pueden ayudar a las grandes empresas a aumentar su producción y ampliar su tamaño, son demasiado caras para quienes producen en pequeño y tampoco están diseñadas para ellas. Debido a que su intención es sustituir una parte importante de la mano de obra agrícola, estas nuevas tecnologías suponen una amenaza para el empleo rural. "La agricultura 4.0" funciona además a partir de una infraestructura digital, la que junto con su cadena de suministro, es responsable de una huella ecológica muy dañina, especialmente en el Sur Global.

Además, las plataformas digitales del agronegocio y de las grandes empresas tecnológicas, como por ejemplo Microsoft, ofrecen pocos beneficios a quienes producen en pequeña escala. Campesinas y campesinos suelen ubicarse en zonas donde no existen servicios de internet y no pueden costearse las tecnologías de recopilación de datos que utilizan las plataformas digitales. Los programas están principalmente diseñados para monocultivos a gran escala y plantaciones industriales. Sin datos de alta calidad, las plataformas digitales son incapaces de proporcionar asesoramiento e información de calidad al campesinado que produce en pequeño, especialmente a quienes practican la agroecología, a quienes cultivan una gran diversidad de especies, que trabajan con ganado nativo y que plantan semillas locales. Existen otras razones para promover la agricultura digital por parte de estas empresas. Las plataformas digitales, cuando se combinan con los sistemas de monedas digitales (a través de los teléfonos móviles) son una oportunidad única para incorporar a millones de agricultores y agricultoras a redes digitales controladas de forma centralizada, para luego alentarles (u obligarles) a comprar algún tipo de producto corporativo (semillas transgénicas, pesticidas, herbicidas, maquinaria), a menudo como condición para acceder a seguros rurales y servicios financieros. De esta manera, la “revolución” en la agricultura termina promoviendo la captura de miles de hectáreas de tierras gestionadas por la agricultura campesina, para proporcionar unos pocos productos agrícolas baratos al agronegocio.

El término "agricultura 4.0" pretende ocultar la importante lucha política alrededor de estas nuevas tecnologías. Podrían diseñarse plataformas digitales y tecnologías para apoyar a gente que trabaja y produce alimentos, ayudando a construir soberanía alimentaria, y de hecho existen varias iniciativas que lo intentan. Lamentablemente, hoy en día la mayoría de estas tecnologías y plataformas digitales en la agricultura están controladas por grandes empresas que se benefician de la explotación de los pequeños trabajadores y agricultores a partir de la captura de los datos generados por ellos. Resulta fundamental establecer alianzas entre los movimientos por la soberanía alimentaria y los movimientos por la justicia digital para desafiar la creciente concentración de poder corporativo en los sistemas agroalimentarios.

La agricultura regenerativa es un término que puede significar diferentes cosas para diferentes personas. A diferencia de la agricultura ecológica o la agroecología, que se basan en normas o principios consensados y que no utilizan insumos químicos ni transgénicos, la agricultura regenerativa puede referirse a cualquier práctica que pretenda mejorar la salud del suelo, razón por la cual el término se ha hecho muy popular entre las empresas alimentarias y del agronegocio en los últimos años.

Grandes empresas alimentarias, como ADM, Cargill, Danone y Nestlé, están llevando a cabo programas de agricultura regenerativa como parte de sus iniciativas climáticas. Otros espacios impulsados por grandes empresas, como por ejemplo la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo y el Foro Económico Mundial, apoyan programas similares. Todos estos programas se centran en incentivar a la gente que modifique sus prácticas agrícolas para reducir el uso de fertilizantes químicos y/o recuperar el carbono de los suelos. Pero las empresas no están poniendo mucho de su dinero en estos programas. Por ejemplo, la contribución anual de Danone equivale a un día de ventas. El tan publicitado apoyo de Nestlé a la agricultura regenerativa consiste en un mísero 1,5% de lo que paga a sus accionistas en dividendos anuales. Mientras que las grandes empresas utilizan estos proyectos como justificación para mantener sus emisiones, es la gente que cultiva quien tiene que cubrir los costos de la aplicación de estas nuevas prácticas.

Además, las corporaciones del agronegocio están utilizando la agricultura regenerativa con el fin de promocionarse ante los inversionistas. Por ejemplo, para atraer inversiones desde los fondos de pensiones, las empresas financieras que compran tierras agrícolas, anuncian que sus enormes explotaciones industriales serán "regenerativas". La empresa brasileña de cultivo de soja Agrícola SLC es responsable de la deforestación de inmensas áreas, pero recaudó recientemente 95 millones de dólares en los mercados financieros para comprar nuevos tractores de bajo consumo de combustible, “fertilizantes verdes” y diversas tecnologías digitales como parte de su programa de agricultura regenerativa.

El término agricultura regenerativa ha sido cooptado de manera tan eficaz por parte de las grandes empresas que lo mejor es no utilizarlo cuando se describen las prácticas agrícolas basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria.

A través de los años, el uso intensivo de productos químicos en la agricultura industrial ha destruido grandes cantidades de materia orgánica del suelo, liberando así millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Ahora, gracias al creciente mercado de compensaciones de carbono, las empresas responsables de esta destrucción promueven programas para restaurar el carbono en los suelos a través de lo que ellos llaman cultivo del carbono.

Esto se promueve entre quienes se inscriben en los programas de cultivo del carbono en el internet, para luego comenzar a implementar técnicas que supuestamente incorporan carbono a sus suelos mediante la plantación de cultivos de cobertura y de la aplicación de herbicidas en lugar de arar sus campos. Después de un número determinado de años, se les paga por la cantidad de carbono que se calcula que han capturado en sus suelos. Casi todas las mayores empresas del agronegocio, por ejemplo Bayer, Yara o Cargill, han iniciado o se han sumado a iniciativas de cultivo de carbono en países donde predomina la agricultura industrial a gran escala, como Estados Unidos, Brasil, Australia y Francia. Estas empresas no sólo obtienen una parte de la venta de los créditos de carbono, sino que también utilizan programas para inscribir a agricultoras y agricultores en sus plataformas digitales, donde pueden presionarles a comprar semillas, pesticidas y fertilizantes.

Estos programas de cultivo de carbono tienen grandes defectos. Para empezar, producen compensaciones que las empresas compran para así evitar la necesaria reducción de sus propias emisiones. Pero incluso dejando de lado este problema fundamental, cualquier programa de compensación debe, como mínimo, garantizar una captura permanente de carbono de la atmósfera. El carbono debe almacenarse durante al menos 100 años para marcar una diferencia significativa en el calentamiento global, pero los programas de cultivo de carbono no proporcionan ningún mecanismo que permita mantener el carbono en el suelo más allá de unos 10 años. Pero además, estos programas deben demostrar que están capturando carbono que de otro modo no se recogería, y la captura debe ser adicional a la ya existente. Pero los agricultores y las agricultoras adoptan continuamente prácticas que acumulan carbono en sus suelos por razones que nada tienen que ver con estos programas, y ciertamente existen otras formas de fomentar que capturen carbono. También está el problema de los cálculos: no existe una forma económicamente factible y precisa de evaluar la cantidad de carbono que realmente se captura a través de los programas de cultivo de carbono, ni estos programas tienen en cuenta la totalidad de las emisiones generadas en las fincas.

Sí, son necesarios los programas que ayuden a la gente que cultiva a restaurar el carbono en sus suelos y sí deberían recibir apoyo público. Pero el cultivo de carbono no es el camino.

La bioeconomía utiliza las plantas y otros recursos biológicos para producir materiales, productos químicos y energía. Ejemplos de ésta son los medicamentos y la cosmética basados en la biodiversidad, desarrollados por corporaciones farmacéuticas, las fábricas que queman astillas de madera para generar electricidad, los autobuses que funcionan con etanol hecho de caña de azúcar y las botellas de plástico hechas de almidón de maíz, entre otros. Las grandes empresas ya utilizan una cuarta parte de toda la biomasa existente, por lo general con un impacto devastador para el medioambiente, pero estudios indican que hasta el 60% de los insumos físicos necesarios para la economía global podrían producirse biológicamente. Quienes defienden esta opción argumentan que trabajar con bioeconomía es mejor para el clima, porque se basa en recursos renovables.

Sin embargo, la bioeconomía podría describir a la mayoría de las comunidades rurales. Mientras que las grandes empresas sólo les interesa la palma aceitera para producir aceite de palma y alimento para animales, las comunidades de África occidental y central (de donde proviene la palma aceitera) utilizan cada parte de la planta, desde las raíces hasta las ramas: producen desde vinos y sopas hasta jabones y ungüentos, medicinas tradicionales y alimentos para animales, e incluso toda una gama de textiles y materiales para la vivienda. Sin embargo, las empresas del agronegocio tienen una comprensión particular de la bioeconomía: la ven como una manera de crear más mercados para los monocultivos, como maíz, soja, aceite de palma, usando nuevas tecnologías patentadas, como la biología sintética, la nanotecnología o la edición genética. Por ejemplo, las grandes empresas productoras de aceite de palma están trabajando con empresas de energía para promover y producir combustibles hechos con aceite de palma para aviones. Esto ha dando lugar a una expansión de las plantaciones de palma aceitera en Brasil y el sudeste asiático.

Bajo el paraguas de la bioeconomía, los biocombustibles han intentado reaparecer. Si bien hace más de una década que fue presentada como una alternativa a los combustibles fósiles y una fuente de “energía verde” capaz de hacerle frente al cambio climático, debido a la competencia por las tierras cultivables utilizadas para producir alimentos y combustibles, y el aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero, la expansión de los monocultivos para producir biodiesel y etanol pronto provocó grandes preocupaciones. Se volvió evidente que, si no se revertía la escala y la intensidad del modelo de producción de alimentos, la energía basada en biocombustibles no podía considerarse renovable.

Transformando la biomasa y la biodiversidad en materias primas para los países del Norte Global, el argumento de bioeconomía por parte de los agronegocios está aumentando el acaparamiento de tierras y profundizando el daño ecológico, especialmente en los países y territorios biodiversos del Sur Global (donde se encuentra el 86 % de la biomasa mundial).

Con el término “ecoinversión o finanzas verdes” se hace referencia a los instrumentos financieros, como por ejemplo bonos y fondos de inversión, basados en criterios sociales y ambientales. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, son voluntarios y los definen y supervisan las propias empresas financieras. Aunque las "ecofinanzas" siguen siendo un mercado relativamente pequeño (para el 2020 representaba sólo 1,7 billones de los 118 billones de dólares del capital financiero total a nivel mundial), están creciendo rápidamente. El Banco Mundial estima que el mercado de "bonos verdes", uno de muchos instrumentos de las “ecofinanzas”, alcanzará en los “países emergentes”, en los próximos tres años, la suma de 100 mil millones de dólares, llegando a los 10 billones de dólares para 2030.

Las “ecofinanzas” son utilizadas por las corporaciones financieras como parte de un esfuerzo mayor para tomar el control de las crecientes inversiones públicas en infraestructura y otros proyectos y servicios que abordan problemas ambientales y la crisis climática. La “ecofinanza” es una manera de asignar los riesgos y gran parte de los costos a los gobiernos (es decir, a las personas), mientras que las corporaciones financieras obtienen las ganancias y determinan cómo se invierte el dinero.

Los préstamos de los “bancos verdes” y del mercado de capitales se condicionan a la existencia de un proyecto “sostenible” o al cumplimiento de metas ambientales y sociales. Cuando se aplica a los sistemas alimentarios, la “ecoinversión” está vinculada a la producción de materias primas a gran escala y a “soluciones basadas en la naturaleza”.

No sorprende, entonces, que con grandes compañías financieras, como BlackRock, tomando las riendas, las “ecoinversiones” en agricultura tengan como principal destinatario a las grandes corporaciones de agronegocios, con el fin de expandir la producción de materias primas (ahora etiquetadas como "regenerativas", "climáticamente inteligentes" o "deforestación cero"). Con la “ecofinanza”, Wall Street tiene la intención de convertir a la "naturaleza" en garantía de estabilidad para la emisión de deuda, extendiendo su control sobre las grandes corporaciones del agronegocio, dueñas de tierra y recursos naturales del mundo. Ningún criterio ambiental, social y de gobernanza definido por las corporaciones puede revertir esta situación. Necesitamos que el financiamiento y la inversión estén bajo el control público y comunitario, fuera de las manos de las grandes corporaciones financieras y de las empresas de agronegocios en las que invierten.