Voces de mujeres: sembrando resistencia al agronegocio

A pesar de ser casi la mitad de la fuerza de trabajo agrícola en el mundo, las mujeres poseen menos del 15% de las tierras de cultivo y se les paga casi 20% menos que a los hombres. Estas diferencias no son meramente estadísticas – son experiencias de vida que definen las luchas del día a día de las mujeres rurales. Las pequeñas productoras de alimentos enfrentan una dura realidad en la mayor parte del mundo, víctimas de barreras sistémicas que van desde el acceso a la tierra hasta políticas públicas, condiciones de trabajo y el derecho a tomar decisiones.

A medida que se expande el agronegocio, las prácticas agrícolas tradicionales se ven desplazadas cada vez más, agravando la vulnerabilidad de las comunidades rurales. Las mujeres, que ya están marginalizadas, son las que cargan con la peor parte del impacto de estos cambios. Son las que cuidan a sus familias y a las comunidades, se hacen cargo cuando los hombres migran para trabajar, y aseguran la sobrevivencia de las personas mayores y de las niñas y niños. Su bienestar no es solo un tema personal – es la base de la resiliencia rural.

Sin embargo, las luchas y aportes de las mujeres, así como los daños específicos que sufren a causa de la agricultura industrial a menudo quedan invisibilizados.

Como una forma de visibilizar estos temas, GRAIN comparte aquí los testimonios de mujeres de Asia del Sur, África y Latinoamérica. Desde las pilotas de drones del programa Namo Drone Didi a las campesinas agroecológicas de México y las lideresas de las comunidades despojadas en Uganda, estas mujeres revelan las diversas formas de adversidad con las que tienen que luchar y su resiliencia para reivindicar su papel como lideresas e innovadoras en sus comunidades.

Sus historias son un llamado a la acción – un recordatorio de que las luchas por la soberanía alimentaria son complejas, que se enfrentan tanto a los agronegocios como al patriarcado. Y las mujeres rurales, pequeñas productoras de alimentos, a menudo están al frente de todas estas luchas.

En la India rural, donde las mujeres representan más de un tercio de la fuerza de trabajo en la agricultura, una nueva iniciativa toma vuelo. El programa Namo Drone Didi, promovido por el gobierno indio, espera capacitar a 15.000 mujeres de grupos de auto ayuda para convertirse en pilotas de drones para tareas agrícolas como monitorear cultivos, aplicar agroquímicos o sembrar. El programa, que es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales, ha sido proclamado como un programa que provocará grandes cambios. Pero para las mujeres como Anita Patel, una campesina de Veranasi, Uttar Pradesh, la realidad es más compleja.

“Soy una campesina con una familia a la cual tengo que sostener”, dice Anita. “Cuando mi esposo se enfermó tuve que buscar un trabajo que me permitiera cuidarlo a él y a nuestras hijas e hijos, junto con seguir a cargo de la finca. Convertirse en una Drone Didi pareció ser una buena oportunidad.”

Anita fue una de las primeras mujeres en unirse al programa, el cual cuenta con el apoyo del grupo Mahindra, Garuda Aerospace y la Cooperativa de Fertilizantes de Agricultores Indios (IFFCO por sus siglas en inglés). A través de un programa de formación de 10 días en el Instituto de Capacitación Nacional en Hyderabad, Anita aprendió a operar drones, una competencia que ahora usa para aplicar biopesticidas en su propia finca orgánica y agroquímicos en las fincas vecinas.

“Usar los drones es mejor que transportar 10 litros de pesticidas todos los días en mi espalda,” dice ella. “Pero no es fácil. Las baterías solo duran 30 minutos y no he recibido las baterías extras que prometió el gobierno.”

El programa Namo Drone Didi es parte de un proyecto más grande para modernizar el sector agrícola de India, el cual da trabajo a casi la mitad de la fuerza laboral del país. Las mujeres, a las que con frecuencia se les paga 25% menos que a los hombres, soportan una desproporcionada carga del trabajo agrícola. El programa tiene por objetivo abordar este desequilibrio entregándole a las mujeres nuevas capacidades y oportunidades de ingresos.

“La idea es reducir el esfuerzo físico de las mujeres junto con aumentar sus ingresos,” explica Gargie Mangulkar, una representante de MAKAAM, un foro nacional de derechos de mujeres campesinas. “Pero hay problemas importantes, desde limitaciones tecnológicas al riesgo de un aumento de las deudas.”

El programa ofrece un subsidio del 80% de los costos del dron, con préstamos disponibles a través del Fondo de Infraestructura Agrícola para cubrir el 20% restante. Sin embargo, el acceso a la electricidad – necesaria para cargar las baterías – sigue siendo un importante obstáculo en las áreas rurales.

“En el sector rural de India, la electricidad no es estable,” señala Gargie. “Sin la infraestructura adecuada, estos drones pueden llegar a ser una carga en lugar de un beneficio.”

El programa Namo Drone Didi está fuertemente vinculado a intereses empresariales. Garuda Aerospace, una empresa de creación reciente en Chennai, fabrica los drones Kisan, la principal herramienta del programa. Por su parte, IFFCO y otras empresas de fertilizantes entregan capacitación e incentivos, incluyendo patinetas eléctricas gratuitas para quienes estén registrados en Drone Didi.

“Este programa es una contradicción,” dice Gargie. “Por un lado, el gobierno promueve la agricultura natural y por el otro, se asocia con los gigantes de los agroquímicos para fumigar pesticidas.”

Anita, que hace agricultura orgánica en su tierra, puede ver los dos lados de esta situación. “Uso biopesticidas en mi finca, pero cuando me contratan en otras fincas, uso cualquier agroquímico, el que me entreguen,” dice ella. “Es un trabajo y necesito el ingreso.”

Si bien el programa Namo Drone Didi tiene el potencial de empoderar a las mujeres rurales, quienes lo critican advierten que podría consolidar las desigualdades que ya existen. El giro hacia la agricultura digital, facilitada por iniciativas como esta, pueden erosionar las prácticas agrícolas tradicionales y extender el control corporativo sobre la agricultura campesina.

“Los drones recolectan datos detallados sobre el uso de la tierra y su productividad,” dice Gargie. “Estos datos podrían ser usados por las corporaciones para imponer prácticas agrícolas, priorizar sus ganancias e incluso identificar y comprar las tierras más productivas.”

Para Anita, el programa le ha entregado un sustento, pero no ha sido sin complicaciones. “Gano alrededor de 600 rupias (7 dólares) por día, pero aún necesito realizar dos o tres trabajos para sostener a mi familia.” Y agrega “Espero que el gobierno cumpla sus promesas, como las baterías adicionales. Sin estas, es difícil llegar a fin de mes.”

A medida que el programa Namo Drone Didi se expande, organizaciones como MAKAAM impulsan soluciones más sustentables. “Las mujeres rurales necesitan mejores alternativas,” dice Gargie. “Estamos capacitando mujeres en agroecología, reviviendo prácticas tradicionales que son sustentables y empoderan a las mujeres. Iniciamos el trabajo con 50 mujeres y ahora hay alrededor de 300 mujeres rurales trabajando en agroecología.”

Por ahora, Anita sigue esperanzada. “Este programa me ha dado la oportunidad de sostener a mi familia y a estar cerca de casa,” y agrega “Necesitamos más apoyo – como salarios más justos y acceso a los recursos. Solo entonces podremos estar realmente bien.”

San Isidro, una pequeña comunidad ejidal en México, ha perdurado como símbolo de la propiedad colectiva de la tierra desde la década de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas les concedió 536 hectáreas a los campesinos y campesinas locales que se auto organizaron y exigieron el derecho a la auto administración de sus tierras. En la actualidad, San Isidro es uno más de los 29 mil ejidos[1] y de las 2 mil 400 comunidades registradas como propiedad social en México, un legado de las reformas agrarias nacidas de la Revolución Mexicana y consagradas en la constitución de 1917. Estas reformas establecieron un límite a la propiedad privada de la tierra a 100 hectáreas y pusieron más del 50% del territorio nacional — 82% como ejidos y 17% como tierras comunitarias – bajo propiedad colectiva, protegiéndolo de la venta y el embargo por parte de los bancos.

Pero la historia de San Isidro no es solo sobre la tierra; se trata del agua, los bosques y las personas que han luchado para preservarlos. Ejidos como San Isidro poseen 70% de los bosques de Mexico y dos tercios de sus recursos hídricos. Sin embargo, desde los años 90, estas tierras comunitarias han estado amenazadas. La reforma constitucional de 1992, la crisis económica y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abrió las puertas a la privatización, al permitir que las tierras ejidales puedan ser convertidas a propiedad privada. Desde entonces, más del 22% de las parcelas de propiedad social han sido privatizadas, a menudo bajo el pretexto de empoderar a las mujeres.

“¡Las mujeres serán las dueñas!” se convirtió en la consigna de quienes promovieron la privatización, incluyendo al Banco Mundial y a la FAO. Pero las mujeres de San Isidro sabían que esas eran falsas promesas.

La inequidad de género en el México rural es brutal. Las mujeres son más de la mitad de la población rural, sin embargo, solamente el 28% de los títulos de propiedad social está en manos de las mujeres. Las mujeres rurales también sufren las peores condiciones laborales: 46% de las mujeres gana el salario mínimo o menos, comparado con el 32% en los hombres.

En 2024, las exportaciones agrícolas de México alcanzaron un récord, con cultivos de uso intensivo de agua como aguacates y berries, entre las principales exportaciones. Estos monocultivos, impulsados por la demanda global, significan un alto costo para las comunidades como San Isidro.

Para Trinidad de la Cruz, una antigua ejidataria en San Isidro, la llegada de las fincas de aguacate y los invernaderos ha sido devastador. “Seguimos plantando milpas y cuamiles – maíz, fríjoles, calabaza, nopal y chile – pero no como antes,” señala. “Ya no tenemos el respaldo de políticas públicas o créditos, ya que muchos ejidatarios arriendan sus tierras a gente de fuera de la comunidad para cultivar aguacate, agave y hortalizas.”

Cerro El Petacal, mujeres de San Isidro en las tierras recuperadas a la empresa AMWAY 16 de julio de 2022

Actualmente, como San Isidro está rodeado por fincas de aguacate y como algunas personas de la comunidad alquilan a la gente de afuera, la presión es enorme. “Mucha gente se va a la ciudad o a los Estados Unidos para buscar trabajo,” explica Trinidad. “Yo alquilo mis 4 hectáreas a un vecino que cultiva maíz y sorgo, porque ya soy mayor y no puedo trabajar la tierra sola. Pero no le quiero alquilar a las empresas de aguacate. Debemos cuidar el ejido.”

En Alista, el ejido vecino, la situación es aún peor. “Alrededor del 80% de las tierras están alquiladas para aguacate, agave y uvas,” dice Ilma María Cruz, una residente de Alista. “Las uvas las riegan día y noche, dejando nada de agua para la comunidad. Solíamos tener una vertiente en las colinas, pero el agua llega solo dos días a la semana durante 3 horas aproximadamente. ¿Cómo podemos producir alimentos en estas condiciones?”

La privatización de la tierra y del agua se aceleró después del TLCAN, indica Evangelina Robles, una abogada que ha trabajado estrechamente con la comunidad de San Isidro. “Las concesiones de agua se aceleraron y las empresas acapararon fácilmente los recursos.” Una de las primeras en llegar fue la compañía de Estados Unidos Amway/Nutrilite, que compró tierras destinadas para el ejido de San Isidro y comenzó a instalar invernaderos para la producción hortícola.

“Prometieron trabajos y salarios justos,” señala Trinidad. “Pero en los invernaderos son todas personas ajenas al ejido. Trabajan largas horas, se pagan su propio traslado y alojamiento y acumulan deudas. Las mujeres trabajan en el corte y limpieza de frutas, mientras que los hombres e hijos trabajan en los campos. Esto es explotación.”

Ilma, compañera de armas de Trinidad, agrega que el impacto en la salud es grave. Aunque no es una ejidataria, Ilma es una figura importante para la comunidad. “Los pesticidas están en todas partes. Puedes sentirlos en el aire, como el chile. Muchas personas se enferman, pero a las empresas no les importa.”

A pesar de las dificultades, mujeres como Trinidad e Ilma están en el frente de la resistencia. “Fui una de las primeras mujeres ejidatarias en San Isidro,” dice Trinidad. “Cuando mi esposo murió, el título quedó a mi nombre y gané el derecho a participar en las asambleas. Hoy, de los aproximadamente 80 ejidatarios, cerca de 25 son mujeres. Es responsabilidad nuestra cuidar de la tierra, las niñas y niños y las personas mayores.”

“Decidimos detener el arriendo de nuestras tierras y comenzamos a desarrollar cultivos agroecológicos,” nos explica Ilma. “Usamos semillas nativas, recolectamos agua de lluvias y cultivamos maíz, fríjoles, calabazas y árboles frutales. Es más saludable y más sustentable.”

Sus esfuerzos son parte de una lucha más amplia por recuperar la tierra y el agua acaparadas por los agronegocios. En junio de 2022, San Isidro obtuvo una victoria legal contra Amway, la cual se suponía que tenía que devolver 280 hectáreas de tierras adquiridas ilegalmente. Pero la compañía apeló e incluso llevó el caso al Banco Mundial, solicitando 3 millones de dólares en compensación de parte del estado mexicano.

“La comunidad tiene hoy acceso a cerca de 60 hectáreas, pero no es fácil,” indica Eva Robles. “Enfrentan amenazas y presencia armada. Dentro de este contexto, las señoras Trinidad y Ilma son referentes en el tejer cotidiano comunitario en los ejidos, no cómo guías, pero cómo ejemplo, por ser la permanencia de comunidad en la estrategia campesina de resistencia..”

Para las mujeres de San Isidro, la lucha no es solo por la tierra – se trata de preservar una forma de vida. “Luchamos por nuestras niñas y niños, por nuestra comunidad y por nuestro futuro,” señala Trinidad. Esta tierra es nuestra herencia y no permitiremos que nos la quiten.”

A medida que los monocultivos se expanden y el agua es cada vez más escasa, las mujeres de San Isidro son un testimonio del poder de la resistencia colectiva. Su historia es un recordatorio de que la lucha por la tierra, el agua y la dignidad está lejos de acabar, pero también está lejos de perderse.

Paraguay sigue siendo el país más rural de América del Sur, a pesar del 17% de disminución de la población rural durante la última década. Cincuenta y siete por ciento de su población corresponde a mujeres. Con una migración de hombres cada vez mayor hacia las ciudades o al extranjero, las mujeres se han convertido en las principales defensoras de sus territorios. Las mujeres son las que más sufren los impactos de la violencia del capital asociado a los agronegocios y los efectos convergentes de las crisis económica, alimentaria y ecológica. La discriminación estructural y el patriarcado solo profundizan su vulnerabilidad.

En este escenario de luchas emergió Conamuri, una organización de mujeres campesinas e indígenas que ha dedicado los últimos 25 años a amplificar las voces de las mujeres rurales que enfrentan día a día el impacto de los agronegocios. Desde la violencia y la discriminación a la escasez de agua, el deterioro de la salud y la pérdida de semillas locales, estas luchas ya no están confinadas solo al ámbito privado. Gracias a Conamuri ahora son un tema central de la agenda política.

La participación de las mujeres en las tareas agrícolas aumentó un 76% entre 2008 y 2022; sin embargo, la mayoría no tiene tierras o solo tiene acceso a terrenos pequeños. No fue hasta 2002, con la introducción del Estatuto Agrario (ley N°1863), que comenzaron los esfuerzos para promover el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y la asesoría técnica. Hoy, 46% de las personas dedicadas a la agricultura trabajan en menos de 5 hectáreas, dependiendo fuertemente de la agricultura para el 70% de sus ingresos. Los subsidios del estado, las remesas de dinero y la ayuda familiar componen el resto, mientras que las pensiones y los arriendos de tierra corresponden solo a 3%. Más de 84% de las mujeres rurales carecen de cualquier forma de seguro de salud.

Conamuri es ahora una red de más de mil mujeres de casi todos los departamentos de Paraguay. Mantienen una escuela de agroecología, huertos comunitarios, mercados locales y producen su propia yerba mate orgánica. Y más importante, han desarrollado un enfoque político y pedagógico único: feminismo campesino, indígena y popular.

Conamuri fue una de las primeras organizaciones en denunciar en 2003 la muerte del niño de 11 años, Silvino Talavera, debido a las fumigaciones de agroquímicos in Itapúa. En esa fecha, las mujeres fueron difamadas como “locas” o les dijeron que no entendían las realidades del trabajo agrícola. Incluso sus propios camaradas las acusaron de dividir al movimiento campesino. Pero las mujeres permanecieron firmes, bloquearon tractores y protestaron contra las fumigaciones. Después de la muerte de Silvino se inició una movilización internacional contra los agrotóxicos y los transgénicos.

A partir de los agrotóxicos, Conamuri amplió sus denuncias a todo el violento modelo de los agronegocios – desde el acaparamiento de tierras y la explotación del agua a los impactos sobre el trabajo urbano, la vivienda y los sistemas alimentarios. “De enero a marzo, enfrentamos una ‘guerra química’ con fumigaciones aéreas que envenenan a todas las comunidades,” explica Alicia Amarilla, una lideresa histórica de Conamuri. “Cientos terminan en el hospital, mueren niños, pero la causa nunca se declara como contaminación por agroquímicos.”

“Hoy, nos dice Alicia, nuestras luchas son reconocidas y respetadas. La campaña masiva contra el trigo HB4, conocido como ‘Pan sin Veneno’, es un testimonio de los 25 años de diálogo con una sociedad que ya no tolera más ser envenenada.”

Hasta 2012, Paraguay producía solo un cultivo transgénico: soja tolerante al RoundUp de Monsanto, aprobada en 2004, pero cultivada ilegalmente desde el 2000. Luego del golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo, el proceso de aprobación de transgénicos fue simplificado, entregando la soberanía a las corporaciones de agronegocios. Actualmente, 61 cultivos transgénicos están aprobados, la mayoría resistentes a uno o más agroquímicos, que incluye 25 variedades de maíz, 10 de soja, 8 de algodón y 1 de trigo (HB4).

En 2023, Paraguay importó más del doble de la cantidad de agroquímicos que importó en 2015, con el glifosato a la cabeza. Bayer-Monsanto, Syngenta, y Basf dominan el mercado global de las semillas y los agroquímicos, y su influencia se siente profundamente en Paraguay.

Hoy, 95% de la superficie de Paraguay está dedicada a los agronegocios, con un total de 5,5 millones de hectáreas— de las cuales 3,5 millones son de soja transgénica. “La ‘sojificación’ de Paraguay ha devastado nuestros bosques.” Explica Rosa Toledo, otra lideresa de Conamuri. Desde 1985, 142 mil km² del bosque del Gran Chaco han sido convertidos en tierras de cultivo o praderas, convirtiendo a Paraguay en el tercer mayor exportador de soja en el mundo.

En 2013, más de 13 comunidades se unieron para enfrentar la invasión de cerca de 10 mil hectáreas de bosque virgen en San Pedro, conocido como el “pulmón de San Pedro.” Las personas sin tierra ocuparon parte del área para denunciar el acaparamiento de tierras y la deforestación causada por Inpasa, una compañía que estaba instalando una fábrica de etanol y monocultivos de eucalipto y soja.

“El impacto es devastador,” dice Rosa. “Las fumigaciones cerca de las escuelas hacen el aire irrespirable. Los ataques de insectos que antes no se conocían ahora se hicieron comunes. Nos asociamos con una facultad de medicina para estudiar a las comunidades en torno a los cultivos de soja. En una comunidad encontramos diez niños con leucemia, numerosos casos de cáncer, problemas a los ojos y a la piel y alergias. En otra comunidad sin soja prácticamente no había problemas de salud. Los agroquímicos están matando lentamente a las personas.”

Paraguay firmó ahora acuerdos con el Fondo Verde para el Clima para pagos relacionados con la reducción de emisiones. El proyecto Paraguay +Verde, dirigido al manejo forestal sustentable, está facilitando el avance de monocultivos de eucalipto sobre los territorios campesinos e indígenas. Entre 2015 y 2022, las plantaciones de eucalipto crecieron un 90%. Cultivado principalmente para la producción de pulpa, el eucalipto también es usado para producir carbón para el secado de granos de maíz y soja, permitiendo a estos cultivos ser comercializados con una etiqueta ‘verde’. Comunidades como Qom consideran a los eucaliptos como el caballo de Troya del acaparamiento de tierras. Los árboles agotan las fuentes de agua, degradan el suelo y convierten tierras fértiles en desiertos.

Como resultado, mucha gente se ve obligada a arrendar sus tierras no por un año, como ocurre con el cultivo de cereales, sino por 10 a 20 años de una vez. Atrapados entre la necesidad de un ingreso inmediato y la falta de títulos de tierra formales, muchas personas terminan perdiendo todas sus tierras. Conamuri describe este proceso como un ‘paquete de expulsión’ – un desmantelamiento sistemático de las comunidades rurales.

“En la comunidad de Santory en Caaguazú, 300 familias han resistido al avance de la soja en casi 3 mil hectáreas, protegiendo un importante humedal,” dice Perla Álvarez, una lideresa de Conamuri de Caaguazú. “Creamos una escuela de agroecología, Semilla Róga, donde intercambiamos semillas y saberes. Cada mes, realizamos talleres sobre legislación ambiental, producción de semillas y técnicas agroecológicas.”

“Pero los desafíos son inmensos,” agrega Perla, “Con el avance del eucalipto y la soja transgénica, la escasez de agua ha llegado a ser algo crítico. Las vertientes se han secado y los cortes de agua son frecuentes. La comunidad reactivó su resistencia, propuso una ordenanza municipal para declarar nuestro territorio libre de agroquímicos y que nos reconozcan oficialmente como una comunidad agroecológica.”

Para Conamuri, el feminismo campesino y popular no es solamente una teoría – es una práctica de todos los días. “Es la base política de nuestras tareas diarias: cuidar las semillas, mantener los huertos diversificados, practicar la medicina popular y protegernos a nosotras mismas de la violencia,” dice Perla. “Incluso la cocina, muchas veces vista como un lugar de opresión, es un espacio de poder para nosotras. Es donde traspasamos nuestro saber, compartimos recetas y organizamos nuestra resistencia.”

Conamuri también mantiene la Escuela Juliana para Mujeres Indígenas que ofrece capacitación en derechos indígenas, medicina natural y prevención de la violencia. “Hemos construido una ‘red de confianza’ territorial para protegernos unas a otras y denunciar la violencia,” explica Perla. “Cuando una compañera es abusada, visitamos su casa regularmente hasta que la situación mejora. El estado no ofrece refugio ni apoyo, de manera que dependemos unas de otras.”

A través de iniciativas como la Escuela de Mujeres y Jóvenes Defensoras de la Soberanía alimentaria, Conamuri internacionaliza su lucha. “Estamos desarrollando un diálogo continental sobre luchas anti patriarcales,” señala Perla. “Nuestro desafío es compartir las tareas de cuidado con nuestras asociadas, las familias y la comunidad, de manera que las mujeres puedan participar totalmente en la vida política. Pero incluso reunirnos como sujetas políticas es disruptivo. Desde cultivar mandioca a organizar revueltas, sembramos vida y resistencia.”

La que una vez fue una floreciente comunidad agrícola en las fértiles tierras de Kiryandongo, en el oeste de Uganda, se convirtió en el campo de batalla del acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones multinacionales.

Ubicada a 225 kilómetros de Kampala, la capital de Uganda, Kiryandongo es el lugar donde se congregan ugandeses de todo el país. Muchas personas han migrado a esta zona después de escapar de desastres naturales, guerras o violencia en sus lugares de origen. El distrito también alberga a una numerosa población de personas refugiadas, que se suman a una comunidad diversa y resiliente.

Para la mayoría de la población residente, la vida en Kiryandongo es la historia de un doble desplazamiento marcado por el dolor, la humillación y el hambre. Lo que una vez fue una próspera comunidad agrícola, la tierra que antes producía alimentos para las familias locales y toda la nación ha sido transformada en plantaciones industriales de soja y maíz. Las mujeres en particular han sufrido lo peor de estas transformaciones, con ingresos inestables y un futuro incierto.

Los suelos fértiles del distrito y un clima ideal se han convertido en objetivo de la codicia de empresas como Agilis Partners, Kiryandongo Sugar Limited y Great Season SMC Limited. Estas corporaciones, a menudo trabajando mano a mano con los funcionarios locales, han desalojado de manera violenta a miles de familias de sus casas y fincas. En su reemplazo, ahora se extienden por todo el lugar extensos monocultivos de soja y maíz, borrando las admirables tradiciones agrícolas que alguna vez definieron a la región.

Para Stella Akiteng, una campesina despojada y lideresa de la comunidad, la historia es profundamente personal. “Yo era una campesina,” dice. “Cultivé fríjoles, maíz, maní y otros cultivos. Parte de la cosecha era vendida y el resto alimentaba a mi familia. Pero cuando llegaron los inversionistas se apoderaron de todo.”

El derrotero de Stella comenzó con un doble desplazamiento. Después que su esposo la echó de su casa por dar a luz solo hijas, regresó a las tierras de su padre donde se le asignaron 60 hectáreas. Pero en 2017 irrumpieron las corporaciones apoyadas por la policía y el ejército y embargaron su tierra. “Engañaron a los funcionarios del distrito afirmando que habían sido enviados por el gobierno central,” recuerda. “Ahora, mi familia y yo somos campesinos sin tierra.”

El impacto de estos acaparamientos de tierra va mucho más allá del sustento que perdieron. Las familias que una vez cultivaron el maíz que alimentó a Uganda y a otros muchos, ahora luchan para alimentarse. Las escuelas han sido cerradas y a los niños y niñas se les niega la educación. Incluso los cementerios son inaccesibles para la gente local, forzando a las familias a dejar los cuerpos de sus seres queridos en las plantaciones de caña de azúcar que alguna vez fueron sus tierras.

“Las plantaciones de caña de azúcar han traído calamidades y enfermedades,” señala Stella. “Mosquitos, serpientes venenosas y animales salvajes merodean libremente, convirtiendo el área en un lugar inseguro para niñas y niños, mujeres y hombres.”

En su papel como lideresa de la comunidad, Stella se enfrenta hoy a un nuevo problema urgente. En algún momento fue consejera de la Asociación Campesina de Nyamaleme, pero ahora lidera una red de familias desplazadas que luchan por recuperar su tierra y reconstruir sus vidas.

El primer día después del desalojo fue particularmente horroroso. “No podíamos parar de llorar,” recuerda Stella. “Al comienzo fue abrumador, pero a medida que pasaba el tiempo comenzamos a alentarnos mutuamente. Decidimos crear asociaciones y grupos para ayudarnos unas a otras a sobrevivir. Antes de unirnos, pensábamos que estábamos condenadas, sin esperanza. Ahora tenemos esperanza – esperanza de que recuperaremos nuestras vidas y la tierra.”

Los grupos se han convertido en una fuente de fortaleza y solidaridad. “Expresamos nuestra alegría entre nosotras,” dice Stella. “Sobrevivir no ha sido fácil, pero hemos encontrado las formas de apoyarnos mutuamente.”

El liderazgo de Stella ha llegado más allá de Kiryandongo. Ella y su grupo han organizado visitas a otras comunidades de Uganda afectadas por el acaparamiento de tierras. Las visitas permitieron conocer la extendida naturaleza de la explotación por parte de las corporaciones.

En Kalangala, Stella conoció cómo las campesinas y campesinos fueron embaucados para que se asociaran con las empresas, mediante la promesa de que se les entregaría acciones en las plantaciones de palma aceitera. “Se les dijo que se beneficiarían, pero una vez que se plantaron las palmas, las empresas les prohibieron producir cultivos alimenticios,” explica Stella. Los agroquímicos usados en las plantaciones contaminaron el lago Victoria, extinguiendo las poblaciones de peces y devastando la industria pesquera local.

En Mubende, Stella fue testigo del impacto ambiental de las plantaciones de eucalipto. “Los árboles agotaron toda el agua, secaron las vertientes y los ríos,” señala Stella. A la gente de la localidad se les prohibió pastorear su ganado o recolectar leña, les dejaron sin los recursos esenciales.

En Hoima, la destrucción del bosque de Bugoma para instalar plantaciones de caña de azúcar golpeó hondo. “El bosque era el sustento para la comunidad, proveyéndoles de hierbas, leña y más. Actualmente esto ya no existe más, y lo mismo ocurrió con sus formas de vida,” reflexiona Stella.

Estas visitas motivaron a las comunidades afectadas a unirse. “Nos dimos cuenta de que esto no era solo nuestro problema – ocurre en todos lados”, señala. Formaron una red informal contra las inversiones en tierras en Uganda, la que actualmente unió fuerzas con la alianza contra la palma aceitera (Informal Oil Palm Alliance) en África Occidental, conectándose con otras personas en toda África para compartir estrategias y recursos.

Para Stella, la lucha no se trata solo de recuperar la tierra – se trata de asegurar un futuro para la siguiente generación. “Si esto continúa, no habrá tierras para cultivar alimentos, solo plantaciones de caña de azúcar y cultivos de árboles,” advierte ella. “Si no actuamos ahora, no quedará nada para la próxima generación.”

Como lideresa que ha sido elegida por su comunidad, Stella es motivada por un profundo deseo de cambio. “Todo lo que quiero es un mejor futuro para nuestra comunidad y nuestro país,” dice. “Aprendemos de cada una de nosotras, permaneciendo resueltas y asociándonos con otras y otros. Juntos podemos vencer cualquier problema.”

Su mensaje para las otras mujeres es uno de resiliencia y solidaridad. “Animo a las mujeres a permanecer fuertes y superar los problemas,” dice ella. “Si muero, las mujeres que me conocen continuarán mi ejemplo. Si tengo la oportunidad de hacer más, me mantendré firme en mis convicciones y lo haré.”

La historia de Stella se ha convertido en un testimonio de la fortaleza de la acción colectiva. “Cuando comparto mi testimonio en la iglesia, las mujeres lloran y me preguntan cómo logro mantenerme de pie, cómo supero las dificultades,” señala. “Mi respuesta es siempre la misma: no sufran solas. La resiliencia se logra estando juntas, escuchando a otras y siendo empáticas. El mundo está lleno de dolor, pero juntas podemos sanarnos y reconstruir lo que se rompió.”

En el territorio de Malen, en el sur de Sierra Leona, la palma aceitera es más que un cultivo para obtener ingresos. Por generaciones, las mujeres en esta región han dependido de la palma aceitera para obtener sus alimentos, sus ingresos y su estabilidad económica. Sin embargo, la llegada de las plantaciones industriales afectó sus medios de vida tradicionales, ya que las corporaciones multinacionales como SAC se han apoderado de la tierra, muchas veces sin consentimiento de las comunidades locales.

Desde 2011, SAC, una subsidiaria de la multinacional SOCFIN con domicilio en Luxemburgo, adquirió más de 18 mil hectáreas de tierra para la producción industrial de aceite de palma en el territorio de Malen. Lo que siguió a esto fue un feroz conflicto por la tierra entre la empresa, las autoridades locales y las comunidades. El conflicto se ha agravado y hoy se expresa en violencia, desplazamientos y una dura lucha por justicia. En medio de todos los problemas, las mujeres del territorio de Malen se organizaron y están luchando para proteger su tierra y sus formas de vida.

Jeneba, viuda y campesina, vive en el sector de Panina en el territorio de Malen y es un símbolo de la resiliencia de su comunidad. Por años cultivó arroz y palma aceitera en tierras heredadas de su fallecido padre, manteniendo a su familia gracias a la agricultura. Sin embargo, en 2011, su vida sufrió un giro cuando el jefe supremo del territorio y otros líderes de la comunidad vendieron las tierras de la familia a SAC sin su consentimiento.

“Se apoderaron de nuestras tierras sin consultar,” recuerda Jeneba. “Cuando traté de pelear por esto, fui golpeada y abusada sexualmente por cinco hombres. Fue una experiencia dolorosa y aún lo es.”

Jeneba llevó su caso a la policía y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se llevó a cabo acción alguna. Buscando apoyo, se unió a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras de Malem (MALOA por sus siglas en inglés), una asociación formada en 2011 para combatir el acaparamiento de tierras en el territorio ancestral. A pesar de sus esfuerzos, Jeneba y otras mujeres afectadas no han logrado recuperar sus tierras.

“Me dejaron con nada,” dice ella. “Sin tierra para cultivar, sin beneficios de la compañía, sin trabajo para mi o mi familia. Estamos luchando por sobrevivir.”

La historia de Jeneba refleja un problema mayor en el territorio de Malen. Las mujeres que una vez dependieron de la palma aceitera y otros cultivos para obtener su alimentación y los ingresos para sus familias, ahora sufren el desplazamiento y la privación económica. Las plantaciones de SAC no solo se han quedado con sus tierras, sino que también han roto el tejido social y económico de su comunidad.

“Los jefes tradicionales comparten los beneficios con aquellos que son sus conocidos,” explica Jeneba. “Al resto nos dejaron sin nada.”

Un informe de 2017 realizado por FIAN de Bélgica confirma las denuncias de Jeneba. El informe incluyó graves acusaciones de corrupción y falta de transparencia en las operaciones de SOCFIN. Los fondos supuestamente para pagos de arriendos de tierras fueron desviados hacia las élites locales sin ninguna rendición de cuentas. El informe también revela una gran brecha entre las promesas de responsabilidad social de SOCFIN y la realidad. Entre 2011 y 2017, la compañía anunció 16,4 millones de dólares para proyectos comunitarios, que incluían escuelas, hospitales y caminos. Sin embargo, se desembolsaron realmente solo 2,5 millones.

A pesar de las adversidades, las mujeres de Malen han mostrado un inmenso coraje y determinación. El 21 de septiembre de 2017, entre 150 a 200 mujeres fueron atajadas por la policía en su camino hacia Pujehun para exigir medidas contra SOCFIN por el acaparamiento de tierras y abusos a los derechos humanos. Las mujeres, portando pancartas y carteles condenando las injusticias, el acaparamiento de tierras y los numerosos arrestos, se negaron a dar marcha atrás.

“No nos movimos,” recuerda una participante. “Le dijimos a los periodistas que llegaron a la escena que la paz era el camino, pero también dejamos en claro que no nos silenciarían.”

Después de horas de estar sin avanzar, la mayoría de las mujeres, a su pesar, regresaron a sus casas, pero seis de ellas siguieron hasta Pujehun para asistir a una reunión distrital de principales actores implicados, lo cual fue descrito como una victoria pequeña pero significativa.

El conflicto llegó a un punto trágico el 21 de enero de 2019, cuando un disturbio entre personas de la comunidad y la policía y militares que protegían las propiedades de SOCFIN derivó en hechos fatales. Dos personas murieron por balazos. Posteriormente la policía y los militares realizaron redadas en los pueblos vecinos. Las personas fueron golpeadas, se vandalizaron casas y se saquearon propiedades. Cientos huyeron de sus casas y se arrestaron 15 personas, a lo que se agregó una larga lista de detenciones arbitrarias de activistas de MALOA.

En este contexto, una coalición de Sierra Leona y organizaciones internacionales de la sociedad civil llamaron a una acción urgente.

El llamado de Jeneba es de resiliencia y esperanza. Ella urge a sus compañeras mujeres a permanecer fuertes y a continuar luchando por sus derechos. “No debemos rendirnos,” señala. “El futuro de nuestras niñas y niños depende de esto.”

Por lo tanto, la lucha en Malen no solo se trata de la tierra - se trata de asegurar un futuro sustentable para la comunidad. Mujeres como Jeneba Samuel están en la primera línea de este esfuerzo y su resiliencia es un testimonio de la fortaleza de aquéllas que se rehúsan a ser silenciadas

[1] Un ejido es un término usado en México para designar un área de tierra comunitaria usada para la agricultura en la cual los miembros de la comunidad tienen derechos de usufructo en lugar de derechos de propiedad sobre la tierra – ver definición de ejido en Wikipedia