Resistencia vs OGM en México : Que no toquen nuestro maíz

En un documento anterior (Alarma: Avalancha transgénica en México),1 resumimos las circunstancias que llevaron a la emergencia transgénica que hoy viven México y varios países de América Latina. Con diferentes grados de avance, la andanada transgénica y las leyes de semillas y propiedad intelectual que fortalecen el control de las empresas sobre la agricultura atraviesan todo el continente y, por desgracia, encuentran eco en organismos internacionales como la FAO o el CIMMYT, y en fundaciones de “asistencia al desarrollo” como la Fundación Bill y Melinda Gates.

Hoy México sigue ante el riesgo inminente de que con permisos de siembra comercial, o sin permisos, se inunde con maíz transgénico las grandes ciudades; se profundice la imposición de sistemas autoritarios de intensificación de cultivos y se terminen contaminando las variedades de maíz nativo en el centro de origen de éste —uno de los cuatro cultivos más importantes en la historia de la humanidad.

La efervescencia popular

Finalizó el sexenio del presidente Felipe Calderón sin que aprobara los permisos de siembra comercial de maíz GM en los estados de Sinaloa y Tamaulipas que parecían inminentes en los últimos meses de su gestión —pero el horizonte con Enrique Peña Nieto no es menos ominoso. Su llamada Cruzada Nacional contra el Hambre podría repartir maíz transgénico como ayuda directa “contra la hambruna”2 o utilizarlo como justificación para acaparamientos de tierra, monocultivos y agricultura industrial con sus paquetes de agrotóxicos, derechos de propiedad intelectual y criminalización de las semillas nativas. 3

Sin embargo, no se ha promulgado autorización alguna, los plazos para dictaminación ya prescribieron y la temporada de la siembra de riego en el norte mexicano, donde se solicitaron los permisos, ya se pasó.

Esto es un logro concreto de las organizaciones mexicanas e internacionales. Han sido meses de esfuerzos, lucidez y movilización coordinada, de información fluida en periódicos, redes sociales, mítines informativos, asambleas, talleres, campañas internacionales de firmas, plantones y ayunos, debates públicos, spots radiofónicos a cargo de reconocidos activistas, intelectuales y artistas, e innumerables artículos de opinión, reportajes, carteles y entrevistas en video y radios por internet. El costo político nacional e internacional se agrandó en el público. La maraña jurídico-administrativa tejida por las instancias de gobierno, provoca que el actuar y las disposiciones gubernamentales sean muy contradictorias entre sí. Pero sería un error pensar que la amenaza ya pasó. Por el contrario. Cuando se abran de nuevo las temporadas de siembra (de riego y de temporal) en el norte del país sabremos si las corporaciones creen tener condiciones más favorables. Y ya hay nuevos permisos solicitados. Y podrian sumar 36 millones de hectáreas! 4

Al comenzar el nuevo régimen, varias organizaciones estudiantiles, sociales, ambientales, rurales y urbanas, participaron en un mitin informativo a las afueras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) —encargada de la decisión final respecto de los permisos de siembra de OGM.5 Se repartieron volantes, la gente habló mostrando la urgencia de que la dependencia asumiera su responsabilidad de impedir la inminente contaminación.6 El mismo día y a la misma hora, en Berlín grupos solidarios con la defensa del maíz, algunos de ellos cercanos a Vía Campesina Internacional, se manifestaron pacíficos fuera de la Embajada mexicana “para exigir al gobierno de México que no otorgue los permisos de siembra del maíz transgénico a gran escala para fines comerciales”.7

Entre el 15 y el 17 de enero, la Red en Defensa del Maíz (RDM), en la que se reconocen más de mil 200 comunidades de unos 22 estados del país, celebró su primera asamblea de 2013 y emitió un pronunciamiento difícil de superar en su resumen de las circunstancias recientes y por venir:

Nosotras, las comunidades, organizaciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz desde hace once años, elevamos nuestra voz para repetir una vez más que rechazamos tajantemente la introducción, el trasiego, la comercialización, intercambio, experimentación, almacenaje y la siembra de cualquier cultivo transgénico.

Rechazamos todo lo relacionado con el maíz transgénico por atentar directamente contra más de diez mil años de cuidado del maíz nativo, por atacar directamente las estrategias agrícolas y de subsistencia de los pueblos y las comunidades; por atentar contra la seguridad y la soberanía alimentarias de México, por atentar contra la producción libre y autónoma de alimentos con semillas nativas nacionales, libres de patentes y sin modificación transgénica. Por atentar contra la salud de la población en general.

Lo hemos dicho antes ya, pero es necesario repetirlo también: México y toda Mesoamérica (y más) es centro de origen y diversificación del maíz. Por tanto rechazamos el empeño del gobierno por imponernos unos supuestos centros de origen que presuponen que hay otros muchos sitios donde se puede plantar cultivos transgénicos. Exigimos la integridad política, biológica y territorial de México como país centro de origen y diversidad continua, encarnado en la vigencia de los pueblos indígenas.

Hoy, a nuestros reclamos de once años de resistencia tenemos que sumar nuestra palabra a todas aquellas voces que ya sonaron la alarma ante la mera posibilidad de que se aprueben los permisos solicitados para sembrar transgénicos comercialmente en más de 2 millones 400 mil hectáreas, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Siendo estas entidades sitios que siembran enormes cantidades para consumo humano en las grandes ciudades del país, se las inundaría con un maíz contaminado que en otros países ha sido objeto de estudio y han hallado que es nocivo para la salud. Lo mismo que hemos venido diciendo desde nuestras comunidades y organizaciones durante estos once años.8

Las tres estrategias centrales de la RDM en estos años han sido mantener a raya los transgénicos con la decisión —comunitaria, regional, nacional— de no dejar pasar semillas ajenas ni de la asistencia gubernamental; defender la vida completa de los pueblos que se preocupan por cuidar el maíz (lo que implica que las comunidades reivindiquen activamente sus territorios y autogobiernos, y asumir un plazo perpetuo en donde la lucha no termina jamás, ocurra lo que ocurra). Haciendo eco de lo anterior la RDM remachaba:

Saludamos a todas las comunidades y organizaciones que desde el nivel local y regional han logrado establecer acuerdos, estatutos o reglamentos —como un freno real a la entrada de los transgénicos a sus lugares y enclaves mediante una actitud de atención, alerta y cuidado desechando o frenando todas las semillas extrañas, las semillas híbridas o ajenas que los programas de gobierno o las empresas quieren imponerle a las comunidades a cambio de otros programas o proyectos.

Esa moratoria real se ha mantenido estos once años y México sigue siendo un país donde todavía no nos vencen los transgénicos. Por eso es importante, ante una emergencia tan grave como la que vivimos, redoblar esfuerzos, atención, cuidados, para mantener y reforzar las semillas nativas y los canales de confianza que hacen posible su intercambio seguro y la diversidad que es su corazón, al tiempo de desterrar toda semilla ajena, sobre todo si son semillas que nos promueve el gobierno y las empresas.

Por supuesto, ahora ya no sólo es un problema de siembra atenta, cultivo cuidadoso o intercambio de semillas por los canales de confianza. Ahora también debemos prestar atención a la procedencia de todo el maíz que consumamos, sabedores de que hay ahora infinidad de productos que lo contienen. Debemos redoblar la atención para desechar los productos procesados que contienen algún ingrediente basado en maíz industrial, pues seguramente será transgénico.

Poco después, la organización internacional AVAAZ publicó una petición con más casi 42 mil firmas a nivel mundial contra el maíz GM, a partir de una campaña que pactó con las organizaciones mexicanas involucradas.9

Entre el 21 y el 31 de enero, UNORCA, parte de Vía Campesina América del Norte, emprendió un ayuno público para protestar contra los permisos de siembra comercial de OGM. Decía su comunicado:

En ese acto de mortificación voluntaria del propio cuerpo como manifestación cívica, recordaremos a los cerca de 30 millones de compatriotas que cada día no encuentran alimento suficiente para llevar a sus bocas. Queremos compartir nuestra preocupación por la salud, la cultura y la economía de nuestra nación, deterioradas por un modelo de desarrollo que favorece a una minoría, incluidas las empresas transnacionales que ahora conspiran para apoderarse de una de las mayores riquezas de nuestros pueblos: el maíz.

Queremos expresar nuestra indignación ante el enorme atropello que significaría la aprobación de la siembra comercial de maíz transgénico en México y demandamos que el gobierno federal considere los intereses de los campesinos y la mayoría de los productores mexicanos por encima del poder de las empresas transnacionales.10

A fines de septiembre de 2012, las organizaciones sociales, rurales y urbanas iniciaron una serie de talleres conjuntos en los barrios de varias ciudades con el objetivo de informar desde abajo a la población, abriendo espacios de diálogo y reflexión microscópicos para informar de la invasión transgénica, y estableciendo líneas de acción básicas para lidiar con una invasión así en el momento que ésta sucediera. Entre enero y marzo pasado, toda la actividad reforzó las alianzas nacionales e internacionales de las organizaciones —desde la base— e impulsó una amplia reflexión sobre las implicaciones desastrosas de los transgénicos para la diversidad del maíz en su centro de origen, para la agricultura campesina y la salud de la población.

Tal vez no haya habido en México un momento en que la defensa del maíz y el peligro de los transgénicos hayan quedado tan establecidos en la opinión pública. La organización Yo soy #132, y otras organizaciones de jóvenes, estudiantes y activistas urbanos, junto con la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea de Afectados Ambientales lograron convocar un debate público en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que esperaba contar con las autoridades de Sagarpa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), autoridades, todas, implicadas en aprobar, brindar consulta o dictaminar lo relativo a los OGM en México y a los permisos de siembra piloto, experimental o comercial de los mismos. Ninguna de estas instancias gubernamentales llegó al debate ni contestó formalmente a la invitación. Sagarpa declinó asistir, mediante conversación telefónica, alegando no tener una postura de política pública por ser nueva la administración encargada.

Conabio no asistió, pero en octubre de 2012 publicó un documento donde con toda claridad planteó sus dudas ante la posible aprobación: “Enfrentamos como país un problema serio sin solución evidente: el de introducir una nueva tecnología que involucra a seres vivos y que pretende imponerse, a pesar de no contar aún con evidencia clara de que su uso se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad adecuadas que aseguren impactos mínimos al medio ambiente y la diversidad biológica, así como a la seguridad alimentaria.”11 No hubo, además, respuesta oficial alguna.

El debate celebrado el 7 de febrero contó con la presencia de Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), contraparte mexicana de la Unión de Científicos Comprometidos estadounidense (UCS); de Silvia Ribeiro del Grupo ETC, de Peter Rosset, investigador de El Colegio de la Frontera Sur y asesor de Vía Campesina, y de Álvaro Mena, campesino maya de la Península de Yucatán, uno de los apicultores que han sufrido la pérdida de abejas y el veto a su miel en la Unión Europea por encontrarse rastros de material transgénico en ella, todo por el modelo agroindustrial de monocultivo de soya convencional y GM que además implica grandes cantidades de agrotóxicos. Mena llegó al debate con la noticia de que un día antes se habían perdido mil 500 colmenas por la fumigación de los monocultivos aledaños.12

En el debate, que congregó a más de mil atentisímas personas en el Auditorio Alberto Barajas Célis, de la Facultad de Ciencias, Antonio Turrent insistió en que no hace falta recurrir a los transgénicos, que en México se cuenta con las variedades de semillas nativas suficientes y que lo que falta es un apoyo a la agricultura campesina que podría cubrir las necesidades alimentarias de la población. A los pocos días, Turrent y Alejandro Espinosa, de la UCCS, ampliaron su postura:

México es el centro de origen del maíz y, a la vez, mayordomo de la mayor riqueza en diversidad genética del maíz y de sus parientes silvestres en el mundo. En los bancos de germoplasma mundiales se resguarda a temperaturas de –18°C o inferiores, un billón de semillas de maíz genéticamente diferentes entre sí, que apenas son una pequeña fracción de la biodiversidad del maíz en el mundo.

En comparación, los campesinos mexicanos siembran anualmente unos cien mil millones de semillas genéticamente diferentes de 59 razas nativas. La cosecha es de unos 20 billones de granos de maíz nativo, que fueron expuestos a tensiones ambientales durante su cultivo. De aquellos, las mujeres campesinas seleccionan cien mil millones como semilla para la siembra y el resto es consumido como alimento.

Se maneja cada año 20 veces la biodiversidad que hay en los bancos de semilla del mundo, sobre la que se ejerce gran presión de selección (una semilla de cada 100) para favorecer aquéllas que por sus rasgos morfológicos representan el ideal para su consumo pluricultural. Los productores intercambian su semilla dentro de la comunidad, habiendo también productores que venden semilla local o regionalmente.

Todo esto conforma un mega-experimento de mejoramiento genético autóctono sin paralelo en el mundo, dinámico, y realizado por el habitante de Mesoamérica sin pausa desde hace más de 6 mil años, que diversificó y sigue diversificando al maíz.13

Las organizaciones convocantes emitieron un comunicado que se suma a los cientos de declaraciones y documentos que construyen un edificio de argumentos pertinentes insoslayables. El primer reclamo es que ninguna dependencia hubiera asistido, pese a que a todas se les invitó en lo particular y con tiempo suficiente.

Es escandalosa la incapacidad de decisión que exhiben las autoridades mencionadas, pues abunda información sobre los riesgos potenciales de los organismos transgénicos para la salud humana, la productividad y las economías locales y nacional; la afectación ambiental de los suelos, la fauna y la flora. Por ello exigimos que el gobierno mexicano actúe en consecuencia con la recomendación del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier de Schutter, que en 2011 dijo: “…que las autoridades mexicanas declaren lo antes posible el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad de maíz”.

Además de los peligros que entraña para la biodiversidad planetaria la liberación comercial del maíz transgénico, lo rechazamos por los daños irreversibles por contaminación genética de las variedades nativas, por la destrucción de las posibilidades nacionales de lograr seguridad y soberanía alimentaria —pues los organismos transgénicos son propiedad de empresas que volverían a los agricultores mexicanos clientes cautivos de sus insumos— por la amenaza de destrucción de la historia y las culturas de los pueblos que somos México, y por muchas otras consideraciones que escapan el ámbito meramente científico.14

Vía Campesina, el Grupo ETC y GRAIN, elevaron cartas a la FAO y al Convenio de Diversidad Biológica apelando a su autoridad para impedir que en el centro de origen del maíz ocurriera una catástrofe. Pero la respuesta de la FAO, casi idéntica a una de años anteriores, es muy ilustrativa de la postura que mantiene:

La posición de la FAO ha sido siempre reconocer que los organismos modificados genéticamente plantean temas difíciles y los países miembros y sus ciudadanos tienen que tomar sus decisiones sobre estos temas respecto a la planificación, la inversión, la comercialización, la investigación, la formación o el uso de los organismos modificados genéticamente. La responsabilidad en la formulación de política y en la toma de decisiones respecto de los organismos modificados genéticamente pertenece a los gobiernos de los países.15

La respuesta difiere diametralmente de la carta donde Braulio Ferreira de Souza Dias, del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), responde a la misma preocupación y las mismas organizaciones:

En vista de las solicitudes recibidas por el gobierno de México para la introducción en el medio ambiente de las diferentes variedades de maíz genéticamente modificado, he escrito a los puntos focales nacionales del país, tanto para el CDB como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. En la carta, les he recordado sus obligaciones en virtud del Convenio y del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología y he hecho hincapié, en particular, sobre la importancia de México como centro de origen del maíz, el papel fundamental del maíz en la seguridad alimentaria mundial y la importancia de mantener la diversidad genética de esta especie frente a los desafíos que presenta el cambio climático y otras presiones ambientales. Espero que el gobierno de México tendrá en cuenta las preocupaciones de todos los interesados y tomarán las decisiones apropiadas.16

La maraña jurídica

Envueltos en el vuelo de los acontecimientos, y en la zozobra de los plazos para otorgar o negar los permisos de siembra comercial que solicitaron desde septiembre Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer (PHI México), las organizaciones involucradas en la lucha contra los transgénicos buscaron frenarlos por la vía legal. No dejaban de circular rumores contradictorios. “Ya se cumplieron los plazos de 50 días fijados por la ley para que la autoridad, que dictamina si se otorgan o no, diera respuesta a la autoridad que resuelve al respecto de las solicitudes. Como la autoridad competente no se pronunció, eso significa que las siembras comerciales de transgénicos están aprobadas por default”. “No, ya se cumplió el plazo de cuatro meses desde que la autoridad recibió la solicitud. La ley dice que si la autoridad que debe resolver no se pronuncia en el plazo de cuatro meses, eso significa que el permiso no se otorgó”.17

Comenzó así una nueva movilización ante la aprobación siempre latente. El 16 de marzo, Greenpeace y UNORCA-Vía Campesina realizaron un foro en Culiacán, Sinaloa (donde se sembrarían las semillas GM de aprobarse los permisos) para discutir las implicaciones. A ese foro asistió, invitado, Percy Schmeiser, un agricultor canadiense que fue demandado por Monsanto hace años porque la compañía alegó que Schmeiser sembraba semilla propiedad de Monsanto. En realidad, los campos del agricultor se contaminaron. Tras años de litigio, Schmeiser perdió el juicio, y la compañía se fortaleció.18

Yo Soy #132-Ambiental y Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional se movilizaron directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.19-20

El 25 de marzo —y requerido por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)—,21 Mikel Arreola, titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, afirmó que “la comercialización autorizada de 56 semillas de maíz transgénico no ha reportado ningún daño a la salud”, pero insistió que aún se carece de autorización para la siembra en México. Su intervención en realidad abonó a la confusión que han generado los plazos y las competencias de Secretarías (ministerios) y de instancias e institutos en dictámenes, opiniones, aprobaciones, sanciones y resoluciones. Confunde que por un lado su declaración afirme tajante la inocuidad de las semillas transgénicas, y por otro insista en que todavía no hay una aprobación porque “no se ha determinado todavía en este país la conveniencia o no de la siembra de transgénicos.22

Ante tanta confusión y preventivamente, varias organizaciones sociales y civiles elevaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Enrique Peña Nieto y otros funcionarios “por la posible aprobación de las solicitudes de siembra comercial, ya que en caso de aprobarlas estarán violando el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano y a los derechos culturales de los mexicanos”. En sus comunicaciones Greenpeace señaló que “la queja presentada por las organizaciones puede ser replicada por todos, por cualquier ciudadano a título personal y por otras organizaciones interesadas, ya que son los derechos de todos los mexicanos los que están en riesgo”. Con lo que queda abierta una vía legal de inconformidad en caso de que salgan que siempre sí autorizan la siembra comercial de OGM.23

 

El plazo perpetuo

También el colectivo de abogados de la Asamblea de Afectados Ambientales, el Colectivo por la Autonomía, el Grupo ETC, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, el Centro Nacional de Misiones Indígenas y GRAIN, investigaron en conjunto las reales implicaciones de la maraña legal y administrativa que tendría que decidir “supuestamente” si se aprueban o no las siembras comerciales tan temidas, valoraron la necesidad de interponer acciones legales preventivas, y realizaron un balance de los logros concretos recientes:

1. En el periodo reciente que vive México, la movilización logró visibilizar, para la opinión pública, el grave problema de la contaminación transgénica en el centro de origen del maíz. Logró poner en el debate, nacional e internacional, la crucial importancia del alimento principal del pueblo mexicano y de muchos pueblos en el mundo.

2. Logró convocar un amplio rango de respuestas de oposición ante los OGM y ante el supuesto imperio de la autoridad de funcionarios gubernamentales y científicos de orden privado y público. Estos opositores son científicos y académicos comprometidos con la sociedad, estudiantes, promotores de derechos humanos, de activismo barrial, pastoral y de salud, movimientos sociales reformistas y contestatarios, movimientos de afectados ambientales, y organizaciones campesinas e indígenas (de las productivistas a las comunitarias), hasta llegar a las personas más comunes que, cargadas de historias, se reconocen en una lucha que reivindica raíces de identidad, seguridad y soberanía alimentarias, insumisión y soberanía nacional.

3. Ya prescribieron los plazos para que se aprobaran o denegaran los permisos de siembra comercial que tanto revuelo causaron. Cualquier nuevo intento tiene que reactivar, en lo legal y lo administrativo, la solicitud de los mismos ante las instancias que afirman regularlos.24 Esto es un logro real, que sienta un precedente sobre todo en la movilización de la población mexicana. Es un logro escueto, pues la desinformación y la no transparencia de las instituciones ha sido la norma, a juicio de las organizaciones sociales que solicitaron una y otra vez información al respecto, al punto de solicitarle al Instituto Federal de Acceso a la Información que emitiera el mandato para que alguna dependencia respondiera.25

4. Sin embargo, cuando sigue pesando en el ánimo el silencio institucional en torno a la supuesta aprobación o negación de los permisos (que ya prescribieron, por ahora, insistimos), la pregunta crucial que varios movimientos se hacen es: Qué haremos en el momento en que se aprueben definitivamente los permisos (con la ley en la mano o invocando artilugios legales para evadir sus lineamientos) y las corporaciones comiencen a sembrar. Y las respuestas no se hacen esperar.

Para muchas organizaciones, será bueno tener preparadas las prevenciones legales que hagan falta para impugnar acciones a todas luces ilegítimas, aunque pudieran ampararse por leyes que el pueblo mexicano considera que violan centralmente innumerables derechos (como la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, o la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas). Y ya veremos cuáles pasos se darán en el plano nacional o internacional en el caso en que se aprueben, pero sabiendo que tales recursos legales preventivos o de queja, no serán nunca el centro de la resolución de un conflicto entre la población, las corporaciones y el Estado, sino un apalancamiento coyuntural o momentáneo en una resistencia más amplia, más profunda y cotidiana.

5. Ante el cúmulo de agravios que tales leyes contienen, las organizaciones mexicanas están considerando iniciar un proceso nacional e internacional de impugnación de ambas leyes en busca de su derogación.

6. Proliferan las voces, en México y a nivel internacional, que insisten en que estamos ante un Estado mexicano que incurre en agravios urgentes que deberán ventilarse ante alguna instancia de autoridad moral, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Permanente de los Pueblos —una instancia de larga trayectoria moral y que tantos colectivos en México reivindican crecientemente.26 En ese camino y tras la instalación del Tribunal en México en octubre de 2011, se abrieron siete procesos, uno de los cuales es justamente el de “la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos”.

7. En ese proceso, se abrieron y se seguirán abriendo espacios (llamadas preaudiencias) para que personas y colectivos de la sociedad civil mexicana, rural y urbana, discutan y reflexionen entre sí, buscando entender juntos diferentes aspectos de la realidad nacional y global que inciden directamente en agraviarlos, sistematizando los hallazgos y entendiendo quiénes son los responsables y, tal vez, caminos para transformar la situación. Eso, ante personas de reconocida autoridad moral e independencia a nivel mundial que vienen a cotejar que tales agravios son reales y que la configuración de los casos es fundada. Entre las preaudiencias planteadas están una relacionada con la contaminación del maíz nativo con variedades transgénicas, y la responsabilidad de empresas y gobierno en la misma. Otra intenta demostrar que las empresas han estado rompiendo los lazos entre la gente y sus fuentes de subsistencia (los territorios, las semillas, el agua, la tierra, la biodiversidad y otros bienes comunes) y buscan erosionar o de plano prohibir que la gente resuelva por sí misma su subsistencia apelando a sus estrategias ancestrales y contemporáneas —eso que la gente llama agricultura campesina, y que ante el cúmulo de definiciones podríamos llamar agricultura independiente o que apunta hacia la independencia. Una tercera busca que discutamos las leyes, reglamentos y regulaciones relacionadas con las semillas y que en la ley de semillas mexicana hay la intención concreta —como en otras muchas del continente—, de criminalizar el uso, resguardo e intercambio de las semillas nativas. Esta preaudiencia discutiría también los procesos de propiedad intelectual y privatización de semillas y materiales vegetales. Una cuarta reunión estaría destinada a documentar la invasión con soya transgénica, y el caso, muy documentado ya, de la contaminación de la miel de los apicultores de la Península de Yucatán. Una quinta buscaría establecer el papel de los programas de gobierno en el desmantelamiento de la vía campesina, con su imposición de modelos, la privatización de los bienes comunes, la individualización de la propiedad de la tierra y mucho más. Una sexta tiene como fin establecer los vínculos de corrupción entre las instituciones de investigación pública y las empresas privadas de innovación. Mientras más gente contribuya con su experiencia y sus visiones al diagnóstico de las aristas que pesan sobre las dificultades y francos ataques a la vida campesina, más claro será el camino que emprenderán las organizaciones para transformar el país, dicen los organizadores del TPP.

Esta apertura creciente de espacios de discusión está teniendo el efecto concreto de reforzar los vínculos entre las organizaciones, las comunidades y las regiones: un periodo importante de reflexión popular por todo el país, como también ocurrió en Colombia con el proceso del tribunal cuando ahí sesionó entre 1989 y 1991 y luego entre 2005 y 2008.27

8. En el fondo, la valoración final, la enseñanza más vasta y más profunda que arrojan estos meses de zozobra, es volver a reivindicar lo que desde hace once años propone con hechos la Red en Defensa del Maíz: una estrategia integral, de trabajo para siempre, donde para defender el maíz hay que sembrarlo, defendiendo así la vida de los pueblos que atesoran el maíz; establecer una moratoria efectiva y estricta, de nivel comunitario y regional, que impida que las semillas ajenas, sean de las empresas o el gobierno, penetren los espacios “libres de transgénicos”; mantener o retornar al control comunitario las estrategias ancestrales y modernas de una agricultura independiente y defender los territorios, las semillas nativas, el agua, los saberes, la socialidad y la justicia.

En ese horizonte, la invasión legal, ilegal, clandestina o cínica de los transgénicos en contacto con las variedades nativas es un duro golpe, pero en el horizonte de larguísimo plazo, la gente seguirá empeñada en defender el maíz nativo, limpiándolo, refortaleciéndolo, hasta el fin de los tiempos. Recurrirá alternativamente a la movilización, la reflexión colectiva, el trabajo cotidiano o la lucha jurídica, porque el futuro no está escrito.