Luego que el presidente de Estados Unidos oficializó su retiro del Acuerdo Transpacífico y anuncia la renegociación del TLCAN, desde diversos sectores escuchamos que los tratados de libre comercio se están desarticulando. Insistimos que la decisión de Donald Trump no es abandonar los tratados, sino negociar normas aún más ventajosas para los capitales estadounidenses, política apoyada por los demás países en aras de nuevas ventajas y privilegios para las corporaciones. Tenemos por delante, potencialmente, una ola de nuevas normas de “comercio, inversión y cooperación”, y nuestra región se verá fuertemente presionada a aceptar más abusos e indefensión ante las empresas. Los tratados internacionales de “comercio, inversión y colaboración” en realidad son marcos “jurídicos” súper poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que pueden determinar muchísimos aspectos de la vida, con efectos graves y perniciosos para el presente y futuro de las poblaciones afectadas. Se negocian por lo general en secreto (ni siquiera los parlamentarios los conocen con anticipación) y los redactan de manera vaga y complicada para hacerlos inentendibles. Deberían ser ratificados por los parlamentos, por lo que debemos informarnos sobre qué son estos tratados, movilizarnos de la forma más amplia posible y presionar a los legisladores para impedir su aprobación. 1. Casi todos los tratados plantean una renegociación constante para cada vez dar más garantías a las grandes empresas y capitales. Son un cheque en blanco a favor de las empresas y a costa nuestra. A los países firmantes incluso se les fija la obligación de formar comités para re-negociar casi todos los años diversos aspectos, con el fin de “facilitar el comercio y la inversión”. 2. Son una renuncia grave y peligrosa a la soberanía nacional, porque los países pierden su libertad para legislar, desarrollar políticas públicas, impulsar programas gubernamentales, definir prioridades de inversión o desarrollo local. Esto tiene al menos seis formas: a) Cada vez que un gobierno tenga un proyecto (ley, programa, etcétera) es obligado a publicarlo para que los gobiernos y empresas de otros países firmantes puedan estudiarlos y dar su opinión. Y estas opiniones deben tomarse en cuenta antes de impulsar los proyectos. b) Los firmantes son obligados a adherir a diversos tratados, aun si una mayoría del parlamento o de la ciudadanía está en contra. c) Los países se ven obligados a eliminar leyes, reglamentos y programas que las empresas extranjeras consideren innecesarias y agregar las que tales empresas consideren importantes. Los cambios deben hacerse pasando por encima de la opinión de autoridades y parlamentarios. d) Hay un proceso continuo de “cooperación” legislativa, es decir, las leyes de los distintos países deben ser cada vez más parecidas adoptando las leyes que más favorezcan a las empresas. e) Los países quedan sujetos a tribunales privados en el extranjero y se obligan a pagar indemnizaciones de miles de millones de pesos a las empresas si éstas no están satisfechas con las garantías otorgadas. f) La apertura a procesos de privatización del Estado, mediante la “tercerización” (privatización) de sus funciones. 3. Se introducen normas jurídicas que atropellan y suspenden derechos humanos básicos. Las más contundentes son las reglas sobre propiedad intelectual, que introducen exigencias violatorias de principios de justicia y derechos fundamentales. “Piratear” una película, fotocopiar un libro o reproducir una semilla privatizada, obligará a la persona acusada a informar a los jueces sobre las “infracciones” cometidas, aunque eso signifique inculparse, además de obligarse a delatar, imponiendo el allanamiento y la confiscación por la mera sospecha sin orden de algún juez. Guardar silencio, no inculparse, una defensa informada, ser considerado inocente hasta que se demuestre culpabilidad, quedan en el olvido por proteger la propiedad corporativa. 4. Fomentan formas extremas de monopolios y concentración empresarial. Un compromiso central es fomentar y facilitar las llamadas “cadenas de suministro transfronterizas” (grandes redes corporativas propiedad de grandes capitales, que controlan y concentran procesos productivos completos, de la producción de materias primas, a la fabricación, la distribución y la venta). Estas cadenas transnacionales buscan rebajar los costos al mínimo; así, producen donde se paguen los sueldos más bajos, donde haya menos requisitos de seguridad y protección del ambiente. A la larga, en todas partes los sueldos tenderán a la baja y las protecciones de seguridad, salubridad y ambientales serán cada vez menos exigentes. Fomentar y facilitar las cadenas transnacionales significa eliminar las barreras que aún existen por país para controlar la concentración de la riqueza y los monopolios. Quienes ya se integraron a cadenas productivas (o quienes deben venderle a los supermercados, a las empacadoras, o a las plantas de leche) saben que la integración a cadenas implica precios bajos, pagos demorados hasta 6 meses y “castigos” impuestos por las empresas de manera arbitraria. Integrarse a cadenas empresariales implica endeudamiento, abusos laborales, y la quiebra y cierre para muchos pequeños productores. 5. Abren la puerta para que se pierdan los pocos derechos laborales existentes. Los cambios de leyes que deben hacerse repercuten con gravedad en los pocos derechos laborales existentes. La obligación de consultar las transnacionales hace imposible cualquier mejora futura. En los distintos países serán semejantes las leyes laborales y éstas serán más convenientes para el empresariado. Se dice que los países deberán asegurar “condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo.” ¿Qué es aceptable? ¿Para quién? ¿Para los empresarios? Si hubiera una preocupación por garantizar un sueldo mínimo “adecuado”, las exigencias se redactarían más precisas, como decir que un sueldo mínimo debiera cubrir al menos las necesidades de alimentación, educación, vivienda y salud. 6. Expanden varios años las patentes a los medicamentos y productos farmacéuticos, haciéndolos más caros e inaccesibles. Bloquean alternativas más baratas, como los medicamentos genéricos. Debido a la resistencia de muchos países no industrializados y a lo escandaloso del negocio de los medicamentos, algunos años atrás se acordó limitar la cantidad de años en que un medicamento estuviera patentado. Hoy los acuerdos prolongarán las patentes hasta por lo menos 8 años. 7. Criminalizan la copia de música, películas o programas de computación para uso personal; criminalizan las fotocopias para uso personal. Copiar música, películas o libros, será ahora castigado con cárcel aunque no se haga con fines comerciales, aunque sea sólo para estudiar si la editorial de un texto de estudio considera que las fotocopias personales afectan sus ganancias. Las bibliotecas, antes siempre exentas de esta prohibición, quedan sometidas a las mismas reglas. 8. Restringen la capacidad del Estado para administrar las empresas estatales, especialmente si su producción es importante. Es vetada cualquier medida de protección o fortalecimiento de una empresa estatal si esas medidas disminuyen los mercados o las ganancias de otras compañías productoras. Es sin duda una de las más nocivas reglamentaciones de los nuevos tratados. 9. Obligan a la privatización de las semillas y plantas (cultivadas o silvestres), los microorganismos y los productos derivados de ellos. Abren la puerta al patentamiento de animales y genes. Los nuevos tratados obligan a aprobar leyes de privatización de semillas concordantes con UPOV 91. En muchos sitios las semillas comerciales y de centros de investigación ya están privatizadas, pero eso no impide que los campesinos utilicen esas variedades y guarden semillas para la temporada siguiente, siempre que no vendan la cosecha como semilla. Nuevas leyes exigen que sea delito punible con cárcel guardar semilla de variedades privatizadas para el año siguiente, aun para uso propio, y se puede confiscar semillas, cultivos, cosechas y productos derivados de la cosecha, hasta las herramientas y maquinaria usadas en cultivar o procesar las semillas. Queda totalmente prohibido todo tipo de intercambio, incluso regalos o trueque. Las empresas podrán privatizar las semillas campesinas mediante procesos simples de selección de poblaciones de plantas, para luego ser aceptadas como variedades “descubiertas”. Tras privatizar estos “descubrimientos” podrán volver al campo y reclamar como propias todas las variedades similares, impidiendo que las comunidades campesinas o indígenas las sigan cultivando. Tal privatización no para allí: se pretende permitir el patentamiento de genes, con lo que habrá empresas dueñas exclusivas de componentes esenciales de seres vivos, incluidos los seres humanos, y en revisiones futuras el patentamiento de animales. 10. Abren la puerta a la privatización de los saberes tradicionales. Varios tratados afirman de modo indirecto pero innegable que los saberes tradicionales, en especial los relacionados con plantas, animales y microorganismos, pueden privatizarse mediante diversas formas de propiedad intelectual. Las revisiones periódicas irán determinando las formas de perpetrar este robo. Lo más grave es que el flujo libre de saberes tradicionales de las comunidades, tejido históricamente, será restringido, alterado y tal vez prohibido, con amenaza de penas de cárcel, demandas, órdenes restrictivas, etcétera. En los últimos años la propiedad intelectual de saberes tradicionales de los pueblos ha servido para dividirlos, reprimirlos, corromper dirigentes y sembrar la cizaña al interior de las organizaciones, las comunidades e incluso las familias. 11. Obligarán a aceptar cultivos y alimentos transgénicos. Los nuevos tratados obligan a revisar la prohibición de los cultivos transgénicos para el consumo humano y animal lo que anuncia la pretensión de que se acepten. La llamada “cooperación” en materias legislativas y reglamentarias, y la eliminación de las “barreras técnicas” al comercio, significa que buscan que aceptemos cultivar y comer cultivos transgénicos, sin la posibilidad de hacer pruebas independientes para evaluar la seguridad, pues nos quieren imponer las resoluciones sanitarias de Estados Unidos. 12. Agravan de manera irresoluble el problema de la tierra, del mar y del agua. Los tratados de libre comercio dictaminan que la propiedad es intocable. Para el capital transnacional esto se traduce en tres aspectos: no se puede limitar la concentración de riqueza y propiedades, no se puede expropiar y no se puede dañar las ganancias. La concentración de la propiedad del agua; las concesiones marinas y la misma orilla costera serán entregadas a un puñado minúsculo de empresas; el acaparamiento de tierra, los procesos de contrarreforma agraria y el subsidio a la agro-exportaciones recrudecerán.