Las Leyes de Semillas aniquilan la soberanía y la autonomía de los pueblos El 4 y 5 de diciembre del 2013 se desarrolló en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina el encuentro denominado: Ley de semillas, ¿qué opina cada sector?, organizada por ArgenÉtica. El día 22 de mayo de 2014 tuvo lugar la presentación del libro que se realizó como resultado de estas jornadas. Compartimos la exposición de Carlos A. Vicente de GRAIN en el panel “Panorama Internacional”. Si bien éste no es un ámbito de debate sobre leyes de semillas decisorio, creemos que es importante que se abra el espacio y ojalá se debata de verdad la ley de semillas. Estamos debatiendo una ley que los que la conocemos, la conocemos clandestinamente, nadie nos la acercó ni la hizo pública y esto ya es una falla. El otro problema tiene que ver con un primer punto, no se puede hablar de la ley de semillas sin hablar del contexto de negocio y avance del agronegocio en el mundo. El uso de semillas agrícolas comienza en el momento en que se empieza a implantar la agricultura en el mundo. Tuvimos 10 mil años de agricultura sin ningún tipo de derechos de obtentor, de creación de diversidad, de compartir semillas que hoy alimentan al mundo. Una semilla como la del maíz fue creada por los pueblos originarios y hace nada más que 50 años se empezó a implementar esta cuestión de los derechos del obtentor. Lo primero que yo quiero plantear es que no se puede ver fuera del contexto del avance del agronegocio. Segundo, éste es un debate político y no podemos evitarlo para saber qué modelo de país queremos. No se puede evitar hablar de corporaciones en un país en el que se viene debatiendo sobre su poder y la necesidad de democratizar la sociedad. Imagínense ustedes si no debemos debatir sobre el poder de una corporación que controla el 90% de los transgénicos en el mundo, que tiene casi 21 millones de hectáreas sembradas en la Argentina de un cultivo que se fumiga con 360 millones de litros de agrotóxicos a pesar de que AAPRESID siga diciendo que se usa cada vez menos; que perdemos 60 toneladas de suelo por hectárea, por año, a pesar de que AAPRESID habla de la sustentabilidad. Entonces creo que es un debate político pero a la vez es un debate que hay que dar técnicamente, de una manera seria, y realmente lo único que escuchamos cada vez que los promotores de este modelo hablan, es propaganda burda y barata que no responde a los datos que el mismo INTA tiene publicados y que muestran cuál es la realidad de nuestro territorio en cuanto al extractivismo de minerales, del agua y la destrucción directa de los suelos, que son los más ricos del planeta. Pero además de ese debate técnico también pensar en esto y acá hay alguien de la FAO que no me va a dejar mentir; la FAO viene diciendo hace años que el problema de la alimentación no es un problema de cantidad porque hoy tenemos alimentos para los 7 mil millones que somos y para los 9 mil que vamos a ser dentro de 40 años. Cuando desde las autoridades oficiales o desde las empresas se dice ‘necesitamos producir más’ se está mintiendo. Como dijo Diego Montón, el 40% de los alimentos se tira, están mal distribuidos y eso es enfocar el problema real y no el problema de quienes están haciendo un gran negocio con nuestros alimentos. Hay una necesidad muy importante de ponerle un punto de vista de realidad y de seriedad científica a lo que estamos tratando de abordar porque cuando se habla de que los agrotóxicos se usan menos, es mentira, y que los que se usan son cada vez menos tóxicos: ¿qué me dicen del doctor Andrés Carrasco y de sus estudios de hace 3 años publicados en la revista científica más prestigiosa del mundo diciendo que el glifosato es tóxico en embriones de anfibios? Su conclusión es que por lo tanto puede ser tóxico para los embriones de humanos. ¿Qué me dicen de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario que sale a hacer campamentos sanitarios en todos los pequeños pueblos de Santa Fe y verifica que en las zonas más cercanas a las fumigaciones cada vez más casos de nacimientos con malformaciones, de abortos. Estamos hablando de datos serios que no responden a ningún interés corporativo, datos como los de la FAO; simplemente planteo que la principal causa contemporánea de pérdida de biodiversidad genética ha sido la generalización de la agricultura comercial moderna. Esto es dato del informe sobre los recursos fitogenéticos de la FAO de 1996. Durante el siglo XX perdimos el 75% de la diversidad agrícola mundial a causa de la agricultura industrial. Éstos son datos de la FAO que demuestran que estamos liquidando los recursos que tenemos en el planeta, nos estamos quedando sin semillas, sin tierra, sin biodiversidad. Estamos destruyendo el clima porque hemos hecho estudios en GRAIN que demuestran que 50% de los gases con efecto de invernadero se deben a toda la cadena de producción de la agricultura industrial. Nos estamos quedando sin planeta a la vez que hay cada vez más hambre a causa de este modelo. Quien quiera oír, que oiga ¿no? Los derechos de propiedad intelectual de las semillas son uno de los pilares en que se apoya el agronegocio para el control de los sistemas alimentarios. Cito también este informe que tampoco es de una ONG, es del relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter. En un informe que envía a la asamblea de las Naciones Unidas plantea que frente a los derechos de propiedad intelectual lo más importante es encontrar un marco de derechos humanos que podría ayudar a los Estados a hacer frente a los problemas que se plantean. Y esto significa simplemente priorizar y atender el bien común, y no el bien de las corporaciones que están detrás de estos derechos. En un país donde venimos de un largo proceso de lucha por los derechos humanos, nosotros sentimos que defender la semilla, defender una agricultura que alimente a la gente, es parte de los desafíos hacia el futuro. Y sin duda, la persona que hablaba de AAPRESID decía que no se sentía un asesino. Para muchos el agronegocio está produciendo un ecocidio y un genocidio a nivel mundial, esto lo están viviendo millones de personas. Nosotros desde GRAIN, en nuestro trabajo que es básicamente estar junto a las organizaciones campesinas para defender sistemas alimentarios en función de la soberanía y alimentación de los pueblos, venimos trabajando desde hace años en los análisis de las leyes de semillas que son básicamente una pata más de la estrategia corporativa para manejar las semillas, porque obviamente el que maneja las semillas, maneja la agricultura, y a su vez, maneja la alimentación planetaria. Y parte de las cosas que hemos podido concluir viendo las distintas leyes que se van extendiendo en América Latina es que el UPOV 91 introduce un montón de cuestiones que la hacen más grave que las antiguas normas de UPOV 78. Además de restringir el uso propio, de crear esta cuestión de las variedades derivadas, de extender los períodos de protección, hay toda una terminología que plantea la protección de variedades descubiertas. Entonces una corporación de repente puede “descubrir” algo que ha sido cultivado durante miles de años por una comunidad, pero como no está registrado la empresa lo descubre y puede registrarlo con derechos de obtentor. Lo mismo con las variedades derivadas y con las acciones que plantean la posibilidad de entrar con fuerzas policiales a las fincas para destruir la semilla. Y esto no es solamente un discurso. Las resistencias están por todas partes; en Chile en el 2011 se aprobó la adhesión a UPOV y en agosto del año pasado se intentó aprobar la ley de obtenciones vegetales para aplicar el UPOV 91 en Chile. Las movilizaciones que ya venían del 2011 y siguieron en el 2012, el reclamo de los estudiantes, el de los campesinos, el abordaje a cada uno de los senadores explicándoles qué significaba UPOV porque iban a aprobar la ley sin saber de qué se trataba, hizo que se lograra que 21 de 38 senadores se comprometieran a votar en contra y el gobierno que había puesto como tratamiento de urgencia ese día la ley de protecciones vegetales, lo retiró del tratamiento. En Colombia se aprobó la ley de UPOV y varias organizaciones nacionales hicieron una presentación a la Corte Constitucional en la que GRAIN participó pidiendo que se declarara inexequible la ley. La Corte al año siguiente, la declaró así básicamente por el hecho de que no se había aplicado el Convenio 169 que consulta a los pueblos indígenas. También en Colombia, hace apenas unos meses, se produjo un documental se llama ‘9.70’ mostrando cómo se confiscaron semillas y fueron destruidas por el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario; los campesinos en sus paros agrarios de agosto y septiembre incluyeron la lucha contra la 9.70 y lograron un compromiso de palabra del ICA de que se congelaba esa disposición por 2 años. En México en 2012 también se intentó aprobar una ley de Variedades Vegetales y hubo unas fuertes movilizaciones de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Hace poco estuve con Antonio Turrent, presidente y un científico de los más prestigiosos y conocedores del maíz en México fueron directamente al Congreso planteando las objeciones y la ley se retiró de tratamiento. En Venezuela tenían el tratamiento de la ley para estos últimos 4 meses del año como prioridad en el Congreso y cuando se presentó, a pesar de que se planteaban la prohibición de los transgénicos, por otro lado se incluían normas de propiedad intelectual, y las organizaciones campesinas y productores agroecológicos se movilizaron al Congreso, la ley fue retirada y en este momento están discutiendo una ley de consenso. En agosto del año pasado se anunció en Argentina que esta ley que nunca se hizo pública se iba a aprobar en el Congreso antes de fin de año y gracias a la movilización de muchas personas y organizaciones, incluso de personas del gobierno que no estaban de acuerdo con que se hiciera esta modificación, la ley aún está esperando, pero aparentemente está lista para presentarse. Concluyo con la propuesta de las organizaciones campesinas y las que tenemos a partir de las conclusiones de un evento que organizamos hace unos meses en Paraguay donde planteamos que las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad (Declaración de Yvapuruvu): “Hoy damos nuestra lucha en un entorno que ha sido despolitizado desde los ámbitos del poder, que muestra el desprecio por lo rural, campesino e indígena, que ha ignorado los saberes y aportes de los pueblos y comunidades rurales mientras nos presenta el gran capital, la globalización y el agronegocio como únicas alternativas. No podemos permitir que se olvide que el cuidado de las semillas es una de las estrategias más antiguas de la humanidad, sin la cual el futuro queda en entredicho. Las semillas son patrimonio de los pueblos; los hemos criado mutuamente y no son entes que flotan en el vacío social. Las semillas no son mercancías ni programas de computación, no pueden circular sin el cuidado y el resguardo de los pueblos”. Espero el ansiado debate y saludo a las Madres, las asambleas y los vecinos de Ituzaingó que están frenando a Monsanto. http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Las_Leyes_de_Semillas_aniquilan_la_soberania_y_la_autonomia_de_los_pueblos Campaña NO a la nueva Ley ‘Monsanto’ de Semillas en Argentina Las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones Las organizaciones que lanzamos esta Campaña en el mes de julio de 2014 invitamos a quienes compartan nuestras posiciones a conformar un gran frente de lucha contra la modificación de la Ley de Semillas en Argentina. Desde el año 2012 el Ministerio de Agricultura de la Nación (Minagri) viene anunciando una inminente modificación de la Ley de Semillas argentina. En los últimos meses, funcionarios de esta cartera junto a sectores del agronegocio transnacional avanzaron sobre un borrador —no público— del proyecto de Ley que enviarán al Congreso Nacional. La modificación de la actual legislación equivale a avanzar aún más en la privatización de las semillas, prohibiendo la reutilización que los productores hacen de aquéllas que obtienen en sus propias cosechas. De este modo se viola el derecho fundamental de los agricultores a seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente. Y si las transnacionales avanzan sobre el control de las semillas, también lo harán en la monopolización del mercado y el control corporativo de los alimentos de todo el pueblo argentino. Sabemos que el anteproyecto de Ley: 1. Avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”. 2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quién “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años. El Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte (20) años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco (25) años. 3. Fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la Ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la Ley considerándolos, además, delitos penales. 4. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las Especies Nativas y Criollas, Agricultura Familiar y Pueblos Originarios y su vínculo con el resto de la Ley. En relación a las Semillas Criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del INASE (Instituto Nacional de Semillas) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la Agricultura Familiar y Pueblos Originarios, se debe tener presente que este Capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las “excepciones” que plantea el anteproyecto de Ley en su artículo 32, y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas. El anteproyecto de ley plantea que no está permitida la semilla de uso propio en las especies frutales, forestales y ornamentales, ni en variedades sintéticas, multilíneas e híbridas, demostrando una vez más que la única intención es garantizar el control corporativo sobre las semillas más allá de la declaración de “excepciones”. Si bien estos dos injertos pretenden maquillar el proyecto, a los fines de mostrarlo inclusivo, atentan contra el derecho consuetudinario de los pueblos sobre el uso y comercio de las semillas, limitan procesos sociales complejos y dinámicos que siempre han conducido al incremento de la biodiversidad agrícola y garantizan el control corporativo sobre las semillas más allá de la declaración de “excepciones”. La existencia de estos artículos no modifica el espíritu de la Ley propuesta en el 2012 que, centrado en la Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, afectará profundamente la posibilidad real de que los pueblos continúen con los intercambios ancestrales que han posibilitado el desarrollo de la agricultura durante los últimos diez mil años. Lo fundamental es comprender que la semilla es una sola y no puede dividirse en dos sistemas. Tarde o temprano, el sistema dominante con sus derechos de obtentor y las corporaciones que defiende, terminará aplastando a los sistemas de excepción y controlando las semillas que siempre estuvieron en manos de los pueblos. El camino es uno solo y los pueblos de América Latina y la CLOC-Vía Campesina lo han marcado claramente en la última década: las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y la única alternativa frente a estas leyes de semillas es resistirlas e impedir su aprobación. Los ejemplos de Chile, Colombia y lo recorrido hasta hoy por Argentina demuestran que es posible. La soberanía alimentaria de nuestros pueblos estará en manos de estas semillas y de una agricultura campesina de base agroecológica. ¡No a la privatización de las semillas y la vida! ¡Fuera Monsanto y las corporaciones del agronegocio de América Latina! ¡Por una agricultura para alimentar y en manos de los pueblos! Julio del 2014 Tierra Para Vivir en COB La Brecha, Acción por la Biodiversidad, GRAIN, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, MULCS-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, RENACE, Movimiento Popular Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán, Colectivo Desde el Pie, Colectivo Aymuray-Movimiento Popular La Dignidad, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA), Colectivo x la Igualdad en el Partido Social, Visión Sostenible, Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis), Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del Comahue, Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires), Movimiento 138, Colectivo de resistencia cultural Adhesiones a: [email protected] Ecuador La disputa por el agua, la soberanía alimentaria y la vida contra el extractivismo minero en Ingapi El 24 de junio, mientras en las montañas andinas del Ecuador se celebraba el Inti Raymi —la fiesta de las cosechas— un grupo de ecuatorianos y mexicanos bajamos al Valle de Pacto, “donde las nubes besan los bosques y los cañaverales”. Pacto es una parroquia rural de Quito, capital del Ecuador. Tradicionalmente sus habitantes se han dedicado al cultivo de la caña y la elaboración de panela, y en las zonas un poco más bajas a la pequeña producción ganadera para leche y carne. Desde que se entra a la región de Ingapi, en la parte baja de Pacto, pudimos constatar que el paisaje está dibujado por una vibrante vida campesina, rodeada por bosques nublados, propios de las estribaciones andinas equinocciales. Sobre esta zona se cierne el peligro de la minería. Como en otras partes del continente, las concesiones mineras se multiplican afectando zonas donde antes no se pensaba que esto era posible: en medio de los glaciales, en bosque primario, o como aquí: desmontando una cultura campesina viva y con perspectiva de futuro. La empresa nacional minera ha otorgado dos concesiones mineras denominadas Urcutambo e Ingapi, que tienen una superficie de 2 mil 251 y 2 mil 394 hectáreas, respectivamente. Aunque el área concesionada no parece tan vasta, si se toma en cuenta toda la cantidad de insumos que requiere la minería (agua, energía) y los desechos que genera (relaves, escorias, agua contaminada con cianuro), el área afectada va a ser mucho mayor. Desde que entramos en la zona vimos los letreros que decían “No a la minería”, “El agua vale más que el oro” “Pacto, tierra libre de minería”. Nos recibió don Esteban, uno de los dirigentes ganaderos, que se presentó como descendiente de los yumbos (un pueblo indígena que ocupó estos territorios y que fue diezmado por la colonización). Señaló que en la parte baja la gente se dedica a la ganadería. Ahí no se cultiva caña porque la zona es muy húmeda, y la caña se daña. De ahí salen entre cuatro mil o cinco mil litros diarios de leche, principalmente para los consumidores de Quito. Nos sorprendió saber que parte de la leche que bebemos en Quito viene de Pacto, de Ingapi y otros poblados remontados en medio de las estribaciones andinas, que casi nadie conoce y de los que ni siquiera hemos escuchado hablar. “Mis abuelos fueron los fundadores de esta zona, y desde entonces, hemos hecho producción orgánica, porque las vacas están en el campo comiendo pastos. Nunca hemos usado químicos. Ni en la caña ni en la ganadería”. En la zona hay dos pre-cooperativas para acopiar la leche y venderla. Todo lo que tenemos (un espacio de acopio para manejar la cadena de frío), lo hemos hecho con nuestro esfuerzo, no con la ayuda del Estado. Ahora nos estamos organizando para hacer transformar la leche y empezar a elaborar quesos. Don Esteban, como la mayor parte de la gente local, está muy preocupado porque la minería afectará la producción de leche. “En una zona agrícola y productiva, que sirve para el sustento de la población y de los que consumen leche, la minería va a destruirle sus actividades”. “Si la minería entra, nos quedaremos unos dos o tres años, y luego tendremos que migrar, porque las empresas a las que entregamos la leche no nos van a aceptar, porque posiblemente la leche va a salir contaminada”. Nos preocupa porque en la minería se usan químicos fuertes como el cianuro y también dinamita. Esto puede afectar nuestros cultivos y pastos, nuestra agua que, como pueden ver, es limpia y cristalina”. Don Esteban nos cuenta que los mineros ya están entrando ilegalmente porque la empresa se está entrando por el lecho de un río y no cuenta con la autorización de la parroquia. Hicieron una consulta a gente que no es de la zona, pero no a los fundadores de la comunidad. “En el estudio de impacto ambiental pusieron que esta zona es desierta, y que por eso procede la actividad minera. Posiblemente los que hicieron el estudio no se movieron de su escritorio, porque como ustedes pueden ver, el área es muy productiva” nos dijo, mientras nos indicaba con orgullo las verdes cañadas adornadas de pequeñas fincas ganaderas. “Son cuatrocientas páginas de mentiras”, añadió. De acuerdo a una nota de prensa de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito “la Subcuenca del Río Pachijal (perteneciente a Pacto) constituye un pulmón para Quito, siendo además, el último remanente boscoso que alberga una importante biodiversidad de flora y fauna; es una reserva hídrica sin contaminación”, por eso se prepara la declaratoria como área protegida. Esta declaratoria es completamente contradictoria con la actividad minera. “Aquí también hay muchas reliquias arqueológicas del pueblo yumbo, y esto nos ayudó en un principio a defendernos de la minería, pero no sabemos si ahora se va a respetar eso”. A don Esteban y otros pobladores les preocupa además los impactos que la minería sobre su salud: “la minería es muy peligrosa y la gente no vive mucho. Nosotros nos acordamos lo que les pasó a los mineros en Chile, pero la agricultura es para siempre”. Según nos indica don Esteban, la veta minera viene desde García Moreno (en la zona de Intag), que ya están teniendo un impacto, porque el material que sale lo botan en el río. “A nosotros nos dieron unas cuatro volquetadas de materiales, pues ya empezaron a perforar subterráneamente, y se han bajado unas cinco hectáreas de bosques. Nos preguntamos qué va a pasar cuando se hunda la tierra”. “Nosotros deberíamos aprovechar el turismo. Aprovechar que tenemos aún bosques tan hermosos, y tanta variabilidad de bosques y de especies. Eso dura para siempre, no como el oro que se acaba”, añadió. “Los jóvenes no estamos de acuerdo con la minería, y hemos sido amenazados con que nos van a agredir, pero nosotros hemos decidido no reaccionar con violencia”, dijo otro de los pobladores. La lucha antiminera está liderada por la Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha (Codecono). Luego de visita la zona ganadera fuimos a conocer una pequeña planta de procesamiento de panela. En la entrada pudimos también leer en un letrero un mensaje alusivo al impacto que tendrá la minería en la producción orgánica de panela. Nos recibió una mula cargada de cañas traídas de la propia finca familiar. Bajamos a la zona del trapiche donde pudimos observar todo el proceso productivo (molienda, cocción, el moldeo y empaque). Ahí pudimos conversar con don Anselmo, dueño de la molienda. “Aunque éste es un negocio familiar, la comercialización la hacemos a través de una cooperativa. Casi toda la panela se exporta a Europa y en Quito se vende en las tiendas de comercio solidario Camari”. “Nosotros mismos cortamos la caña, molemos. El motor es nuestro y lo hacemos funcionar usando un poco de leña y el bagazo que sale de la caña. Por eso no se desperdicia nada. La caña es una actividad que da de comer a todos, y entreverado sembramos banano, yuca y otros productos para nuestra subsistencia. Y además damos trabajo. Si hay 20 personas, bienvenido sea. Entre más personas tenemos, mejor es la producción, todo es orgánico”. “Hacemos la panela con puro jugo de caña”, nos dice mientras nos hace probar una masa caliente y dulce que va a convertirse en panela. Sobre sus prácticas agrícolas nos señala que “vamos cortando por secciones y todo el tiempo estamos cortando y moliendo. Si no cortamos todo el tiempo ya es pérdida y ahí si tenemos que fumigar, porque si no cortamos, tampoco limpiamos la caña y nos cae las malezas. Por eso lo mejor es cortar todo el tiempo”. Ellos también están preocupados por la minería. “Nos va a afectar porque el agua va a contaminarse y nos pueden quitar el certificado de orgánico, y si se daña la tierra ya no podremos ni siquiera sembrar caña” añadió. “Toda la gente de esta zona produce caña: Gualea, Tulipe. De las 24 comunidades, 10 son paneleras y las otras son ganaderas de carne y de leche. En Ingapi hay 50 familias que se dedican a la panela. Nos quitan la caña y todos tenemos que ver a quién robar. La minería puede afectarnos mucho. Si viene la minería es como si llegaran a su casa y la quemaran”. La gente de Quito debe conocer que si hay minería en esta zona la gente se va a quedar sin leche, sin panela, y sin agua, pues de las montañas boscosas de Pacto, nacen fuentes de agua que algún día podrían ser la fuente de agua potable para la ciudad de Quito, que crece de manera salvaje. En Pacto pudimos ver una disputa entre la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza, con la avaricia extractivista que cree que el oro vale más que la vida. Elizabeth Bravo Honduras, Bajo Aguán Ciclos de acaparamiento de tierra Marc Edelman y Andrés León El acaparamiento de tierras es un fenómeno cíclico y es el resultado de los procesos globales de acumulación, de la creciente demanda de ciertas mercancías, así como de procesos en el terreno que generan espacio tanto para el capital como para nuevos grupos sociales (por ejemplo, sectores empresariales, trabajadores y trabajadoras, poblaciones desplazadas y arrendatarios). Cuando el acaparamiento de tierras genera conflictos, los resultados dependen de repertorios de resistencia y represión que son históricamente específicos. Éstos, a su vez, crean las condiciones de posibilidad para futuros procesos de despojo. Argumentos sobre tierras “vacías” o “subdesarrolladas” usualmente son construcciones discursivas que se refieren a espacios en los que el capital no ha sido aún capaz de penetrar (o no ha querido), y no espacios donde no habitan personas. Una mayor historización de los acaparamientos de tierras es necesario no sólo para tomar en cuenta los antecedentes o para entender los impactos, sino también para concebir cómo el presente es el resultado de disputas anteriores. Centroamérica ha experimentado varios ciclos de acaparamiento de tierra en el período poscolonial. Lo regímenes liberales de finales del siglo XIX buscaron sobreponerse al legado económicamente sofocante de tres siglos de dominio español para modernizar la infraestructura y el sector bancario, y para transformar lo que habían sido provincias coloniales, en Estados-nación consolidados. La creciente demanda internacional por el café tuvo un número de impactos, y los gobiernos buscaron construir ferrocarriles que comunicaran el interior de los países con las costas, crear mercados de tierras y de trabajo y disciplinar y subordinar a las clases populares. La apropiación privada de tierras que previamente no lo eran, fue la pieza central de este proyecto político económico, aun cuando el liberalismo “frustrado” de Honduras dejó grandes extensiones de tierras municipales y estatales intactas. El liberalismo también generó nuevos grupos sociales: élites cafetaleras y comerciantes, tanto domésticas como extranjeras, trabajadores rurales proletarizados y semi-proletarizados, así como “burguesías compradoras” aliadas con el capital extranjero. Las precarias bases fiscales de los Estados liberales los llevaron a entender las concesiones a inversores extranjeros fuente esencial de ingresos, como una ruta rápida a la modernización. El primer ciclo de acaparamiento de tierras (para el café) fue entonces una precondición necesaria para el segundo, el de las plantaciones de banano. La transición del primer al segundo ciclo también significó un cambio de hegemón extranjero. Mientras que los bancos británicos habían sido la fuente primordial de préstamos para los proyectos iniciales de modernización y ferroviarios de los Estados liberales, el capital financiero estadounidense se volvió cada vez más importante al paso que las empresas bananeras se consolidaron en la región. El segundo ciclo de acaparamiento de tierras por parte de las empresas bananeras extranjeras, reconfiguró los espacios rurales, dándole nacimiento a nuevos grupos sociales e ideologías que en Honduras cambiaron el centro de gravedad económico del interior del país a la Costa Norte. Los enclaves extranjeros alimentaron ciertas sensibilidades nacionalistas que se convirtieron en la columna vertebral de los movimientos obreros y campesinos, así como una creciente conciencia de clase, tanto obrera como campesina. Por ejemplo, en el Bajo Aguán, el movimiento campesino sigue enfatizando lo “foráneo” de Facussé y de los otros grandes empresarios que usurparon las tierras de reforma agraria. La continuada existencia de tierras nacionales y municipales inclusive a principios del siglo XXI —el resultado del liberalismo “fallido” hondureño del siglo XIX y la combatividad y tenacidad del movimiento campesino del siglo XX— tiene dos efectos que son importantes para nuestro argumento. Primero, que el campesinado hondureño tiene una memoria viviente de haber tenido tierra, si no en la presente generación, en la de sus padres o abuelos. Segundo, en contraste con otros países centroamericanos, en Honduras el movimiento campesino siempre se ha enfocado más en la recuperación de tierras nacionales o que fueron de la reforma agraria que en la de propiedades privadas. En el Aguán, los ancianos tienden a recordar que su situación era mejor en la década de 1980 cuando todavía existían las cooperativas, y tanto jóvenes como ancianos observan que las cooperativas sobrevivientes les permiten mejores condiciones de vida a sus asociados, lo que les recuerda el mundo que perdieron y sirve como una aspiración que anima las actuales luchas. Historias circulan en las comunidades sobre cómo los líderes de las viejas cooperativas tuvieron que escoger entre vender o ser asesinados. En algunas organizaciones (por ejemplo el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA) la gente insiste que nunca vendieron la tierra, la que les fue quitada ilegalmente, y muestran orgullo en ser los hijos e hijas de los miembros de las cooperativas originales. Estas memorias han encontrado su camino hacia la organización institucional de las empresas campesinas, ya que uno de los requerimientos para tomar parte en las recuperaciones de tierras es no haber participado en las ventas de la década de 1990. Historias vividas de desposesión y memorias de los ciclos de acaparamiento de tierra se han convertido en fuerzas materiales que afectan los desenlaces de los conflictos agrarios contemporáneos y determinan las posibilidades (o la falta de ellas) de futuros acaparamientos. El presente texto es el segmento de conclusiones de “Cycles of Land Grabbing in Central America: an argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras.” Third World Quarterly 34.9 (2013): 1697-1722. l El gobierno de México cierra las puertas al campo y promueve el desarraigo La nueva servidumbre y otros pesares Junto con su turbia y contrainsurgente Cruzada contra el Hambre, el gobierno en turno sigue empeñado en profundizar las reformas estructurales para el campo. Este ataque directo contra el campesinado mexicano se cocina todavía tras bambalinas, en el cálculo de si se necesita una reforma final contra la propiedad social de la tierra o si, con nuevas políticas públicas agrícolas y programas de asistencia y promoción, es suficiente para demoler la capacidad productiva del campesinado en aras de que abandone el campo y se vuelva mano de obra más desprotegida, fragilizada o dócil en ciudades ajenas. Si las reformas estructurales de los ochenta y noventa significaron dificultar aún más la posibilidad de que el campesinado resolviera por sus propios medios, creatividad y experiencia los asuntos cruciales de su vida —como la subsistencia— apelando a la viabilidad de sus estrategias agrícolas, los funcionarios nos advierten que se necesita un recrudecimiento. Que “basta de minifundismo”, que “basta ya de ineficiencia campesina”. Que se necesitan nuevos paquetes de tecnología agrícola, pero sobre todo, “una ‘nueva asociatividad’; que las comunidades y ejidos compacten su tierra para que con grandes extensiones se relacionen ‘de tú a tú’ con las grandes corporaciones y México por fin produzca las cantidades de alimentos que se merece”. Y hay quien dice que buscan “soltar el estricto carácter de las asambleas ejidales” para permitir la individualización de la propiedad “sin tanto trámite como antes”. Qué significa esa cantaleta. Recordemos un poco. Todavía pesa para bien en la memoria histórica de los núcleos agrarios la Revolución de 1910, y hoy por hoy éstos cuentan con un poco más de 40 por ciento de la tierra agrícola del país, sea por posesión ancestral (como las comunidades indígenas) o porque se les concedieron tierras en el proceso de reforma agraria emprendida por la Revolución (como los ejidos). A los gobiernos que decidieron acatar las reformas estructurales venidas con el Consenso de Washington, les pesó para mal esta memoria histórica y emprendieron el desmantelamiento jurídico de muchas leyes que protegían bienes y ámbitos comunes, y derechos colectivos. La contrarreforma del artículo 27 de la Constitución fue un intento concreto por comenzar la privatización e individualización de la propiedad social, para convertir la tierra en mercancía sujeta a venta, compra, renta o enajenación (perdiendo su carácter protegido de “inalienable, inembargable e inextinguible”) lo que la haría perder su carácter colectivo, pero también su carácter integrador indisoluble de tierra-agua-recursos naturales, es decir, su potestad territorial, separando estos elementos como si fueran aislables, cosificables, mercantilizables. El desarraigo no comenzó ahí, pues lleva siglos ocurriendo, en el acaparamiento de los conquistadores y luego en las leyes de desamortización del siglo XIX, pero el artículo 27 reformado recrudeció la escisión de la gente y su lugar de origen: de ser el centro de una vida plena, cumplida en los cuidados y las relaciones y los saberes que configuran el espacio significativo que llamamos territorio, el proceso de dislocación-certificación-privatización buscó convertir el territorio en objetos despojados de su profundidad: terrenos, lotes, bienes raíces. Era un intento por formalizar el acaparamiento de tierras que las corporaciones buscan que ocurra. Y se implementó con un programa de certificación, titulación e individualización de las tierras comunales o ejidales (el Procede-Procecom) que durante 14 años intentó fragmentar las comunidades y los ejidos condicionando la asistencia gubernamental para forzarle la mano a los núcleos agrarios. Al cierre de su implementación en noviembre de 2006, logró que más o menos un 92 por ciento de las comunidades y ejidos certificaran sus tierras. Decimos más o menos porque los datos finales son confusos. En el mismo Libro Blanco del Procede, las cifras son contradictorias o no cuadran. Asumiendo estas imprecisiones insistiremos en que existen por lo menos 2 mil 640 núcleos agrarios que no fueron certificados (dice el Procede que por irregularidades, y mucha gente sabe que porque se negaron por completo). Por su parte, dice el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios por Regularizar (FANAR) que sólo son 2 mil 421. Del universo de 28 mil 561 a los que se obligó certificar (de un total de 31 mil 201 núcleos), una inmensa mayoría mantuvo su carácter colectivo negándose a individualizar sus parcelas y hacerlas totalmente transferibles, tanto que el mismo Banco Mundial tuvo que aceptar que “menos del 15 por ciento —la mayoría en tierras periurbanas— optó por esta opción”. De esos núcleos sólo una ínfima cantidad tituló individualmente sus tierras. La nueva reforma para el campo, comienza a amenazar con que debemos depender de las grandes corporaciones para que resuelvan la productividad agrícola poniendo a trabajar como nuevos siervos feudales a los campesinos en sus propias tierras —gracias a la agricultura por contrato y el encadenamiento productivo. La mentada reforma nos amenaza también con erradicar el carácter colectivo de la tierra, algo defendido durante siglos por las comunidades indígenas y que los campesinos de la Revolución reivindicaron como logro. Lo más profundo que se erradicará es la relación de la gente con su territorio, al punto de desarraigarla por completo, borrarle hasta la ignominia la memoria de haber pertenecido —en una pertenencia mutua— con una comunidad, con un territorio pleno de sentido por sus saberes y ámbitos comunes, por su relación con lo sagrado. Hace unos días Luis Hernández Navarro resumió el inminente y nuevo ataque al agro mexicano, de por sí amenazado por la reforma al campo de Enrique Peña Nieto, resaltando el extremamiento y la urgencia que revisten los cambios propuestos por las leyes secundarias en materia energética, pues “se establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado. Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho”. (Ver La jornada, 17 de junio, 2014.) No son palabras a la ligera. Pese a que el senador priísta Emilio Gamboa Patrón, o el propio procurador fiscal Javier Laynez Potisek insisten en que “no habrá expropiaciones de facto”, en los hechos consideran contratos nada equitativos que le serán impuestos a los legítimos dueños/custodios de la tierra y que implicarán una alteración extrema de las condiciones de vida de los actuales pobladores, ya que además de no poder usar sus terrenos/territorios para producir, éstos quedarán devastados en unos pocos meses de haberse destinados a servir a los intereses energéticos de las grandes corporaciones. las empresas prefieren devolverlos a los 30 años. En los hechos, el gobierno está matando dos pájaros de un tiro: por un lado le abre margen de maniobra a las corporaciones ávidas de extraer hidrocarburos, y energía eléctrica, y por el otro, desmantelar de una vez por todas la propiedad social, piedra que sigue pesando en el zapato de los planificadores. La propiedad social, promotora de conciencia comunitaria, tiene —o busca recuperar— una memoria territorial que insiste en que un entorno pleno de saberes entretejidos históricamente entraña un sentido con siglos de antigüedad a los lugares donde el campesinado busca seguir existiendo en sus propios términos, sea indígena o no. Pero en el mundo se impulsa un embate contra los territorios campesinos e indígenas. Por diversas razones: extractivistas, de cultivos dislocados de alimentos, establecimiento de grandes monocultivos y agroindustrias, el intento por apoderarse de tierras y territorios es imparable. El primer dato aterrador a nivel nacional es pensar que 26% del territorio nacional esté ya concesionado a las grandes mineras. Que con las reformas energéticas, según afirman diferentes fuentes cercanas a donde se discuten las reformas estén amenazadas, para empezar 4.4 millones de hectáreas (44 mil km2 de ejidos, comunidades y colonias agrícolas). “Zonas de riesgo”, les llaman. Un nuevo informe de GRAIN, Hambrientos de tierra: los campesinos en pequeña escala alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de toda la tierra agrícola es una revisión profunda de los datos de la estructura agraria y la producción alimentaria a nivel mundial y llega a seis conclusiones centrales. Éstas deberían hacernos reflexionar sobre el inminente colapso de los sistemas alimentarios que han logrado que sobrevivan durante siglos, comunidades originarias o meramente campesinas que hoy siguen siendo quienes, en fincas pequeñas, producen el grueso del abasto alimentario en el planeta —sobre todo para alimentar a la propia familia, la comunidad y los mercados locales. Ésa es la primera conclusión. Una segunda es que la vasta mayoría de las fincas en el mundo son pequeñas y siguen encogiéndose, debido a una miriada de fuerzas expulsoras. Si esta tendencia no la revertimos con una resistencia que lleve a una reforma agraria integral, la expulsión de gente y ahora ya lo vemos, niños, será todavía más brutal. Todas estas fincas campesinas pequeñas están apretujadas en menos de una cuarta parte de la tierra agrícola a nivel mundial. El porcentaje también se achica. Si quitamos India y China, es exactamente el 17%. Ésta sería la tercera conclusión. Una cuarta certeza es que mientras se pierden fincas, tierras y campesinos por todas partes, las grandes instalaciones industriales agrícolas crecen. En los últimos 50 años, debido sobre todo al monocultivo industrial, unos 140 millones de hectáreas —bastante más que la tierra agrícola de China— fue acaparada para plantar soya, palma aceitera, canola, caña de azúcar y maíz industrial. Lo que sorprende, según los datos extraídos de censos nacionales de casi todos los países del mundo es que técnicamente, las fincas pequeñas sean más productivas que las enormes instalaciones agrícolas. Pese al enorme poder y recurso de las grandes haciendas industriales no pueden competir con los chiquitos. “Si toda Kenya igualara el rendimiento de sus pequeñas fincas, la productividad agrícola de la nación se duplicaría. En Centroamérica casi se triplicaría. Si las grandes instalaciones agrícolas rusas fueran tan productivas como las fincas pequeñas, el rendimiento incrementaría por un factor de 6 a 1.” He aquí la quinta certeza. La sexta y última habla también de discriminación. La mayoría del campesinado son mujeres, y no obstante sus contribuciones no son reconocidas y siguen marginadas, sin que las contemplen en las estadísticas oficiales y como tal, siguen siendo discriminadas cuando se trata del control de la tierra. Este aplastamiento mundial, según los planificadores de las agencias internacionales, debe extremarse. Parecen querer empezar una nueva ola con México, bastión de la propiedad social, casi que única en el mundo por su extensión territorial y su cohesión social. Si México cae intentarán arrasar con el resto, para imponerle servidumbre humana a todo el planeta. Ver: http://www.grain.org/article/entries/ Tomado de Ojarasca 206 y 207, junio y julio 2014 Mejoramiento genético de maíces especiales: selección y adaptación de maíz morado (Zea mays L.) Programa Mejoramiento de Maíces Especiales. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. En la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, trabajamos desde hace varios años en la creación, producción, difusión y extensión de maíces especiales, entre ellos pisingallo, perla, cuarentín, dulce; y en los últimos años, maíz morado y opaco-2, bajo la dirección de la Ing. Agr. Ms. Sc. María Cristina Nazar. Desde hace 5 años, venimos profundizando en el análisis de sus propiedades alimenticias y calidad nutricional, con la intervención de profesionales investigadores, becarios de doctorado y pos-doctorado en distintas áreas relacionadas al estudio de la composición química de los granos. Contextualización del área de influencia. El avance de la frontera agrícola en diversas zonas de la provincia de Córdoba, trajo como consecuencia la sustitución de los sistemas agropecuarios. El agotamiento de las principales fuentes de trabajo provocó un desplazamiento de los grupos más vulnerables, que no pudieron adoptar las nuevas tecnologías, con la consecuente reducción de la agrodiversidad y la seguridad alimentaria de los mismos. Desde el punto de vista cultural, se pierden saberes, conocimientos y tradiciones que hacen a la producción y obtención de alimentos para las familias. Algunos pobladores rurales, mantienen huertas familiares, pero de reducida diversidad y sin la incorporación de cereales, como el maíz, lo que significaría un gran aporte alimenticio. El acceso a variedades con propiedades nutricionales mejoradas posibilitaría un mayor agregado de valor, mejor calidad nutricional y seguridad alimentaria. Sin embargo, el costo de la semilla se transforma en una de las problemáticas más relevantes, debido a que su precio resulta inaccesible para los pequeños y medianos productores de zonas marginales, debido a su vulnerabilidad económica y social. Nuestra labor. Dentro de este contexto, trabajamos en la obtención y valoración alimenticia de variedades fácilmente accesibles por productores, con la posibilidad de autoabastecimiento propio de semillas. La creciente demanda de estudiantes interesados en desarrollarse en esta disciplina, y la inquietud de profesionales investigadores en diversas áreas del conocimiento de involucrarse en nuestra labor, nos permite elaborar estrategias para mejorar las condiciones del entorno, llevar tecnologías y conocimientos que sirvan no sólo para aumentar la productividad, sino como una forma de mejorar las condiciones nutricionales y alimenticias de la población, tendientes a alcanzar su seguridad alimentaria. Nuestra meta es la escuela, debido a que son lugares de referencia para la transferencia de conocimientos desde la institución a la sociedad. Educando sobre producción, alimentación y nutrición, brindamos herramientas necesarias para mejorar calidad de vida. A partir de la labor interdisciplinaria y del compromiso ético, social y político de los participantes, trabajamos sobre los nuevos saberes generados, difundiéndolos mediante materiales adecuados a los intereses y motivaciones de cada sector (cartillas, folletos, afiches y la distribución del libro Maíces especiales: saberes y sabores, publicado en 2012). Una nueva opción: maíz morado. El maíz morado es una variedad que tiene la coronta y los granos de color morado debido a la presencia de antocianinas, carotenoides y compuestos fenólicos. Posee propiedades nutricionales, bioactivas y antioxidantes relacionadas a efectos beneficiosos para la salud, como prevención contra el cáncer, propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, antimicrobianas, vasorelajantes, entre otras. Se cultiva principalmente en Perú y en otros países andinos. En Argentina, este tipo de maíz es desconocido por la población y es necesaria su importación, por lo que no se promueve su consumo. Por lo tanto, es fundamental la obtención de variedades que se adapten a nuestras condiciones edafo-climáticas. Es por ello que uno de los objetivos de nuestro equipo de trabajo fue la adaptación de maíz morado introducido para generar variedades estables, capaces de desarrollarse en nuestra zona semiárida. Se probaron en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC (Capilla de los Remedios, Km 7, Córdoba) cuatro genotipos provistos por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, México) y una variedad tradicional de Perú, otorgada por el Ing. Jorge Miguelletti de ACA Semillas. Se evaluó el comportamiento de cada uno a través de la germinación, desarrollo foliar, floración y producción de granos. La siembra se realizó durante varios ciclos, modificando la fecha de siembra en cada año (desde mediados de diciembre hasta mediados de enero), siempre en condiciones de secano (sin riego), con el objetivo de multiplicar material. Recién al tercer año de ensayo, se obtuvo suficiente material genético (semillas) que nos permitió realizar su descripción varietal (ciclo 2013/14) y permitir su inscripción en el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Esta nueva variedad adaptada, se transformaría en una valiosa alternativa para su producción en regiones semiáridas, facilitando su incorporación en la dieta humana. Pretendemos difundir este material adaptado mediante un nuevo proyecto de extensión y transferencia: “Agricultura, alimentación, nutrición: estrategias de seguridad alimentaria, para el desarrollo local y sustentable en las escuelas rurales y periurbanas cordobesas”. De esta manera, buscamos promover su consumo como una nueva alternativa productiva, contribuyendo a la diversificación de actividades que permitan mejorar la calidad de vida y un aumento de los ingresos. Consideramos siempre la multiplicación de semilla de nuestras variedades mejoradas, con la finalidad de ponerlas a disposición de los productores interesados y continuar con la transferencia de la tecnología generada. Directora: Ing. Agr. (Ms. Sc.) María Cristina Nazar1. Grupo de trabajo: Ing. Agr. Pablo Mansilla,1-2 Ing. Agr. Natalia del Valle Quiroga,1 Dra. Ana Santiago,3 Dra. Gabriela Pérez1-2 (1) Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina (2) Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC) CONICET-UNC. Argentina (3) Instituto de Investigaciones en Fisico-química de Córdoba (INFIQC). Facultad de Ciencias Químicas. UNC. Argentina