La invasión territorial y los nuevos latifundios agroindustriales

Aunque históricamente las transacciones de tierras ejidales y comunales existían desde antes del Procede de 1992, la reforma institucionalizó la posibilidad de privatizar y acaparar las tierras con el cambio a dominio pleno, una figura legal que permite que un ejidatario convierta su parcela en propiedad privada. Esta reestructuración provocó que la tierra, antes comprendida como un bien comunal ligado a la reproducción social campesina, fuera vista como un derecho individual susceptible de transacción.

Para entender cómo es posible esta privatización, es necesario adentrarse en la arquitectura legal que la reforma de 1992 puso en marcha. Evangelina Robles, abogada agraria, integrante del Colectivo por la Autonomía y de la Red en Defensa del Maíz, en México, lo explica con la claridad de quien ha pasado más de dos décadas defendiendo territorios campesinos e indígenas.

“A mí me tocó ver cuando se dio la reforma agraria de aquel año, y uno de los temores principales era que se privatizara la propiedad social. En realidad, lo que ahora puedo ver con los años es que la gente mantuvo la tierra todavía en propiedad colectiva. La propiedad social en México era mayor del 60 %. Las tierras que entraron al dominio pleno o a la propiedad privada eran tierras que en su mayoría ya estaban ocupadas por zonas urbanas o las ciudades se las habían comido”.

Actualmente, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, levantado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la propiedad social en México abarca 99.7 millones de hectáreas, equivalentes al 51 % del territorio nacional, distribuida en 29 760 ejidos y 2394 comunidades. Éstas constituyen no sólo el soporte físico de la producción rural, sino también un entramado de organización social, cultural y política que ha sobrevivido a siglos de transformaciones.

En más de dos décadas de reforma agraria, México tan sólo ha perdido el 9 % de la propiedad social que existía en 1992. Sin embargo, y aunque este 9 % puede no ser una cifra alarmante, en los últimos diez años se ha acelerado el despojo, privatización y acaparamiento de tierras de propiedad social. Este despojo es impulsado por el Estado mexicano que ha incrementado la especulación y presión sobre los territorios para desarrollos inmobiliarios, agroindustriales y energéticos.

En abril de 2025, en un informe confidencial al que Ceiba tuvo acceso, el Registro Agrario Nacional (RAN) enumeró huecos de la Ley Agraria que permiten que terceros transfieran derechos agrarios a personas avecindadas con posibilidad de convertirse en ejidatarios, y así accedan al ejido y utilicen tierras de uso común o las conviertan en parcelas o asentamientos humanos con opción a dominio pleno, es decir, privado. El informe es contundente, pues en México 10 personas concentran 6,697.5 hectáreas de propiedad social.

¿Qué significa esto en el territorio? Evangelina explica:

“El ‘cambio de destino’ es una de las estrategias centrales. La asamblea decide convertir tierras de uso común —que antes eran para todos— en parcelas. Esas parcelas luego pueden ser vendidas a particulares o a empresas. Todo está dentro de la ley o al menos dentro de lo que la ley permite si se cumplen ciertos requisitos. Pero en la práctica, esos requisitos se saltan”.

El informe del Registro Agrario Nacional confirma la lectura de Evangelina. Es explícito al señalar que “el andamiaje normativo ha permitido que la concentración de tierras se realice a través de cambios de destino de tierras de uso común a parcelas, enajenaciones parcelarias, y la figura del dominio pleno”, y ejemplifica el fenómeno con los datos, al señalar que 202 personas concentran 208 006.55 hectáreas en parcelas, y 209 concentran 130 871.8 hectáreas de asentamiento humano.

El informe del Registro Agrario señala que se detectaron datos inconsistentes. Entre las anomalías encontradas están sujetos agrarios con Claves de Población apócrifas que no pudieron ser validadas en el Registro Nacional de Población, sujetos fallecidos que aún aparecen con derechos activos, parcelas de grupo con un solo titular activo para eludir el límite de superficie, y acuerdos de asamblea que autorizan el dominio pleno antes de que las parcelas existan.

Evangelina ha visto de cerca cómo la agroindustria transnacional ha transformado territorios enteros en las últimas dos décadas. En los ejidos San Gabriel y Sayula, al sur de Jalisco, a un costado del océano Pacífico, ahí los campesinos históricamente se han dedicado a la producción agrícola de jitomate y hortaliza; sin embargo, “en los últimos quince años esto cambió a agroindustria transnacional”.

“Empezaron a rentar tierras o a apropiarse sobre todo de los usos comunes que la gente veía como tierras abandonadas, sin uso. Se generó mucho el discurso de que era un desierto donde no había nada. En los últimos quince años todo esto se llenó de invernaderos transnacionales. Ya son más de 2 mil hectáreas en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Tuxpan de pura agroindustria”.

La expansión de la agroindustria en México no es un fenómeno aislado. Mientras regiones como el noroeste —Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit— se consolidaron como el motor de la agricultura tecnificada y de exportación, otras regiones vieron transformarse sus sistemas productivos tradicionales bajo la presión de nuevos actores corporativos.

Tres cultivos condensan las contradicciones del modelo. El maíz, base de la dieta nacional y símbolo de la soberanía alimentaria, es hoy el principal producto importado: México compró en noviembre de 2024 más de 408 millones de dólares en maíz amarillo, destinado casi en su totalidad a la industria ganadera, no al consumo humano. El aguacate, por otro lado, provocó que Michoacán y Jalisco enviaran al exterior más de 175 millones de dólares en un solo mes, pero con un costo que incluye deforestación, acaparamiento de agua y violencia en los territorios productores. Y el agave, que vivió un boom especulativo cuando el precio alcanzó los treinta pesos por kilo, dejó tras de sí ejidos endeudados, tierras hipotecadas y campesinos que firmaron contratos leoninos con empresas tequileras que desaparecieron cuando el precio colapsó a menos de cincuenta centavos.

La mayor parte de esta producción es acaparada por empresas intermediarias ligadas a las ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, empresas que controlan la mayor parte del comercio mundial de cereales y oleaginosas, y operan como si fueran un reloj de arena: en un extremo hay millones de productores dispersos; en el otro, miles de millones de consumidores; y en el estrecho túnel del medio, ellas. Son las que fijan los precios de referencia globales, las que deciden cuándo y a qué costo llega el alimento a los puertos mexicanos, las que imponen las condiciones a los productores nacionales.

En esta estructura, el campo mexicano no compite: se somete. Cuando los precios internacionales suben, la inflación golpea a quienes destinan más de la mitad de su ingreso a comprar alimentos; cuando bajan, los productores locales no pueden sostener sus cosechas. En ambos casos, la tierra se vuelve un activo más para la especulación, y los ejidos se convierten en el blanco fácil de quienes buscan ampliar sus cadenas de suministro con especializaciones productivas que, de acuerdo con Evangelina, “tienen efectos múltiples y encadenados”.

“Con maquinaria desaparecen toda la cobertura vegetal, modifican el suelo y hacen su cultivo. Toda la diversidad que había ahí desaparece al cien por ciento. No queda ni una planta”.

Ella recuerda un caso en el ejido San Isidro, también en Jalisco. Recibía agua de tres manantiales, ahora dos están en manos de una empresa aguacatera y el tercero ya no tiene agua. A la comunidad le tienen que llevar agua con pipas dos veces a la semana. Este caso, reflexiona, también demuestra que la agroindustria no sólo acapara agua y suelo, sino también la posibilidad de producir alimentos de manera autónoma.

“Los ejidatarios de más arriba no rentaron sus tierras, pero pierden el acceso a su parcela porque las empresas aguacateras les cierran los caminos. Cuando logran ingresar en burros, esquivando a las aguacateras, su parcela o su área de uso común ya es una aguacatera. Están siendo invadidas las tierras”.

En los últimos años ha emergido otra forma de acaparamiento aún más esquiva: la agricultura por contrato.

Uno de estos casos ocurre en el ejido San Vicente, en la Península de Yucatán. Empresarios limoneros y de la pitaya llegaron con una oferta que no buscaba la propiedad de la tierra, ni siquiera la posesión formal. Ofrecieron a los campesinos un pago por sembrar su producto, asegurando que ellos lo comprarían, pero estableciendo que no podrían sembrar otra cosa en su territorio.

“A las empresas ya no les interesa la propiedad de la tierra y a veces ni la posesión. Lo que les interesa son los recursos que hay en ella. En muchas páginas web son muy transparentes y dicen: ‘Nuestra prospección en esta región es de quince o de veinte años porque los recursos de agua, de suelo o de personas solamente van a soportar eso’”, comenta Evangelina.

Recuerda otro caso más en la región del agave para tequila, en Jalisco. Ahí, cuando hubo un boom del precio —treinta pesos el kilo—, las empresas ofrecieron rentas atractivas. “Primero llegaron unos y les decían a los campesinos: ‘Te vamos a pagar 10 mil pesos la hectárea para rentarla por siete años’. A ésos por suerte les pagaron, pero luego cayeron otros empresarios que les dijeron a los campesinos ‘te pagamos en el primer año’, y a ésos ya no les pagaron. Los que llegaron a rentarles las tierras se esfumaron, y de pronto ya había una empresa en posesión de su tierra”. El resultado es una posesión de facto que el derecho agrario no alcanza a regular.

El avance de la agroindustria y la agricultura por contrato revela un problema estructural de fondo en México: la única alternativa para defender la propiedad social es volver al planteamiento que Emiliano Zapata dibujó durante la revolución mexicana: “la tierra es de quien la trabaja”.

Sin embargo, el panorama actual muestra que no hay políticas públicas eficientes que se encaminen a fortalecer a las comunidades campesinas para que esto sea una realidad. El único esfuerzo que actualmente existe en el país es el programa Sembrando Vida, iniciado en 2019.

Pero el programa, si bien intenta reactivar las hectáreas con potencial productivo sin aprovechar, trabajando desde la producción campesina individual y operando en la escala de las familias, para Evangelina esto significa la desestructuración de los espacios colectivos. La transferencia económica de 6 mil pesos mensuales que da el programa se entrega de manera individual a cada productor, no a la asamblea ejidal o comunal.

“Disgregar los apoyos para el campo fue un golpe muy duro para las comunidades y ejidos. El problema no es menor pues decidieron dar el dinero uno por uno a cada ejidatario en lugar de darlo a la asamblea. Según, la razón era evitar corrupción, pero esto no acaba ahí, pues aun así el fenómeno persiste. Lo que sí es que están acabando con los espacios de discusión y organización colectiva de los campesinos. Están acabando con sus asambleas, pues ya no hay una razón más para que se reúnan. Les quitó fuerza a las asambleas”.

La asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido, donde se construye lo colectivo, se deciden los destinos del territorio y se distribuyen los recursos. Es un espacio en disputa. Al individualizar los apoyos, reflexiona Evangelina, el Estado debilita esa estructura que podría resistir el acaparamiento y, además, no hay una ruta clara que oriente cómo evitarlo.

“Está muy difícil para el Estado mexicano lograr cambios. Tendrían que cambiar completamente su política y no financiar la agroindustria transnacional. Pero estamos atados de manos con todos los tratados firmados a nivel internacional que tienen que ver con el comercio”. Pone dos ejemplos que desnudan las contradicciones del modelo:

“En 2013 encontraron 273 personas en situación de esclavitud en empresas agroindustriales del sur de Jalisco. La empresa llegó y encontró a personas que puso a trabajar sin pago, y además les invadió sus tierras. Cuando el caso se ventiló apareció el gobierno federal, y en vez de sancionar a la empresa, les dio 10 millones de pesos para subsanar y mejorar las condiciones de sus empleados. ¿Cómo no va a ser negocio todo esto, si invades tierras, si no estás pagando las concesiones de agua, si tienes trabajo esclavo y aparte te dan subsidios?”.

El segundo es una historia extensa y compleja.

La historia comienza el 23 de agosto de 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río firmó una resolución presidencial que dotaba al ejido San Isidro de 536 hectáreas. Pero laóejecución del decreto quedó trunca: los campesinos sólo recibieron 256 hectáreas. Las 280 restantes, correspondientes a una hacienda antigua, fueron entregadas a otros núcleos agrarios en una serie de traspasos y ventas apócrifas que, con el tiempo, llevaron a que en 1994 fueran adquiridas por Nutrilite, una división de la transnacional estadounidense Amway, propiedad de la familia DeVos (la misma de Betsy DeVos, secretaria de Educación durante el primer gobierno de Donald Trump).

Durante décadas, muchos campesinos empobrecidos por la falta de tierras tuvieron que trabajar como jornaleros en los mismos campos que alguna vez les pertenecieron. Aun así, mantuvieron viva la lucha legal. En 2017, impulsaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, donde lograron demostrar que Amway-Nutrilite había violado los derechos humanos de los campesinos a la propiedad, el agua, la dignidad, el libre tránsito y el territorio. El Tribunal Permanente de los Pueblos había recibido ya en 2012 una denuncia sobre las afectaciones ambientales de la empresa: contaminación del agua, daños a la salud, casos de cáncer e insuficiencia renal en la región.

La lucha jurídica dio frutos. En abril de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ordenó la ejecución complementaria de la resolución presidencial de 1939. El 30 de junio de ese año, las autoridades federales comenzaron el deslinde de las 280 hectáreas para restituirlas al ejido. Después de cuatro generaciones, los campesinos recuperaban el territorio que les había sido arrebatado. El plan era convertir ese espacio en “una parcela colectiva, una restauración ambiental de las áreas de arroyos”, un proyecto alternativo frente a la agroindustria.

La reacción de Amway fue presentar una controversia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo al Estado mexicano una indemnización de casi 3 mil millones de dólares por la expropiación de sus inversiones. Argumentaba que México había tomado tierras privadas sin compensación justa.

En enero de 2026, un tribunal internacional desestimó la demanda. La decisión fue técnica pero contundente: las reglas comerciales bajo las cuales Amway había presentado su queja ya no estaban vigentes ya que el TLCAN fue reemplazado por el T-MEC en 2020. El tribunal no sólo rechazó los miles de millones de dólares que la empresa exigía, sino que la condenó a pagar cerca de 1.3 millones de dólares por los costos legales y de arbitraje del Estado mexicano.

“La empresa, que según su escritura compró las tierras ‘sabiendo que son del régimen ejidal’, presentó tres amparos y una controversia en el marco del tratado de libre comercio”, explicó Evangelina. “Imagínate el Estado mexicano, ¿qué puede hacer contra eso? Si decide no dar inversión a las empresas transnacionales o recuperar y darle fuerza a los ejidos y comunidades, las empresas se van a ir contra el Estado”.

A pesar del panorama sombrío, hay razones para la esperanza. Esa esperanza, dice Evangelina, está en la propiedad social de la tierra. “No es nada más un pedazo de parcela que cultivas y te da algo. No es una mercancía. Es en realidad el territorio con todo el significado amplio o integral de la palabra. Es el espacio donde los colectivos indígenas o campesinos o rurales pueden desarrollarse como pueblos”.

Ese territorio, explica, “está compuesto no solamente por parcelas productivas, sino por un sistema complejo que reproduce la vida: bosques, selvas bajas caducifolias, semidesiertos donde se reproduce el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad. Se reproduce la vida para todas y todos”.

La defensa de la propiedad social, sostiene, es un logro de la Revolución mexicana que hoy resulta más vigente que nunca.

“Cuando se logró la Revolución y la Reforma Agraria, no solamente se dotó de tierra al campesino, se le dotó también de montes y aguas. Y eso en colectivo es lo que ha permitido que, aun con este panorama, más del 50 % del territorio en México esté en propiedad social y que tengamos tantos bosques, selvas y desiertos que se han mantenido y que permiten ser el centro de biodiversidad no solamente del maíz, sino de tantas plantas y animales”.

Detrás de esa conservación hay una presencia fundamental: la de los pueblos originarios y campesinos que han habitado y cuidado esos territorios durante siglos. Los datos censales lo confirman: el Censo Agropecuario 2022 reveló que cuarenta y seis de cada cien productores agropecuarios se consideran indígenas, lo que equivale a más de 2.1 millones de personas que gestionan la tierra desde sus conocimientos y prácticas tradicionales.

En un mundo donde “todo es mercancía para los capitales, para las empresas, para los Estados”, la propiedad social se erige como un bastión. “La única manera que tenemos es trabajar de manera colectiva, en asambleas. Sí aún hay control del territorio, pues hay esperanza”, recalca Evangelina. “En el tema de la defensa de las semillas del maíz hemos concluido que no queremos ningún tipo de legislación porque cada vez que regulan algo, es porque quieren apropiárselo. Pero bueno, pensemos un mundo idílico donde sí nos tomen en cuenta. En el tema agrario yo le daría eje central a la propiedad social. Volvería a hacer reparto agrario. Así de simple y contundente, porque yo creo que no se puede pensar en regulaciones chiquitas de lo que ya hay. Está todo hecho para desamortizar la propiedad agraria”.

La propiedad social no ha desaparecido. Está sitiada, pero sigue en pie. En los ejidos de la península de Yucatán, los acaparadores continúan acumulando títulos. En las montañas de Sonora, las minas siguen extrayendo minerales de tierras que no les pertenecen, mientras sus dueños se amparan para no pagar. En los valles de Jalisco, la agroindustria sigue expandiendo sus invernaderos sobre suelos que alguna vez fueron de uso común. Y en las asambleas ejidales, cada vez más vacías, la memoria de lo que fue la tierra colectiva se desvanece con cada generación que emigra.

Pero también, en la parcela autogestionada de campesinos mayas, en los tribunales agrarios donde ejidos como El Bajío ganan sentencias históricas, en las redes de defensa del maíz que resisten la imposición de transgénicos, y en la lucha cotidiana de millones de campesinos e indígenas que aún mantienen la tierra en común, hay una respuesta silenciosa pero firme. La defensa de la propiedad social ganada a partir de la Revolución Mexicana es, como dice Evangelina, lo que ha permitido que en México todavía haya esperanza.

* Ceiba contactó a la Procuraduría Agraria y le envió un cuestionario para conocer su posición respecto a los temas que se plantean en este reportaje. Hasta el cierre de esta edición no recibimos sus respuestas.