A 30 años de la primera soja transgénica: un experimento masivo a cielo abierto

Miles de millones de dólares. Es el aspecto que destacan los impulsores del modelo de agronegocio, con la soja transgénica como estandarte. Del otro lado de la balanza: epidemias de enfermedades en territorios fumigados con agrotóxicos, concentración de tierras en pocas manos, desaparición de 83 mil hectáreas de pequeñas y medianas chacras, destierro de miles de familias rurales, ocho millones de hectáreas de bosque nativo arrasados, contaminación de agua, aire y tierra. Y, a pesar de todo, la decisión colectiva de organizarse, exigir justicia, sembrar vida y, en definitiva, construir territorios de dignidad.

Fue el 25 de marzo de 1996 . En la calle Paseo Colón 982, en la Secretaría de Agricultura, el entonces secretario Felipe Solá firmó la autorización para la comercialización y siembra de la semilla de soja modificada genéticamente de Monsanto. Fue a libro cerrado, con “estudios” de la propia empresa estadounidense y en un trámite exprés: 81 días para una luz verde que iba a impactar en millones de hectáreas y vidas. Fue el primer transgénico aprobado en el Cono Sur (luego entraría ilegalmente a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

Todos los gobiernos, desde Carlos Menem hasta la actualidad, fueron impulsores de ese mismo modelo (agronegocio), que tiene como estandarte a la soja y el uso de agrotóxicos. El más conocido de los venenos, pero no el único, el glifosato.

Las hectáreas con soja pasaron de seis millones en 1996 a las actuales 18 millones, con un pico de 21 millones de hectáreas en el 2015. El uso de agrotóxicos se disparó de forma geométrica: 500 millones de litros, un promedio de 12 litros por persona al año. Las exportaciones se multiplicaron, las camionetas 4X4 se reprodujeron por la Pampa Húmeda, los dólares para “sostener” la economía dependiente llegaban, la inversión en “ladrillos” de chacareros crecía, la monocultura transgénica se instalaba.

Los mayores ganadores fueron Las grandes empresas de semillas y agrotóxicos. Bayer/Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow/DuPont)y BASF; Las corporaciones agroexportadoras: Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, Viterra y AGD; Sus aliados locales: las autodenominadas “entidades del agro” (Aapresid, Sociedad Rural, CRA, Coninagro, Federación Agraria), grandes medios de comunicación y periodistas adictos, ciencia hegemónica y extractiva, gobierno de turno (municipales, provinciales, nacionales).

Un punto de quiebre fue 2008, con la ya histórica Resolución 125. Como nunca antes, “el campo” se volvió tema de agenda nacional y discusión pública. De repente, habitantes de ciudades que sólo tenían tierra en macetas salieron en defensa de empresarios millonarios con miles de hectáreas en las zonas más caras del país.

El agronegocio salió triunfador de una disputa donde el eje de la discusión fue quién se quedaba con una porción más de la torta, quién capturaba más “renta”. Ninguno de los sectores en disputa puso en discusión lo central: el modelo agropecuario.

Entre 2002 y 2018 se perdieron 83 mil chacras. Es una forma de decir de cómo los más grandes se comieron (o mataron) a los más pequeños. Cambió la estructura agraria del país. El desierto verde y el vaciamiento del campo avanzaron tan rápido como la especulación de los pooles de siembra y los productores que sólo priorizaban los dólares de Europa y Asia. Argentina cosechó cada vez menos alimentos para el mercado local, y produjo cada vez más commodities para los chanchos y aves de Asia y Europa. El capitalismo agrario mostró su rostro, y su hacer, sin piedad.

Miles de familias campesinas e indígenas desalojadas de sus territorios de vida.

Ocho millones de hectáreas de monte nativo arrasadas ubicaron a Argentina entre los primeros cinco países en destrucción de bosques.

Judicialización, represión y asesinatos en el campo. Entre los casos más extremos (no los únicos): los crímenes de Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván.

Contaminación. Se confirmó la contaminación con agrotóxicos se suelos, aire, agua y cuerpos, incluso de personas que viven en ciudades. Se hicieron común situaciones distópicas como la presencia de más agroquímicos en el río Paraná que en un campo sojero, o agua de lluvia con glifosato —por tanto venenos en la atmósfera.

Más de mil estudios científicos confirman las consecuencias del glifosato (es sólo uno de las decenas de agroquímicos utilizados).

La epidemia de enfermedades vinculadas a los agroquímicos se multiplican en las zonas con uso masivo de venenos. Una de las pruebas más contundentes es el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario (UNR). Durante siete años visitó ocho localidades de Santa Fe y confirmó un combo de enfermedades vinculadas a los agrotóxicos: cáncer, abortos espontáneos, enfermedades renales, malformaciones, problemas endócrinos e hipotiroidismo. La investigación, publicada en la revista científica internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), da cuenta del riesgo: los jóvenes que viven en pueblos fumigados tienen 2,50 veces más posibilidades de padecer cáncer de aquellos que no viven en pueblos del agronegocio.

El aparato propagandístico creció a la par de las hectáreas fumigadas. Los diarios La Nación y Clarín fueron pioneros, pero no los únicos: radios, sitios web, “periodistas especializados”, programas de televisión. Todo un aparato mediático al servicio del agro transgénico, financiado por... las empresas transgénicas.

Sector hegemónicos de “la ciencia” estuvieron al servicio del modelo. Desde el Ministerio de Ciencia hasta el Conicet y universidades nacionales. Casos obscenos:

El ministro Lino Barañao afirmó que el glifosato era como “agua con sal”.

La “reconocida” científica Raquel Chan —financiada por Conicet, Universidad del Litoral y la empresa Bioceres— co-responsable de que las familias argentinas sean las primeras en el mundo en comer trigo transgénico, cultivado con el peligroso herbicida glufosinato de amonio.

La Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) financiada abiertamente por multinacionales del agro.

La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio “científico-técnico” que aprueba los transgénicos funcionó escondida durante dos décadas. Sus integrantes e informes eran confidenciales. Hasta que salió a la luz los nombres de la corrupción científica: en Argentina, las propias empresas que venden los transgénicos son las mismas que los aprueban, ya sea con sus empleados directos o con científicos y funcionarios adictos. Ya llevan aprobados más de 90 semillas transgénicas (soja, maíz, papa, algodón, alfalfa, trigo), siempre en base a estudios de las propias multinacionales que las comercializan.

“Disculpen las molestias, estamos bloqueando un genocidio”, explica la bandera colgada en el predio donde Monsanto, la mayor multinacional del agro, construye su planta de maíz transgénico. Año 2012. Localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba.

Y se inicia una lucha que transcurriría durante cuatro años e incluiría represiones, judicialización, peleas de familias y de vecinos, más represiones, manejos clientelares del municipio y la gobernación. Se padeció mucho. El objetivo de los vecinos y vecinas: que la corporación no se instale: “No a Monsanto en Córdoba y América Latina”, fue una bandera de la lucha.

Llegaban investigadores y periodistas de diversas partes del mundo para ver cómo era el pequeño pueblo que estaba dando esa batalla, encarnada en el protagonismo de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

Luego de cuatro años, bloqueo de la fábrica mediante y paralización de la construcción, Monsanto se fue de Malvinas Argentinas. Corrección: Monsanto fue echada de Malvinas Argentinas.

Es, sin dudas, una de las mayores victorias contra el agronegocio. Pero no la única. Hay Movimientos campesinos, indígenas y organizaciones que resisten al agronegocio y siembran otro modelo. Organizaciones y asambleas que denuncian a los fumigadores, los llevan a juicio, logran condenas y construyen agroecología. Las miles de hectáreas de producción sin venenos, la recuperación de tierras militares donde hoy se construye comunidad, las escuelas campesinas, la expropiación de tierras a multinacionales y las colonias agroecológicas. Las más de 60 Cátedras de Soberanía Alimentaria en universidades públicas y la ciencia digna para el bienestar del pueblo.

De marzo de 1996 a marzo de 2026. Tres décadas de un modelo transgénico con innegables y amplias consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Pero también tres décadas de rebeldías colectivas que sembraron, y siembran, vida y dignidad.

*”Un experimento a cielo abierto”.
Definición de Andrés Carrasco para referirse
al agronegocio y el modelo a base de agrotóxicos.