¡No al trigo transgénico!

El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global formado por activistas por la soberanía alimentaria, movimientos sociales campesinos, de pueblos indígenas y académicos de América Latina, África y Asia,¹ presentó un comunicado en inglés, castellano y portugués a siete Relatores Especiales de Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos y su relación con el medio ambiente, la alimentación, tóxicos, el agua y el saneamiento, la pobreza, los pueblos indígenas y la salud.² Este colectivo solicita la intervención urgente de estos Relatores Especiales de la ONU en relación con el trigo HB4 transgénico, supuestamente tolerante a la sequía, y la agrotoxina glufosinato de amonio, desarrollado por la empresa argentina Bioceres.

Esto inicia con la aprobación en Argentina, Brasil y Paraguay de la producción comercial del trigo transgénico, y de su importación en Sudáfrica, Colombia, Nigeria, Nueva Zelanda e Indonesia, desde 2020. Al parecer, China acaba de autorizar la importación de trigo de Argentina, lo que sugiere un fracaso generalizado de la gobernanza de la bioseguridad en todo el mundo. Con base en las preocupaciones detalladas planteadas en nuestra presentación conjunta, solicitamos a los Relatores Especiales:

1. Instar a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay que se suspenda/revoque todas las autorizaciones para el cultivo comercial de trigo transgénico HB4.

2. Recomendar al gobierno de Paraguay derogar la Resolución N° 556/2023 —mediante la cual se aprobó el trigo transgénico HB4— y reformar el marco regulatorio de los OGM, a través de un proceso participativo abierto, transparente, con especial énfasis en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

3. Recomendar al gobierno de Argentina derogar la Resolución 27/2022, que se basa únicamente en información documental de Bioceres, empresa que desarrolló la variedad de trigo transgénico, e instituir una prohibición adecuada del cultivo de trigo transgénico en el país.

4. Recomendar que el Consejo Nacional de Bioseguridad de Brasil prohíba el cultivo comercial de trigo transgénico y suspenda la decisión de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), a través de la cual se permite la importación de grano y harina de trigo transgénico al país, e impulse una revisión de la legislación de bioseguridad a través de un proceso participativo abierto, transparente y democrático.

5. Recomendar a los gobiernos de Colombia, Sudáfrica, Nigeria e Indonesia que instruyan a sus autoridades de bioseguridad que revisen las aprobaciones de importación de trigo transgénico e inicien una moratoria sobre todas las aprobaciones (autorización a producto, importación y liberación en el medio ambiente) de cultivos transgénicos.

La alianza ha planteado graves preocupaciones con respecto a la siembra y el consumo de trigo transgénico, pues viola varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a los medios de subsistencia; salud; alimentación adecuada y soberanía alimentaria; un medio ambiente equilibrado y libre de contaminación; acceso a la tierra y al territorio; y el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades locales que basan sus modos de vida en la relación que mantienen con la naturaleza.

También han surgido preocupaciones sobre las semillas transgénicas en general, que van acompañadas de paquetes tecnológicos que incluyen agrotóxicos dañinos, sobre los cuales un puñado de empresas multinacionales de agroquímicos tienen el monopolio, en circunstancias en las que los agricultores y millones de hectáreas de tierra están cautivas en un mercado altamente concentrado.

Introducir trigo transgénico en los sistemas agrícolas y alimentarios es similar a apagar un incendio con gasolina, ya que fomentará el avance de la frontera agrícola industrial hacia áreas marginales y comunidades locales, con el argumento de palear el cambio climático. Esto, a su vez, ejercerá una mayor presión sobre los ecosistemas frágiles y fomentará una mayor deforestación, cercamientos y acaparamiento de tierras y recursos, socavando el derecho a la autodeterminación de las comunidades locales e indígenas, en especial en Brasil, Argentina y Paraguay.

El grupo aborda la falacia promovida por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía o una solución al cambio climático, señalando afirmaciones y marketing engañosos y poco científicos, y fracasos comerciales de rasgos transgénicos que pretenden conferir tolerancia a la sequía, sobre todo en Argentina y Sudáfrica.

También se describen en detalle numerosas fallas regulatorias, incluyendo, por ejemplo, Paraguay, donde el proceso de toma de decisiones se llevó a cabo en completo secreto, violando así derechos constitucionales básicos como el de la publicidad de los actos administrativos. Los países importadores también eludieron las normas de bioseguridad reconocidas internacionalmente, al no exigir estudios de alimentación ni datos de toxicidad, con lo que no lograron garantizar, sobre la base del principio de precaución, que los riesgos para la salud y la seguridad asociados con el trigo transgénico se evaluaran exhaustiva e independientemente. Esto es particularmente pertinente a la luz de que el trigo es un de más importantes alimentos básicos en el Sur Global, consumido por cientos de millones de personas a diario.

La Carta enviada también llama la atención de los Relatores Especiales de la ONU sobre el hecho de que el cultivo de este trigo transgénico, genéticamente modificado para resistir la fumigación con glufosinato de amonio, aumentará el uso de esta agrotoxina. El glufosinato se relaciona con una variedad de efectos adversos para la salud y el medio ambiente, incluido daño cerebral, discapacidad del desarrollo (autismo) y defectos del desarrollo después de la exposición paterna, lo que ha dado lugar a prohibiciones y restricciones parciales en varios países.

Los efectos ambientales y sanitarios del uso de glufosinato de amonio en uno de los alimentos más consumidos por la población mundial no se evaluaron en ninguna de las autorizaciones del trigo HB4 en el mundo hasta ahora. Cualquier implementación generalizada del trigo HB4 en Argentina, Brasil y Paraguay expondrá a las poblaciones en las zonas de influencia del cultivo a este plaguicida, sin que exista información sobre la toxicidad de este herbicida, en grave violación a la seguridad alimentaria.

Esto simplemente no puede ser el precedente que deseamos sentar para el cultivo básico más importante del mundo. Los reguladores tienen la obligación de adoptar un enfoque de precaución y reacio al riesgo en la toma de decisiones relativas a las aprobaciones de transgénicos, en particular en relación con nuevas características transgénicas y aún más de plantas de cultivo que involucran alimentos básicos. Este enfoque no se adoptó en ninguno de los países que han dado luz verde al trigo transgénico.

Teniendo en cuenta las graves preocupaciones planteadas en la presentación y las extensas violaciones de derechos humanos descritas, corresponde a los Relatores Especiales intervenir con carácter de urgencia.

El comunicado está disponible en:

Para apoyar nuestra petición de intervención urgente de los siete Relatores Especiales de la ONU para bloquear el cultivo y el comercio de trigo transgénico, haga clic aquí: https://t2m.io/NoGMwheat_support •

Ésta es una versión abreviada del boletín de prensa

1 Asociación Civil de Salud Socioambiental de Rosario, Argentina; Red por una América Latina Libre de OGM; Movimiento de Ciencia Ciudadana, Brasil; Base Investigaciones Sociales (BASE-IS); Campaña Pan sin Veneno, Paraguay; Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL); Red de Pueblos Fumigados de América Latina; Centro Africano para la Biodiversidad; Amigos de la Tierra, Nigeria; GRAIN; Fundación Salud de la Madre Tierra, Nigeria, y Food First Information and Action Network, Indonesia.

2 Los relatores son: Dr. Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Dr. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud.