Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen la expansión de los monocultivos de la palma africana de aceite en la región centroamericana. Estrategias de producción tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los tratados de libre comercio, concentración de subsidios estatales y estrategias de responsabilidad empresarial son comunes en las empresas de palma. Coinciden fechas de experimentación y planes pilotos como en los años 50 y 60 en el Valle de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa Rica. En Centroamérica las extensiones de palma aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370 mil hectáreas. La cifra viene en aumento por la agresiva expansión provocada por la demanda de aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal consumido mundialmente es de palma. Las exportaciones centroamericanas tienen como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea. El aceite de palma es quizá una de las industrias de más rápido crecimiento y se integran regionalmente como agronegocio. Este cultivo destaca por ser quizá el menos estudiado en sus impactos sociales y ambientales aún inconmensurables. En Guatemala existen 130 mil hectáreas de palma en plantaciones. En los departamentos con presencia del monocultivo se reportan desplazamientos de comunidades y pueblos indígenas. Así ocurre en el Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Q´eqchí, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la mayoría comunidades campesinas y pescadoras. Un 4% del total de la superficie agrícola del país está ocupada por este monocultivo. En el caso hondureño, el monocultivo de palma es uno de los responsables más importantes de la deforestación y la pérdida de territorio por parte de las comunidades garífunas y misquitas. Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a poderes políticos, militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente 165 mil hectáreas, pero esta cifra está poco documentada y se encuentra en expansión gracias a políticas e incentivos gubernamentales. Para Honduras la concentración aparente no es tan acentuada ya que la producción de palma no es una actividad exclusiva de grandes productores o transnacionales. Aquí, 16 mil de los 18 mil productores son pequeños (y manejan 50 mil de las 165 mil hectáreas). El número de hectáreas registradas con cultivo de palma en Honduras lo emiten las mismas empresas, por lo que se piensa que están subcontabilizadas. Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009. Desde entonces se ha venido consolidando de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia contra campesinos. Esta situación es evidente en el Valle del Agúan, por la gran cantidad de asesinatos y desaparecidos dentro de las plantaciones. En el centro de esta polémica por los crímenes está la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, el mayor productor de aceite de palma del país. El censo agrícola de 2014 de Costa Rica reporta 66 mil 419.7 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en 2 mil 169 fincas, donde 67% de la extensión se encuentra en tan sólo 8.6% de las fincas. La producción se vincula con la industria alimentaria y cosmética, sobre todo, aunque ha habido intentos gubernamentales por incentivar la producción de palma aceitera para la producción de biodiesel. Según datos de la Cámara Nacional de Productores de Palma (Canapalma), 50% de la superficie sembrada de palma en Costa Rica está en posesión de 3% de los productores. La introducción de la palma aceitera de forma intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980, aunque se reporta ya experimentación desde los años 50. El agotamiento de los suelos y la contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de fungicidas a base de sulfato de cobre empleados en las plantaciones bananeras, ocasionó que miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas (familia de las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos elementos en el suelo. Esto provocó una disminución en la producción bananera de la zona. La United Fruit Company (principal transnacional agroexportadora de la época) migró agresivamente sus plantaciones e infraestructura relacionada con la industria bananera del Pacífico Sur al Caribe costarricense para sembrar palma aceitera. Este cambio se generó no sólo porque el Caribe brindaba mejores condiciones de humedad para el cultivo de palma, sino porque este cultivo tolera altas concentraciones de metales pesados en el suelo, como el cobre. Para 1973, la United Fruit Company tenía contratados unos 11 mil empleados en la industria bananera en la Zona Sur. Luego de migrar a palma aceitera, esta misma compañía empleaba 4 mil peones agrícolas a fines de los años ochenta. Mientras las plantaciones bananeras en promedio empleaban a un peón por hectárea, ahora ese mismo peón labora 10 hectáreas de palma. Así se puede explicar el desempleo generado desde los años del 80 en gran parte del Pacifico Sur costarricense. Para algunos autores, la transaccional United Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños productores locales de una alternativa productiva, crédito y tecnología de punta. Pero también controló la entrada a los segmentos más rentables de la cadena de producción de aceite por medio del material genético, la industrialización, el transporte y la comercialización. El Estado jugó un papel central en configurar las relaciones de poder construyendo la infraestructura industrial procesadora del aceite. Esto dejó en poder de la transnacional la parte más rentable del negocio (la comercialización) que luego tomaría el nombre de Chiquita Brands, con su subsidiaria Palma Tica. Las instituciones estatales poseen mayor injerencia en la palma de Costa Rica en el fomento al sector cooperativo. Con un primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 31 millones de dólares, otro de la institución financiera para el desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por su sigla en inglés) de 13 millones de dólares y un aporte estatal de 4 millones de dólares, se inició la operación de una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur. Esta Unidad no sólo fomentaría la siembra de palma por parte de pequeños y medianos productores, sino también la construcción de una planta procesadora para extraer aceite. En la actualidad, la Cooperativa de Pequeños Productores de Palma (Coopearopal), adeuda más de mil 500 millones de colones (unos 2 mil 720 millones de dólares) al Estado costarricense en un fideicomiso en el Banco Nacional, adquirido para establecer una planta extractora de aceite. Esto es excepcional. Costa Rica optó por la desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la inversión agroindustrial publico-privada. Así, se inició una industria marcada por desigualdades e intereses económicos muy fuertes. Palma Tica SA controla el procesamiento y la comercialización de 80% del aceite crudo y se calcula que del total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país tal empresa posee 40% de la superficie sembrada, es decir unas 24 mil 800 hectáreas. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas que pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito hipotecario por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la producción durante 14 años, como parte del pago. Por otro lado, Coopeagropal maneja el restante 31% de la superficie sembrada y comercializa un 20% de la producción. Palma Tica SA es una de las cuatro grandes empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel centroamericano y en Panamá especializada en producción, distribución y comercialización de alimentos procesados. La transnacional Chiquita Brands vendió el Grupo Numar en 1995 por 100 millones de dólares a ocho firmas costarricenses, una panameña y otra de Belice. Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands volvió a comprar esta compañía. El Grupo Numar, a través de su subsidiaria Agricultural Services and Development (ASD), tiene en su control la totalidad del suministro de germoplasma tanto para los productores independientes, como para Palma Tica SA y Coopeagropal. Según la misma empresa, ASD ha exportado más de 300 millones de semillas a casi todos los países productores de palma aceitera en el mundo. En América Latina un 65% del área plantada del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades de ASD. En el mundo, las plantaciones comerciales que han usado variedades de ASD representan más de 11% del área total plantada, lo que demuestra la influencia regional y global de la transaccional en la expansión de este monocultivo. Actualmente, Costa Rica, Guatemala y Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor dicho agroenergía, que han intensificado y estimulado la expansión de la palma. Un ejemplo son las declaraciones de la Federación Nacional de Palmeros de Honduras (Fenapalmah) que afirmaron que para septiembre de 2015, 7 de cada 10 plantas de extracción de aceite estaban produciendo energía de biomasa. La región centroamericana en su conjunto sufre una serie de procesos de supuesta integración económica y financiera: sistemas de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio regionales, políticas aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son ahora algunos de sus ejes. La producción de aceite de palma no sólo puede ser visto como un proyecto regional sino que es una carrera de “integración económica” anclada a la producción de mercancías para la exportación. Los pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados por esta expansión son los más afectados. Los procesos de expansión del monocultivo a nivel regional se encuentran orquestados sin importar fronteras ni gobiernos. Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos. Este texto es una versión actualizada de un documento aparecido en el boletín 226 del WRM, donde está la versión completa con referencias.