El Estado brasileño y las empresas de la agroindustria son condenados por Ecocidio y Genocidio del Cerrado y su gente

Partiendo de la premisa de que el Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo, no es un bioma ni un medio ambiente intacto, sino un espacio de territorialidades y modos de vida diversos fruto de manejo constante del paisaje por parte de pueblos nativos y comunidades tradicionales hace unos 15 mil años, el veredicto final de la sesión sobre el Cerrado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) asume que “todo genocidio es también un ecocidio - y todo ecocidio es un genocidio”.[1]

El TPP profundiza en su interpretación del crimen de ecocidio, y radicaliza y expande el sentido del término territorio como una co-constitución entre pueblos y naturaleza, o una materialización de las huellas históricas de un pueblo sobre el ambiente. Desde esta comprensión del territorio, la garantía de los derechos territoriales de estos pueblos es, a la vez, una condición esencial para la autodeterminación de sus modos de vida, contra su exterminio físico y cultural, y la protección de un ambiente equilibrado para garantizar el mínimo ecológico para las generaciones presentes y futuras.

Entonces, el ecocidio no sólo representa uno de los crímenes ambientales que configuran un grave daño o la pérdida de ecosistemas que genera una severa disminución de los beneficios ambientales para los habitantes de un territorio, según la definición del delito de ecocidio en el Estatuto del TPP. Implica también, un ataque sistemático a la identidad cultural de grupos co-constituidos con la naturaleza, que tienen en los saberes asociados con el manejo de la diversidad biológica su condición de supervivencia física y social y su diferencia cultural como pueblos distintos de la sociedad hegemónica. El crimen de ecocidio significa un genocidio cultural, un crimen de racismo y discriminación hacia los pueblos, la negación de las identidades y de la diferencia misma. Además de asumir explícitamente la dimensión cultural del delito de ecocidio, el TPP también entiende que el ecocidio puede implicar genocidio en su sentido estricto, cuando la reducción de la base material de reproducción social es capaz de conducir a la destrucción física de estos pueblos que sobreviven con el medio ambiente.

Sin acceso al territorio tradicional, sin acceso adecuado al agua, sin biodiversidad, sin semillas, sin peces, sin caza, sin alimentos, sin cerrado en pie, se minan las posibilidades de estos grupos de mantener sus formas de vida como pueblos diferenciados de la sociedad en general. La estructura estatal orientada hacia proyectos de desarrollo a favor de corporaciones e inversionistas agro-hidroindustriales y mineros en el Cerrado ha ido eliminando las condiciones mínimas para la reproducción física, social y cultural de los pueblos del Cerrado. Según la sentencia final emitida por los jurados de la sesión de Cerrado del Tribunal Permanente de los Pueblos, la negativa en demarcar los territorios de los pueblos-naturaleza constituye el delito de genocidio, inscrito en el artículo 2, “c” de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:

“...se mata a un pueblo cuando se le imponen condiciones de vida capaces de conducir a su destrucción física. Sus miembros mueren o los que sobreviven sufren un proceso de integración en la cultura dominante, asimilando la lengua y el sistema de valores del colonizador. El pueblo preexistente deja de existir (...). No se consideran sus saberes tradicionales, sobre todo en el manejo de la biodiversidad y la producción de alimentos sanos. Sus cultivos, sus medicinas y sus cuerpos están marcados por la presencia de agrotóxicos. Y el Cerrado, víctima de un modelo económico colonial, depredador, excluyente e injusto, está seriamente amenazado de muerte. Todo ello con el aval de los poderes del Estado, a todos los niveles, en connivencia, aun, con la barbarie cometida por las empresas, muchas de ellas transnacionales” (Veredicto final de la 49ª Sesión en defensa de los territorios de la sabana del Tribunal Permanente de los Pueblos, p. 62

Este proceso de ecocidio-genocidio ha sido posible fabricando el Cerrado como infértil y ecológicamente irrelevante y a sus pueblos como atrasados y pobres, lo que justifica el proceso de “limpieza” de la tierra —de su vegetación nativa y su gente—, para integrarla en los llamados proyectos de “desarrollo”. Aunque alberga 5% de la biodiversidad del planeta y funcione como gran regulador hídrico continental, donde nacen los principales ríos y acuíferos de Sudamérica, el Cerrado es casi desconocido para el mundo. Ignorado por activistas climáticos, excluido deliberadamente de la Ley europea de deforestación cero. Si se ha mantenido vivo es casi exclusivamente gracias a la fuerza de sus pueblos.

En esta región que cubre 1/3 del territorio nacional —incluyendo el Cerrado y sus zonas de transición—, se intenta borrar del mapa los territorios tradicionales, haciéndolos invisibles para una serie de políticas públicas. Según datos del IBGE, el Cerrado y sus áreas de transición cuentan con 220 tierras indígenas, aunque datos de la sociedad civil especializada indiquen 338 territorios (Consejo Indigenista Misionero-CIMI), un 53% más. De los 1555 territorios quilombolas (poblaciones afrodescendientes) identificados, sólo 32 fueron reconocidos en la titulación colectiva total o parcial de su territorio (cerca del 2%). Aunque en Brasil se reconocen otros 26 pueblos y comunidades tradicionales —la mayoría de ellos comunidades negras, incluidos extractivistas, quebradoras de coco babaçu, vazanteiros (que manejan ganado suelto en la llena de los ríos), quienes trabajan los pastizales o los geraizeiros (que laboran los campos generales de colecta, caza y ganado suelto)—, no existe ningún registro oficial sobre sus territorios al nivel federal.[2]

En el proceso de sistematizar documentos para el Tribunal, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, presentó un primer relevamiento para enfrentar esta borradura institucional (política, económica, cultural), parte de una política de racismo estructural - ambiental y de tierras— del Estado brasileño que ha servido y sirve a la colonización del Cerrado por el capital.[3] Sin valor biológico y sociocultural, el Cerrado como “tierra de nadie” puede legitimar la apropiación de una enorme cantidad de tierras para la explotación de monocultivos de cereales, pastos para ganado y minería, básicamente para exportar. En 2021, se exportó el 77,2% de la soja producida en el país. Unos 30 millones de hectáreas —equivalentes al territorio de Italia— se utilizan para satisfacer la demanda internacional de soja canalizada por empresas transnacionales, especialmente para China y la Unión Europea —y con ella el agua y los nutrientes del suelo. El rastro de devastación y violencia permanece en los territorios de los pueblos del Cerrado. El 8 de diciembre de 2022, la Asociación de Fundos e Fechos de Pasto y la Campaña en Defensa del Cerrado denunciaron el ataque sistemático de pistoleros en nombre de empresas y hacendados en el oeste de Bahía, contra unas 25 comunidades de los municipios de Correntina y Santa Vitória. Éste es uno de los casos de los que se ocupa el TPP.

Por primera vez, aparecen áreas superiores a 1 millón de hectáreas de soja cosechada, como en Alto Teles Pires y Parecis, en Mato Grosso, Barreiras, en Bahía, y en el suroeste de Goiás. Y la propiedad de la tierra delata la discriminación: más de 88% de quienes producen soja son blancos (Furtado, Kato y Barros jr, 2022).[4] En la misma región, se han perdido 13,47 millones de hectáreas de vegetación nativa en los últimos 20 años contra los 10,76 millones de hectáreas en los 500 años transcurridos desde la invasión colonial hasta el año 2000.

La escala e intensidad de este modelo agro-minero-exportador y las medidas e infraestructuras necesarias para hacer viable el Cerrado como uno de los mayores exportadores de grano del mundo, convierten las actividades económicas del agro-minero-negocio en crímenes económicos y ecológicos, y ponen en riesgo de extinción los ecosistemas y sus formas de vida. Intencionada o no, estos agentes terminan aceptando la producción del Cerrado como zona de sacrificio, asumiendo el riesgo potencial o probable intrínseco a sus actividades económicas y al tipo de “desarrollo” perseguido: la devastación del Cerrado y el exterminio de grupos étnico-raciales históricamente considerados inferiores.

Además de proyectos mineros cercanos a 60 millones de hectáreas, 30% del total de procesos activos en el país, y crímenes-catástrofe como el rompimiento de las represas de Mariana y Brumadinho de la empresa Vale S.A, el TPP destaca un caso particularmente claro de ecocidio y el genocidio en el Cerrado: el avance de los monocultivos de soja transgénica. Actividad económica que produce el Cerrado como zona de sacrificio, tiene como epicentro las cadenas globales de commodities controladas por las corporaciones transnacionales del complejo soja-carne y las corporaciones financieras especulan con tierras y productos primarios agrícolas.

La abrumadora transformación del paisaje del Cerrado, que representa un 45% de la superficie agrícola y ganadera de Brasil, se debe sobre todo a la expansión acelerada de los monocultivos de soja transgénica (legalizados en 2005), seguidos del maíz, el algodón y la caña de azúcar, que ocupan unos 47 millones de hectáreas en el Cerrado. Esto ha convertido a Brasil en la segunda mayor superficie plantada con OGMs del mundo, con más de 50 millones de hectáreas: 35 millones de ha. con soja, 15 millones de ha. con maíz, 1 millón de ha. de algodón y 400 mil ha. de caña de azúcar (ISAAA, 2020). También es el mayor consumidor mundial de pesticidas, con casi el 80% del volumen total utilizado justo en estos cultivos (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal - Sindiveg).

El Cerrado se ha convertido en uno de los mayores mercados del paquete tecnológico de las corporaciones biotecnológicas que monopolizan el mercado de semillas industriales y pesticidas: Bayer/Monsanto (Alemania), Corteva (EUA), ChemChina/Syngenta (China/Suiza) y Basf (Alemania). Es también el principal mercado de transformación y exportación de materias primas agrícolas, sometiendo sus tierras a un entramado de infraestructuras de conglomerados agroindustriales extranjeros. Y de varios fondos de inversión extranjeros, como el Teachers Insurance and Annuity Association of America o Harvard Endowment. Los fondos TIAA y Harvard son los mayores compradores extranjeros de tierras agrícolas en Brasil y desde 2008 han acumulado unas 750 mil hectáreas, la mayoría en el Cerrado.

En un monumental esfuerzo de resistencia, los pueblos del Cerrado se reinventan y reorganizan políticamente su cultura para construir derechos de protesta, un derecho que brota de la tierra, para afirmar el derecho a tener derechos. Ocupan tierras y edificios públicos, realizan marchas, recuperan tierras, hacen autodemarcaciones, crean una legislación reconocida por el Estado, o convocan un Tribunal de los Pueblos, legitimado nada menos que por su derecho a (re)existir como pueblos culturalmente distintos. Desde este derecho que brota de la tierra, en el TPP, sus pueblos denuncian que la tierra no es propiedad ni mercancía, que no puede ser apropiada por quienes sólo tienen un papel, un título, pueden pagar o detentan el monopolio de la fuerza. Según los pueblos nacientes y resistentes del Cerrado, los invasores son quienes se apropian y destruyen la capacidad reproductiva de la tierra. Así, la Campaña del Cerrado rebautiza como un crimen de Ecocidio y Genocidio el modelo de desarrollo que implementa el Cerrado como propiedad privada y mercancía para beneficiar a corporaciones e inversionistas.

En los tres años del Tribunal hasta su audiencia final (2019-2022), habiendo revisado las evidencias en torno a 15 casos representativos de la situación, el jurado del TPP condenó:

–Al Estado brasileño por al crimen de Ecocidio, que implica inevitablemente el proceso de genocidio de sus pueblos; al actual gobierno de Jair Bolsonaro, por los crímenes económicos y ecológicos agravados por las reiteradas medidas de ajuste estructural y desmantelamiento de políticas y leyes que representaron conquistas históricas de derechos.

-Estados extranjeros y las organizaciones. Entre los Estados extranjeros, Japón fue condenado por contribuir a la implementación de la Revolución Verde de la Dictadura Corporativo-Militar en la década de 1970, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Así a China y los países que integran la Unión Europea, por su compra masiva de commodities que son la base del monocultivo del Cerrado. Especial mención fue hecha al peligro de aceleración del proceso de ecocidio-genocidio por el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entre las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en particular el Banco Mundial, fueron condenados por promover y legitimar reformas neoliberales que profundizan el ecocidio-genocidio del Cerrado y sus pueblos.

-Empresas transnacionales y fondos de inversión/pensión cuyas actividades económicas se vinculan a la violación de los derechos fundamentales que causan y se benefician del ecocidio-genocidio en el Cerrado, como Amaggi & Louis Dreyfus Commodities, Bayer-Monsanto, Bunge, Cargill, ChemChina/Syngenta, China Communications Construction Company, China Molybdenum Company, Condomínio Cachoeira Estrondo, Horita Empreendimentos Agrícolas, Mitsui & Co, Mosaic Fertilizantes, SLC Agrícola, Sul Americana de Metais S. A., Suzano Papel e Celulose, TUP Porto São Luís, Vale S.A., y los fondos de inversión TIAA-CREF, Harvard y Valiance Capital.