La resistencia de los pueblos indígenas y campesinos mexicanos y su soberanía alimentaria frente al avance agroindustrial

1. Las comunidades mexicanas, su relación con la tierra y el territorio. Cuando en agosto y septiembre de 2023 recorrimos algunas regiones de México en busca de claves del pensamiento y la práctica de las comunidades de la región, nos sorprendió la pervivencia de una agricultura campesina con raíces ancestrales, en algunos enclaves, y una agricultura ya metida en los agroquímicos y en la siembra comercial del maíz. Ambas conviven, mientras las compañías despliegan sus monocultivos de exportación al aire libre o en más y más invernaderos que concentran grandes cantidades de agua.

La agricultura campesina ancestral no es algo casi extinto o en decadencia, pero sí está acorralada. Y no son sólo la propaganda oficial, las dependencias gubernamentales, la academia y las campañas corporativas las empeñadas en el socavamiento de la crianza mutua milenaria.

Las comunidades continúan su relación con la tierra, “están arraigadas a ella, viven de ella, se comunican con ella, viven en ella y la cuidan”.[1] Hay una distancia muy grande entre estos núcleos campesinos tradicionales, casi siempre originarios o con una memoria de provenir de pueblos indígenas, y lo que es el oficio de la agricultura comercial que calcula costos y beneficios, compra maquinaria e insumos, y cotiza en la bolsa de Chicago sus productos, aun no siendo empresas exportadoras.

Ocurre en todo el mundo, pero en Latinoamérica es muy clara esa relación de la vida y la siembra, entre las comunidades y el entorno significativo. Esta relación mantiene cuidados diversos situados en diferentes ciclos breves y prolongados.

“Ser sembradores desde siempre, producir nuestros propios alimentos cuidando de la familia y la comunidad, nos hace ver el trabajo, las relaciones sociales, el espacio y el tiempo, de un modo particular. Los campesinos valoramos lo comunitario y en colectivo nos relacionamos con la tierra. La conversación con que se crio el maíz es también colectiva. En gran medida, quien siembra para comer no necesita trabajar por dinero para aquéllos que explotan su trabajo. Nuestra relación con la siembra, minuciosa y detallada, crea vida a diario y nos hace prestar atención a muchos signos. En cada una de nuestras tareas de cultivo se cumplen ciclos diminutos que dan orden, sentido, al paso largo de otros ciclos más grandes como el del sol durante el año, en un verdadero tejido de estaciones, climas, humedad. Las campesinas y campesinos vemos detalles que la gente de las ciudades no mira. Ser sembradores, campesinas y campesinos, es una espiritualidad completa, colectiva, comunitaria, que nos enfrenta de inmediato con los sistemas que nos quieren imponer tantas formas de relacionarnos”.[2]

En el entrevero actual, esos modos ancestrales de los núcleos campesinos sufren un embate nunca antes visto. Éste tuvo un primer recrudecimiento con la Revolución Verde y la deshabilitación que, desde las dependencias internacionales y nacionales, y las grandes corporaciones, se ha impuesto a los núcleos que practican la agricultura tradicional. Se les menosprecia, margina e incluso se les prohíben sus métodos mientras se les imponen también semillas de laboratorio y paquetes de fertilización y control de plagas.

Si a eso se le suma el acaparamiento creciente, incluso violento, la deforestación y la renuencia a concederles apoyos por parte del gobierno, la sorpresa es que la agricultura campesina siga viva. Pero sigue.

Diversas comunidades mantienen sus posibilidades de vida a través de la migración. Campesinas y campesinos han logrado sobrevivir tras siglos de marginación por tener la apertura de emprender trabajos en otros campos, como jornaleros y jornaleras, o en las ciudades, como albañiles, jardineros y jardineras, gente que se encarga de la basura o labora en los restaurantes. La gente dedicada a la agricultura comercial asume el oficio sin tanta versatilidad y sin el detalle o el cuidado de quienes están en la agricultura campesina viva hoy.

2. ⁠Lo que hacen los pueblos no es alternativo “para navegar el colapso”: es lo que han hecho siempre. La agricultura campesina que hoy suma las posibilidades instrumentales de una agroecología no es algo alternativo para “navegar el colapso” provocado por la Revolución Verde. Es la misma agricultura que se sigue practicando con gran devoción en muchos enclaves, pero que busca deshacerse de la desinformación y el desánimo que promueven diversos extensionistas.

La gente ya comienza a rechazar las semillas espurias procedentes de la asistencia técnica promocionada por las empresas y las dependencias del gobierno.

La agroecología parece funcionar como unos lentes que enfocan la memoria viva de la agricultura tradicional junto con un cotejo de saberes y experiencia procedente de varios campos. Pero, sobre todo, es la reivindicación de una integralidad campesina que requiere condiciones mínimas de respeto, equidad y autonomía para no verse afectadas sus actividades y su horizonte.

Entre 2011 y 2014 funcionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, un proceso desde abajo, desde cada rincón, y una constante en ese ejercicio de escucha nacional (que diversas organizaciones e infinidad de comunidades emprendieron desde sus regiones) fue la reivindicación de su agricultura campesina como un rasgo fundamental de su vida y su cultura como pueblos, algo irrenunciable que les confería identidad y sentido.

En particular en México, y sabemos que por toda Latinoamérica eso se ha expresado a últimas fechas en la defensa del maíz nativo contra las versiones transgénicas, y contra su privatización encubierta o expresa. Sin embargo, lo crucial de su sistematización en el TPP, fue su defensa integral de la vida campesina. En las diversas regiones, la gente compartió lo que sistematizó localmente y eso representa no sólo un diagnóstico participativo propio, sino que es un ejercicio de movilización para reivindicar identidad y condición histórica. De La Península, de Tepoztlán, de la Huasteca, de Oaxaca, de la cuenca del río Lerma, y en su sesión final que tuvo por título A la sombra de Ayotzinapa, surgieron los dictámenes tejidos entre los jurados y la gente, hasta arribar a su sesión final. Decía Joel Aquino en su intervención en la pre audiencia del maíz en Oaxaca:

“Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía”. Aquí está el meollo de la cuestión. En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. Con ella se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano.[3]

En un caso, más cercano en México al recorrido de GRAIN en agosto de 2023, justo en San Isidro, Jalisco, que a los años sigue luchando por recuperar sus tierras invadidas por una enorme corporación transnacional, Nutrilite, filial de AMWAY, las comunidades presentaron sus acusaciones y establecieron un contexto general:

...reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.

El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.[4]

En la sesión de San Isidro, muchas comunidades de la región (y de otras regiones que confluyeron ahí a ventilar sus agravios) resaltaron “la contaminación, enfermedad y muerte del Río Santiago y la devastación y destrucción de las fuentes de subsistencia”, como en El Salto. La destrucción y estigmatización de la vida campesina desde los ámbitos estatal, corporativo y social, como en Palos Altos. El ataque integral al territorio y los derechos de la comunidad indígena de Mezcala, la privatización de su tierra común y la contaminación del agua lacustre. En Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco, la queja es la urbanización excesiva, la sobre-explotación del agua y la presión que reciben distintos pobladores “para que cambie el uso del suelo y desocupen”. En San Sebastián Teponahuaxtlán en el territorio wixárika, “el despojo y deterioro del territorio ancestral por los programas de servicios ambientales hidrológicos, la construcción de carreteras para corredores industriales, las concesiones de agua para establecer proyectos de extracción minera y maderera, los ataques al maíz nativo por los programas de gobierno más el desmantelamiento de la asamblea, y de la organización comunitaria, todo suma al no reconocimiento de los derechos colectivos de la comunidad”.

En el ejido La Ciénega, en el municipio de El Limón el agravio era “el desmantelamiento de la asamblea ejidal a través del programa Procede (de individualización de la posesión), la erosión de las tierras por empresas tequileras, la pérdida de biodiversidad de especies como el guamúchil y el huaje, la introducción de paquetes tecnológicos con agrotóxicos y semillas transgénicas, la explotación de los pueblos y los atentados contra la soberanía alimentaria. Su postura era la defensa de las semillas, la vida campesina y la agricultura como forma de vida, libre de agrotóxicos.

En muchas comunidades de otros estados aledaños se repiten “Los mecanismos represivos, de corrupción y cooptación de autoridades y asambleas comunitarias para el despojo de tierras, montes y aguas (en particular para el proyecto carretero Toluca-Naucalpan), en beneficio de industriales y particulares del centro del país”, como en San Francisco Xochicuautla. “El despojo y contaminación del territorio por la empresa trasnacional Amway y su filial en México Nutrilite ha implicado el incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales que ordenan la restitución de tierras ejidales, por parte de las autoridades federales, devastación ambiental, desintegración de la familia y la comunidad. Criminalización y encarcelamiento de personas que exigen el cumplimiento de las resoluciones y el ejercicio de la justicia”, como en el propio San Isidro, y “la integridad de la comunidad en el marco del conflicto del narcotráfico y la tala clandestina de sus bosques, además de la destrucción de la asamblea comunitaria y pérdida de la autonomía, autosuficiencia, y la biodiversidad”, como en Cheranástico en el aledaño de Michoacán, donde es también una de las zonas del auge del aguacate.[5]