El 2025 inició con un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, revelando un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el acaparamiento de tierras por sectores agroexportadores, aliados históricos del Estado.
Intensificar la represión ha tenido un respaldo institucional al promulgar la Ley núm. 6830/2021, o “Ley Zavala-Riera”, que criminaliza la ocupación de tierras, herramienta histórica de lucha campesina, aumentando la agresividad policial en desalojos. Esto es anticonstitucional y contraviene el Estatuto Agrario (García e Irala 2022).[1] Al legalizar violentos atropellos, esta normativa agrava la pauperización de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, evidenciada en la disminución del 40% de la población rural entre los censos agropecuarios del 2008 y 2022 (MAG 2022).[2] Esta pérdida de 431 mil habitantes rurales refleja el desarraigo, la expulsión y la migración forzada, provocados por la expansión del modelo agroexportador (Rojas 2023).[3]
En la lectura del abogado Walter Isasi —especialista en Derechos Humanos— la orientación represiva del gobierno actual se visibilizó con la designación de Riera, uno de los principales impulsores de la mencionada ley, como Ministro del Interior. Por otra parte, en el marco de una serie de leyes autoritarias, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica de la Policía, que le da autonomía para investigar (Isasi 2025).[4] Las instituciones del sistema de justicia del país, vinculadas al crimen organizado y al partido de gobierno (ANR), se ubican como telón de fondo que caracteriza al presente escenario altamente represivo.[5]
Este escenario atenta gravemente contra los derechos campesinos e indígenas. Las ocupaciones de tierras en Paraguay son una estrategia clave de las organizaciones campesinas para ejercer su derecho a la tierra ante la inacción estatal, al tiempo y son un medio de protesta clave para denunciar adjudicaciones irregulares, apropiaciones ilícitas y el uso intensivo de agrotóxicos, entre otras problemáticas (Irala 2021).[6] La recuperación de “tierras mal habidas”, símbolo de profundas injusticias desarrolladas durante la dictadura cívico militar de Stroessner, es central en esta lucha (Hetherington 2012).[7]
La conflictividad se intensifica en zonas de “modernización agrícola”, donde la soja transgénica domina el paisaje. Los desalojos forzosos, respuesta institucional a las ocupaciones (Irala, Kretschmer y Palau, 2019),[8] revelan el carácter autoritario de un largo proceso político que nunca terminó su tránsito hacia la democratización de la tenencia de la tierra, ni a otros derechos fundamentales (Schvartzman 2015).[9]
Desde diciembre de 2024, se registraron desalojos forzosos desplegados con extrema crueldad: quema de pertenencias, robo de animales, destrucción de viviendas y envenenamiento de agua. Si bien desde hace varios años, organismos internacionales han instado a Paraguay a detener los desalojos (CDESC, 2007,[10] Consejo de Derechos Humanos, 2017[11]), la represión estatal contra las comunidades campesinas e indígenas se ha recrudecido. Desde diciembre de 2024 y el primer trimestre del presente año se dieron seis casos de desalojos forzosos contra comunidades rurales, cuatro de ellos contra asentamientos campesinos y dos afectaron a comunidades indígenas.[12] Ocurrieron casos de atropellos, amedrentamientos, imputaciones en contra de dirigentes/dirigentas de comunidades campesinas e indígenas. La siguiente tabla resume los casos que han sufrido represión desde diciembre de 2024 a marzo de 2025.
Los departamentos de Canindeyú y San Pedro son epicentros de la represión como contracara del avance del modelo extractivista a partir de monocultivos de soja transgénica, con alta conflictividad y violencia. En este proceso fueron afectadas al menos 11 comunidades campesinas, lo que puso en riesgo a unas 1400 familias campesinas; además, al menos 500 familias fueron víctimas de desalojos forzosos —incluyendo niños, niñas y adolescentes; mujeres embarazadas, personas adultas mayores y la imputación de unos 60 dirigentes comunitarios, a pesar de la existencia de sendos litigios legales sobre la tierra, lo cual muestra la arbitrariedad de estos procedimientos, que implican una violación sistemática a los derechos humanos.
Ante este escenario crítico, las comunidades campesinas e indígenas han respondido con resistencia, consolidación de alianzas y estrategias conjuntas. La defensa de sus derechos se ha centrado en la difusión de información y la acción colectiva, materializándose en marchas y movilizaciones a nivel nacional, fruto de la articulación con otros sectores populares.
Tabla 1. Resumen de casos de criminalización hacia comunidades campesinas (diciembre 2024-marzo 2025)
Departamento / Distrito | Comunidad / Asentamiento | Tipo de violencia | Personas Afectados(as) | Intervinientes | Imputaciones / Detenciones |
San Pedro / Distrito General Isidoro Resquín | Asentamiento Sexta Línea Kira ‘y | Cobertura policial y Amenaza de desalojo | 47 familias | El fiscal José Godoy de la Unidad 3 de Santa Rosa del Aguaray, quien ha ordenado una cobertura policial en el asentamiento | 13 imputadas por el agente fiscal de la Unidad penal 3 de la fiscalía zonal de Santa Rosa del Aguaray y la unidad especializada anti secuestro, anti terrorismo y de lucha contra el abigeato, Abog. José Alberto Godoy Blanco. |
San Pedro / Lima | Sexta Línea Yvypé | Imputaciones arbitrarias y amenaza de desalojo | 11 familias | Abog. Juan Daniel Benítez, interviniente fiscal interino de la unidad penal 3 de la fiscalía zonal de Santa Rosa del Aguaray | Imputación a varios pobladores del Asentamiento sobre invasión de inmueble ajeno en Lima |
Caazapá / San Juan Nepomuceno / Franco Cué | Asentamiento Santa Librada | Desalojo | 150 familias | Policía, 25 patrulleras y unidades especializadas como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), Antinarcóticos, Inteligencia y la Agrupación Montada. El operativo estuvo dirigido por el comisario general inspector Jorge Ramón Aquino, director de policía del sexto departamento | 6 personas imputadas por el Abog. José Alberto Núñez Ruíz Díaz, Agente Fiscal en lo penal de la Unidad dos de San Juan Nepomuceno |
Canindeyú / Yasy Cañy | Asentamiento Edilson Mercado | Desalojo | 300 familias | Agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda encabezó procedimiento con comitiva policial de más de mil agentes - dos mil agentes -, con helicóptero, ómnibus y vehículos de portes menores | Cuatro personas fueron detenidas en Curuguaty (un menor liberado y tres con arresto domiciliario), y 17 enfrentan imputaciones por “invasión de inmueble ajeno” |
Canindeyú / Yasy Cañy / Tacuapí | Asentamiento 15 de agosto | Desalojo | 65 familias | 300 agentes policiales, junto con un fiscal, ingresaron al asentamiento y realizaron disparos | Imputaciones vinculadas al desalojo de Edilson Mercado |
Canindeyú / Yasy Cañy | Asentamiento Edilson Mercado | Intento de desalojar e imputar a quienes reocuparon un sector de las tierras del asentamiento, con resistencia campesina | 300 familias | Comitiva policial-fiscal integrada por varios vehículos | |
Canindeyú / Curuguaty | Comunidad Primero de Marzo Joajú | Amenaza de desalojo | Más de 500 familias | Recorrido realizado por el servicio de inteligencia del gobierno, recaudando información en los domicilios de dirigentes, con la aparente intención de repetir lo ocurrido en la comunidad Edilson Mercado | |
Concepción, Sargento José Félix López - ex Puentesiño | Ex estancia hermosa, Comisión Sin Tierra Porvenir Mejor, liderada por Bernardino Galeano Pintos | Desalojo | Policía Nacional / Montada | Imputación a 3 personas; con antecedentes de varias imputaciones previas, acompañadas de órdenes de captura | |
Caaguazú, Repatriación, Colonia Ypekuá | Asentamiento Juliana Fleitas | Atropello policial a la comunidad en defensa de fumigación de un monocultivo sojero | Comitiva de 400 efectivos policiales | Imputación a 17 campesinas/os por impedir fumigación, 6 con orden de captura | |
Canindeyú, Maracaná | Asentamiento San Miguel | Amenaza de desalojo | 230 familias | Fiscalía | |
Alto Paraná, Hernandarias | Asentamiento Toryveté | Amenaza de desalojo | 135 familias | Fiscalía |
Fuente: Observatorio BASE-IS
Foto: Bahía de Solano, Chocó, Colombia. La selva reclama lo suyo. La naturaleza, indomable y paciente, se abre paso sobre los vestigios del abandono. Por: Viviana Sánchez Prada
[1] Lis García, y Abel Irala. “Violencia estatal contra campesinos e indígenas”. en Derechos Humanos en Paraguay 2022 (Asunción: Codehupy)
[2] MAG. Censo Agropecuario Nacional. Asunción: MAG, 2022.
[3] Luis Rojas, Luis. “La expansión del Agronegocio eliminó alimentos, población y empleos rurales, confirma el Censo Agropecuario 2022 (Asunción: Heñoi, 2023.)
[4] Walter Isasi, Entrevista sobre marco de criminalización hacia comunidades campesinas e indígenas. Asunción, 2025
[5] Ver : https://www.abc.com.py/politica/2025/02/03/chats-de-lalo-gomes-salpican-al-diputado-arevalo-dos-fiscales-y-una-jueza/; https://www.ultimahora.com/repudian-inaccion-de-la-fiscalia-ante-chats-filtrados-de-lalo-gomes; https://www.abc.com.py/nacionales/2025/02/24/lamafiamanda-investigaciones-relacionadas-a-los-chats-de-lalo-gomes-estan-en-curso/; https://www.ultimahora.com/fiscalia-evidencia-pocas-acciones-tras-salir-a-luz-chats-de-lalo-gomes;
[6] Abel Irala, “¿Qué son las ocupaciones y por qué molestan tanto a algunos sectores?” Informe especial N° 48. (Asunción: BASE-IS), 2021
[7] Kregg Hetherington, “Tierra malhabida” y el engaño de la institucionalidad. Revista Novapolis N°5 (Asunción: Arandurá, 2012)
[8] A. Irala, A; R. Kretschmer; M. Palau, M. Ocupaciones de tierra: marcas del conflicto rural (1990-2019). (Asunción: BASE-IS), 2019
[9] M. Schvartzman, Mito y duelo: El discurso de la “pre-transición” a la democracia en el Paraguay. (Asunción: BASE-IS, 2015.
[10] Recuperado de: https://www.pj.gov.py/images/contenido/ddh/Recomendaciones_del_Comite_DESCParaguay.pdf
[11] Recuperado de: https://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/03/G1701976.pdf
[12] El 23 de enero de 2025 fue desalojada de manera forzosa la comunidad indígena Santa Rita Ypejhú en Canindeyú y en las primeras semanas de febrero fue desalojada la comunidad indígena Y’apo Dos ubicada en Corpus Christi, del mismo departamento.