La lucha de las comunidades indígenas Bunong por sus tierras y contra Socfin

En el año 2008, en pleno auge del programa económico de concesiones de tierras en Camboya, el grupo Socfin de Luxemburgo se apropió de 12 mil hectáreas de tierra en la provincia de Mondulkiri, cerca de la frontera con Vietnam. La concesión – creada para plantaciones de árbol del caucho – fue otorgada sin el conocimiento o consentimiento de las comunidades locales. Esta situación, además de varios informes de acaparamientos y conflictos por tierra, motivó que el gobierno interrumpiera el programa de concesiones. A pesar de esto, las plantaciones de caucho de Socfin siguieron operando. Durante este tiempo, las comunidades locales han estado buscando justicia para lograr que les devuelvan sus tierras.

En agosto de 2023, GRAIN viajó a Bousra, en la provincia de Mondulkiri, para reunirse con las comunidades indígenas Bunong afectadas por la plantación y conocer de cerca su lucha de 15 años y sus planes a futuro.

“Antes de la llegada de Socfin, vivíamos tranquilamente en la sierra, donde los bosques y la tierra proveían todo lo necesario. La presencia de la compañía destruyó nuestro bosque y nuestros cultivos, provocando que ya no sea posible cultivar o pescar”, señala Trang Seun, un campesino que se reunió con GRAIN en Bousra.

Trang Seun es una de las 80 personas que, en el año 2015, presentaron una demanda contra los dueños de la plantación en las cortes de Francia. Después de años de disputa con la compañía, y debido a la desconfianza en el sistema legal de Camboya, personas de la comunidad decidieron iniciar acciones legales en Francia, el país de origen del grupo Bolloré, que tiene casi el 40% de la propiedad de Socfin.

La plantación de caucho de Socfin abarca las tierras de siete aldeas del territorio del pueblo Bunong, donde se combinan tierras de cultivo, bosques sagrados, cementerios y tierras de pastoreo. La comunidad campesina que es parte de la demanda explicó que cuando Socfin llegó al área, les dio tres opciones: (1) obtener una compensación financiera por sus tierras; (2) intercambiar la tierra por tierras entregadas por Socfin en cualquier otra parte; o (3) producir caucho en sus tierras para Socfin bajo un acuerdo de reparto de utilidades con la compañía.

Según una de las personas que interpusieron la demanda, quienes aceptaron cambiar su tierra por otra en una zona diferente sufrieron una gran decepción. La tierra que les asignó la compañía era de mala calidad: fangosa, llena de peñascos y no apta para la agricultura. Además, estaba lejos de las aldeas. “Sin una motocicleta es difícil llegar hasta la finca, lo que significa gastos adicionales”, señala Klang Po, un miembro de la comunidad campesina. Cuando las campesinas y campesinos rechazaron aceptar las parcelas llenas de piedras y exigieron algo mejor, la compañía señaló que no tenía otras tierras para ofrecer. A las personas afectadas no se les dio ninguna opción, salvo aceptar la tierra o aceptar una compensación muy baja, de 200 dólares por hectárea.[1] “La decepción fue muy grande, pero no sabíamos qué responder”, nos dijo Klang Po.

So Krun, otro querellante que entregó su tierra a cambio de otra parcela, señaló que su nueva finca está a más de 50 kilómetros de su casa, cerca de la frontera con Vietnam, accesible por un camino en malas condiciones. Él y su familia enfrentan muchos problemas, particularmente porque las autoridades fronterizas les restringen el acceso hacia el área de la frontera.

Después de casi una década, las campesinas y los campesinos aún esperan justicia y que les devuelvan sus tierras. En octubre de 2019, nueve representantes de la comunidad Bunong asistieron a una audiencia sobre su caso en el Tribunal de Nanterre. En julio de 2021, la corte rechazó la demanda por considerar que quienes demandaban no podían probar que la tierra les pertenecía y les ordenó pagar a Bolloré una compensación de 21mil 314 dólares (20 mil euros).[2]

A pesar de la decepcionante decisión de la corte, las campesinas y los campesinos no se rindieron y llevaron el caso a la corte de apelaciones de Francia. Kreung Tola, un miembro de la comunidad, hace notar que su principal exigencia es la restitución de sus tierras. “No estamos interesados en adquirir terrenos que estén lejos. La compañía puede hacer uso de su poder, pero no nos amedrentarán. Nos desplazaron de la tierra que legítimamente nos pertenece y quieren que trabajemos para generarles ganancias, lo que nos ha causado un sufrimiento inmenso. Nuestra exigencia es simple: que nos devuelvan nuestras tierras.”

Algunas personas afectadas por la concesión de Socfin optaron por una negociación tripartita que se inició en el año 2014 y en la que participaron Socfin, autoridades de Camboya y la Asociación del Pueblo Indígena Bunong (BIPA). También participó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como observador. Según Neth Prak de BIPA, el proceso les dio una pequeña victoria, ya que se logró un acuerdo de restituir 500 hectáreas de tierra a las comunidades dentro del área de la concesión.

Sin embargo, este proceso fue interrumpido en el año 2016 cuando Socfin pidió apoyo a la agencia de cooperación internacional de Alemania, GIZ, para realizar un mapeo de la tierra reclamada.[3] Al año siguiente, el proyecto Mekong Region Land Governance (MRLG), financiado por Suiza, Alemania y Luxemburgo, inició un proceso de mediación junto con el grupo Independent Mediation Group (IMG). BIPA señaló que esta mediación creó confusión y debilitó sus esfuerzos por lograr una negociación directa con las comunidades. Además, la mediación pasó a ser secreta, ya que Socfin exigió que todas las partes aceptaran un acuerdo de confidencialidad, creando problemas para las comunidades. El proceso duró cuatro años y finalizó en septiembre de 2021. En una declaración conjunta publicada un año después que finalizaron las conversaciones, MRLG y Socfin afirmaron que el proceso fue un éxito y que la disputa por tierras había sido resuelta.[4]

Para la comunidad Bunong, el resultado fue decepcionante, ya que no hubo mejoras tangibles.[5] Y se dio cuenta que el proceso de mediación podía provocar divisiones. Como se indicó en la declaración conjunta, Socfin accedió a permitir a cuatro aldeas – Pu Teut, Pu Raing, Pu Char y Pu Luk – obtener títulos de propiedad comunitarios, por 511 hectáreas dentro de las 12 mil hectáreas de la concesión. Pero la compañía estipuló que la tierra no podía ser cultivada por las comunidades hasta que recibieran los títulos. Socfin también prometió fondos para “el desarrollo comunitario”, pero solamente para las familias que participaron en el proceso de mediación y solamente por un período de tiempo limitado, lo que no fue señalado en la declaración.[6]

--> haga clic aquí para leer la declaración conjunta de Socfin KCD y 5 pueblos (solo disponible en ingles)

Inicialmente, muchas familias eligieron la tercera opción ofrecida por Socfin: continuar en su propia tierra y producir caucho para la compañía. Pero después de un tiempo, sólo alrededor de 50 familias continuaron con ello. Neth Prak explica que lo hicieron por necesidad. Pero quienes optaron por esto también sufrieron pérdidas ya que sus tierras fueron incluidas como parte de la concesión de Socfin, obligando a la gente a usar la tierra bajo las condiciones fijadas por la compañía. Esto provocó mucha desilusión entre quienes aceptaron esta alternativa. Ahora se encuentran con parcelas más pequeñas y sin poder practicar sus sistemas de cultivo tradicionales. Estas campesinas y campesinos, ahora categorizados por la compañía como “pequeñas fincas productoras de caucho”, decidieron usar sus propias formas de resistencia. Por ejemplo, destinan parte de su tierra a cultivos alternativos como café, pimienta, aguacate y durian, o realizan cultivos intercalados con arroz, maíz u hortalizas. También se organizaron colectivamente para vender el caucho a otras empresas compradoras y se rehúsan a venderlo a Socfin. A pesar de la promesa de Socfin de precios más altos que los precios de mercado en Camboya, la gente de las comunidades no confía en la compañía y decidieron en forma colectiva buscar otros canales de venta.

Socfin permite la venta de caucho a otras empresas; sin embargo, el nuevo contrato, que surgió del proceso de mediación, especifica que si las familias optan por vender a otros canales, deben pagar a Socfin las plántulas que inicialmente les entregó. Este pago se determina a partir de la superficie de cada finca. Las personas de la localidad señalan que Socfin intentó varias veces reunirse con las comunidades para exigir estos pagos, pero que unánimemente rehusaron reunirse con la compañía.

De acuerdo a un documento obtenido por la agencia de noticias CamboJa, la suma total que Socfin quiere cobrar al campesinado local supera los 100 mil dólares.[7] En algunos casos, incluso supera la pequeña compensación inicial recibida por las familias campesinas a cambio de la pérdida de sus tierras. Ante esto, las familias han tomado una postura unitaria de negarse a pagar esta “deuda” a Socfin.

La oficina central de Socfin en Luxemburgo contrató a Earthworm Foundation para realizar un análisis detallado de todas las acusaciones hechas contra Socfin, en diversas plantaciones en Asia y África, incluyendo Camboya.[8] Por el momento, no se ha entregado información en relación a la visita de Earthworm a Camboya. Sin embargo, las comunidades afectadas han señalado que no están interesadas en reunirse con Earthworm, debido a la pérdida de confianza en Socfin, después de años de malas prácticas en relación a sus demandas de restitución de las tierras.

La lucha por justicia en Bousra ha sido prolongada y difícil. Aunque el cansancio es muy grande, la comunidad sigue resuelta a continuar luchando hasta que se haga justicia.

Foto de portada: Comunidad indígena Bunong en Bousra, Mondulkiri. 2023. Foto: GRAIN

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