La defensa de los territorios (tierra, agua, naturaleza) ha cambiado mucho en las últimas décadas en América Latina. El libre comercio busca imponerse frente al derecho al territorio, la autonomía de los pueblos, el derecho a habitar un medio ambiente sano y a la soberanía alimentaria. Ahora lo que impera son las reglas de los tratados de libre comercio que garantizan y dan certeza a las empresas transnacionales sobre sus inversiones en los territorios de los pueblos en cada país que los ha firmado.
El embate es abrumador. Apenas en México la mayoría de comunidades campesinas tenía entre 10 a 70 años poseyendo legalmente sus tierras de manera colectiva a través de los ejidos y comunidades indígenas agrarias, ocupándolas, reconociéndolas, haciéndolas producir, cuidando y definiendo áreas de uso y cuidado común, viviendo dignamente en sus ámbitos propios. Pero las reglas constitucionales cambiaron para dar certeza a la propiedad e inversión privada, quitando las garantías conseguidas por la Revolución mexicana y su reforma agraria. De una propiedad social agraria inembargable, imprescriptible e inalienable todo se modificó para favorecer la especulación sobre la tierra. El campesinado mexicano no alcanzó a prever el despojo a pesar del llamado de atención de algunos movimientos campesinos, sociales. En enero de 1994 las comunidades indígenas en Chiapas a través del EZLN alertaron contra la entrada en vigor del TLCAN.
Los campesinos e indígenas y afrodescendientes en Brasil, Colombia o Ecuador no han dejado de pelear por las reformas agrarias necesarias para impulsar el reparto agrario de las tierras que están en manos de grandes terratenientes y empresas agroindustriales y cada vez es más complejo conseguirlo con las reglas comerciales que dan prioridad a la inversión privada.
En México por lo menos el 51% del territorio nacional es propiedad ejidal o comunal en manos de 32,083 núcleos agrarios campesinos o indígenas distribuidos en más de 100 millones de hectáreas (https://www.gob.mx/ran/articulos/el-aga-mas-de-cuatro-siglos-de-historia-agraria-y-propiedad-social-en-mexico), la mayoría de las decisiones se toman en asambleas que son la máxima autoridad, aunque hay un enorme reto que es el de involucrar a las y los jóvenes en el funcionamiento de los ejidos y comunidades y cada vez es más difícil completar el quórum legal para instaurar la asamblea.
A partir de la entrada en vigor de los TLC hay un embate contra los territorios y la propiedad social y mediante acaparamiento de tierras, se les convierte en en grandes latifundios ocupados por empresas y megaproyectos. Se pierde así la posesión o el derecho a definir el uso de las tierras que habitan, a través de procesos de expropiación, venta, despojo, renta masiva o contratos con las grandes empresas de la agroindustria que utilizan las tierras de manera extensiva y no tienen ningún interés de cuidar los recursos para el futuro cercano. Sus planes no van más allá de treinta años y pronto empiezan a prospectar nuevos territorios en renta que echan a perder por el uso intensivo de agroquímicos, la sobreexplotación del agua y el suelo de los cuales sólo quedan desiertos y áreas devastadas en pocos años. Suelos que se conformaron en miles de años quedan erosionados en menos de 5 años; la preocupación principal de las empresas es generar ganancias y eso lo defienden a toda costa.
En el marco del festejo de los primeros 100 años de constitución del Ejido de La Ciénega, en el Municipio Agroecológico de El Limón, Jalisco, México se realizó un encuentro de representantes agrarios de la región y algunas de sus reflexiones fueron las siguientes:
“La tierra nos da de comer a nosotros, a nuestros hijos y nietos. Debemos inculcar la unión y el amor a la tierra. Los acuerdos por unanimidad nos fortalecen. Necesitamos retomar los principios de la Revolución mexicana y de nuestros caudillos. Tenemos que mejorar nuestros terrenos de manera no agresiva, más natural. Nos hemos equivocado en pensar que la tierra es infinita. Si no hacemos buen uso y disfrute eso nos va a llevar a problemas grandes. La individualización promovida por las reformas del año 1992 está mermando las asambleas y los nuevos ejidatarios que han comprado derechos agrarios, quieren que se reparta y desaparezcan las tierras de uso común o que desaparezca el ejido y entonces repartir individualmente la tierra. Vemos claramente la amenaza de la vuelta del latifundismo. Muchos ejidatarios o sus hijos huyen y se van a Estados Unidos, por la violencia, el despojo o la pobreza. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Quién va a continuar la administración de la tierra? ¿Quién se va a preocupar por mantener mejor la tierra y el territorio? ¿Qué tanto necesita un ser humano para ser y vivir feliz? La tierra, el territorio, la comunidad y el ejido pueden aportar lo que se necesita. Siempre y cuando la tierra sea de quien la trabaje, como antes de la reforma agraria de 1992 que cuando alguien se iba se le asignaba su parcela a otra persona que la quisiera trabajar y disfrutar. A quien compra ahora tierras ejidales le interesa la propiedad individual, no la comunidad y quiere dividir todo lo común y privatizarlo, y el que vende sólo le interesa el dinero. Es un momento urgente de reflexión más profunda, de parar la devastación y saber vivir en la tierra con lo que tenemos. Hay mucho dinero de EUA y empresas transnacionales queriendo acaparar la tierra. Pero nosotros queremos recuperar la tierra invadida e intentar un modelo nuevo amigable con nuestro entorno. Nos preocupa que no haya leyes que regulen los monocultivos. El agave y otras especies están haciendo mucho daño, pero la visión privada, particular no permite que la comunidad pueda regular eso. Esos cultivos comerciales pueden acabarse la tierra. No se debe poder sembrar lo que haga daño. Ese suelo se formó en miles y millones de años. Y ahora en dos años talan el monte, siembran agave y se va el suelo, eso que tardó cientos o miles de años en conformarse se nos está yendo de las manos. La propiedad comunal, la tierra de uso común nos beneficia a todos los que habitamos el territorio. Hay que darle vuelta al mal que hemos hecho a la naturaleza. Llevar a los hijos, hijas y la familia a la asamblea es incentivar el amor a la tierra. Hay que llevarlos a la milpa [la chacra], al potrero, al cerro, a la montaña. No se ama lo que no se conoce.
¿Qué significa la defensa del territorio y lo agrario en 2023? Las comunidades se preguntan cómo se da el apego o el desarraigo al territorio, cómo vamos a defender y cuidar la vida rural, agraria, campesina, cómo con las limitaciones de los sistemas educativos, o las imposiciones de consumo y tecnología, vamos a lograr inculcar el conocimiento del territorio y la vida campesina como una forma de vida necesaria y viable que nos lleve a impulsar reformas agrarias y populares y a contener las contrarreformas impulsadas por el libre comercio y todas sus instituciones, avaladas por débiles y desorientados gobiernos nacionales.
En la reciente reunión del Espacio en Defensa de los Territorios y la Red en Defensa del Maíz en México se analizó la disputa que ha logrado imponer reglas comerciales que someten los derechos humanos y colectivos volviendo más difícil defender el derecho al territorio.
Por todo el mundo se comienza a cuestionar la urbanización como modelo de vida y de consumo. La imagen de lo urbano-industrial se sigue imponiendo a lo rural que se vende sólo como una fotografía estática para el recuerdo.
Hay una brutal mercantilización y especulación del territorio fragmentado pretendiendo la apropiación de todo como mercancía: el suelo, agua, arboles, clima, agua, minerales, semillas y paisaje.
Nosotros entendemos que el territorio se conforma como un todo, y debe defenderse en su integralidad. La estrategia principal para esto es mantener vivas las asambleas que hablen libremente de esta integralidad y la gestionen con la inteligencia y la estrategia de la comunidad.
El acaparamiento de tierras tiene muchísimas caras, algunas incluso disfrazadas de soluciones a la crisis alimentaria o climática, como el arrendamiento, la contaminación y deterioro-erosión, la incursión en mercados de carbono y otras argucias de los especuladores globales de tierras. El despojo por violencia, el desplazamiento forzado por efectos del cambio climático, por megaproyectos o crisis sanitaria nos llevan a preguntar: ¿cómo podrán tener derecho al territorio tantos afectados, migrantes y desplazados? ¿Y los pueblos afrodescendientes que llegaron esclavizados a América?
Todas las invasiones son multifactoriales, tienen diferentes capas, son sistemas de ocupación territorial para facilitar los procesos de producción industrial, especulación y mercantilización, como lo constata el Congreso Nacional Indígena en su comunicado del 5 octubre del 2023.
(https://www.congresonacionalindigena.org/2023/10/05/palabra-del-congreso-nacional-indigena-en-la-conferencia-de-prensa-accion-global-por-el-momento-alto-a-la-guerra-contra-los-pueblos-de-mexico-y-del-mundo-hacia-los-pueblos-zapatistas-y-hacia-los-pu/)
La enorme complejidad y la suma de luchas pueden evidenciar la violencia e imposición, juntar la fuerza y la creatividad para enfrentar el libre comercio como única política por arriba de los derechos humanos y colectivos que está corrompiendo y haciendo estragos, poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y campesinos y con ellos al futuro de la humanidad.
Es necesario a nivel global que el uso y destino de la tierra esté en manos de quienes han venido habitando los territorios, que se entienda cuál es la diferencia entre el uso agrícola campesino y el uso industrial de la tierra y por qué los latifundios, los monocultivos, la urbanización y el saqueo extractivista no son la solución frente a las crisis alimentaria y climática —entre otras muchas crisis.
Foto: Reunión de trabajo de los bancos forrajeros en La Ciénega, Jalisco, México. Todo en uno de los tantos proyectos autogestionarios de la región. Por Rodolfo González Figueroa