Las represalias de Israel por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 han evolucionado rápidamente hacia otra fase de lo que sólo puede considerarse una campaña genocida para destruir y desplazar a los 2,2 millones de residentes de Gaza. En el momento de publicar este artículo (27 de octubre de 2023), los bombardeos aéreos indiscriminados del ejército israelí han matado a más de 7,000 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y han arrasado más de 200,000 viviendas, así como escuelas, hospitales y centros religiosos. Israel lleva más de dos semanas bloqueando los suministros de alimentos, agua, combustible, electricidad y medicamentos esenciales para Gaza, causando una crisis humanitaria y sanitaria de proporciones catastróficas según la Organización Mundial de la Salud.
Incluso antes de esta última violenta escalada, la población de Gaza ya estaba sumida en una crisis humanitaria. Desde 2007, Israel impone un bloqueo ilegal, obligando al 77% de sus residentes a depender de la ayuda alimentaria. En la actualidad, organizaciones como La Vía Campesina y Oxfam afirman que el gobierno israelí utiliza el hambre como "estrategia de guerra".
Desde hace décadas, una de las muchas dimensiones del proyecto colonial israelí ha sido la destrucción de la agricultura y la pesca palestinas. Antes de octubre de 2023, el 35% de las tierras de cultivo de Gaza se encontraban dentro de una "zona de acceso restringido" en la frontera con Israel. Como consecuencia, 113.000 agricultoras y agricultores perdieron el acceso a sus tierras situadas en esta zona. Además, desde 2014, justamente cuando el viento sopla hacia Gaza y es periodo de cosecha, aviones israelíes rocían sistemáticamente esta zona fronteriza con herbicidas, incluido glifosato. El glifosato es un potente producto químico que mata a todas las plantas, y también se considera un probable cancerígeno. Sólo en enero de 2020, esta fumigación dañó 281 hectáreas de cultivos palestinos, afectando a 350 producciones y causando pérdidas de más de un millón de dólares.
El régimen de apartheid de Israel ha convertido la pesca en Gaza -un medio de vida profundamente arraigado en la cultura y la economía locales- en uno de los oficios más precarios y peligrosos de Palestina. Debido a las restricciones a la entrada de mercancías en Gaza, la escasez de combustible y la falta de equipos dificultan las salidas al mar. Además, los barcos de pesca que se aventuran más allá de las 6 millas náuticas designadas se enfrentan a menudo al encarcelamiento o a disparos directos de los israelíes. Esto contraviene el derecho internacional, que permite al Estado palestino reclamar la soberanía permanente dentro de las 60 millas náuticas. Como consecuencia, sólo la mitad de las 3.800 personas activas en la pesca tienen la posibilidad de ejercer, afectando a más e 35.000 que dependen del sector para su subsistencia.
En Cisjordania, los colonos israelíes han aprovechado la ofensiva de hoy en Gaza para intensificar sus propios ataques violentos y apoderarse de más tierras, desplazando a cientos de personas. Una vez más, se trata de una estrategia utilizada desde hace años. El 90% de Cisjordania es tierra de cultivo, pero la mayor parte se encuentra bajo control directo israelí desde los Acuerdos de Oslo de 1993. Al estar situado principalmente dentro de Cisjordania el muro de separación y dividir las tierras de cultivo y pastoreo de las aldeas, miles de familias campesinas palestinas no pueden acceder a sus tierras. En 2019, solo 12 de las 76 puertas designadas para permitir el acceso al campesinado se abrieron a diario, mientras que 56 requerían permisos. Además, el sistema de apartheid empuja a utilizar semillas y productos agroquímicos vendidos por empresas israelíes en la producción agrícola palestina, destruyendo así los suelos y la biodiversidad y generando endeudamiento y pobreza. Esto ha provocado un importante declive de la agricultura, un sector históricamente vital para la sociedad y la identidad palestinas.
En cuanto a los servicios básicos, la situación en Gaza ya era desesperada antes de los últimos recortes. El gobierno israelí llleva años imponiendo graves restricciones en el acceso al agua, implementando lo que la organización de derechos humanos Al-Haq denomina "apartheid del agua". Desde 1982, la población palestina depende de Israel para abastecerse de agua, ya que la empresa nacional Mekorot, controla las infraestructuras. La extracción israelí de los acuíferos de Cisjordania representa el 85% del suministro del país. Mientras Mekorot garantiza la conexión de los asentamientos ilegales a la red de agua, a las familias palestinas se les niegan constantemente los permisos para construir nuevos pozos y el ejército israelí destruye a menudo sus cisternas de recogida de agua de lluvia. Esta discriminación subyacente queda patente si se tiene en cuenta que, en Cisjordania, las colonias israelíes consumen de media más de seis veces más agua que la población palestina.
Las consecuencias de este apartheid del agua van más allá de la agricultura, afectando también a la salud. Las enfermedades transmitidas por el agua se convirtieron en la principal causa de muerte en Gaza debido a la escasez en las ciudades y pueblos, así como a la falta de acceso al agua corriente en las comunidades rurales. El control de este recurso básico también implica la capacidad de regular las represas. El centro de derechos humanos Al Mezan ha reportado que la manipulación de estas infraestructuras por parte de las autoridades israelíes ha provocado inundaciones repentinas en las tierras cultivadas en Gaza.
Las organizaciones campesinas y de defensa de la soberanía alimentaria han desarrollado una serie de respuestas ante estas difíciles condiciones, desde la comercialización solidaria y las cestas de la dignidad de las mujeres gazatíes hasta los bancos locales de semillas, pasando por la agricultura agroecológica. Dado el riesgo de criminalización y represión al que estos y otros grupos se enfrentan por parte de Israel, es importante reconocer y apoyar estas iniciativas.
Gaza se enfrenta a una situación que, lejos de ser una guerra entre ejércitos, se asemeja más a la destrucción de toda una población. El propósito parece claro: hacerse con el control de todo el territorio palestino, esta vez de forma más abierta y mediante un aumento exponencial de la violencia. Es algo que Israel lleva persiguiendo sistemática e impunemente desde 1948, cuando 750,000 palestinas y palestinos fueron desplazados por la fuerza. Por eso es tan crucial mantener la presión colectiva para exigir un alto el fuego inmediato, así como el fin del régimen de apartheid. Las familias que viven del campo y de la pesca, y el pueblo palestino en su conjunto, tienen el derecho de recuperar la soberanía sobre sus vidas y sus tierras.