Manifestación contra agroquímicos en Costa Rica. Foto: Henry Picado
Costa Rica consume unos 34,4 kg de ingredientes activos por hectárea cultivada por año. Así lo confirman los datos publicados en el mes de junio por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el estudio Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. Este país centroamericano se coloca a la cabeza a nivel global en materia de uso de agrotóxicos. Se sabe que el 80% de los agrovenenos que se aplican son considerados por la Organización Mundial de la Salud como Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs). Expertos han señalado que Costa Rica utiliza diez veces más volumen de agrotóxicos por hectárea que Estados Unidos.
Con acuerdos de libre comercio con más de sesenta países y la reciente adhesión de Costa Rica a la OCDE generó “seguridad jurídica” para las empresas transnacionales importadoras y formuladoras de estos venenos, así consiguen una serie de privilegios fiscales que los exoneran de la mayoría de impuestos, facilidades excepcionales a nivel continental para la inscripción de moléculas para la venta en el país, compras públicas que les aseguran cuotas de mercados importantes; puertas giratorias y esquemas opacos de operación hacen que el contexto de expansión global del mercado de agroquímicos genéricos lleguen directo desde China e India hasta el campo tico.
Algunas de las causas de esta adicción a los agrotóxicos en Costa Rica son: leyes y reglamentos laxos o del todo permisivos; controles inexistentes por parte de las entidades encargadas; capacidad estatal reducida o atrofiada; y asistencia “técnica” en manos de las mismas empresas vendedoras. Es decir, quienes importan, reformulan y venden venenos son los que “asesoran” a los usuarios finales.
Existe además una potente agrupación de estructuras empresariales especializadas en hacer lobby e incluso en el secuestro de algunas organizaciones de pequeños agricultores y pequeñas agricultoras, lo que ha generado una campaña a favor de los agrotóxicos abogando por la incorporación de “nuevas moléculas”, presionando para que las autoridades impongan mecanismos aún más laxos de importación de estas sustancias. Pero estas moléculas están lejos de ser nuevas, ya que muchas tienen más de tres décadas de circular en el mercado mundial e incluso una gran mayoría prohibidas en otras latitudes. Es así como veinte de las veintidós sustancias más peligrosas del mundo se usan en Costa Rica. Esto nos convierte en uno de lo basureros globales de los plaguicidas que nadie más quiere.
El saldo de esta intensificación del turbocapitalismo agrícola es todavía desconocido. Es necesario mucha más investigación para entender las consecuencias de ser el país más fumigado del planeta. Pero ya se conocen más de una docena de casos de acueductos comunitarios contaminados, obligando a miles de personas a tomar agua con agrotóxicos. El caso más reciente es el de Cipreses de Oreamuno. Ahí más de tres mil personas están tomando agua con el fungicida clorotalonil, sustancia cancerígena prohibida en muchas partes del mundo, pero que en Centroamérica se sigue usando.
Éste es sólo el pico del iceberg, se esperaría que otros cientos de acueductos comunitarios estén en condiciones similares o peores que el de Cipreses, porque en Costa Rica el Estado tiene una muy limitada capacidad de detectar estas sustancias en el agua para consumo humano, ya que sólo el 10% de las moléculas de agrotóxicos que se comercializan en el país pueden ser analizadas en el Laboratorio Nacional de Aguas (entidad encargada de hacer estos análisis). Es decir, Costa Rica no tiene la capacidad técnica de encontrar 9 de cada 10 venenos que posiblemente estén presentes en el agua que usan las personas para tomar, cocinar, bañarse, etcétera.
Salta a la vista además la contaminación en los alimentos que consumen las personas. Se sabe que el 64% de los vegetales, frutas y verduras contienen residuos de agrotóxicos que no debería de llegar a nuestros platos. Además las fumigaciones aéreas las sufren cientos de escuelas rodeadas de plantaciones que tienen que lidiar con sustancias como el clorpirifós el cual está asociado a trastornos en el sistema cognitivo y la capacidad de aprender en niños y niñas.
El futuro inmediato no parece nada alentador en esta materia. Con la entrada del nuevo gobierno del derechista Rodrigo Chaves la defensa de los intereses de las compañías vendedoras de agrotóxicos sigue estando resguardada tal y como ha estado por las anteriores administraciones. Aquí el agravante es que Chaves impulsa la negociación de un TLC entre Costa Rica y Ecuador donde el tema de los agrovenenos está en la agenda. Además el país pretende ingresar a la Alianza del Pacífico, lo que hace prever más golpes contra la agricultura local y el fortalecimiento del modelo del agro-negocio.