Cuadrillas de jornaleros y jornaleras en la cosecha de apio en el noroeste mexicano. Foto: Jerónimo Palomares
Conforme el gobierno mexicano se prepara para finalizar su entrada al Acuerdo Global Unión Europea-México, una nueva versión del TLC UE-México del 2000, es tiempo de mirar atrás y reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los TLC, estos instrumentos de desvío de poder que se nos imponen país tras país en secreto y sin miramientos hacia la población.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte —firmado por Canadá, México y Estados Unidos— fue el primer tratado de libre comercio negociado por fuera del sistema multilateral (GATT/OMC). Entro en operación en 1994 y muy pronto se volvió el “modelo” de todos los otros.
El TLCAN fue devastador para al población mexicana: profundizó la pérdida de soberanía alimentaria debida a las importaciones baratas, agravó la privatización de semillas, la pérdida de tierra y sustento, incrementó el crimen, la migración y la polución y se socavaron los derechos laborales, y más.
Pero la población mexicana aprendió una lección más abarcadora: que los acuerdos de libre comercio tuercen o desmantelan leyes, regulaciones y procesos legales con el fin de abrirle espacio a las corporaciones para operar. Este “desvío de poder”, es su función principal.
Para entrar al acuerdo, México ofreció “ventajas comparativas”: el desmantelamiento de las condiciones laborales y casi todas las regulaciones ambientales. ¿El resultado? Surgió la economía de las “maquiladoras” o “talleres de sudor” y se expandieron las cadenas de suministro transnacionales., que ahora dan cuenta de un 30-60% de todo el comercio global. Pese a las promesas de una “convergencia de salarios” y una “modernización” de las reglas laborales con el TLCAN revisado (ahora conocido como United States-Mexico-Canada o T-MEC), la disparidad de las condiciones de trabajo entre México y sus vecinos del norte es enorme.
Partes de la Constitución mexicana que defendían los derechos comunitarios cambiaron con el TLCAN. Cambiaron las leyes para privatizar la tierra mediante titulaciones individuales y la posibilidad de que gente extranjera adquiera territorios que antes eran colectivos. Las comunidades resisten, pero se disparó la migración como resultado del acaparamiento de tierra desatado por la minería, las compañías agroindustriales y de energía. Todo esto desató violencia.
La ley de semillas cambió lo que la gente en el campo y las comunidades indígenas han hecho por milenios —cuidar, mejorar, reproducir y compartir sus semillas— y lo criminalizó, para beneficio de la industria semillera.
El TLCAN creó también nuevos derechos para que las compañías pudieran desafiar las regulaciones y las leyes nacionales mexicanas y la solución de controversias se mudó de las cortes públicas al arbitraje privado..
Tras 28 años de operación del TLCAN y tras diseccionar sus efectos durante los tres años de reflexión colectiva de miles de personas, organizaciones y comunidades implicadas en el proceso del Tribunal permanente de los Pueblos que sesionó tres años en México (2011-2014), existe fuerte evidencia para insistir en que los acuerdos de comercio e inversión son instrumentos de “desvío de poder” de las comunidades afectadas a las salas de consejo empresariales. Esto es lo que nos enseña la experiencia del pueblo de México.