Mato Grosso, Brazil – Photo by Icaro Cooke Vieira/CIFOR, cifor.org CC BY-NC-ND 2.0
En una carta abierta publicada hoy, más de 340 organizaciones de la sociedad civil exigen que la Unión Europea haga un alto inmediato en la negociación del acuerdo de libre comercio con el bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) debido al deterioro de las condiciones de los derechos humanos y ambientales en Brasil. Esta carta está dirigida a los presidentes de las instituciones de la Unión Europea que sostendrán una reunión de nivel ministerial la semana que entra en Bruselas, cuando los ministros de relaciones exteriores de la UE y el Mercosur buscan finalizar las negociaciones.
Estimado Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea, Presidente del Parlamento Europeo,
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reclamamos a la Unión Europea que use su influencia para prevenir el empeoramiento de la situación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Brasil.
En abril, más de 600 científicos europeos y dos organizaciones indígenas brasileñas, en representación de 300 grupos indígenas de Brasil, pidieron a la UE que actuara como líder mundial en apoyo de los derechos humanos, la dignidad humana y un clima habitable, haciendo de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil. Apoyamos plenamente este llamamiento.
La UE y sus Estados miembros, vinculados por el Tratado de la Unión Europea, se comprometieron a respetar y promover los derechos humanos como objetivo general en sus relaciones con otros países. La propia Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció la necesidad de nuevos acuerdos comerciales que cumplan realmente con el objetivo del desarrollo sostenible.
Desde la toma de posesión del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en enero de 2019, hemos sido testigos del aumento de las violaciones de los derechos humanos, los ataques a las minorías, la comunidad LGBTQ+, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Además, la administración sigue amenazando el funcionamiento democrático básico de la sociedad civil al tiempo que prepara la destrucción de algunas de las regiones más preciosas y ecológicamente valiosas del mundo como la Amazonía.
Estamos profundamente preocupados por lo siguiente:
La propuesta de poner la demarcación de las tierras indígenas bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, allanaría el camino para que los poderosos agronegocios ganaderos y sojeros aceleren su avance a través de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo y el Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo. Aunque esta controvertida medida parece haber sido temporalmente revocada por el Senado brasileño, el Presidente Bolsonaro aún puede imponerla.1
Ha habido un aumento dramático de los ataques contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y sus territorios. En febrero, se informó de que al menos 14 territorios indígenas protegidos estaban siendo atacados por invasores. Además, el gobierno abolió más de 35 consejos nacionales de participación social. Están aumentando los ataques contra las personas que defienden sus territorios o recursos naturales en las zonas rurales de Brasil, lo que se traduce en un aumento de las muertes de líderes comunitarios, campesinos y activistas.
La promesa de campaña de Bolsonaro de "poner fin a cualquier forma de activismo" fue implementada en su primer día en el cargo, facultando al gobierno para "supervisar, coordinar, monitorear y observar las actividades y acciones de las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales dentro del territorio nacional".
Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están ahora encabezados por quienes niegan el calentamiento global, lo que lleva a la anulación de los departamentos ministeriales responsables del cambio climático. Aunque Brasil sigue siendo firmante del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es cada vez más improbable que la administración tome las medidas necesarias para aplicar el acuerdo.
La legislación y las políticas socioambientales se han debilitado drásticamente durante los primeros 100 días del gobierno Bolsonaro. El Código Forestal ha sido socavado con nuevas medidas que proponen la reducción de las reservas legales y un plazo más flexible para la regularización de las tierras por parte de los expropiadores. En enero de 2019, la deforestación en la Amazonia aumentó en 54 por ciento en comparación con el mismo período de 2018.
Los actores de la sociedad civil organizada, activistas sociales, comunidades campesinas e indígenas y sindicatos enfrentan peligros extremos por la retórica incendiaria del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios. Esto incluye el calificar de "terroristas" a los miembros de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo, lo que genera la preocupación de que la polémica ley antiterrorista de Brasil sea utilizada para criminalizar a los activistas sociales.
La UE es el segundo socio comercial de Brasil en su conjunto, el segundo importador de soja brasileña y un importador fundamental de carne de vacuno, otros productos agrícolas y recursos naturales mineros brasileños. Por lo tanto, la UE tiene la responsabilidad de abordar las injusticias en materia de derechos humanos y medio ambiente que tienen lugar en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Debe utilizar su influencia para apoyar a la sociedad civil, los derechos humanos y el medio ambiente.
La UE está negociando un acuerdo comercial de gran alcance con Mercosur que pretende ampliar el acceso al mercado y el comercio entre las dos regiones, incluido Brasil. Es imperativo que la UE envíe un mensaje inequívoco al Presidente Bolsonaro de que la UE se negará a respaldar un acuerdo comercial con Brasil hasta que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos, se adopten medidas estrictas para poner fin a la deforestación y se contraigan compromisos concretos para aplicar el Acuerdo de París.
En el pasado, la UE ha suspendido las preferencias comerciales con países implicados en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como Myanmar y Filipinas. Además, la UE ha restringido las importaciones de productos cuya producción está relacionada con la violación de los derechos humanos como en el caso de los minerales de conflicto. Es hora de que la UE adopte una postura similar y firme para evitar el deterioro de la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en Brasil.
Por lo tanto, reclamamos que la Unión Europea:
Detenga inmediatamente las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur.
Garantice que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos.
Exija la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Incremente el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos y del funcionamiento democrático de la sociedad civil brasileña.
Vigile y responda a las violaciones de derechos humanos -incluyendo la investigación de casos desde la elección de Bolsonaro- y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos. Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas.
Atentamente,