De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa
Silvia Ribeiro
De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire. Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo sólo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.
Al Sur del continente, los mapuche, tanto en Chile como en Argentina —su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera— son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado —o intentando hacerlo— leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.
El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.
En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.
Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuche de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera… En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” (12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la transnacional Benetton.
Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.
En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo shuar de la comunidad de Nankintz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres SA, pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.
La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del pueblo sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.
La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.
Tomado de El sueño de la razón, Desinformémonos, 17 de enero de 2017
Efectos del desmantelamiento de la Previsión Social en Brasil
Claudeilton Luiz de Oliveira y Ramielli da Silva, militantes del MPA
Es innegable que la seguridad social es una de las más grandes conquistas de la clase trabajadora que a través de la organización de los movimientos sociales desarrolló un proceso de lucha que culminó con la aprobación de la ley complementaria 11/71, instituyendo el Programa de Asistencia al Trabajador Rural.
Los procesos de lucha producidos durante los años ochenta estimularon la consolidación de derechos fundamentales en la promulgación de la Constitución Federal de 1988, lo que provocó cambios significativos en la vida de los trabajadores/as rurales, incluyéndolos en el Régimen General de Seguridad Social. Para el mantenimiento de sus derechos, aportó un Sistema de Seguridad Social basado en un financiamiento diversificado.
La conquista de la previsión social para el campesinado es parte del reconocimiento de la realidad socioeconómica en que viven campesinas y campesinos, su formación histórica, sobre todo frente a su relación con la tierra, por la enorme y prolongada concentración de la propiedad de la tierra, y por la ausencia del Estado en la implementación de programas y políticas para satisfacer las demandas campesinas. Es muy bajo el nivel de acceso al crédito y existe una tímida asistencia técnica y social. Se suman los factores climáticos, que muchas veces afectan negativamente los ingresos del trabajador rural, provocando aun más empobrecimiento en el campo.
La Seguridad Social cumple un rol fundamental en garantizar la materialidad de derechos fundamentales adquiridos por la clase trabajadora, organizando las iniciativas del Estado para brindar acceso a la Previsión, Salud y Asistencia Social, como pilares de la Seguridad Social.
La Previsión Social se tornó responsable de la más importante política de distribución de ingreso del país, garantizando la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Es también factor principal de dinamización de la economía de cientos de municipios, y en el contexto nacional es un factor de disminución de la pobreza y promoción de la justicia social.
Desmantelar los derechos conquistados por los trabajadores es una de las banderas más importantes de la burguesía neoliberal. La propuesta de la reforma encuentra fuerza en el gobierno “temerario” pues la comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la cámara de diputados aprueba la propuesta de enmienda constitucional, declarando no haber inconstitucionalidad, pese a que es una propuesta cargada de malas acciones contra la clase trabajadora.
El mito del déficit es justificación para la reforma. La Previsión Social se organiza mediante contribuciones obligatorias y se financia con varios ingresos, vinculados a una sola caja. Destacan las contribuciones de los empleados e empleadores, la contribución social sobre ingresos netos (CSLL), aquella para el financiamiento de seguridad social (CONFINS), y una sobre el movimiento o transmisión de valores y créditos, más el programa de integración social (PIS) que financia el seguro de desempleo. La suma de estas contribuciones forma la Caja de Seguridad Social.
Los datos son contundentes en que la Seguridad Social tiene superávit. Basta con saber que del 2007 al 2015 el excedente varió entre R$ 75 mil 980 millones y R$ 20 miles de millones. En ninguno de esos años se puede hablar de déficit de la Seguridad Social. Lo que ocurre es la oscilación del valor de la suma de las contribuciones que, debido a la crisis internacional y al ajuste fiscal, provocó una recaudación inferior en 2015 al disminuir la actividad económica en el país. Hubo una reducción, pero no tanto como para crear un déficit en la Seguridad Social.
Según los estudios de la ANFIP1, en 2015 las inversiones en los programas de la Seguridad Social, incluidas las jubilaciones urbanas y rurales, los beneficios sociales y los gastos del Ministerio de la Salud, entre otros, fue de R$ 631 mil cien millones, mientras los ingresos fueron de R$ 707 mil cien millones. Por lo tanto el resultado es excedentario, sobrando R$ 24 mil millones. Lo que ocurre es que sobre ese valor se creó un mecanismo de desvinculación de los fondos federales, el llamado DRU (Desvinculação dos Recursos da União) que se queda con 30% de los ingresos, lo que se agrava porque se retiran fondos de la Seguridad mediante la exención fiscal de la nómina.
Para justificar la propuesta de reforma de la Previsión Social se propaga que uno de los principales motivos es el déficit en ésta y la solución, dicen, es restringir los derechos de los trabajadores. La sociedad sabe que es una farsa que distorsiona la realidad y sacrifica al trabajador con tal de servir a los intereses del capital financiero.
El cálculo es distorsionado: se aísla la previsión de la Seguridad Social, se calcula el resultado de la previsión teniendo en cuenta solamente la contribución de empleadores y trabajadores y de ahí se deducen los gastos con todos los beneficios. El artículo 195 de la Constitución destaca que: “La seguridad social será financiada, por toda la sociedad, de forma directa e indirecta, en términos de la ley, mediante recursos provenientes de los presupuestos federal, de los estados, del Distrito Federal, de los municipios, y de contribuciones sociales”.
Otro punto presentado para justificar la reforma es el crecimiento de la esperanza de vida de la sociedad brasileña, lo que significa penalizar a la gente por vivir más. Es increíble. La burocracia estatal y el mercado financiero sólo se ocupan de lo que ocurrirá en 50 años. De repente fueron tomados por un sentido de responsabilidad hacia el futuro que no lo dedican a la educación, la seguridad y la salud en el presente. En vez de propuestas retrógradas, se necesita una propuesta incluyente: no la tacañería de sustraer los derechos de la clase trabajadora.
El desafío es construir políticas macroeconómicas orientadas al pleno empleo, generadoras de altas tasas de crecimiento mediante el aumento de la productividad del trabajo, invirtiendo en educación, ciencia, tecnología e incentivos a la infraestructura. Sólo así será posible proporcionar la recaudación de fondos para apoyar a los ancianos.
Requerimos un amplio debate sobre los cambios en el sistema fiscal, compatibles con la provisión de recursos para garantizar los derechos sociales en discusión. Es innegable que hay muchos recursos destinados a otros fines no compatibles con la finalidad para la que fueron recaudados. Si estos recursos se destinaran a la Seguridad Social, ya no habría problema. No se trata de déficit, pero sí de la utilización del recurso para otros fines, además de exentar al agronegocio del impuesto sobre los productos para exportación más toda esa farra de evadirle contribuciones a la Previsión Social.
Cambios y impactos de la reforma de la Previsión Social para el campesinado de Brasil. Antes de profundizar en los cambios principales ocurridos con la reforma de la Previsión Social, cabe señalar que la propuesta de reforma en curso se basa en el discurso de garantía de la sustentabilidad de la Previsión Social. Como el principal afectado es el trabajador/a rural, reverbera erróneamente la impresión que es el trabajador el que aumenta el “hoyo de la Previsión Social”, lo que es una falsa idea; las causas son otras. No se trae a debate la verdadera realidad: la recuperación de R$370 mil millones. Tan sólo en 5 años tomaron por exenciones fiscales R$232 mil millones de ingresos. La aprobación de la DRU, con la desvinculación de ingresos de la Seguridad, retiró R$252 miles de millones².
Se trata entonces de una política de rebajamiento de los derechos adquiridos, provocada por el avance neoliberal que daña abrumadoramente a los trabajadores/as, y deja a una parte de ellos sin derecho de alcanzar la esperada y necesaria jubilación.
La propuesta objetiva es deconstruir la previsión social pública en Brasil y así cumplir de inmediato los apetitos del capital financiero privatizando la Previsión, una forma cruel de reducir el número de trabajadores/as que tenga acceso a esta garantía, colocándolos en un mundo donde el derecho es inaccesible.
Son medidas que afectarán el campesinado, empezando por la violencia de exigir que todos los trabajadores rurales “contribuyan mensualmente con dinero para el INSS, durante un periodo de 25 años”. El no cumplir con esta obligación impide que alguien campesino solicite su derecho. Con las reglas actuales un trabajador/a necesita comprobar sólo 15 años de actividad agrícola. Con esta propuesta restrictiva, requieren que la gente compruebe el pago a la Seguridad Social para tener acceso a asistencia por enfermedad, atención materno-infantil y jubilación por invalidez.
Se trata de “aumentar la edad de jubilación”, destacando que mujeres y hombres se van a retirar con la edad mínima de 65 años. Este cálculo es muy perjudicial, sobre todo para quienes empezaron a trabajar más temprano, como los trabajadores/as rurales, que hoy día se retiran a los 60 años, los hombres, y a los 55 años, las mujeres. Si se iguala la edad de jubilación, se elimina la diferencia entre hombres y mujeres y entre trabajadores rurales y urbanos, olvidando las razones de previsión que impulsaban tal diferenciación, necesaria por la entrada temprana en el trabajo del campo, a la dureza de la jornada laboral y a la menor tasa de supervivencia de los campesinos/as. Aplícase el principio de la equidad, considerando el deber de tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales en la proporción de sus desigualdades, tratando de llegar a una medida más justa que contemple una diversidad de realidades. Las mujeres campesinas serían, por tanto, las más afectadas por la reforma en la Previsión Social, con un aumento de 10 años para lograr la jubilación. La diferenciación entre géneros en la edad de jubilación se basa en la realidad de la doble jornada que viven las mujeres.
Siguiendo con el desmantelamiento de la previsión social está la “Desvinculación del Piso Previsorio con el valor de un Salario Mínimo”. Hay que destacar que el artículo 201 de la Constitución Federal del 1988, afirma en el numeral 2º: “Ningún beneficio que sustituya el salario de contribución o el rendimiento del trabajo del asegurado tendrá valor mensual inferior al salario mínimo. Pero en la propuesta de reforma, este punto no es considerado y la pensión integral es eliminada, proponiendo solamente medio salario mínimo, o sea: una viuda sin hijos recibirá solamente 60% del salario mínimo, el resto del beneficio sólo será pagado de acuerdo a la cantidad de dependientes en la familia, en la proporción de 10% para cada uno hasta el limite de 100%. En la actualidad se recibe el importe total de la pensión.
Con el desmantelamiento, se propone que la “jubilación por edad pase de 65 a 70 años”, y también será desvinculada del piso salarial de la Previsión, por tanto será menos que un salario mínimo, situación que también se aplica a los discapacitados.
Con esta dimensión retrógrada, desvincular el valor de los beneficios de la Seguridad Social en relación a la real valoración del salario mínimo, el sistema previsorio se hará mucho menos eficiente en su función de combate a la pobreza y a la desigualdad de ingresos, aumentando en un plazo relativamente corto el contingente de la población pobre en el campo y provocando gran sufrimiento entre la población envejecida.
La previsión social es fundamental para disminuir la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Los beneficios rurales, difundidos por todo el territorio nacional, afectan la composición de los arreglos familiares, su estructura productiva y la economía familiar, además de mover la economía y el comercio local, teniendo un efecto multiplicador, principalmente en los municipios pequeños donde la base de la economía es agrícola.
Es plausible afirmar que la Seguridad Social es una de las más grandes conquistas sociales, garantizada por la Constitución Federal del 1988, pues puso en la constitución el derecho y el acceso a la Previsión Social, Salud y Asistencia Social como pilares de la Seguridad Social. Por lo tanto no se debe considerar la previsión solamente desde un punto de vista económico, distante de los objetivos por los que fue creada. Actualmente la previsión social es uno de los fundamentos centrales para el trabajador/a, asegurando la ciudadanía, el respecto a los ancianos y la dignidad al hombre y a la mujer del campo, y de esta forma, redistribuye e interioriza el ingreso, elevando en la práctica la comprensión de lo que se concibe como justicia social.
No será restringiendo derechos a los trabajadores/as, que se resuelva la situación de Seguridad Social, sino al contrario. La perspectiva pasa por el perfeccionamiento y la sustentabilidad de la Seguridad y la Previsión Sociales invirtiendo en tecnología y en el combate a la evasión de las contribuciones; colectando con agilidad los créditos constituidos; revisando las exenciones; rediscutiendo los despidos, requiriendo una contrapartida de las empresas; revisando la aplicación de la DRU sobre los ingresos de la Previsión cuando lo que se busca es retirar fondos para fines incompatibles con la razón para la cual fueron recogidos.
Desmantelar la Previsión no considera la importancia que tiene en garantizar la circulación de ingreso procedente de los derechos que implica la Seguridad Social. Desmantelar tal importante conquista es asociarse con el retroceso. Reformar la Previsión en las líneas propuestas, es institucionalizar una violencia muy contra el campesinado brasileño, pues es retirar bruscamente un derecho social de los más empobrecidos, profundizar la crisis y retornar a un pasado de dificultades e incertidumbres.
Referencias
Anuário Estatístico da Previdência Social. Disponible en http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/AEPS-2015-FINAL.pdf. Consultado en enero de 2017.
Análise da Seguridade Social. Publicado pela Associação Nacional dos auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip). Disponible en http://www.anfip.org.br/doc/publicacoes/20161013104353_Analise-da-Seguridade-Social-2015_13-10-2016_Anlise-Seguridade-2015.pdf. Consultado en enero de 2017.
Brasil, Lei Complementar n º 11/71, Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências
“Previdência social rural: potencialidades e desafios. Contag”. 33 p., julio de 2016. Disponible en http://www.contag.org.br/arquivos/relatorio_previdencia%202.pdf. Consultado en enero de 2017
Brasil, Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil.
Reforma da previdência. Disponible en http://portalctb.org.br/site/noticias/brasil/29554-reforma-de-temer-quer-idade-minima-para-aposentadoria-de-70-anos. Consultado en enero de 2017.
Notas:
1 ANFIP “Déficit do INSS é fictício e fruto de manipulação de dados, diz Cobap” (R7), http://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=21125
Más allá de Trump
Cómo afectará a nuestros alimentos la privatización de la presidencia a manos de un multimillonario
Eric Holt-Giménez y Ahna Kruzic, Food First/Institute for Food and Development Policy, 20 de enero de 2017. Donald Trump es monumentalmente deplorable. Pero ése no es el asunto —el asunto es la crisis política y económica que posibilitó su elección. Hemos tenido muchas crisis desde el 2008, pero nos debemos preguntar: ¿qué significa esta crisis? Desaprovechar una crisis sería terrible. Estados Unidos —una de las primeras democracias liberales— fue fundada por una élite colonial que en un principio dirigió directamente la nueva república. Con el tiempo, traspasó la dirección del Estado a políticos profesionales. Mientras que la misión de la clase política profesional es representar a los ciudadanos estadounidenses democráticamente, su trabajo es mediar las contradicciones entre los intereses empresariales de la élite y las necesidades del 99.9% del país. La presidencia de Trump es una señal fuerte de que este arreglo ya no funciona.
Las últimas décadas de neoliberalismo han expuesto el lado oscuro de la democracia liberal, destruyendo no sólo economías locales, sino también la legitimidad social del Partido Demócrata y el Republicano. Un miembro de la clase gobernante con menos experiencia política (y financieramente cuestionable), llenó el vacío de liderazgo político a base de puras bravatas. Pese a que es típico que los gabinetes presidenciales sean una puerta giratoria entre empresarios y políticos, la riqueza del actual gabinete es mayor al de una tercera parte de todos los estadounidenses, indicando que Trump está privatizando la presidencia bajo el manejo directo de multimillonario.
El control directo de los multimillonarios refleja el quiebre general del modelo político que manejó al capitalismo durante los últimos 200 años. La captura multimillonaria de la Casa Blanca no es reflejo del poder de la élite, sino de su debilidad. Esto no significa que no sean poderosos fanfarrones —Trump es bueno en eso, pero Trump representa una ruptura entre las élites, no su consolidación. Podemos esperar que Trump y su gabinete clientelista continúen con el neoliberalismo y busquen ventajas ante su competencia —otra cosa para la cual son buenos. Pero Trump y Compañía no son buenos manejando la misión de la democracia y manteniendo en silencio a las masas mientras las élites corporativas saquean la economía. Nos esperan tiempos de mucho enojo, nativismo, intolerancia, y ataques a chivos expiatorios mientras el “neoliberalismo clientelista” sigue empujando nuestros sistemas alimentarios, ambientales, de salud, vivienda, trabajo y energía hasta el extremo.
El sistema alimentario jugará un papel especial en este drama histórico porque la manera en que producimos y consumimos determina en gran medida cómo está organizada nuestra sociedad. Sin embargo, la manera en la que nos organizamos social y políticamente también puede determinar cómo producimos y consumimos nuestros alimentos. Las implicaciones son profundas: nuestros sistemas alimentarios son puntos claves para la transformación sistémica social, política y económica. Nuestro sistema alimentario está en disputa porque:
* Con Trump en el poder, Monsanto y Bayer ya están esperando que se apruebe la fusión más grande de agronegocios en la historia. Esta fusión les daría el control de una tercera parte del mercado global de semillas y una cuarta parte del mercado global de pesticidas. Cuando lo hagan, Syngenta, DuPont, Dow y ChemChina también buscarán fusiones.
* Sonny Perdue, el nuevo Ministro de Agricultura y ex gobernador de Georgia, estará a cargo del desmantelamiento de los programas de nutrición, asistencia alimentaria y seguridad alimentaria comunitaria. Perdue es un mercantilista, fan de la antigua Confederación de Sur, y el político predilecto de la industria avícola. Se espera que proteja los arreglos feudales entre proveedores como Perdue Farms (ninguna relación) y Tyson Foods con los productores de cerdo y pollo que están quebrando bajo contratos corporativos.
* Una tercera parte de los 5 millones de trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados, al igual que la mayoría de los trabajadores mal pagados de las procesadoras y los restaurantes. Estos trabajadores se están preparando para resistir las políticas de deportación masiva que Trump ha prometido.
* Desde la semilla hasta la mesa, el sistema alimentario enfrentará intentos de intensificación y consolidación corporativa bajo Trump. La nanotecnología y la biología sintética han sobrepasado las tecnologías originales de modificación genética de semillas por años luz, permitiendo la manipulación directa del ADN sin tener que recurrir a transferencias genéticas caras e inexactas. Uno puede descargar un “mapa genético” del Internet y manipular el ADN directamente, cambiando su secuencia metabólica para expresar cualquier característica fenotípica, no sólo para producir semillas, sino para crear cualquier tipo de forma de vida.
* Las corporaciones están invirtiendo en la “agricultura digital,” que genera cantidades masivas de información sobre el ambiente, el clima, el suelo y los cultivos. Esta información es registrada cuidadosamente vía satélite y después es analizada y vendida a los agricultores. Todos las corporaciones grandes en la cadena alimentaria, desde Monsanto, John Deere y Cargill, hasta Nestlé, Wal-Mart y Amazon están usando estos sistemas de información de datos masivos.
* El control integrado de información genética y ambiental aumenta la tendencia de consolidación corporativa y de tierras. Amazon, quien está en guerra abierta con el modelo de Wal-Mart, planea vender alimentos a través de centros de suministro gigantes que distribuirán comida con taxis y drones que entregarán alimentos desde grandes “globos dirigibles de comida”. Sus nuevas tiendas llamadas Amazon Go serán totalmente automatizadas, permitiendo al consumidor caminar a través de la tienda escogiendo artículos y salirse sin tener que pasar por un cajero. Una aplicación telefónica registrará las compras y cobrará a la tarjeta de crédito (y decían que es importante crear nuevos empleos).
* Toda la presión financiera y estructural de este sector multi-billonario nos lleva a mayores sistemas de producción. Las semillas, insumos, máquinas, financiamiento, seguros e información masiva son diseñadas para producir cada vez mas productos uniformes para los distribuidores, que son monopolios cada día más grandes y concentrados. Para poder participar en las nuevas cadenas productivas de alimentos, los productores necesitarán nuevos financiamientos. ¿De dónde sacarán el dinero? De la tierra.
*Los bancos ofrecen talleres para asesorar a los productores sobre la venta y finaciarización de la tierra como una medida empresarial para recapitalizar su negocio. El valor de cambio de la tierra agrícola en EUA está sobrepasando su valor de uso, convirtiéndose en algo como “oro con cosecha”.
Ahora es momento de que el movimiento alimentario entienda la llegada de Trump al poder como reflejo de lo que está mal en el sistema económico y político. Sí, Donald Trump es un asalto atroz a los derechos humanos y a la mínima decencia —pero el problema no es él. El problema es el sistema que permitió que llegue Donald Trump y otros como él y que siga trabajando a favor de sus intereses. Como movimiento alimentario debemos evaluar el modo en que nuestras luchas por la seguridad alimentaria, por la soberanía económica local, y por la justicia alimentaria, racial y agrícola están conectadas estructuralmente dentro del sistema alimentario capitalista. Este sistema no está roto —está funcionando justamente como debe funcionar: consolida la riqueza y el poder y transfiere los costos económicos y ambientales a la sociedad. Bajo la administración de Trump tenemos una oportunidad profunda para reflexionar y para luchar no sólo por tener más mercados campesinos, seguridad alimentaria, igualdad racial, y justicia agrícola —sino que debemos trabajar juntos para la transformación alimentaria y para la construcción de un sistema completamente distinto que sirva a los trabajadores, agricultores, mujeres, personas de color, y demás.
Tendremos que dar las mismas batallas que siempre hemos peleado pero bajo circunstancias nuevas. Las viejas formas de hacer las cosas, incluyendo las peticiones, cartas firmadas, esfuerzos vinculando granjas y escuelas, huertos comunitarios y otras alternativas, no funcionan si están aisladas —ni cuando la élite corporativa está no sólo representada en nuestro sistema político sino que se está convirtiendo en nuestro sistema político y económico en sí.
Cuarenta y cinco por ciento de los votantes escogieron no participar en un sistema electoral que sienten que no aborda sus realidades. ¿En qué momento estamos cuando vemos que la clase política y los élites perdieron su legitimidad social? Es momento de unir esfuerzos para construir un sistema nuevo.
160 grupos de todo el mundo llaman a una moratoria sobre la nueva tecnología de extinción genética en reunión de la ONU
CANCÚN, MÉXICO. 5 de diciembre, 2016. Esta semana, 196 países reunidos en la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP 13 del CDB) progresaron en el tema de la regulación global y supervisión de la biología sintética.(1) La biología sintética se ha vuelto uno de lo temas más debatidos en el Convenio, casi siete años después de que la sociedad civil alertó sobre la necesidad de precaución y regulación de este nuevo conjunto de biotecnologías. (2)
Durante la COP13 del CDB, los países acordaron investigar cómo las secuencias digitales podrían usarse para nuevas formas biopiratería y advirtieron contra una nueva técnica de extinción genética llamada “impulsores genéticos”. También se pusieron de acuerdo en una definición operativa de qué es la biología sintética (3) y en apoyar el trabajo del grupo internacional de expertos en biología sintética para seguir discutiendo el tema en el CDB. No obstante estas medidas positivas, la COP13 sufrió también un retroceso en el tema de evaluación de riesgos de organismos transgénicos, ya que disolvió otro grupo clave de expertos, que se preparaba para poder entregar directrices sobre nuevos transgénicos, incluyendo lineamientos de evaluación de riesgos sobre organismos derivados de biología sintética.
“La biología sintética fue uno de los temas más candentes en la mesa de negociaciones”, explica Jim Thomas del Grupo ETC, quien forma parte del grupo de expertos sobre biología sintética. “Los gobiernos entendieron que necesitan asumir urgentemente que la biología sintética y otras tecnologías riesgosas, que se desarrollan muy rápidamente, implican amenazas a la biodiversidad, a las economías locales y a los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas.”
Los miembros del CDB dieron un enorme paso al tomar el controvertido tema de la biopiratería digital, para atender la gran brecha legal que existe en el Convenio sobre Diversidad Biológica, por la cuál las empresas pueden descargar de internet las secuencias genéticas de plantas, microorganismos y semillas para luego usarlas, recreando ADN físico con técnicas de biología sintética, sin tomar en cuenta ni considerar beneficio alguno para los países y las comunidades donde originan los organismos base de esa información genética. Algunos países del Norte, con poderosas industrias biotecnológicas (como Canadá) trataron de eliminar de la mesa el tema de la biopiratería digital, pero finalmente todos acordaron que el asunto necesita un examen más profundo, a realizarse en reuniones futuras.
“Nos parece correcto que se haya acordado un plan específico para tratar el tema de la piratería de secuencias genéticas en los próximos dos años”, afirmó Edward Hammond de la Red del Tercer Mundo, otro de los expertos del grupo CDB especializado en biología sintética. “Los países ricos ya no pueden decir que no están preparados para discutir este vacío. Las tecnologías de rápido avance demandan decisiones igualmente veloces, y no pueden seguir pretendiendo que los conocimientos de la década de los noventa sobre los recursos genéticos usados en biotecnología, son suficientes para regular ese campo actualmente.”
La sociedad civil en el CDB también urgió a los gobiernos a aplicar extrema precaución en el tema de impulsores genéticos, una nueva técnica de edición genética que posibilita alterar genéticamente especies completas, al introducir cambios genéticos diseñados para persistir y reproducirse agresivamente en especies silvestres y en la naturaleza.
El tema se puso en la mesa de negociaciones luego de que más de 170 organizaciones de la sociedad civil internacional llamaron a los gobiernos reunidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica a establecer una moratoria sobre el desarrollo y liberación de los impulsores genéticos debido a sus potenciales impactos impredecibles sobre la diversidad biológica, las especies silvestres y los ecosistemas.
Muchos gobiernos se alarmaron ante esta nueva tecnología, por lo que acordaron reafirmar el llamado a la precaución en el tema de impulsores genéticos, así como asegurar que existan mecanismos regulatorios y que se realice evaluación de riesgos adecuada antes de aprobar cualquier prueba de campo (4), aunque Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Brasil, países vinculados con la industria biotecnológica, se opusieron abiertamente a que el asunto incluso se mencionara.
En septiembre de este año, durante el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), tanto los gobiernos como la sociedad civil adoptaron un lenguaje altamente precautorio sobre los impulsores genéticos.
“La mención explícita de los impulsores genéticos en la decisión 13/L34 es una alerta a todos los países para poner mucha atención a esta nueva tecnología, altamente riesgosa, diseñada para diseminarse agresivamente entre las especies y en el ambiente, con efectos potenciales transfronterizos muy serios”, agregó Silvia Ribeiro del Grupo ETC.
“Los impulsores genéticos son una solución falsa para el problema real de la pérdida de biodiversidad”, afirmó Dana Perls, de Amigos de la Tierra Internacional. “No se deben liberar peligrosos impulsores genéticos en el ambiente sin sistemas sólidos de evaluación de sus riesgos y sin haber establecido un mecanismo regulatorio internacional. Queremos esfuerzos de conservación reales, sostenibles, desde las comunidades, y no convertir el ambiente en un campo experimental de nuevas prácticas agrícolas destructivas con el potencial de ocasionar daños permanentes a los ecosistemas.”
Desafortunadamente, a las decisiones positivas logradas en la COP13, relativas a las definiciones, el trabajo futuro, las secuencias digitales y los impulsores genéticos, las acompañó un retroceso en la decisión sobre la evaluación de riesgos de los organismos genéticamente modificados bajo el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del CDB.
“Dado el rápido avance en los desarrollos tecnológicos, es crucial entender los riesgos que cada uno de ellos presenta al ambiente o a la salud humana”, dijo la doctora Ricarda Steinbrecher, de la Federación de Científicos de Alemania. “Las orientaciones sobre evaluación de riesgos adecuada son muy necesarias y sin embargo los gobiernos fallaron en esta tarea que les compete directamente. No solo bloquearon el desarrollo de nuevas directrices para la evaluación de riesgos de organismos derivados de biología sintética, impulsores genéticos o los peces genéticamente modificados, también disolvieron el grupo de expertos sobre evaluación de riesgos en bioseguridad, que hubiera desarrollado tales directrices en el futuro.”
La próxima Conferencia de las Partes se reunirá en 2018 en Egipto. El grupo de expertos en biología sintética (diferente del de evaluación de riesgos) deberá reunirse nuevamente antes de eso.
El texto completo con notas a los editores puede consultarse en www.etc.org
Confirmado: la salud en peligro por el maíz transgénico
Elena Álvarez Buylla *
El 26 de enero, el primer tribunal colegiado en materia civil de la Ciudad de México pudo haber tenido en sus manos una resolución crucial e histórica para la salud de los mexicanos, y también para el futuro de la agricultura campesina y la alimentación mundial, pero la solución se pospuso. El punto es mantener o no la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico en México. Esta suspensión se estableció el 17 de septiembre de 2013 gracias a una acción colectiva (53 científicos, campesinos, artistas y consumidores, y 20 organizaciones) que demandó a las principales empresas comercializadoras del maíz transgénico y las instancias correspondientes del gobierno federal por incurrir en faltas contra la biodiversidad y el interés público.
Si el citado tribunal colegiado no ratifica la suspensión de la siembra de maíz transgénico durante todo el juicio en cuestión, la materia del mismo se volvería irrelevante. Se daría lugar a una contaminación transgénica incontrolable, masiva e irreversible de los maíces nativos. Esto implicaría daños incalculables e irremediables a la salud, ambiente y bienestar general de las familias campesinas y de todos los ciudadanos.
Las empresas que se benefician de la venta de transgénicos, en colaboración con algunos tecnocientíficos y funcionarios coludidos, intentan confundir a la opinión pública haciendo creer que aún hay controversia científica en torno a las ventajas de dichos cultivos, la imposibilidad de controlarlos, una vez que se les libera al ambiente, y sus impactos negativos en el medio, la salud y la agricultura campesina.
A 20 años de haberse liberado en pocos países del mundo, los datos son contundentes y corroboran lo advertido por grandes redes globales de científicos comprometidos con la sociedad y el ambiente: 1) No aumentan los rendimientos y tampoco aminoran el costo ambiental de la agroindustria, por ejemplo, disminuyendo el uso de agrotóxicos, 2) su siembra implica costos inaceptables en salud pública y 3) no son equivalentes sustancialmente a los híbridos correspondientes no transgénicos.
El último estudio citado, publicado en una revista importante como Nature, demuestra lo que era obvio: al intervenir a ciegas en el genoma de un organismo se alteran de maneras incontrolables e impredecibles las complejas redes de proteínas y metabolitos, y no sólo la proteína de interés biotecnológico. El estudio demuestra que las ratas alimentadas con el grano genéticamente modificado presentaron disminución en longevidad y aumento en tumoraciones cancerosas; reportado previamente por el grupo del doctor Séralini en Francia, tiene alteraciones en metabolitos como la putrescina (alterado 2.7 veces) y la cadaverina (alterada 28 veces), entre otros.
Resolver en favor de las trasnacionales y sus ganancias, y contra la biodiversidad, el interés público presente y futuro, la salud y alimentación de todos, permitiendo que las compañías liberen sus cultivos transgénicos en México, sería un atentado histórico en contra de todos. Sus impactos no podemos enumerarlos o predecirlos, y eventualmente serán dañinos e imposibles de revertir. Una decisión así atentará contra un bien común, sustento de millones de campesinos en México y el mundo, y base de la diversidad genética del cereal más importante del planeta.
Este crimen implicaría aceptar tecnología que se sabía, con base en argumentos y datos científicos: insuficiente, riesgosa y peligrosa desde hace años. Ello ahora se ve comprobado con datos de la realidad e investigación científica difíciles de esconder. Conforme la evidencia se vuelve clara para todos, cunde el rechazo a los cultivos y alimentos transgénicos en todo el mundo.
A la par que las compañías intentan seguir el negocio con ellas en países como México, también buscan nuevas tecnologías, con riesgos y limitaciones similares, pero que les sirvan para seguir alimentando el negocio de las falsas promesas. Lucran creando problemas y fallando, y luego lucran prometiendo que los resolverán: “¡ahora sí!” Se trata de confundir cínicamente a pesar de la evidencia contundente de que los paradigmas que sustentan sus programas de “innovación” son insostenibles desde el punto de vista científico y ético. Todo en favor únicamente del negocio.
Los datos acumulados y los argumentos de una ciencia basada en principios del conocimiento y la precaución apuntan a la urgencia no sólo de impedir las liberaciones de transgénicos a campo abierto, sino también de imposibilitar la importación de grano y semilla de maíz de Estados Unidos y de otros países que producen con transgénicos y glifosato. Este agrotóxico, asociado a más de 85 por ciento de las variedades transgénicas, ha sido ratificado como cancerígeno por la OMS. Todos debemos exigir que se cuide nuestro alimento básico —el maíz— de esta contaminación desde el campo hasta nuestras mesas.
* Investigadora titular del Instituto de Ecología, UNAM, miembro en el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (uccs.mx)
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/26/opinion/021a2pol
Chile
Ola histórica de incendios
Pablo Torres
Comité de Redacción La Izquierda Diario
Ya casi una semana de iniciado los incendios, los datos son una calamidad: con cuatro regiones afectadas: Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, BioBío y El Maule, el total de hectáreas afectadas al día de ayer llegaba a 139.842. De ellas, 35 mil 059.49 hectáreas correspondían a árboles nativos, mientras 77 mil 270 hectáreas, a pino y eucalipto. Hacia la misma fecha del año pasado (2016), ni siquiera 10 mil hectáreas se habían quemado, y en el año fueron de conjunto 60 mil hectáreas de bosque a causa de 1992 incendios forestales, según la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Los afectados son los tres brigadistas forestales muertos; las cientos de familias humildes afectadas en sus hogares y pertenencias; también numerosas hectáreas de pequeños agricultores. Por supuesto no son las grandes hectáreas de forestales o de grandes propietarios, protegidas por seguros y en muchos casos convenientes para el negocio forestal.
No son naturales: de bosque húmedo a plantaciones secas de pino y eucaliptus. En 2014 se vivió el peor de la historia de Valparaíso. Con llamas de hasta 7 metros, más de mil hectáreas se quemaron en tres días, más de 2 mil casas destruidas y 15 víctimas fatales. Los incendios forestales, que son “recurrentes” en épocas de verano vienen incrementándose con una rapidez e intensidad impresionantes los últimos años, constituyendo un salto hasta ahora.
Responde a varios factores: el cambio climático global, producido en gran causa por la aguda contaminación y depredación de los recursos por parte las empresas es uno de los centrales. Estamos experimentando temperaturas cada vez más altas a ritmos más acelerados, como señalamos aquí. Uno de sus efectos, estas olas de calor que estamos viviendo este verano. Otra causa estructural: es la transformación o destrucción del bosque húmedo nativo a una gran plantación seca de pinos y eucaliptus. Sequía y falta de agua en zonas históricamente ricas de agua, con crecientes períodos de escasez hídrica que han provocado la masificación de monocultivos de pinos y eucaliptos y la destrucción del bosque nativo.
Negocio Forestal para dos grandes familias. Ésta es la configuración actual de los “bosques” en Chile: un 75% de las plantaciones son de pino radiata; un 15% de eucalipto; y sólo un 10% nativo. La dominación de los pinos y eucaliptus produce una enorme sequía en la zona, pues en dichas plantaciones se termina con la humedad y el agua producto de la enorme absorción de ella por estos árboles. Secan el territorio, destruyen las plantas, con un enorme pastizal seco susceptible de todo tipo de incendios.
El Decreto Ley 701 del año 1974, de la dictadura, mantenido hasta la actualidad (con modificaciones parciales) conocida como ley al “fomento forestal”, se subsidia con un 75% de los recursos las plantaciones de monocultivos de Pinos y Eucaliptos. El Estado que fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, junto a este “subsidio” a las empresas, promovía la destrucción paulatina del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal.
Fue tal el impacto de este regalo del Estado a las empresas que comenzaron a exterminar el bosque nativo. Cuando no era posible cortarlo, muchos lo que hacían era incendiarlo. Son innumerables los incendios para producir plantaciones rentables de pino y eucaliptus. Sólo en La Araucanía se han perdido más de 300 mil hectáreas de bosque nativo. La modificación de la estructura y matriz productiva y de la vegetación natural es impresionante: el bosque chileno se transformó en una gran plantación seca para promover la exportación forestal de un negocio millonario (sin considerar la destrucción por el uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas).
Fue la apropiación de enormes extensiones de territorio nacional centralmente hacia dos grandes monopolios: CMPC, de la familia Matte y Bosques Arauco, del grupo Angellini. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal. Juntas poseen más de 2 millones de hectáreas: Matte 750 mil; Angellini un millón 200 mil. Sostenidas con el despojo al pueblo mapuche, cuyas diversas comunidades no alcanzan siquiera el medio millón de hectáreas. Un saqueo total.
Mientras el grupo Matte (Bernardo, Patricia y Eliodoro) acumula una fortuna de casi 7 mil millones de dólares y el grupo Angellini unos 2 mil 300 millones de dólares; en las zonas forestales, con supuesta abundancia de agua, hay 100 mil personas sin acceso al agua potable, “derecho” accesible sólo mediante camiones aljibes; y es mayor la pobreza (“oficial”) al promedio nacional: en Cautín es de 25% y en Malleco del 35%.
Un Estado al servicio del negocio forestal. ¿Por qué no tenemos ese avión cisterna con capacidad de más de 10 mil litros? ¿Por qué no invertir más en aviones y brigadistas? Son preguntas recurrentes ante las críticas por la crítica situación, incontrolada por el gobierno.
Son preguntas que sin embargo no atacan la raíz del problema. Hay numerosos problemas “técnicos”: los aviones (y sus discusiones sobre si son necesarios, si su capacidad es óptima para llanuras como las de Chile; si hay capacidad de infraestructura, etc.); el problema de los cortafuegos (pequeños) y la utilización de maquinaria pesada para éstos; el uso de químicos (más caros) para derrotar el fuego; mecanismos de prevención como otra planificación urbana, etc.
Pero el problema va mucho más allá: es un Estado al servicio del capital; un aparato político, legal, judicial, policial y militar que ha estado al servicio (“por la razón o la fuerza”) de la gran propiedad forestal, que ha beneficiado a grandes familias a costa de empobrecimiento de los pueblos aledaños; de la súper-explotación de los obreros forestales que sufren salarios de hambre; del despojo al pueblo mapuche; puesto al límite la destrucción de la naturaleza, los recursos hídricos y los grandes recursos del país, acelerando la contaminación que afecta al pueblo trabajador.
No se trata de aumentar los recursos a CONAF, que es una corporación de derecho privado con recursos públicos; aunque sin duda muchos más recursos deben haber para los incendios (sólo en “control de incendios” el gasto público es la tercera parte de las asignaciones de la Cámara de Diputados).
Junto a un plan nacional de emergencia, imponiendo grandes tributos a las empresas para enfrentar las catástrofes, empleando miles de brigadistas con buenos salarios y sin precariedad, y un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la CONAF y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo; hay que luchar por un plan que contemple primero la derogación inmediata del DL 701 del negocio forestal de la dictadura, paralizando las plantaciones; la creación de una institución pública forestal como han reclamado los sindicatos de brigadistas de la Conaf (quienes ponen el cuerpo a estos incendios) terminando la precarización laboral de miles de brigadistas que ponen el cuerpo; y de poner fin al negocio de Matte y Angellini nacionalizando las más de 2 millones de hectáreas hoy en sus manos; y que mediante el control de los sindicatos, comunidades mapuche y poblaciones, se pueda planificar de forma auto-organizada e independiente la producción forestal y un camino transitorio hacia la recuperación del bosque nativo que se ha descompuesto de manos de los empresarios. Junto a ello, la devolución de tierras ancestrales a la nación mapuche es una tarea común de trabajadores y mapuche.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, promovida por la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo debe discutir y poner en jaque todas estas reglas del juego que han protegido los pilares de la herencia de la dictadura. Sólo un Gobierno de los trabajadores garantizará el verdadero fin del negocio forestal liquidando la propiedad privada sobre los bosques y pondrá todos los recursos del país en manos del pueblo entero bajo su control, sellará la alianza con la nación mapuche y pondrá en pie nuevamente mejores condiciones de ambiente para todo el pueblo y para la recuperación de los bosques nativos y el hábitat.