Iniciando el mes de febrero, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señaló que los supermercados son responsables, junto con los intermediarios, de la carestía de los alimentos. El ministro se quejó del precio pagado por los supermercados a los productores y del precio final al consumidor, afirmando que: “aquí le sacan el jugo al campesino y le exprimen la billetera al consumidor”.
Posteriormente, el ministro, después de un llamado de atención del presidente Juan Manuel Santos, matizó sus afirmaciones contra los supermercados y se centró en los ‘indeterminados’ intermediarios. El debate quedó superado por el escándalo mediático que le siguió. Pero, ¿qué tan ciertas serán las afirmaciones del ministro? ¿Qué tanto dinero ganan las grandes cadenas de distribución de alimentos? ¿Qué tanto poder tienen sobre lo que comemos y qué tan relacionadas están con el ejercicio del derecho a la alimentación?
La producción y comercialización de alimentos opera en cada uno de sus tramos bajo las lógicas del sistema económico hegemónico: búsqueda del máximo beneficio, optimización de costes y explotación de la mano de obra. Así, los sistemas agroalimentarios están cada vez más concentrados en empresas nacionales o multinacionales que generan grandes dividendos en el recorrido de los alimentos del campo al plato.
Monopolios, oligopolios y monopsonios son comunes en el mercado global de semillas, agroquímicos, tierras, carnes, cereales, industria alimentaria, etc. Este modo de producción y comercialización de alimentos configura desde 1990 lo que Philip McMichael ha llamado el régimen alimentario corporativo. Parte de estas megacorporaciones de la alimentación son las cadenas de supermercados.
El profesor y activista Raj Patel, en “Obesos y famélicos”, señala como las grandes superficies y los supermercados facturaron 3,5 billones de dólares en 2004. El gigante mundial de los supermercados Walmart aparece en el número uno del listado que publica anualmente la revista Fortune de las 500 compañías estadounidenses que registraron a nivel mundial mayores ventas en el 2015 y en el número uno de Global 500, que hace lo mismo en todo el mundo. En este último listado figuran también dentro de las 100 primeras posiciones las minoristas CVS Health (30), Costco (52), Kroger (54), Tesco (62), Carrefour (64) y Metro (97).
En Colombia el gigante de los supermercados es Éxito, compañía que en 2014 tuvo ingresos superiores a los $10 billones. Esta empresa, mediante compra total o parcial de otras compañías, se ha consolidado como una multilatina más importante del sector retail o de venta al menudeo, con 2.779 puntos de venta en cuatro países. Claro está, también contamos con la presencia en el país de Cencosud desde 2012, La 14, Pricesmart y Olímpica, ente otros. Esta última, como es sabido, es de propiedad de la reconocida familia Char, empresarios y políticos de la Costa Caribe vinculados a Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras y sobre quienes se rumora que fueron quienes reclamaron al presidente Santos por los comentarios del Ministro de Agricultura.
Analizando el caso colombiano y el alemán, Diana Patricia Saldarriaga encontró que “los supermercados [en Colombia] tienen establecidos márgenes de contribución entre 30% y 40%. [En el caso de productos importados] los consumidores pagan entre 80 % y 120 % más sobre el precio FOB de importación”. La autora afirma que el margen de productividad en un hipermercado alemán es máximo el 12%, mientras que en Colombia llega al 20% y concluye que en nuestro país “la estrategia de los supermercados es maximizar las ganancias, es decir, el precio que mayor utilidad genere”.
Ahora bien, los supermercados tienen un gran poder sobre nuestra alimentación. Así, Walmart obtiene un 55% de sus ingresos de la venta de víveres, porcentaje que también percibió el Éxito en 2015 por alimentos. Por su parte, en España, Carrefour concentra el 23,7% de la distribución de alimentos, es decir, prácticamente controla uno de cada cuatro alimentos que se compran en ese país; en Francia se destaca el hecho de que esta cadena y otras cuatro empresas controlan el 90% de la comercialización de productos alimenticios.
La concentración y el dominio en la distribución de alimentos permite a los supermercados, así como a intermediarios y agentes mayoristas, un fuerte control de la alimentación, estableciendo precios finales al consumidor y el valor a pagar a los productores de alimentos, pero también les permite determinar qué alimentos finalmente llegan a la mesa. De esta forma, se tiene una suerte de reloj de arena en la estructura del sistema agroalimentario, donde el poder lo tiene el sector más estrecho, reducido grupo del que forman parte las grandes cadenas de distribución de alimentos.
En este orden de ideas, los supermercados están fuertemente relacionados con el ejercicio del derecho a la alimentación, no solo de los consumidores finales sino también de los productores, como lo señala Olivier de Schutter, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas (2008-2014), puesto que la posición dominante del comprador puede tener consecuencias sobre las estructuras económicas y sociales, y, en última instancia, en los medios de vida, la sostenibilidad y los derechos de agricultores y consumidores, incluidos los derechos a un nivel de vida digno, al trabajo, al desarrollo y a la alimentación adecuada. Por ello, afirma en su informe final, se requieren políticas públicas dirigidas a ampliar las opciones para que los pequeños agricultores vendan sus productos a un precio decente y recomienda a los Estados apoyar la diversificación continua de los canales de comercialización y distribución de alimentos, regular las clausulas de los contratos entre productores y grandes compradores, usar la ley de competencia con el fin de combatir la excesiva concentración en el sector agroalimentario, así como generar instancias que permitan la discusión sobre la justeza de las cadenas alimentarias entre los productores, procesadores, minoristas y consumidores para asegurar que a los agricultores se les paguen precios justos por los alimentos que producen, todo esto como parte de las obligaciones internacionales que se demandan del Estado para la realización del derecho a la alimentación adecuada.
Freddy Ordoñez es investigador del Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Fuente: El Turbión