En febrero de 2016, el Acuerdo Trans-Pacífico (ATP), un nuevo acuerdo comercial muy cuestionado, que agrupa a 12 países de la región Asia-Pacífico, fue firmado en Aotearoa (Nueva Zelandia). El acuerdo es resultado de un proceso impulsado por Estados Unidos e intenta promover el comercio y la inversión entre un grupo acotado de países que no incluye a China. El ATP tendrá un gran impacto sobre el acceso y control de los campesinos y agricultores a las semillas. Pero hay otro “mega” tratado infiltrándose en Asia: El tratado conocido como Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). En este informe, GRAIN analiza las consecuencias del RCEP sobre las semillas de los campesinos y agricultores de la región, en el contexto del recién firmado ATP.
Nuevos acuerdos comerciales: regulaciones cada vez más duras sobre las semillas.
Siguiendo muy de cerca los pasos del ATP, se está negociando otro acuerdo comercial regional, el que endurecerá las restricciones relativas a las semillas campesinas y de los agricultores. Menos conocido que el ATP, el RCEP incluirá a diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. También incluirá a seis socios regionales que ya tienen acuerdos de libre comercio con ASEAN: Australia, China, India, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Mientras que el TPP alcanza a 800 millones de personas y al 13% del comercio mundial, el RCEP cubrirá una población más de cuatro veces mayor —afectando 3 mil 500 millones de personas y el 12% del comercio mundial.[1]
Al igual que otros acuerdos de libre comercio, el RCEP tendrá amplios alcances en diversas áreas, como el comercio de bienes y servicios, la inversión, la cooperación económica y técnica, la propiedad intelectual, la competencia y la resolución de disputas. Muchas veces considerado como una versión “más suave” del TPP, muchos esperan que el RCEP sea más favorable para los países de ingresos bajos a medio, con menos demandas de armonización, estándares más bajos y agendas más flexibles para reducir las barreras arancelarias. Los textos que se han filtrado de las negociaciones, sin embargo provocan serias preocupaciones en relación al control de las y los campesinos sobre las semillas y el futuro del conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas y locales de Asia.
Semillas: la columna vertebral de la agricultura
Los campesinos seleccionan sus cultivos de acuerdo a una diversidad de factores, como el tipo de suelo, las preferencias alimenticias, necesidades del ganado, patrones climáticos, la disponibilidad de agua y la cultura local. Durante siglos, han guardado las semillas y las han intercambiado libremente, cruzando distintas variedades y almacenando semilla para la próxima temporada de siembra. Sin embargo, estas tradiciones ya no pueden darse por sentadas. Desde la Revolución Verde de los años sesenta, los campesinos y agricultores de Asia han sido afectados fuertemente por sucesivas oleadas de programas gubernamentales y privados diseñados para reemplazar las semillas campesinas con las llamadas variedades de alto rendimiento. Hoy, las empresas transnacionales que producen semillas modificadas genéticamente, así como los productores de semillas de arroz híbrido en China, están haciendo todo lo posible por obtener el control del abastecimiento de semillas en Asia.
Gráfico: Estados miembro de ASEAN, RCEP, y ATP 12
Estas compañías promocionan sus productos como “mejores” que las semillas campesinas, con el objetivo final de desplazarlas. Lo que es peor, presionan a los gobiernos para que cambien que las leyes de semillas para permitir su privatización. De acuerdo a la Asian Pacific Seed Association, las semillas que producen y guardan las familias y comunidades campesinas llegan al 80-90% de todas las semillas utilizadas en Asia. Las empresas intentan reemplazar este autoabastecimiento con semillas comerciales.[2]
La presión corporativa por controlar y monopolizar las semillas toma múltiples formas. Una estrategia es presionar a los países para que privaticen las semillas mediante legislaciones sobre propiedad intelectual, como la llamada protección de variedades vegetales o el patentamiento. Pero otros tipos de leyes tienen el mismo efecto. Por ejemplo, las normas de certificación de semillas, las normas de comercialización y los regímenes de inocuidad alimentaria. Incluso las normas presentadas como propiedad intelectual “moderada”, como las indicaciones geográficas (etiquetado de origen), pueden convertir en ilegal que los campesinos continúen guardando, intercambiando, vendiendo o sembrando sus propias semillas.
Los acuerdos comerciales se han convertido en el mecanismo preferido para obligar a los gobiernos a que implementen este tipo de regulaciones. Desde 1995, la Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene un acuerdo especial sobre propiedad intelectual —el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o ADPIC—que impone la privatización de las semillas a todos sus miembros. Pero para las empresas de semillas como Monsanto y Syngenta, el acuerdo de la OMC no llega suficientemente lejos.
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Acuerdos comerciales que privatizan las semillas en Asia El acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual establece que los miembros pueden excluir “plantas” o “animales” de sus sistemas de patentes, pero deben ofrecer algún tipo de derecho monopólico (como un derecho de autor) a los fitomejoradores. Después que el acuerdo de la OMC fue firmado, Japón, los Estados Unidos y la Unión Europea empezaron a presionar por acuerdos comerciales bilaterales con los países de Asia que permitieran ir un paso más allá. (i) En algunos casos, como dentro del acuerdo de asociación económica Japón-Indonesia, exigieron que los socios comerciales adhirieran o, al menos, implementaran las disposiciones de UPOV. En otros casos, como el acuerdo comercial bilateral Estados Unidos-Vietnam, presionaron para que las leyes de patentes se extendieran a los vegetales y animales. En algunos países, organizaciones campesinas y movimientos sociales tuvieron éxito en la resistencia a estas campañas o aún están luchando en contra de ellas. El acuerdo conocido como ATP, recientemente firmado, señala que los países pueden seguir excluyendo plantas y animales de sus leyes de patentes, mientras la OMC lo permita, pero deben: 1) adherir a la UPOV e implementar las muy estrictas regulaciones de UPOV 91, y 2) entregar protección a través de patentes para las invenciones “derivadas de plantas”. (ii) Esto incluye semillas que son el resultado de ciertas técnicas de mejoramiento —permitiendo así a las compañías a obtener derechos de patentes sobre organismos genéticamente modificados y otros cultivos no naturales presentes en los estados miembros del ATP. (iii) El ATP va aún más lejos al indicar que los regímenes de propiedad intelectual son relevantes para la protección del conocimiento tradicional sobre plantas y animales. El ATP alienta a los gobiernos a sistematizar este conocimiento en bases de datos, de manera que puedan ser usados para revisar las solicitudes de patentes (para determinar si una invención es nueva). El ATP también abre la puerta al comercio de semillas modificadas genéticamente, al establecer procedimientos para tratar con la presencia de niveles bajos de semillas transgénicas en embarques de semillas no modificadas genéticamente —incluso si la legislación nacional lo prohíbe— y al crear un foro entre los estados miembros para discutir el “mejoramiento” del comercio de biotecnología. (iv) Notas (i) Ver una lista detallada en GRAIN, “Trade agreements privatising biodiversity”, febrero 2016 (datos actualizados). Disponible en: https://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds (ii) “Trans Pacific Partnership Agreement”, https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Text/18.-Intellectual-Property.pdf [Art 18.7, 18.16 and 18.37] (iii) Vale la pena revisar la opinión acerca de esto por parte del comité asesor sobre propiedad intelectual del Representante Comercial de los Estados Unidos: “Report of the Industry Trade Advisory Committee on Intellectual Property Rights (ITAC-15)”, Washington DC, 3 de diciembre de 2015, https://ustr.gov/sites/default/files/ITAC-15-Intellectual-Property.pdf, p. 10. (iv) “GFOPS report on Trans-Pacific Partnership Agreement”, Washington DC, diciembre de 2015, https://ustr.gov/sites/default/files/ATAC-Grains-Feed-Oilseed-and-Planting-Seeds.pdf, p. 10-11. |
Los documentos filtrados muestran los verdaderos peligros
En 2015, organizaciones de la sociedad civil publicaron varios textos que se filtraron con propuestas sobre derechos de propiedad intelectual por parte de Japón, Corea del Sur, India y la Secretaría de ASEAN, en el contexto de las negociaciones del RCEP. Son documentos que muestran con claridad diversos peligros reales para las semillas campesinas
Japón y Corea quieren que todos los miembros del RCEP adhieran a UPOV 91
UPOV 91[3] es un conjunto de estándares comunes sobre cómo deben implementar los países la llamada protección de las variedades vegetales, que favorece a las compañías de semillas y perjudica a campesinos y agricultores. Bajo la normativa de UPOV 91, las compañías de semillas obtienen derechos exclusivos para controlar la producción, reproducción, venta, exportación e importación de “sus” variedades. Cualquiera que quiera realizar estas actividades debe obtener una licencia y pagar regalías. Bajo UPOV 91, no se puede guardar o intercambiar las semillas de una variedad privatizada, a menos que se paguen los derechos y el gobierno lo permita. Estos derechos exclusivos de las empresas productoras de variedades se extiende en algunos casos incluso a la cosecha de los cultivos.
Bajo UPOV 91, las compañías de semillas pueden reclamar que sus derechos fueron infringidos si alguien multiplica sus semillas sin su autorización o intercambia semillas que son similares a las variedades de la compañía. Por lo tanto, esta propuesta establece un peligroso precedente, ya que las variedades campesinas pueden ser incautadas y destruidas.[4]
Japón quiere criminalizar el guardado de semillas
La propuesta de Japón para el RCEP busca que la infracción deliberada de los derechos de propiedad sobre variedades vegetales quede bajo ley penal.[5] Esto significa que la importación y exportación de semillas sería monitoreada y cualquier envío de semillas sospechoso de haber sido producido sin la autorización del fitomejorador, o el pago de derechos de licencia, podría ser interceptado. Si se encuentra que las semillas infringen el derecho monopólico de un fitomejorador, éstas podrían ser destruidas inmediatamente y se aplicarían penas que podrían incluir la cárcel.
Este aumento de las penas por multiplicar semillas tendría consecuencias para los campesinos de la región. Muchas fronteras dentro del área del RCEP son permeables. A diario son muchas las personas que las atraviesan llevando consigo semillas cuando se trasladan a través de la región. Bajo algunos acuerdo, la mera sospecha de portar semillas a través de las fronteras puede dar lugar a sanciones criminales, ya sea que la infracción fue deliberada o no. Aunque no se ha llegado tan lejos todavía, la propuesta de Japón puede llevar a Asia en esa dirección.
India quiere que todos los miembros del RCEP registren el conocimiento tradicional mediante sistemas informáticos y se lo entreguen a las oficinas de patentes
En el capítulo de propiedad intelectual del RCEP, el gobierno de India quiere mantener las reglas de propiedad intelectual sobre patentes a nivel del acuerdo ADPIC de la OMC.[6] Pero también quiere presionar a favor de las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica (CBD) en relación al acceso a los recursos genéticos y al desarrollo de bases de datos con el conocimiento tradicional relacionado con las semillas campesinas. De hecho, India está pidiendo que todos los países accedan al Protocolo de Nagoya del CBD y lo implementen.[7] India también quiere exigir que todas las oficinas de patentes de los estados miembros del RCEP soliciten una declaración del origen biológico del material usado en cualquier invención, con el propósito de lograr reparto de beneficios.
Las semillas no son como el software; la sola noción de no sólo patentar, sino digitalizar la vida y el conocimiento tradicional, es altamente cuestionable. Si se conforman bibliotecas digitales sobre recursos genéticos o conocimientos tradicionales y quedan disponibles para el público, compañías como Monsanto o Syngenta, podrían fácilmente aprovechar esta fuente de información y apropiarse del conocimiento y los recursos genéticos pertenecientes a los campesinos y a las comunidades indígenas.
Los agricultores de India han debatido por décadas sobre las ventajas y desventajas de documentar sus variedades en los registros de biodiversidad. Muchos están en contra de estas herramientas, aún si son diseñadas para un control local, porque el riesgo de perder este control es grande y potencialmente desastroso.[8] Aún más, muchos movimientos sociales no están de acuerdo con la noción de que el conocimiento tradicional o la biodiversidad, como las semillas campesinas, se le confíen a manos de los gobiernos. Bajo el CBD, India reclama soberanía nacional, y por lo tanto propiedad estatal de las semillas. Sin embargo, muchos creen que las semillas y los saberes sobre las semillas deben permanecer con las comunidades locales.
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India, el RCEP y el riesgo de perder semillas (i) El gobierno de la India ha sido cauteloso durante mucho tiempo con las regulaciones sobre propiedad intelectual que van más allá de la OMC, particularmente en lo relacionado con semillas y el sector farmacéutico. Sin embargo, India no ha rechazado estas medidas, ni en la OMC, ni en las conversaciones bilaterales como sus negociaciones con Estados Unidos. Los nuevos acuerdos comerciales como el RCEP presionarán al gobierno para ir más allá de lo que se ha comprometido con la OMC. India aún tiene una ley de semillas llamada Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores de 2001. Esta ley es menos restrictiva que UPOV 91. Permite a los campesinos seguir con sus sistemas de reproducción y cuidado de semillas, excepto que no pueden vender semillas envasadas de variedades privatizadas. El espacio para trabajar libremente con semillas, tanto para campesinos como para fitomejoradores públicos, se perderá si el RCEP toma el camino que Japón y Corea están proponiendo. Las empresas de semillas en India, ya sea a través de National Seed Association of India o la Asia & Pacific Seed Association, han estado presionando al gobierno para que armonice las leyes de semillas y estarían felices de ver los estándares del UPOV 91 implementados a través del RCEP.ii2 India es el único país dentro del RCEP que ha propuesto que los saberes tradicionales sean incluidos en el acuerdo comercial. Esto es porque anteriormente India tuvo problemas de “biopiratería” por parte de países como Japón. Pero esta propuesta es muy cuestionada y genera fuertes discusiones entre grupos de la sociedad civil y los gobiernos, no solamente en India, sobre si la incorporación del conocimiento tradicional en los tratados comerciales es el camino correcto a seguir. Notas (i). Este recuadro es una contribución de Shalini Bhutani, una investigadora jurídica y analista de políticas asociado al Forum Against FTAs en India. (ii). Shalini Bhutani, “For the love of the seed industry”, India together, 17 de febrero de 2015, http://indiatogether.org/indian-seed-congress-2015-agricultural-alliance-between-industry-and-public-sector-agriculture |
¿Qué implica esto para los campesinos?
A lo largo de los últimos cincuenta años, las regulaciones sobre semillas de muchos países se han vuelto más estrictas para los campesinos y agricultores – y más permisivas para las compañías de semillas – a pesar de la gran resistencia de los movimientos campesinos. En Tailandia, por ejemplo, cuando se filtraron los borradores de las discusiones con la Unión Europea en el año 2013, miles de personas marcharon por las calles de Chiang Mai. En estos borradores se exigía a Tailandia implementar UPOV 91, y los campesinos temían que esto restringiera aún más sus derechos a guardar e intercambiar semillas.
En muchos países de Asia, las actuales leyes ya están limitando la libertad de los campesinos para guardar, mejorar e intercambiar semillas. Los campesinos indios ya llevan tiempo protestando contra el Ley del 2001 Sobre la Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores, que restringe el intercambio de las semillas campesinas. En China, una red campesina nacional de semillas ha estado trabajando desde el año 2014 para cambiar la ley de semillas del país, para que refleje de mejor manera las preocupaciones campesinas. Las modificaciones propuestas incluyen una solicitud para proteger los derechos de los campesinos de vender e intercambiar semilla convencional sin una licencia comercial. También piden el reconocimiento de los derechos colectivos de los campesinos y apoyo a los esfuerzos de mejoramiento y selección de semillas de grupos campesinos.[9]
Está claro que el RCEP restringirá el guardar e intercambiar semillas, en momentos en que, bajo presiones extremas por el cambio climático, los agricultores necesitan una mayor diversidad en sus campos. Además, su dependencia frente a los insumos externos y sus costos de producción aumentarían si solamente pueden obtener semilla en forma legal mediante la compra a un vendedor autorizado, y si sus derechos a guardar semilla para la temporada siguiente son restringidos o prohibidos. Opositores al RCEP señalan que el acuerdo comercial forzaría a los campesinos a pagar el triple de los precios actuales de las semillas.[10]
UPOV 1991 facilita la privatización de las semillas campesinas de dos formas adicionales. Primero, las compañías e institutos mejoradores pueden tomar la semilla de los agricultores, reproducirlas, hacer alguna selección para estabilizarla y homogenizarla y reclamar derechos sobre ésta, como una variedad que ellos “descubrieron”. Segundo, UPOV 1991 estipula que los derechos concedidos a una variedad se pueden extender a variedades “similares”, lo cual, fácilmente puede incluir material de los agricultores.[11]
Con el RCEP, los agricultores pueden enfrentar sanciones aún más severas y estrictas. En un país como Indonesia, donde la actual ley de Protección de Variedades Vegetales ya incluye duras sanciones a los agricultores que desarrollen e intercambien semillas, aumentar las sanciones criminales a través del RCEP, podría criminalizar aún más a los agricultores que están simplemente llevando a cabo la antigua práctica de guardar y mejorar semillas.
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¿El RCEP abrirá las puertas a (más) cultivos transgénicos? Los cultivos transgénicos actualmente se desarrollan legalmente en solamente cuatro países del RCEP: India, China, Australia y Filipinas. Pero en varios países ha aumentado la presión por cambiar la legislación de manera de facilitar la aprobación de más cultivos transgénicos en la región, y quienes más presionan son las compañías de semillas y sus grupos de cabildeo. A fines de 2014, el director general del Departamento de Extensión Agrícola de Tailandia y los representantes de Monsanto emitieron una declaración urgiendo al gobierno de Tailandia a autorizar la siembra de cultivos transgénicos para ensayos y producción comercial.1 Esto fue seguido por un trabajo de cabildeo para aprobar el proyecto de ley sobre bioseguridad, el que la sociedad civil de Tailandia llama “proyecto de ley de liberalización de los organismos trasngénicos”. En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Filipinas declaró nulo y sin efecto al único documento jurídico que regulaba el uso de los organismos transgénicos. Ahora el Departamento de Industria y Comercio está organizando consultas dominadas por los promotores de los trasngénicos, incluyendo Monsanto y Syngenta, para lograr una vía rápida para una nueva ley de organismos genéticamente modificados.2 Anteriormente, en octubre de 2015, Monsanto presionó fuertemente por la aprobación de los cultivos transgénicos ante el Congreso Filipino, señalando que el país podría enfrentar una crisis alimentaria si no consideraba a la biotecnología como el centro de su programa de seguridad alimentaria. China, un importante impulsor del RCEP, ha estado preparando el terreno para los transgénicos cultivados domésticamente. En 2014, el país inició una campaña, incluyendo medios de comunicación y seminarios públicos, para calmar las preocupaciones de la gente.3 Y en Indonesia, el Departamento de Agricultura anunció a fines del 2015 que pronto permitiría la siembra comercial de maíz y caña de azúcar genéticamente modificados, a pesar de que la legislación actual prohíbe el uso de semillas genéticamente modificadas, desde el conflicto por el bajo desempeño del algodón Bt en 2001.4 Notas 1. Witoon Lianchamroon, “Seeds corporations take advantage once again - pushing for GMOs under a military government”, Biothai, 20 de octubre de 2014, http://www.biothai.org/node/298 2. Masipag, “Fast-tracking of new GM policy shows pro-industry bias” 29 de enero de 2016, http://masipag.org/2016/01/fasttracking-of-new-gm-policy-shows-pro-industry-bias/ y comunicación personal. 3. Bloomberg News, “China to battle GMO crop fear from field to dinner table”, 8 de octubre de 2014, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-08/china-to-battle-gmo-crop-fear-from-field-to-dinner-table 4. GRAIN, “Bt cotton…through the back door”, Seedling, Vol. 18, número 4, diciembre de 2001, https://www.grain.org/article/entries/314-bt-cotton-through-the-back-door |
¡Se requiere un trabajo urgente!
Los acuerdos comerciales como el RCEP no deben conceder a las corporaciones derechos monopólicos sobre las semillas, ni impedir a los agricultores que guarden semillas, ni promover los cultivos transgénicos —pero esto es lo que hacen. Y no es suficiente eliminar estas disposiciones de las negociaciones porque estos tratados están inherentemente sesgados a favor de los intereses económicos de las corporaciones y las élites políticas. El RCEP también es una herramienta geopolítica para contrarrestar o lograr un equilibrio de poder con el TPP, pero no aporta nada a la defensa de los intereses de las comunidades locales. ¡Ni siquiera se nos ha permitido revisar los textos!
El RCEP sería firmado en Laos a comienzos de agosto de 2016. Necesitamos de manera urgente reforzar nuestro trabajo para sensibilizar sobre las consecuencias del RCEP para los campesinos y la soberanía alimentaria en Asia. También necesitamos ayudar a que las organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos indígenas y activistas en derechos a la alimentación unan fuerzas con otros sectores como activistas por el acceso a medicinas o derechos digitales, grupos de pescadores artesanales y defensores de pequeños comerciantes. Estas alianzas son necesarias si queremos detener estas negociaciones comerciales que ponen en peligro las vidas y los medios de vida de miles de millones de personas.
Más información
- Chee Yoke Heong, “Opposition mounts against regional trade pact threatening human rights”, Third World Resurgence, Nº 298/299, junio/julio de 2015, Third World Network, http://www.twn.my/title2/resurgence/2015/298-299/econ1.htm
- Public Citizen and Third World Network, “International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 (UPOV 1991)”, Análisis de expertos el ATP, WikiLeaks, 9 de octubre de 2015, https://wikileaks.org/tpp-ip3/upov/page-1.html
- GRAIN, “UPOV 91 and other seed laws: a basic primer on how companies intend to control and monopolise seeds”, 21 de octubre de 2015, https://www.grain.org/e/5314
- GRAIN, “Trade agreements privatising biodiversity”, febrero de 2016, Disponible en: https://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds
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Notas
[1] Richard Macauley, “Thought the TPP was a big deal? China’s rival free trade pact covers half the world’s population”, Quartz, 8 de octubre de 2015, http://qz.com/519790/thought-the-tpp-was-a-big-deal-chinas-rival-free-trade-pact-covers-half-the-worlds-population/
[2] Jagveer S. Sindhu, “Harmonization of seed regulations will promote the seed industry in the Asia/Pacific region”, marzo de 2006, https://www.seedquest.com/forum/s/SindhuJagveer/06mar.htm
[3] Convenio Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991
[4] De los 16 países incluidos en las negociaciones del RCEP, solamente cuatro son miembros de UPOV 1991: Australia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Todos los otros tendría que modificar su legislación nacional para adaptarse a UPOV 91 y luego obtener la aprobación de UPOV. (Nueva Zelanda, que ya es miembro de UPOV 1978, tiene que cumplir con UPOV 91 dentro del TPP.)
[5] Texto borrador sobre las áreas no cubiertas en Possible Common Elements de 2nd WGIP a ser discutidas en la negociación del RCEP. Enviado por Japón el 3 de octubre de 2014. Disponible en: Bilaterals.org, 10 de febrero de 2015, http://www.bilaterals.org/?rcep-draft-ip-text-from-japan-2014
[6] “RCEP: draft IP text from India (octubre 2014)”, Disponible en: bilaterals.org, 8 de junio de 2015, http://www.bilaterals.org/?rcep-draft-ip-text-from-india-oct
[7] El Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y el Reparto Justo y Equitativo de los Beneficios que Resultan de su Utilización es un acuerdo adicional del año 2010 de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992.
[8] La Vía Campesina y GRAIN, “Seed laws that criminalise farmers: Resistance and fightback”, 8 de abril de 2015, https://www.grain.org/article/entries/5142-seed-laws-that-criminalise-farmers-resistance-and-fightback
[9] Farmer Seed Network China folleto informativo, contacto: [email protected]
[10] Nanchanok Wongsamuth, “Seed prices a tough nut in Thai-EU free trade talks”, Bangkok Post. 9 noviembre de 2013, disponible en: http://bilaterals.org/?seed-prices-a-tough-nut-in-thai-eu
[11] GRAIN, “UPOV 91 and other seed laws: a basic primer on how companies intend to control and monopolise seeds”, 21 octubre 2015, https://www.grain.org/e/5314