Plan Campesino del Movimiento de los Pequeños Agricultores, MPA, se convierte en programa de gobierno en Río Grande del Sur, Brasil y podría ganar ámbito nacional
En los últimos años el Movimiento de los Pequeños Agricultores elaboró, discutió y consolidó una propuesta amplia y global para el desarrollo de la agricultura campesina, una meta-síntesis y una estrategia de transformación: El Plan Campesino.
La formulación del plan se elevó a lucha social y política. En Río Grande del Sur los movimientos de la Vía Campesina, operarios, metalúrgicos, movimientos populares y de juventud, abrazaron la propuesta y la transformaron en una reivindicación concreta y práctica de amplia repercusión social y económica. Un Programa Campesino como política de Estado, estructurador de la producción y de la vida campesina. La exitosa experiencia se traduce como reivindicación inmediata al gobierno federal.
Representantes del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), de trabajadores metalúrgicos y de movimientos populares se reunieron el día 23 de marzo en Brasilia, con el ministro de Desarrollo Agrario (MDA), Patrus Ananias, para proponer la creación del Programa Campesino a nivel nacional. El ministro Patrus Ananias recibió la propuesta política y fue creado un Grupo de Trabajo para evaluar las adaptaciones necesarias para la implementación del programa a nivel nacional.
Este Programa Campesino, entre otros elementos, consiste en:
Estímulo a la cooperación y al cooperativismo: en cada gran región los movimientos sociales seleccionan cooperativas o asociaciones campesinas para operar el programa.
Crédito “desbancarizado” y desburocratizado: esto quiere decir sin las reglas bancarias convencionales de los acuerdos de Basileia, garantizando el derechos de los agricultores a acceder recursos para producir alimentos saludables.
Transición agroecológica masiva: empleo de principios, técnicas y métodos productivos agroecológicos compatibles con la estrategia económica, tecnológica y energética de autonomía campesina.
Inversión en las Unidades de Producción Campesina: crear condiciones de reestructuración productiva para producir alimentos, en especial, a través de:
* biomineralización del suelo: recuperar la fertilidad de los suelos con el uso de polvo de rocas, abonos orgánicos, abonos verdes y biofertilizantes
* kit soberanía alimentaria: inversión en diversificación de la producción para el abastecimiento popular, como instalación de huertas, huertos frutales, cría de pequeños animales y semillas
* introducción de pastoreo racional Viosin (PRV): viabilizar la introducción de pastizal permanente para ampliar la producción lechera y de carnes
* enfriadores: dar mayor calidad al almacenamiento de leche producido a través de enfriadores a granel
* fruticultura: formación de huertos frutales
* mudas (plántulas): instalación de viveros de mudas forestales, frutales y hortícolas
* semillas criollas y varietales: autonomía en la producción de semillas para el uso de los propios agricultores
* máquinas y equipamiento agrícolas: proporcionar la mecanización de las actividades agrícolas ampliando la productividad del trabajo en las unidades campesinas
* irrigación: disponer de recursos para que las familias irriguen sus campos, lo que tiene implicaciones en la adquisición de máquinas para construir presas, cisternas para la producción y adquisición de equipos de irrigación
Procesamiento y agroindustrialización de la producción: formas de cooperación para la constitución de unidades agroindustriales cooperadas de jugos, conservas, carnes y pescado, embutidos, lácteos, beneficio de granos, entre otros.
Unidades de Beneficio de Semillas: de pequeño y mediano porte, distribuidas en todo el territorio nacional, para producir y beneficiar semillas teniendo como objetivo la autonomía productiva de la agricultura campesina y de la producción agroecológica.
Biofábricas de insumos: con el objetivo de producción masiva de insumos agroecológicos como fertilizantes y biofertilizantes, así como producción de agentes biocontroladores de plagas y enfermedades.
Almacenamiento, logística y distribución: construcción de estructuras de secado y almacenamiento, adquisición de vehículos para transporte de los alimentos. Instalación de centros logísticos de recolección y distribución de alimentos en regiones estratégicas e centros urbanos.
Este es el Programa por el cual luchamos y que tendrá la capacidad de unificar fuerzas sociales campesinas y urbanas para seguir en la lucha por la construcción de soberanía alimentaria, calidad de vida y un Brasil democrático y justo.
Plan Campesino: Alianza Campesina y Operaria por Soberanía Alimentaria
México
Porque queremos seguir siendo lo que somos
En el marco del Encuentro: Políticas de conservación, leyes energéticas y territorios indígenas y campesinos, nos reunimos en la Ciudad de México los días 4 al 6 de marzo, 110 pueblos indígenas, comunidades y organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil, de 16 estados del país, con el fin de analizar los efectos que tienen en nuestros territorios los programas de conservación y los distintos proyectos energéticos que pretenden imponerse.
Los pueblos originarios y campesinos, mujeres y hombres, somos los legítimos dueños y poseedores de las tierras sobre las que tenemos derechos agrarios y derechos indígenas, además de que nuestros territorios se encuentran entre los mejor conservados, por lo que adquieren cada vez más importancia frente a la crisis climática. Sin embargo, las reformas energéticas aprobadas el año pasado, se han convertido en una nueva amenaza a nuestros territorios, cultura, naturaleza y formas de vida.
A partir del intercambio de experiencias analizamos que: las áreas naturales protegidas, bajo cualquier categoría de conservación, fueron decretadas en nuestros territorios sin que haya existido consentimiento de nuestra parte y a partir de ellas se ha enajenado el disfrute, uso y control a favor de los funcionarios ambientales, e incluso a empresas privadas, fundaciones de conservación internacionales, etcétera.
El decreto de parte de nuestros territorios como área natural protegida debilita el papel de la Asamblea como máxima autoridad, al sustituir sus decisiones por los planes de manejo, decretos, ordenamientos territoriales comunitarios, y reglamentos que han impuesto múltiples restricciones al uso de nuestro territorio, incluso la prohibición de realizar actividades necesarias para el sustento.
La mayoría de los ordenamientos territoriales, que son condición para acceder a distintos programas, se realizan sin el consenso de la comunidad, buscan incluir como áreas de conservación grandes extensiones y se convierten en límites y prohibiciones a la realización de las actividades necesarias para la vida.
Los programas de pagos por servicios ambientales son la única compensación a las comunidades por los límites que les impone la conservación. Sin embargo su operación no es transparente. Prácticamente imponen vedas en las áreas en las que se instalan, prohíben la roza tumba y quema, la cacería, la recolección, la pesca y una vez concluido el plazo de cinco años contratado por la comunidad, buscan que se conviertan en áreas de certificación voluntaria para mantenerlos en conservación. Estos pagos ni siquiera compensan el trabajo adicional que los programas de servicios ambientales imponen a las comunidades.
Los pagos por servicios ambientales hidrológicos y los proyectos REDD+ operando en nuestras tierras y bosques, buscan aumentar la captación de agua, y la captura de carbono. Sin embargo las mineras, las hidroeléctricas y minihídricas, la fractura hidráulica, la explotación de hidrocarburos, acaparan el agua que nosotros producimos, además de que generan un aumento inusitado de gases con efecto de invernadero.
Amparadas en las reformas energéticas se han multiplicado las iniciativas para establecer proyectos extractivos en nuestras regiones. Estas reformas promueven los proyectos de exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos no convencionales, de fractura hidráulica, la instalación de gasoductos, presas hidroeléctricas y minihídricas, la explotación minera, a las que les dan el carácter de actividad prioritaria sobre cualquier otra.
Estos proyectos fraccionan y deterioran territorios de pueblos indígenas y campesinos, nos quitan fuentes de trabajo, provocan expulsiones y migraciones forzadas de las poblaciones. Causan una devastación ambiental de magnitudes desproporcionadas con impactos en la salud de las personas, contaminan mantos acuíferos, aire, suelo, aniquilan ecosistemas completos. Ocasionan divisiones y conflictos comunitarios, permiten la entrada de personas ajenas a la comunidad y destruyen el tejido social.
Un gran número de comunidades y organizaciones en distintos estados del país nos oponemos a la instalación de estos proyectos en nuestros territorios, así como a la construcción de la infraestructura que requieren para su operación: aeropuertos, carreteras, zonas comerciales, basureros, etcétera.
Hemos impulsado distintas estrategias de defensa de nuestros territorios, bienes naturales y formas de vida, a las que el Estado ha respondido criminalizando la protesta, endureciendo sus políticas y legalizando el despojo a través de las leyes. Además de las tradicionales prácticas amañadas.
Afirmamos que: Queremos seguir siendo lo que somos y mantener nuestros territorios.
Ningún proyecto puede ser instalado en territorios indígenas y campesinos sin obtener su consentimiento libre, previo, e informado. Los derechos de los pueblos deben estar por encima de los derechos de las empresas. Nosotros como mujeres y hombres dueños y poseedores de los territorios vamos a ejercer nuestro derecho de veto cuando hayamos decidido rechazar el proyecto.
Las y los asistentes a este Encuentro hace tiempo que venimos dando batallas. Así que anunciamos que seguimos ofendidos por el despojo y la devastación a la que pretenden someternos.
Nos proponemos: Fortalecer nuestras estructuras de organización autónomas, y la democracia comunitaria, principalmente las Asambleas agrarias, los Consejos, las Juntas de pobladores. Apoyar y mantener bajo control a las autoridades agrarias. Utilizar los estatutos comunales y los reglamentos ejidales como instrumentos de defensa.
Hacer de los procesos de información una vía para la cohesión colectiva en la comunidad, el ejido, la asamblea, el consejo, la red, el frente. Evitar que el “especialista”, la abogada o el “técnico” diseñen el rumbo estratégico de nuestras luchas.
Estamos impulsando estrategias de lucha múltiples y diversas de acuerdo al problema, no necesitamos estructuras ni estrategias únicas, pero sí necesitamos espacios de reunión e intercambio a todos los niveles locales, regionales, nacionales.
Responderemos solidariamente ante cualquier amenaza, intimidación y represión a cualquiera de las luchas hermanas,
Decimos NO a la imposición de proyectos y programas que no cuentan con el aval de las propias comunidades indígenas y campesinas. Vamos a defender nuestras formas de vivir y los derechos sobre nuestros territorios y bienes naturales.
Tlalpan, DF, 5 de marzo de 2015
Ciudadanos y ciudadanas, autoridades agrarias o municipales de 70 comunidades, ejidos o municipios:
Campeche: Hopelchen, Suc Tuc, Calakmul. Chiapas: Tziscao, Chilón, San Cristóbal de las Casas, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, San Sebastián Bachajón, La Candelaria, Bienes Comunales Zona Lacandona, Frontera Corozal. Chihuahua: Bosques San Elías Repechique, Guachochi, Chihuahua. Colima: Zacualpan. Edomex: Santiago Tianguistenco, Tultitlán, Atenco, Temascalapa. Guerrero: Tlapa de Comonfort, Cuamantzingo, San Miguel del Progreso, Xochistlahuaca, San Luis Acatlán, Atliaca, Topiltepec, Atzacoaloya, Mezcaltepec, El Ranchito Amolixtlahuacan. Hidalgo: Oxeloco. Jalisco: El Grullo, El Salto, Huaxtla, San Isidro, Mezcala, San Sebastián Teponahuaxtlán. Michoacán: Paracho, Morelia. Oaxaca: Santiago Tlatepusco, Paso de la Reina, El Porvenir, Putla, San Dionisio del Mar, Nuevo Progreso, Santiago Amoltepec, Santa Marta Zapotitlán, Asunción Lachixila, San Juan Alotepec, San José Chiltepec, San Antonio Acatlán. Puebla: Xochitlán de Vicente Suarez, Teziutlán, Chignautla. Quintana Roo: Blanca Flor, Nuevo Jerusalem, Valparaiso. Tlaxcala: San Rafael Tenanyecac, San Mateo Ayecac. Veracruz: Ixtlahuixtla Soteapan, Benito Juárez, Tetlatzinga, Zaragoza, Tetahuicapan, Ursulo Galván, Ocosotla, Huayacocotla. Yucatán: Chablekal, San Agustín Tekax.
Integrantes de 40 organizaciones civiles o movimientos sociales:
Campeche: Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Ka’ Kuxtal. Chiapas: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Instituto de Formación y Capacitación Campesina (Ifcam) Chihuahua: Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec). Colima: Consejo Indígena por la Defensa del Territorio. Guerrero: Enlace, Comunicación y Capacitación, Radio comunitaria Naxme, Grupo de Estudios Ambientales (GEA). Distrito Federal: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), Frente Autónomo Xochimilco, Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar), Jóvenes Ante la Emergencia Nacional (JEN), Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas (Cenami), Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Edomex: Consejo Indígena del Trueque, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Hidalgo: Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codeso). Jalisco: Un Salto de Vida, Pueblos de la Barranca, Colectivo por la Autonomía, Jal (COA). Michoacán: Kokon. Oaxaca: Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), Organización de Agricultores Biológicos (Orab), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Tequio Jurídico, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo). Puebla: Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), Asamblea Social del Agua. Quintana Roo: Educación Cultura y Ecología (Educe). Tlaxcala: Centro Fray Julíán Garcés, Por un Atoyac con Vida. Veracruz: Fomento Cultural y Educativo, Consejo Comunitario Nahua, Centro Regional para la Educación y la Organización Popular (Creo), Radio Huayacocotla. Yucatán: Indignación, Bioasesores. Internacionales: Vía Campesina; GRAIN y Grupo ETC.
Rumbo al VI Congreso CLOC VC
Entrevista a Francisca Rodríguez
Agencia Paco Urondo
Concientes de la fortísima presión a las democracias por parte de “la oligarquía continental” y de los avances sangrientos para acaparar agua, tierra y riquezas mineras, unos 800 delegados de organizaciones campesinas de América Latina se prepararon para estar, entre el 10 y el 17 de abril —Día Internacional de la Lucha Campesina— en Buenos Aires.
Francisca Rodríguez “Pancha”, es fundadora de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina (CLOC-VC), integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) de Chile. Durante reuniones preparatorias del VI Congreso de la CLOC-VC, Pancha contó a APU el nacimiento de la organización continental
¿Cómo nació la CLOC? Aparecimos en el 89. Quisimos generar una acción frente a la campaña para celebrar el descubrimiento de América. Dijimos “acá no hay nada que celebrar y sí hay mucho por descubrir de nosotros mismos”. Era un momento muy difícil: había caído el socialismo, la revolución de Nicaragua estaba fuertemente afectada y en Sudamérica quedaban dictaduras militares. La caída del socialismo nos impactó fuerte, parecía que el mundo se nos acababa, que hasta ahí había llegado nuestro proceso. Pero nos planteamos el reto “vamos a hacer cinco años de campaña pero de autodescubrimiento desde nuestras resistencias”. Después, el reencuentro entre organizaciones indígenas campesinas, afrodescendientes, abrió un puente con el mundo popular que fue un hito que marca el desarrollo y mirada nueva del movimiento campesino.
Así generamos el espacio para la Vía Campesina, que salió a caminar desde América para convertirse en una organización mundial, uno de los mayores referentes de las luchas contra el sistema. Se planteó ser una ruta, por eso es la vía y no una asociación ni la unión de campesinos a nivel mundial y es un reto que seamos capaces de crear una vía alternativa desde el mundo campesino frente al sistema neoliberal.
¿Cuáles son las experiencias salientes a nivel continental? Recogimos experiencias históricas que venían del mundo sindical. Había un proceso emergente como en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) o las organizaciones de mujeres de varios países como la República Dominicana, o la Bartolina Sisa en Bolivia. Con ellos generamos una nueva dinámica organizacional y dimos vida a lo que es hoy la CLOC.
¿El proceso argentino cómo surge y las mujeres qué rol juegan? Nuevos movimientos, como el Movimiento de los Sin Tierra, inspiraron en la región y particularmente en la Argentina. Y nosotros, fuimos generando como mujeres espacios propios para participar en lo político y social. Por eso decimos autodescubrirnos. El reto de las mujeres de América fue autodescubrirnos en nuestras resistencias y en nuestras capacidades para accionar en las organizaciones.
¿El crecimiento fue parejo en los distintos países? Hubo una evolución a la par. No es fácil mantener una organización como la nuestra en un espacio de articulación por más de 20 años. Nosotros no tenemos aparatos, pero las comunicaciones modernas nos han facilitado el trabajo y asumimos la tecnología con una mirada creadora ”no engolosinadora”. La tecnología debe ser usada para el desarrollo y proyección del ser humano, no para la autolimitación y destrucción. Yo a mis 68 años, aunque le tenga que pedir a mis nietos, manejo la tecnología y nos comunicamos en forma inmediata.
Es decir que la tecnología ayudó al proceso político de encuentro y articulación. Contribuyó a un proceso que proyecta un desarrollo de conciencia y de valores. Nos defendimos fuertemente porque el sistema ha sido brutal en estos últimos años y ha provocado una pérdida de conciencia muy fuerte en el pueblo y en la gente en general generando un clima de odiosidad entre nosotros y no de encuentro.
Volviendo a la experiencia argentina... La experiencia argentina no está en los otros países. Tendrá que ver con las características de acá. Me refiero al encuentro concreto entre campesinos y un movimiento social urbano que pueda tomar nuestras banderas.
Qué es la soberanía alimentaria. Vamos a decir primero que la vía campesina es un reto, es generar una vía alternativa al modelo pero con una propuesta para la humanidad que es la soberanía alimentaria, es decir el derecho a la alimentación que tienen los pueblos y para nosotros la responsabilidad de producir esos alimentos. Nunca se pensó que los campesinos íbamos a hacer una propuesta que traspasara las barreras del campo para convertirse en propuesta de muchos.
Cuando lo hicimos fue en defensa nuestra. Durante la primera Cumbre Mundial de Alimentación (1996), se fue a confrontar ante la enorme cantidad de hambrientos en el mundo. Los gobiernos plantearon la seguridad alimentaria, vista desde la capacidad que tienen los pueblos para comprar alimentos y nosotros dijimos “no, no es un problema de seguridad alimentaria sino de soberanía alimentaria”. Es decir cómo los gobiernos generan la capacidad para producir alimentos y generan intercambios solidarios entre los pueblos para los que no tengan la capacidad de producirlos. Eso debiera hacerse en el mundo. Sin comida te mueres, así que producir alimentos, garantizar la alimentación de la población, es tener un futuro. La soberanía alimentaria fue nuestro gran planteamiento al decir que no es un tema del campesino sino de la sociedad. El tema de la tierra, el tema del agua, no son problemas del campesino son de las sociedades.
¿Los campesinos son los únicos que hablan de esto? Fuimos los primeros en tomar conciencia pero no somos los únicos. Logramos generar conciencia frente a los peligros por los sistemas de producción capitalistas tan fuertes: agrotóxicos, el calentamiento global. Tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar el sistema de producción y el sistema de consumo. El capital instaló su sistema de producción que induce el consumo y eso determina tu vida y la de todos.
Dijiste que estaban sorprendidos por la articulación con el Movimiento Evita. Estoy sorprendida de la construcción con el M-Evita que tiene esta particularidad que no está en otros países. Nosotros que estamos tan cerca, al menos yo que he caminado tanto en la vida en estos procesos, complace ver florecer movimientos como el campesino que por primera vez en la Argentina es de carácter nacional y diverso. Siempre eran los campesinos de la región pampeana, los de Córdoba y no había una construcción nacional. Así que este encuentro facilita, y así lo vieron los compañeros, esta relación que nosotros necesitamos con urgencia restablecer, armar este puente entre campo y ciudad que está roto.
Los procesos contra la reforma agraria en nuestros países han sido fuertes y ese vínculo entre campo y ciudad se rompió porque se rompieron las estructuras sociales y los aliados principales que los campesinos teníamos como las centrales sindicales hoy día no están por lo tanto hay nuevas alianzas desde el mundo campesino: indígenas, movimientos de mujeres, con los ambientalistas, con los consumidores. Igual no descuidamos la alianza con los trabajadores.
Esta mirada del movimiento campesino 20 años atrás no estaba y esto nos permite movilizaciones más allá porque los problemas no son de los campesinos solamente. Esta mirada todavía no está, lamentablemente, en los lugares de construcción de poder político. Todavía no se dan cuenta. Los partidos políticos han quedado desfasados de tener una mirada dirigida hacia el fortalecimiento de la defensa de los territorios como un derecho ancestral de indígenas y campesinos.
Qué busca este VI Congreso. Lineamientos para los próximos cuatro años y una mirada de qué pasó en este periodo: los avances, los retrocesos, las dificultades y trabas. Con qué escenario político nos enfrentamos para seguir avanzando en nuestras lucha por la soberanía alimentaria y terminar con el acaparamiento de tierra. Hay que poner en la disputa nacional el avance de la minería que es el saqueo de recursos naturales porque no sólo se lleva el mineral sino que nos ocupa, nos roba el agua. Cuáles alianzas tenemos que construir. “Contra el saqueo del Imperio América lucha”: es nuestra consigna, y continuamos luchando. Lo hacemos para restablecer este vínculo entre campo y ciudad, los problemas que planteamos son de la sociedad y por tanto tenemos que generar frentes comunes de resistencia. Necesitamos que comprendan a fondo el sentido de nuestra lucha.
¿Por qué en Buenos Aires? Porque la Secretaría Operativa está acá y para apoyar el desarrollo político de nuestros movimientos locales. Creemos que la Argentina vive una coyuntura política muy compleja y necesitamos abrir esperanza. Tenemos una consigna: Globalicemos la Lucha, Globalicemos la Esperanza. Nuestro congreso tiene que animar la lucha y la esperanza del pueblo argentino. Sentir que no están solos ante la brutal violencia, la ferocidad del sistema y de los capitalistas y de la derecha que son su máxima expresión.
La audacia que tienen para convertir lo que ayer fueron golpes militares en golpes populares es algo que no hemos tenido la capacidad de ir viendo en el minuto preciso. Este Congreso tiene la responsabilidad de apoyar fuertemente al MNCI y también aportar frente a este ataque tan fuerte que están viviendo. No es fácil levantarse cuando nos han destruido la mitad de nuestro corazón, las heridas y los duelos todavía están ahí pero el nuestro es un Congreso de Esperanza.
VI Congreso Continental CLOC-Vía Campesina
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC-LVC está realizando mientras cocinamos esta revista su VI Congreso en Buenos Aires, Argentina. La propuesta es “Por la soberanía alimentaria sustentada en la concreción de reformas agrarias integrales y populares para producir los alimentos que nuestros pueblos requieren y que la humanidad necesita para garantizar su desarrollo por las tierras, los territorios y las semillas campesinas e indígenas, generadas en una relación de amor con la naturaleza, con la Madre Tierra, que nos indica los caminos para el Buen Vivir” y su consigna ¡Contra el Capitalismo, por la soberanía de nuestros pueblos! ¡América Unida sigue en Lucha!
Los desafíos de la reforma agraria integral y popular
Marina dos Santos*
En las últimas décadas, en toda Latinoamérica, los/as campesinos/as, indígenas y afrodescendientes viven un proceso permanente de disputa entre dos proyectos de agricultura: uno representado por el capital y otro por los trabajadores.
Por un lado, en defensa del proyecto del capital, están los latifundistas, las empresas capitalistas nacionales y las multinacionales, los bancos, los grandes medios de comunicación y los gobiernos conservadores. Estos sectores, a toda costa, tratan de concentrar la tierra, el agua, los minerales y los productos, producen en áreas de monocultivos principalmente para la exportación, utilizan cada vez menos mano de obra y cada vez más agrotóxicos, se apropian de las semillas y las conviertenen patentes privadas, usan la transgenia, se apropian y disputan cada vez más los territorios de las poblaciones tradicionales, poniendo en peligro todos los bienes de la naturaleza. Se trata de los llamados agro-hidro-negocios y el mineral-negocio, con los cuales el capital pretende obtener la máxima ganancia.
Por otro lado, están los campesinos/as, las comunidades indígenas, los trabajadores agrícolas, los afrodescendientes, los pescadores y las mujeres que tratan de resistir y construir un modelo de producción basado en el trabajo, en la viabilidad de sus vidas en el campo, en la producción de alimentos saludables para sí mismos y para los trabajadores urbanos, en la preservación y recuperación del medio ambiente.
Estos dos proyectos nos hacen ver que lo que está en disputa en la agricultura es la lucha de clases entre el capital y los trabajadores. El agro-hidro-negocio y mineral-negocio, con el apoyo de los gobiernos, cuyas políticas públicas destinan grandes volúmenes de recursos al capital, se convirtieron en hegemónicos en la sociedad, y pasaron a dar prioridad a las inversiones en la producción de soja (transformándose en los mayores productores y exportadores del mundo ), maíz, caña de azúcar (con sus plantas de azúcar y etanol), el cultivo extensivo de madera de eucalipto para la producción de carbón vegetal (para las fábricas siderúrgicas que exportan mineral de hierro) y la ganadería extensiva.
Unas pocas empresas agroindustriales de capitales nacionales y extranjeros pasaron a dominar prácticamente todo el comercio de commodities y concomitantemente se registró una creciente centralización del capital dedicado a la agricultura, estableciendo el control de las semillas, fertilizantes, agroquímicos, el comercio, la industrialización de los productos agrícolas y el comercio de maquinaria agrícola. Todo esto, ha provocado serios cambios y consecuencias estructurales en la propiedad de la tierra, la producción, el empleo y los ingresos de los trabajadores del campo y de la ciudad pues en esta correlación de fuerzas, el agronegocio continúa su ofensiva en la concentración de los bienes de la naturaleza y en la disputa territorial, utilizando los medios de comunicación burgueses para publicitar sus logros y en contra de los trabajadores.
Para los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes y pescadores organizados en América Latina y para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), está claro que para enfrentar este modelo, hoy la lucha pasa por enfrentar el debate sobre la Reforma Agraria Integral y Popular. ¿Por qué? Porque a partir de la realidad agraria actual, dominada por el proyecto del capital, la reforma agraria clásica, bajo la hegemonía de la burguesía, que sólo pretendía dividir la tierra para desarrollar las fuerzas productivas del campo y el mercado y servir para el desarrollo del capitalismo, es inviable, ya no es necesaria, a pesar de haber sido muy importante para la humanidad, especialmente en los países donde se ejecutó. Hoy en día, con el sistema financiero en vigencia, la burguesía no quiere hacerla, la abandona, en otras palabras, ya no necesita más de ella. Sin embargo, los gobiernos no han logrado resolver los conflictos sociales y naturales de la sociedad capitalista: de los sin tierra, de las comunidades indígenas, de los cimarrones, de los afectados por la minería y las represas, de la deforestación, de la contaminación del agua y de las fuentes, de la contaminación de los alimentos por los agrotóxicos, de la destrucción del medio ambiente, de la falta de perspectiva de la juventud del campo, de la explotación y violencia contra las mujeres, de la eliminación de la biodiversidad, de la concentración de la tierra y de todos los bienes de la naturaleza, entre otros.
La Reforma Agraria Integral y Popular es una concepción de Reforma Agraria que interesa no sólo a los campesinos sino al conjunto de la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores y trabajadoras que viven en los grandes centros urbanos. Es una señal para todas las bases de los movimientos y todos los aliados de la sociedad, de que esa Reforma Agraria que defienden es ¡sobre todo popular!
Esta propuesta de Reforma Agraria y Popular requiere amplias medidas, que van más allá de la distribución de la tierra y sintetizan el modelo de agricultura defendido por los movimientos. Es una forma de resistencia al modelo de agricultura capitalista del agro-hidro-negócio y del mineral-negocio y propone un proceso de acumulación de fuerzas, teniendo como objetivo la construcción de un nuevo modelo de agricultura, centrado en las necesidades de los pueblos. También sirve para orientar a los movimientos en las luchas, en las agendas reivindicativas y en las acciones prácticas por mucho tiempo.
Los pilares de la Reforma Agraria Integral y popular son:
1. Democratización de la tierra: garantías de que la reforma agraria no sea sólo distribución de la tierra sino acceso a todos los bienes de la naturaleza y de la producción en la agricultura. Esto comprende todo lo que está en ese territorio, como las plantas, bosques, aguas, minerales, semillas y toda la biodiversidad, prohibiendo el desarrollo de proyectos de extracción minera por parte de las empresas en los territorios distribuidos, porque los minerales deben utilizarse de forma sustentable para el beneficio de la comunidad y de todo el pueblo. Del mismo modo, exigir que la posesión y el uso del agua se subordinen a los intereses y necesidades de toda la población, ya que el agua es un bien de la naturaleza y se debe utilizar para el beneficio de toda la humanidad, por eso el agua no es mercancía y no puede ser propiedad privada. La garantía a todos los trabajadores y trabajadoras del derecho para acceder a la tierra para vivir y trabajar.
2. Organización de la producción agrícola: priorizar la producción de alimentos saludables para toda la población, garantizando el principio de la soberanía alimentaria, libres de agrotóxicos y de semillas transgénicas. Garantizar programas de soberanía energética en todos los territorios sobre la base de fuentes de energía renovables alternativas, como vegetales no comestibles, energía solar, hidráulica y eólica. Organizar la producción y comercialización sobre la base de todas las formas de cooperación agrícola.
3. Desarrollar una nueva matriz tecnológica de producción y distribución de la riqueza en la agricultura: exigir de los Estados políticas crediticias, investigación y financiamientos específicos para una producción agrícola basada en la agroecología y el aumento de la productividad del trabajo y las áreas en equilibrio con la naturaleza. Garantizar programas de reproducción, almacenamiento y distribución de las semillas nativas y agroecológicas de producción de los campesinos, insertos en el programa de soberanía alimentaria del país. Combatir la propiedad privada intelectual de las semillas, los animales, los recursos naturales, la biodiversidad y los sistemas de producción, como también combatir la producción y comercialización de semillas transgénicas y agrotóxicos en todos los países.
4. La industrialización y la política agrícola: desarrollar pequeñas agroindustrias dentro del país, asegurando agregar valor a la producción y generar más renta para la población campesina y promover un desarrollo equilibrado entre las regiones, así como desarrollar centros de investigación, cualificación técnica e intercambio de conocimientos, centrados en las actividades de la agroindustria y la preservación ambiental. Exigir del Estado políticas públicas que garanticen los instrumentos de la política agrícola para todos los/as campesinos/as: garantía de precios rentables, crédito rural adecuado, seguro agrícola, asistencia técnica y tecnológica, almacenamiento, maquinaria, equipos y suministros necesarios para la agricultura. Exigir que los/as campesinos/as tengan participación efectiva en la formulación de todas las políticas públicas para la agricultura.
5. Educación: el acceso a la educación es una de las condiciones básicas de la construcción del proyecto de Reforma Agraria Integral y Popular, porque la educación es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas y sociales. Para ello, exigir al Estado e implementar programas masivos de alfabetización para jóvenes y adultos del campo, universalizar el acceso a la educación básica y ampliar el acceso de jóvenes y adultos a la educación profesional de nivel medio y superior, dando prioridad a las demandas y el desarrollo del conjunto de comunidades campesinas.
6. Luchas: sin un profundo proceso de lucha, organización y presión del conjunto de la sociedad, no será posible conquistar este proyecto de Reforma Agraria Integral y Popular. Esto sólo será posible si los campesinos enfrentan este modelo, a través de luchas, ocupación de tierras, resistencia y supervivencia. La realización de este proyecto de transición de los bienes de la naturaleza y la agricultura latinoamericana sólo se superará cuando sea, de hecho, una bandera defendida por el conjunto de la sociedad, en un contexto histórico de existencia y alianza entre gobiernos populares, que coloque al Estado al servicio de las mayorías, con un movimiento de masas, en el que los trabajadores sean los sujetos políticos permanentes para los cambios.
Ante esta situación, varios retos se presentan en este momento histórico, que son sentidos especialmente en este periodo de preparación y realización del VI Congreso de la CLOC, celebrado del 10 al 17 abril en Buenos Aires, Argentina.
Actuar principalmente en las contradicciones del capital y del agro-hidro-negocio y mineral-negocio. Es necesario identificar en cada país los principales enemigos de los/as campesinos/as y emprender acciones de denuncia sobre estas contradicciones para toda la sociedad. Y en esta línea realizar ocupaciones de los grandes latifundios, enfrentando el debate de la función social de la tierra.
Actualizar el estudio y discusión de experiencias y procesos de lasreformas agrarias existentes y profundizar en el concepto de la Reforma Agraria Popular.
Durante el VI Congreso, debatir temas importantes, que dialogan directamente con las comunidades afectadas, como los pueblos indígenas, los asalariados y los afectados por las represas e intercambiar experiencias en los temas de la soberanía alimentaria, agroecología, feminismo popular y socialismo, y cómo llevar a cabo luchas concretas en defensa de la tierra, el agua y la reforma agraria.
Mantener la realización de misiones de solidaridad con los países con más conflictos de tierras, como Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Paraguay y especialmente con Brasil en 2016, cuando se cumplan 20 años de la masacre de Eldorado dos Carajás, teniendo en cuenta que la impunidad perdura.
Continuar exigiendo que los gobiernos cumplan con las resoluciones de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) en cada país ya nivel internacional, evento que se celebró en Porto Alegre, Brasil, en marzo de 2006.
Masificar el proceso de formación de la juventud del campo y coordinar con la juventud urbana, buscando fortalecer los lazos de organización y acciones conjuntas.
Seguir trabajando y acompañando el tema de los derechos campesinos para garantizar que en el año 2016, sean aprobados por la ONU.
Por último, las raíces de la Reforma Agraria Integral y Popular no están solamente en el agotamiento objetivo de la reforma agraria clásica. Ellas brotan y crecen en el enfrentamiento de los sujetos trabajadores contra las fuerzas del capital, que se apropian cada vez más de todos los bienes de la naturaleza, la salud y la cultura popular para convertir todo en lucro. Por lo tanto, esta propuesta no está destinada sólo a los trabajadores del campo, sino que abarca a todas las fuerzas y sectores que creen en los cambios de la sociedad. Por eso creemos que es fundamental articular alianzas con los trabajadores en las ciudades, como forma de encarar la correlación de fuerzas en la lucha de clases y tratar de tener conquistas concretas para el avance cada vez mayor, en las bases, en los movimientos y en la sociedad en general, de la Reforma Agraria Integral y Popular.(Traducción ALAI).
- Marina dos Santos forma parte de la Dirección Nacional del MST / Brasil y es integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), por América del Sur.
Bibliografia consultada:
- Programa Agrário do MST; Secretaria Nacional do MST, 2013, São Paulo.
- Documentos de Trabajo Rumbo al VI Congreso Continental de la Coordinadora Latino americana de Organizaciones del Campo; Secretaria Operativa, 2014, Argentina.
- Relatório da Reunião do Coletivo Terra, Água e Território da Via Campesina Internacional; Roma, Janeiro/fevereiro 2015, Itália.
* Publicado en la Revista ALAI Especial Congreso CLOC VC, 2015
Ecuador
Un código de despojo
Esperanza Martínez
A un cuando históricamente las políticas de conservación han servido para despojar a las comunidades locales del control de sus territorios, los temas ambientales se convirtieron, aunque con limitaciones, en una de las herramientas para exigir límites a los grandes proyectos destructores de la naturaleza, o por lo menos para el reclamo por parte de las comunidades cuando sus derechos han sido violados.
En Ecuador próximamente se aprobará un nuevo “Código Ambiental”, pero esto código no responde a los temas constitucionales que reconocen los derechos de la naturaleza, el sumak kawsay, o la plurinacionalidad. Peor aún a las agendas propuestas desde movimientos sociales o ecologistas. Al contrario, será una herramienta usada para sostener la privatización de la conservación, la mercantilización de las funciones de la naturaleza y el uso de la protección ambiental como argumento para el despojo de las comunidades de sus territorios, y para facilitar la acumulación de las empresas, lo que es propio de las tendencias neo liberales.
El nuevo código ambiental del Ecuador es altamente discrecional y otorga las decisiones a la autoridad ambiental, que hoy por hoy es parte del Ministerio de Sectores Estratégicos, desde donde se planifican e implementan los grandes proyectos.1
El proyecto de Código Ambiental es, en la práctica, un retroceso en la normativa ambiental en la mayoría de temas que aborda. Pero además se retorna a un punto ya superado en la década de 1990: aquel que pretendía responsabilizar —y ahora castigar— a los pobres por los problemas ambientales.
Mientras la autoridad ambiental tiene el fin de facilitar los permisos para los megaproyectos, se crea un régimen que impone una gran cantidad de dificultades para los pequeños productores y las comunidades. Se simplifican los requisitos ambientales para los proyectos de alto impacto, incluso se da paso al autocontrol, mientras que se somete a los campesinos, pequeños artesanos y comunidades indígenas a requisitos y formalidades que difícilmente podrían cumplir. Se asume que ellos tienen el mismo grado de responsabilidad ambiental que el provocado por las actividades de gran escala.
Una muestra de cómo se trabajarán los temas ambientales en el futuro es el ocurrido recientemente en el sector de La Trinitaria, en Guayaquil. La Trinitaria es una isla en los esteros del río Guayas, ocupada por pobladores urbano marginales carentes de todo tipo de servicios. Con altos niveles de violencia, se procedió el mes de abril a un desalojo masivo de sus pobladores. El argumento era resguardar la seguridad ambiental de la zona del trasvase de un proyecto hídrico, crear un parque ecológico e impulsar un proyecto de recuperación del manglar. Al desalojo y desplazamiento se le llama proyectos de “reasentamiento involuntario de familias”. 2
En Ecuador, como en todos los países de la región, la defensa del ambiente ha sido parte de las luchas de los movimientos sociales. La defensa de los ríos, de los bosques, de los páramos, ha estado una veces implícita y otras explícitamente en la agenda de las luchas populares. Sin embargo hoy se intenta imponer desde el aparato estatal un ruptura con esta sintonía, para hacer del ambiente, un argumento de despojo y desplazamiento y de la pobreza un problema ambiental.
Notas:
1 El 8 de mayo del 2013, con el decreto ejecutivo 1507 se eliminó el Ministerio de Patrimonio Natural y Cultural al que pertenecía el Ministerio de Ambiente y éste pasó a ser parte del ministerio coordinador de sectores estratégicos.
2 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaria de Hábitat y Asentamientos. Programa de Desarrollo Urbano de Ecuador, Análisis Ambiental 2011
Ecuador
Borrando con el codo decisiones dignas
Adolfo Maldonado
Comisión Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF)
A finales del 2006, el recién electo presidente del Ecuador, Rafael Correa, antes de tomar posesión de su mandato, recorrió la frontera común con Colombia y allí, delante de cientos de campesinos, aseguró que “nunca más” entraría al Ecuador una gota de glifosato, procedente de las fumigaciones del Plan Colombia en su lucha contra los cultivos ilícitos, para afectar al territorio ecuatoriano.
Un año y medio después, este gesto de dignidad fue secundado con otro. Ecuador interpuso en La Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Colombia en la que se pedía: la declaración de que Colombia había violado la soberanía del Ecuador y los principios del Derecho Internacional; se ordenase a Colombia que terminara de manera inmediata y definitiva todas las aspersiones aéreas dentro de los 10 kms de frontera con el Ecuador; y se ordenara la reparación al Ecuador por los daños causados a la población y medio ambiente.
Sin embargo, 6 años después, el 11 de septiembre del 2013, el mismo día que se conmemoraba la caída de las torres gemelas en EUA, cayó también en Ecuador la postura de dignidad sobre este tema. El canciller Patiño no sólo cambiaba el “nunca más” por un “ya veremos” sino que mentía a los campesinos convocados en la frontera diciendo que el acuerdo con Colombia, firmado dos días antes, no lo rubricaría sin el consentimiento de ellos.
El mencionado acuerdo, en el que Ecuador desechaba continuar con el juicio en La Haya, no sólo aceptaba que Colombia no pidiera disculpas por los daños causados y demostrados desde octubre del 2000 a diciembre del 2006; sino que implicaba la renuncia a sus tres demandas. Ecuador, con ese acuerdo, no peleó por la soberanía mancillada, ni por el derecho internacional. También renunció a la franja de 10 km de protección, aceptando que las fumigaciones aéreas se acercaran nuevamente a su frontera, primero a 5 y un año después a 2 kilómetros y maquilló la indemnización por 15 millones de ayuda al “desarrollo de la frontera” por parte de Colombia.
El gobierno de Ecuador se convirtió con ello en cómplice de las políticas de fumigaciones aéreas de Colombia al aceptar las mismas condiciones que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), impulsó desde el 2003, y que en el 2007 fueron rechazadas por la Comisión de Científicos Ecuatorianos en su informe al presidente. El gobierno de Ecuador aceptó ser informado de las aspersiones y no avisar a la población para que se proteja; también que se produzcan cambios en la mezcla de ser necesario, renunciando a la exigencia de que en esa franja de frontera la erradicación en Colombia se hiciera de manera manual. La penúltima renuncia fue a que Ecuador pudiera volver a demandar por esta causa a Colombia en La Haya. Pero quizás la más dolorosa, fue que el acuerdo obligaba a las partes a que en 15 días tuvieran un protocolo de quejas para canalizar las denuncias campesinas de posibles afectaciones y hasta finales del 2014, más de un año después y tras haber sido la población afectada, nunca dispusieron del anunciado protocolo.
Después de diversas acciones y presiones del Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF), se hizo público un protocolo sumiso a las directrices de Colombia: el protocolo exige entregar una información detallada y precisa de la persona quejosa que en la zona de frontera, con esto podrían ser señalados o identificados por grupos armados. Pero además, las personas que hagan reclamos deberán asumir una enorme carga burocrática en la presentación de pruebas, fuesen éstas por problemas de salud (historias clínicas incluidas de centros hospitalarios alejados) o ambientales (mapas de localización), con formularios idénticos a los colombianos. Finalmente la decisión de aprobar o no la queja está en manos de la Comisión Técnica Binacional, en la que participa la misma institución que fumiga (DIRAN).
La información la recibe la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) y ésta, sin analizar siquiera, la entrega al Consulado de Colombia más cercano. La DPE se convierte en correo, sin ser parte de la solución.
Cuando en octubre del 2014 se denunció que las fumigaciones en el Departamento del Putumayo colombiano, no se estaban dando a más de 5 kms de la frontera como estaba previsto, sino que las avionetas eran visibles desde el lado ecuatoriano a lo largo de más de 200 kms de frontera, un estudio del CIF encontró: Que las aspersiones no sólo eran visibles, sino perceptibles por su olor. Que el 66.2% de las personas que las presenciaron se quejaron de daños en la salud, especialmente problemas digestivos al tomar el agua que se contaminó y que la sintomatología se mantuvo por más de 15 días. Que el 56.5% de la población manifestó haber sentido miedo, otra vez, y el 45.3% angustia. Que en dos de cada tres familias se sufrió la muerte de animales de granja. Que el 77.8% de las familias reportaron pérdidas en sus cultivos.
Pero sobre todo que mientras ningún funcionario de Cancillería se había desplazado a la zona, siendo que estaban advertidos de lo que iba a ocurrir, el CIF, mandando plantas para su análisis a Alemania, encontró en ellas presencia de glifosato y de su metabolito AMPA. Así se comprobó que el glifosato del Plan Colombia, que “nunca más” iba a entrar, lo hizo por la puerta grande que se le ha abierto y lo volverá a hacer.
La vergüenza debe ser insoportable. El 20 de marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras un estudio de un año que ha comprometido a 17 científicos ha concluido en su informe que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidas en humanos”, lo que eleva el grado de toxicidad de este producto a la categoría 2A “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
En Colombia se está rociando cada año, sólo en este programa, cerca de 3.5 millones de litros de glifosato. Si un día la posición ecuatoriana cuestionó desde la dignidad científica estos procedimientos, hoy la política los avala y los permite a costa de la humillación de quienes las sufren.