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Ataques, polĂ­ticas, resistencia, relatos

by Biodiversidad | 20 May 2014

Maniobras del gobierno ecuatoriano para evitar consulta popular por el Yasuní

Correa tiene miedo de la decisión popular, que se manifiesta por mantener el petróleo debajo de la tierra en las áreas protegidas.

Decio Machado/Diagonal periodismo. El pasado 12 de abril, Yasunidos[1], un colectivo cuya composición social es básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento de indignados en España, entregó un total de 756 mil 623 firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador.

Dichas firmas tienen como finalidad exigir una consulta popular sobre el futuro de los campos Ishipingo, Tiputini y Tambococha (ITT) ubicados al interior del Parque Nacional Yasuní, el área con mayor biodiversidad de América de Latina. El número de firmas presentadas por Yasunidos suma casi un 30 por ciento más de las exigidas por el Código de la Democracia, en el cual se señala la necesidad de obtener un apoyo del 5 por ciento del patrón electoral, es decir, 584 mil 116 firmas para que se dé un proceso ciudadano participativo de estas características. Cabe señalar al respecto que el patrón electoral ecuatoriano alcanza la inverosímil cifra de 11.4 millones de electores en un país de 14.5 millones de habitantes con una tasa de fertilidad de 2.44 hijos por mujer, con lo cual se evidencia lo inflado que está, actuando como un impedimento agregado para que se den este tipo de procesos.

La campaña de firmas se sostuvo durante seis meses, en los que Yasunidos compitió con otras dos organizaciones que plantearon preguntas alternativas a la propuesta de este grupo. Por un lado, la organización Amazonía Vive, que planteó una pregunta de apoyo a la determinación tomada por el presidente Rafael Correa el pasado 15 de agosto de explotar el crudo existente al interior de la zona calificada por la UNESCO como reserva de la biósfera Yasuní. Por otro, el Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA), que planteó a su vez la pregunta de declarar todo el Ecuador libre de cualquier actividad extractiva, fuere del tipo que fuere. Hasta el momento, Amazonía Vive apenas ha sido capaz de presentar 400 mil firmas —debiendo entregar la totalidad de éstas el 15 de mayo— y el FDTA estima, según sus representantes, haber presentado en torno a 600 mil.

El sentimiento generalizado en gran parte de las organizaciones ambientalistas ecuatorianas es que la aparición repentina de estas dos organizaciones en el escenario político responde a una estrategia establecida desde el gobierno y destinada a generar confusión informativa en la sociedad. Al respecto, es importante indicar que Amazonía Vive es una organización compuesta por dirigentes y autoridades locales del correísmo, mientras que los representantes del FDTA son absolutamente desconocidos en los ámbitos sociales y políticos del país. Llama la atención que incluso la publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña, lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién estaban avalando con su firma.

“Nuestra pregunta es clara, a diferencia de los demás”, declaran los voceros de Yasunidos, “y ésta consiste en preguntar sobre si se está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente el crudo del ITT bajo el suelo”.

Dicho cuestionamiento responde a un sentimiento popular expresado incluso por encuestadoras cercanas al oficialismo, como es el caso de Perfiles de Opinión, quien en un reciente sondeo indica que el 72.3 por ciento de la población se manifiesta a favor de ser consultada al respecto. Fue el mismo presidente Correa quien desafió a los movimientos sociales a recolectar las firmas necesarias para exigir esta consulta popular. “Si quieren una consulta, de acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”, indicó el mandatario el 18 de agosto del año pasado en una sus habituales cadenas televisivas.

Sin embargo, tras el último proceso electoral —las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero— donde el correísmo, a pesar de mantenerse como primera fuerza política, perdió 21 puntos porcentuales de votos, la seguridad con la que se expresaba Correa parece haber cambiado. Según el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, hoy crítico con el gobierno, “se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”.

Los hechos parecen darle la razón, pues apenas cuatro días después de la entrega de firmas, miembros del colectivo Yasunidos documentaron —mediante vídeo— que funcionarios públicos abrieron una de las cajas que contenían copias de los documentos de identificación de sus recolectores de firmas. Según los abogados de este colectivo, ninguna de estas cajas debe ser abierta sin la presencia de los afectados, y este hecho invalida incluso la verificación de firmas pues supone la ruptura de la cadena de custodia que requiere el debido proceso.

Documentación desaparecida. La normativa legal obliga a que en cada formulario de recolección de firmas se identifique al recolector, el cual debe a su vez presentar la fotocopia de su identificación personal al CNE con el fin de que dichos impresos sean validados. Del listado de mil 400 recolectores propiciados por Yasunidos al CNE, ahora muchos de éstos no aparecen, lo cual significaría la invalidación de aproximadamente 200 mil firmas recogidas, según denuncian voceros de esta organización.

Según Esperanza Martínez, presidenta de la organización Acción Ecológica, “asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo, han desaparecido del CNE”.

De igual manera se manifiesta David Suárez, miembro del colectivo afectado, quien indica que “las firmas que hemos recogido representan la voluntad popular de nuestro pueblo a ser consultado sobre el futuro del Yasuní; representamos a una generación de jóvenes que hemos estado en la lucha para defender la naturaleza, los pueblos no contactados que allí viven y a la democracia de nuestro país; ahora todo nuestro esfuerzo está puesto en cuestión”. Estos hechos son negados por el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, quien indica que los auspiciantes de la consulta nunca presentaron dicha documentación.

Para Julio César Trujillo, uno de los más respetados y veteranos juristas del país, “esta situación ha conllevado que se interponga un escrito al CNE para que se detenga el proceso de verificación de firmas, buscando que se aclaren las irregularidades denunciadas”.

Intervención militar. Haciendo caso omiso de estos reclamos, el CNE prosiguió con su proceso. El jueves 17 de abril, y tras haber solicitado Yasunidos públicamente garantías legales para el manejo de las firmas, las Fuerzas Armadas se apersonaron en las instalaciones del CNE[2]con el fin de trasladar las cajas con los formularios a un recinto militar en el cual se ha instalado el centro de verificación de firmas. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron frente a los jóvenes que protagonizaban acciones de resistencia pacífica para intentar impedir dicho traslado. Patricio Chávez, vocero de la organización Amazonía por la Vida, se cuestiona al respecto: “No entendemos cómo se llevaron las firmas a un centro militar custodiado por el ejército para su revisión, cuando estos procesos se han realizado tradicionalmente en las instalaciones del mismo CNE”.

En la actualidad, el proceso de verificación y validación de firmas se desarrolla en dichas instalaciones militares. A éstas se les ha prohibido el paso a los miembros de Yasunidos, que carecen de veedores propios para la fiscalización del proceso. Según Paul Salazar, la verificación transcurre con normalidad al interior del complejo militar, estando las veedurías ciudadanas garantizadas con miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.

En todo caso, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el titular de la Defensoría del Pueblo son personalidades que han ejercido con anterioridad destacados cargos políticos durante el gobierno actual. Ambos están vinculados al oficialismo correísta, de igual manera que lo está el propio Salazar y el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien con militancia en Alianza PAIS ocupó cargo como ministro en el gobierno de Rafael Correa. En este sentido, Chávez es categórico: “La veeduría conformada por el CNE para el proceso de verificación de firmas que debe legitimar este proceso teóricamente democrático nos excluye y no nos representa”.

Aunque queda por ver la resolución final de la verificación de las firmas, el conflicto en torno a la consulta popular sobre el futuro del Yasuní-ITT agudiza aún más ya acelerado distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador.

Según diversos analistas académicos de la izquierda social ecuatoriana, es de prever que esta situación se verá agravada por la intención del actual gobierno de promover una reforma constitucional para permitir el cultivo de transgénicos, la reelección indefinida del actual mandatario o el futuro acuerdo con la Unión Europea para la conformación de un Tratado de Libre Comercio, eufemísticamente denominado como Acuerdo de Asociación.

Notas:

1. Yasunidos: http://www.yasunidos.org/

2. las Fuerzas Armadas se personaron en las instalaciones del CNE: http://www.diagonalperiodico.net/fotos/fotogalerias/22620. Tomado de Diagonal /periódico, http://www.diagonalperiodico.net/m/22624 y de http://desinformemonos.org/2014/04/maniobras-del-gobierno-ecuatoriano-para-evitar-consulta-popular-por-el-yasuni/

 

Andrés Carrasco, científico y militante: gracias

Darío Aranda

En una de sus visitas a nuestra Cátedra Autónoma de Comunicación Social, el científico Andrés Carrasco contó cómo decidió divulgar su investigación sobre los efectos letales del glifosato: estaba en el sur, pescando, solo, disfrutando la belleza de esa postal natural, sabía que lo que había comprobado era esencial y sintió que el perfecto silencio que lo rodeaba era un grito inmenso. Hacé algo. Para hacerlo solo necesitaba encontrar un periodista serio y decente. Y llamó, desde ahí mismo, a Darío Aranda. Él es quien lo despide en estas líneas que eligió publicar en lavaca. Doble honor, que nos obliga y compromete aún más a seguir siendo dignos de ello y de ellos.

“Soy investigador del Conicet y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo”.

Fue lo primero que se escuchó del otro lado del teléfono.

Era 2009 y aún estaba latente el conflicto por la Resolución N°125. Página12 había dado amplia cobertura a las consecuencias del modelo agropecuario y este periodista había escrito sobre los efectos las fumigaciones con agroquímicos.

El llamado generó desconfianza. No conocía al interlocutor. ¿Por qué me llamaba?

El científico avanzó en la presentación. “Mi nombre es Andrés Carrasco, fui presidente del Conicet y soy jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Le dejo mis datos”.

Nunca había escuchado su nombre. Nunca había escrito sobre científicos y el Conicet me sonaba como un sello.

Llamados al diario y preguntas a colegas. Todos confirmaron que era un científico reconocido, treinta años de carrera, con descubrimientos muy importantes en la década del 80 y trabajo constante en los 90, cuando se enfrentó al menemismo.

Hice la nota.

Su investigación fue la tapa del diario, (abril de 2009). La noticia: el glifosato, el químico pilar del modelo sojero, era devastador en embriones anfibios. Nada volvió a ser igual. Organizaciones sociales, campesinos, familias fumigadas y activistas tomaron el trabajo e Carrasco como una prueba de lo que vivían en el territorio.

“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, solía decir él. Y comenzó a ser invitado a cuanto encuentro había. Desde universidades y congresos científicos, hasta encuentros de asambleas socioambientales y escuelas fumigadas. Intentaba ir a todos lados, restando tiempo al laboratorio y a su familia.

También ganó muchos enemigos. Los primeros que le salieron al cruce: las empresas de agroquímicos. Abogados de Casafe (reúne a las grandes corporaciones del agro) llegaron hasta su laboratorio en la Facultad de Medicina y lo patotearon. Comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes. Y también lo desacreditó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Lo hizo, nada menos, que en el programa de Héctor Huergo, jefe de Clarín Rural y lobbysta de las empresas.

Barañao desacreditó el trabajo y defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Y no dejó de hacerlo en cuanto micrófono se acercara. Incluso cuestionó el trabajo de Carrasco en encuentros de Aapresid (empresarios del agro) y, sobre todo, en el Conicet.

Carrasco no se callaba: “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.

Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. No podían permitir que un reconocido científico cuestionara el agronegocio. Llegaron a decir que la investigación no existía y que era una operación del gobierno para prohibir el glifosato, una represalia por la fallida 125. Carrasco se enojaba. “Si hay alguien que no quiere tocar el modelo sojero es el gobierno”, resumió café mediante en el microcentro porteño. Pero Carrasco era funcionario del gobierno: Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. Le pidieron que bajase el tono de las críticas al glifosato y al modelo agropecuario. No lo hizo. Renunció.

http://www.lavaca.org/notas/andres-carrasco-cientifico-y-militante-gracias/

 

Malvinas Argentinas

Hostigamiento contra Sofía Gatica

Ecos Córdoba, 28 de abril, 2014 Melina Dassano (cobertura), Debora Padilla (edición), Javitoenred (audio), Leandro Ross (edición texto). Pasaron cinco meses de las amenazas y golpizas que sufrió Sofía Gatica, a fines del año pasado. Y ahora, le pidieron que se alejara del famoso predio de Monsanto, porque estaba en peligro su vida. Tan es así que la golpearon y a punta de un arma la intimidaron para que se apartara de la lucha contra Monsanto.

A pesar de las frecuentes amenazas, Sofía insistió en su momento: “Voy a dejar la vida si es necesario, pero Monsanto no se va instalar”. Lo grave de los hechos es que hace un mes que fue abordada por las mismas personas, en los mismos lugares, pero para advertirle que se alejara de la lucha y del acampe, que lleva ya siete meses en las puertas del predio donde pretende instalarse Monsanto.

Finalmente, Sofía decidió alejarse del acampe y cerrar su cuenta de Facebook, tras amenazas enviadas por la red social y por escritos en papel. “En estos momentos es más importante mi familia”, declaraba en forma angustiada y cansada de las persecuciones que padece en su lucha desde hace más de diez años y donde dejó parte de su vida.

Durante una conferencia de prensa, realizada en la sede del sindicato del Cispren, el mensaje más importante fue dirigido a los gobiernos y a la empresa Monsanto, donde además de pedirles que la dejaran en paz, solicitó una audiencia con el gobernador José Manuel De la Sota, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y también a representantes de la compañía.

Así Sofía dejó firme que no quiere que maten a sus hijos. “Sabemos que Monsanto está detrás de todo esto, por eso pedimos audiencia cuando el gobernador vuelva de Estados Unidos”, afirma.

Sostenida por las organizaciones sociales y sus representantes legales, conmovida por su familia, decidió hacer la segunda denuncia, donde una vez más teme por la salud de sus hijos. Los atacantes aún no fueron detenidos, a pesar de que portan armas en la vía pública.

Este hecho no es aislado. Se suma a otras intimidaciones previas. Tal es así que en el mes de noviembre del 2013, un hombre robusto de su estatura la acompañó con un arma para avisarle que su vida estaba en peligro; se trataba del mismo que hoy pone en peligro la vida de su hijo. Incluso, durante la represión en septiembre del año pasado, en el acampe contra la planta de Monsanto, la misma policía de Córdoba violentó a la referente hasta ocasionarle un traumatismo de cráneo, en el momento que negó el acceso de camiones con material para la construcción en el predio. Obras por la cual la Cámara en lo Laboral reconoció como ilegal.

El ascenso del conflicto contra Monsanto toma el rechazo por casi un 70% de la población cordobesa. Las organizaciones y asambleístas no han tenido reparos en denunciar los negocios que impulsan los gobiernos municipales, provinciales y nacionales en torno a favorecer a amigxs y capitalistas afines.

Con la participación de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Lucas Vaca dejó claro: “Los violentos y corruptos no somos nosotros”.

Claudio Oroz, abogado de H.I.J.O.S., presente en la conferencia de prensa, considera “genuflexa” la justicia de Córdoba, sobre todo “cuando hay un rostro moreno detrás”.

“Desgraciadamente, las denuncias cayeron en la fiscalía de instrucción de Emilio Drazile de Alta Gracia”, declaró el doctor Medardo Ávila Vásquez. Se trata del mismo fiscal que cerró la causa de la muerte del policía Juan Alos, considerado por la fiscalía como suicidio, cuando su familia asegura que fue un asesinato, fruto del escándalo de los “narco-policías”.

Por tal motivo exigen a la justicia una inmediata investigación para esclarecer el hecho, como así también una urgente reunión con el gobernador de Córdoba, en plena campaña en la provincia por lograr la “paz social”.

http://ecoscordoba.com.ar/graves-amenazas-de-muerte-hacia-sofia-gatica-senalan-a-monsanto/


 

Declaración sobre la Biodiversidad para el Sustento

¡Debemos detener ya la destrucción de las bases de nuestra subsistencia!

Nosotros, campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores artesanales, pastoras y pastores, recolectoras y recolectores, indígenas, mujeres, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe denunciamos la apropiación de nuestros sistemas alimentarios y de subsistencia por un sistema corporativo que, con la complicidad de gobiernos y organismos internacionales, busca convertir los alimentos en mercancías y especular para obtener cuantiosas ganancias.

Los sistemas industriales de producción agrícola, ganadera, pesquera y de acuicultura intensiva, junto con los megaproyectos extractivos, de infraestructura, turísticos, y las políticas de explotación, están llevando a la humanidad a un callejón sin salida caracterizado por la destrucción de los ecosistemas naturales y la depredación de los recursos, los saberes tradicionales, la forma de vida campesina, pesquera y la biodiversidad.

Requerimos una acción urgente de los gobiernos y organismos internacionales, que vaya más allá de tibias declaraciones y aborde los problemas de fondo y las causas centrales. Requerimos que las comunidades tomen en sus manos la defensa irrestricta de sus sistemas de producción autónoma y soberana.

Es una guerra contra los pueblos —que desde el comienzo de los tiempos han subsistido y alimentado a la humanidad— para apropiarse de sus territorios, sus semillas, sus saberes y su biodiversidad, con nefastas consecuencias.

En los siglos XX y XXI se produjo la mayor destrucción de la biodiversidad agrícola construida en 12 mil años, con una pérdida del 75%. La agricultura industrial es la principal responsable, según cifras de FAO. Desde los comienzos de la agricultura se han cultivado o recogido más de 7 mil especies de plantas para obtener alimentos, muchas de ellas, con miles de variedades, recreadas en el diálogo de los seres humanos con la naturaleza.

Hoy, únicamente 30 cultivos aportan 95% de los alimentos del ser humano, y tan sólo cuatro —arroz, trigo, maíz y papas—suministran más de 60%.

La ganadería campesina y familiar ha contribuido con unas 4 mil 500 razas a partir de 40 o más especies animales desarrolladas en los últimos 12 mil años. Seis razas de animales por mes desaparecen. Estas razas representan al conjunto remanente de diversidad genética animal, que debería suplir las demandas alimentarias futuras. Informaciones recientes sugieren que 30% de las razas del mundo están en peligro de extinción. La causa principal es el avance brutal de sistemas de producción industrial basados en apenas tres especies (vacas, cerdos, gallinas) que ocupan territorios, contaminan el ambiente, generan nuevas enfermedades, amenazan a razas criollas y a los seres humanos.

La inmensa diversidad acuática en mares y ríos es el principal sustento para la pesca artesanal. Por miles de años ha producido alimentos para los pueblos de manera sustentable, y está seriamente amenazada por el avance de sistemas industriales de pesca que arrasan la diversidad hidrobiológica. Más de 50% de las poblaciones marinas mundiales están completamente explotadas, un 17% sobreexplotadas y un 8% agotadas debido al uso abusivo. La producción de las pesquerías de aguas continentales se ve a menudo afectada por la pesca indiscriminada de la flota industrial de arrastre que destruye los fondos marinos y la biomasa. Lo más grave es la destrucción de ecosistemas, la contaminación ambiental de la acuicultura intensiva y la modificación de las cuencas fluviales, que afectan la capacidad de la producción pesquera y la biodiversidad.

Los bosques, ríos, mares, manglares, selvas, montes, praderas y otros ecosistemas naturales —sustento de miles de comunidades pesqueras y pueblos indígenas, recolectores y campesinos en el mundo— sufren un severo ataque por el avance del modelo. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, sobre todo por su conversión a otros usos de la tierra.

Toda esta destrucción se haya hondamente vinculada y se relaciona con un sistema productivo caracterizado por:

* Mercantilizar los bienes naturales, expandir los monocultivos, utilizar semillas híbridas y transgénicas y aplicar los consiguiente agrotóxicos.

* Una concentración corporativa sin precedentes que hace que hoy la mayor parte de los diferentes nichos de mercado esté controlado por un puñado de corporaciones.

* Utilizar tecnologías peligrosas —como agrotóxicos, semillas transgénicas y agricultura de precisión—, que buscan el control corporativo del sistema agroalimentario. A ello se suma el peligro de nuevas tecnologías como las semillas Terminator, los nuevos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas altamente peligrosos, la biología sintética y otras.

* Fomentar los derechos de propiedad intelectual sobre la vida (patentes, derechos de obtentor y otros) y normas que obligan a registrar y certificar semillas y la producción agroecológica como mecanismos para monopolizar la agricultura, las semillas, y la vida en general. El impulso de Leyes de Semillas a partir de UPOV 91, adquiere una virulencia inusitada en todo el Continente.

* Imponer mecanismos de mercado como la Economía Verde, desde las esferas internacionales y nacionales, que propagandizan falsas soluciones a la crisis alimentaria.

* Homogenizar la producción como paradigma productivo, social y cultural. Esta homogenización privilegia el consumo de bienes materiales uniformes a nivel global y provoca una profunda destrucción de la diversidad de culturas que la humanidad ha desarrollado por miles de años.

* Contaminar mediante sistemas productivos agroindustriales e industriales que no asumen ninguna responsabilidad sobre los impactos que provocan.

* Deslocalizar los sistemas productivos y de las comunidades como mecanismo para el control empresarial.

* Acaparar saberes, territorios y culturas para su mercantilización y comercialización.

* Desplazar a millones de personas en todo el mundo a las grandes urbes para convertirlas en meras consumidoras pasivas y sin raíces.

* Acumular por despojo para ocupar, por cualquier medio, los territorios de los pueblos y comunidades pesqueras y convertirlos en espacios de saqueo.

* La especulación financiera como mecanismo para colocar a todos los bienes en el mercado y maximizar ganancias corporativas.

* Utilizar las crisis climática, energética, de biodiversidad, alimenticia y ambiental, para promover nuevos negocios y nuevos mecanismos de despojo.

* Desvalorizar e invisibilizar los modos de producción de los saberes a nivel de las comunidades.

Nosotros decimos ¡BASTA! y exigimos que se ponga fin a este proceso de exterminio de la naturaleza y de nuestros sistemas de vida. Exigimos incorporar a los diagnósticos técnicos, un análisis político que ponga nombre y apellido a los responsables de este crimen y que se establezcan los pasos para juzgar a los responsables, detener su accionar y restablecer sistemas productivos sustentables, en manos de las comunidades.

 

Como mínimo, un plan de acción

 para la diversidad y el sustento debería:

* Desmantelar el poder corporativo que sostiene los sistemas productivos industriales de producción de alimentos, que destruyen nuestros sistemas de vida, como única posibilidad de supervivencia de la humanidad.

* Eliminar por completo todos los mecanismos de derechos de propiedad intelectual y las leyes de semillas “Monsanto” que se impulsan en casi todos los países de la región —para apropiarse de la vida y de los saberes de los pueblos, y para liquidar la agricultura campesina, la pesca artesanal y expandir la agricultura, la pesca y acuicultura industrial.

* Impulsar la prohibición de todos los desarrollos tecnológicos, exploración sísmica y explotación hidrocarburífera y minera que conllevan la desaparición de las especies más sensibles, y amenazan los sistemas naturales, agrícolas y hidrobiológicos y la producción soberana de alimentos.

* Declarar América Latina como Territorio Libre de Transgénicos. Evitar el ingreso de especies exóticas a nuestros mares y aguas interiores, restaurar integralmente los ecosistemas ya afectados por estas tecnologías, identificar a los responsables de su adopción y emprender las medidas necesarias para concretar esta decisión.

*Prohibir y retirar del mercado los agrotóxicos, comenzando por los plaguicidas extremadamente peligrosos, para caminar hacia una transición agroecológica.

* Desmantelar todos los mecanismos de especulación financiera con los alimentos, en aplicación del Derecho Humano a la Alimentación como un Derecho Humano Básico, que no puede estar sujeto a mecanismos de mercado.

* Establecer políticas públicas basadas en la soberanía alimentaria a partir de la participación de las comunidades locales y el respeto a la diversidad cultural, social y ecológica.

* Emprender una profunda Reforma Agraria Integral y Popular que devuelva la tierra a quienes producen alimentos, y reconocer el derecho al acceso a los recursos como un derecho humano fundamental.

* Reconocer el derecho de los pueblos de pescadores artesanales y recolectores a los territorios hidrobiológicos, su cultura y la diversidad como base para la continuidad de su sustento y comercialización.

* Implementar políticas públicas de apoyo de la producción agroecológica incluyendo el establecer y fortalecer los mercados locales.

* Defender las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad y toda la diversidad animal y acuática como base fundamental del sustento de nuestras futuras generaciones. 

Las organizaciones aquí presentes nos comprometemos a seguir produciendo alimentos para la humanidad como los hemos hecho desde los comienzos de la historia y como lo seguimos haciendo hoy, cuando con apenas un 24% de las tierra, producimos el 70% de los alimentos que alimentan a toda la humanidad.

 

Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos

 de América Latina y el Caribe,

4 de mayo, 2014

Declaración de la CLOC-VC-Chile frente al retroceso de la ley de obtentores del proceso legislativo

Las organizaciones de la CLOC-Vía Campesina-Chile celebramos la decisión del gobierno de la presidenta Bachelet de retirar del proceso legislativo el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, proyecto que buscaba implementar en Chile UPOV 91 y que se hizo conocido como Ley Monsanto.

Éste es un gran triunfo,  obtenido a través de las muchas acciones, reuniones, foros, entrevistas e iniciativas amplias y movilizadoras de las organizaciones de la CLOC-VC-Chile y los movimientos sociales, que permitieron una amplia comprensión de parte de la ciudadanía, mediante el desarrollo de argumentos sólidos y un trabajo de difusión masivo que incluyó a cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como una discusión seria y metódica con una importante cantidad de Senadores.

Desde la CLOC-VC-Chile nos enorgullecemos de haber participado de manera permanente y sin vacilación en este proceso de resistencia social, de haber impulsado procesos de convergencia y movilización a pesar de las incomprensiones y los apoyos prestados al proyecto de ley por otras organizaciones campesinas con las cuales nos vimos confrontadas y confrontados. Nos place haber contribuido a desarmar el conjunto de mitos que se difundían desde los aparatos de lobbystas de las empresas y haber sido capaces de romper el cerco comunicacional y hacernos escuchar, aún cuando nuestra voz inicialmente fue bloqueada o saboteada en los debates parlamentarios y en el Tribunal Constitucional mientras el empresariado era escuchado ampliamente. Nos sentimos estimuladas y estimulados de que nuestros análisis y propuesta hayan contribuido a las luchas contra a UPOV 91 y contra las leyes de semillas de nuestros hermanos de la CLOC y La Vía Campesina en los países enfrentados a esta ofensiva del capital

Como lo hemos afirmado: de haber sido aprobada, la ley habría convertido en delito prácticas campesinas e indígenas milenarias —como es el seleccionar, cuidar, guardar e intercambiar las semillas—, habría permitido que las empresas se apropiaran de las semillas campesinas, y habría permitido castigos como la destrucción de cultivos y confiscación de cosechas.

Debemos tener presente que el peligro de UPOV 91 no ha terminado. El gobierno se ha comprometido a desarrollar un nuevo proyecto de ley escuchando a los distintos sectores involucrados y afectados. No nos cabe duda de que las empresas harán millonarias campañas de lobby y de desinformación, incluso de cooptación de organizaciones, a través de las cuales esperan seguir difundiendo sus mitos, amenazas y mentiras.

Tenemos que mantenernos alertas y mantener con aún más fuerza nuestra campaña de información, continuar con las conversaciones serias y fundamentadas con las organizaciones, los parlamentarios y la ciudadanía, desarrollando nuestros argumentos de manera aun más clara. Sabemos que la verdad y la justicia están de nuestra parte. Esperamos y lucharemos porque la participación de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en la discusión de una nueva ley  sea efectiva y suficientemente amplia y representativa,  y que cuente con las necesarias garantías de que seremos escuchados.

Son varios las y los senadores a los cuales agradecemos su disposición a escuchar y a estudiar nuestros argumentos, así como su honradez al expresar sus ideas y establecer compromisos. Agradecemos especialmente a la ex-Senadora Ximena Rincón, por escucharnos y apoyarnos desde el principio.

Triunfamos porque hicimos un enorme trabajo colectivo y socializamos masivamente la nuestra posición. En este proceso, agradecemos y valoramos el compromiso, los aportes y esfuerzos de GRAIN por poner a disposición su elaboración y análisis participando de manera activa y permanente en la discusión, los debates y elaboración colectiva de posiciones.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y especialmente a las organizaciones del campo a informarse e involucrarse en los procesos que se desarrollarán a partir de ahora. El derecho campesino e indígena  milenario a cuidar, conservar e intercambiar semillas es base de la soberanía alimentaria de los pueblos y debe ser defendido por todos.

¡Las semillas son un patrimonio de nuestros pueblos indígenas y campesinos, de sus mujeres principales guardadoras y son nuestros pueblos quienes generosa y comprometidamente las hemos puesto al servicio de la humanidad!

¡Por la soberanía alimentaria y popular, no a la privatización de las semillas, no a UPOV 91!

¡Las semillas campesinas e indígenas son garantía de la soberanía alimentaria para los pueblos!

 

ANAMURI, CONAPROCH,

CONFEDERACION RANQUIL, ANMI

(CLOC-VC-Chile)

Santiago, 18 de marzo, 2014

¡Cese el hostigamiento al pueblo de Sarayaku!

ADITAL, Sarayaku, Ecuador, 30 de abril. Desde el último día 25, el pueblo Sarayaku de Ecuador está en estado de alerta en virtud de las incursiones militares ocurridas en su territorio. Según denuncia la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) la región donde viven cerca de 2 mil 500 personas está siendo vigilada constantemente por vía aérea. Ante esto, los Sarayaku piden apoyo a las organizaciones indígenas, sociales e internacionales para evitar violaciones a su territorio comunitario por parte de las fuerzas armadas.

La denuncia realizada por el Tayak Apu (presidente de Sarayaku), José Gualinga, da cuenta de que, al final de la tarde del último día 25, dos helicópteros aterrizaron en la desembocadura del río Sarayakillo y, a la noche, otra aeronave sobrevoló el territorio, causando pánico generalizado entre los habitantes, sobre todo en los niños.

La vigilancia militar comenzó un día después de que el pueblo Sarayaku inaugurara su Congreso ordinario con las comunidades de base, para la construcción de la agenda de lucha de los próximos años. Una de las decisiones ya establecidas fue acoger al diputado del Pachakutik Cléver Jiménez, al periodista Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa, sentenciados a 18 meses de prisión por acusación de injuria al presidente Rafael Correa. Los tres fueron condenados por señalar a Correa como el autor intelectual de la incursión armada en el Hospital de Policía, el 30 de septiembre de 2010. Los indígenas creen que la condena fue ilegítima. La Conaie afirma que, supuestamente, ése es el motivo de la persecución.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas se manifiesta asegurando que no va a aceptar las incursiones militares e hizo un pedido a la ministra de Defensa y al ministro del Interior para que no provoquen a los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, para que respeten el derecho del pueblo Sarayaku y para que no interfieran en el pleno desarrollo del Congreso y en la paz de las comunidades.

Para evitar la entrada de los militares ecuatorianos los indígenas están organizados en brigadas de seguridad, a fin de vigilar los alrededores del territorio. En las redes sociales los Sarayaku dijeron estar en “alerta rojo” por la presencia militar no deseada.

“Como pueblo, ratificamos la decisión tomada en el Congreso Sagrado VII Sarayaku. Cualquier cosa que ocurra en Sarayaku será responsabilidad del Presidente de la República y de su gobierno. A partir de ahora Sarayaku está declarando un estado de alerta máximo y exigimos respeto por nuestras decisiones soberanas”, manifestó el Tayak Apu José Gualinga.

La acción militar ocurre casi dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado ecuatoriano por haber puesto en riesgo la vida y la integridad del pueblo Sarayaku, violar el derecho a la consulta, a la propiedad indígena y a la identidad intercultural del pueblo. Hasta el momento, Ecuador no cumplió todavía las determinaciones de la CIDH de desactivar los explosivos de la zona y realizar una consulta previa antes de ejecutar nuevos proyectos. 

Traducción: Daniel Barrantes, [email protected]

Author: Biodiversidad
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  • [4] http://desinformemonos.org/2014/04/maniobras-del-gobierno-ecuatoriano-para-evitar-consulta-popular-por-el-yasuni/
  • [5] http://www.lavaca.org/notas/andres-carrasco-cientifico-y-militante-gracias/
  • [6] http://ecoscordoba.com.ar/graves-amenazas-de-muerte-hacia-sofia-gatica-senalan-a-monsanto/
  • [7] mailto:[email protected]