2006. El campo está quedando en manos de grandes propietarios. En las antiguas colonias paraguayas están entrando los sojeros, desplazando a miles de familias paraguayas.
“Empiezan alquilando la tierra por uno o dos años y después ya las venden y vienen aquí a la ciudad, en los barrios, sin trabajo, sin forma de vida. Es un problema acuciante”, denunció en más de una ocasión el padre José Fernández, de la Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad del Este.
Fernández sostiene que los empresarios de la tierra tienen de 300 a 3 mil hectáreas y los pequeños agricultores no poseen ni un metro cuadrado. Según estimaciones privadas, de 1 millón 500 mil hectáreas de soja sembrada en la actual temporada, 1 millón 200 mil corresponden a los agricultores brasiguayos. La mayoría de los 37 mil brasileños que viven en zonas rurales de ambos departamentos son hacendados medianos, con propiedades de 500 hectáreas, lo que los coloca en al equivalente de la clase media urbana.
En las mismas zonas habitan cerca de 295 mil paraguayos, incluidos los descendientes de inmigrantes brasileños con residencia legal. Joaquín Benett, 1 de noviembre de 2006, http://alainet.org/active/14267
2007. “En la ultima década, Paraguay se ha convertido en el cuarto exportador mundial de soja”, escribía el movimiento de solidaridad con el Movimiento Agrario y Popular: “Este monocultivo cubre 2 millones de hectáreas. (El crecimiento ha sido exponencial. Desde la cosecha de 1995-06 este cultivo ha tenido un crecimiento del 191% y ha mantenido un promedio de 125 mil has/año. Desde el 2003 la producción de soja creció el 49% en todo el país, en las provincias donde se expande la frontera de soja el crecimiento ha llegado a 170 % (74 mil 475 hectáreas en San Pedro), 80% en Canindeyú (194 mil 776 hectáreas) y 68 % en Caaguazú (194 mil 776 ha).
“La expansión ha causado la expulsión de 90 mil familias campesinas desde mediados de los 90. Se estima que la mitad de las 2 millones de hectáreas de soja eran tierras pertenecientes a familias campesinas que fueron apropiadas por venta, alquiler o desalojo. Se calcula que la expulsión campesina —sólo por soja— alcanza a 9 mil familias por año. De continuar esta progresión hasta alcanzarse la cifra de cuatro millones de hectáreas, es de esperar que en los próximos años la cantidad de familias campesinas expulsadas alcance el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991.
“La soja creció exponencialmente desde el 2003 en Caaguazú, donde el 72% de la tierra está privatizada, concentrándose la población campesina e indígena en el remanente. En la actualidad la soja ocupa aproximadamente el 19% de la superficie de esta provincia. Paraguay tiene uno de los patrones de tenencia de tierra más sesgados del mundo, el 2% de las explotaciones agrícolas (alrededor de 6 mil 400 fincas) ocupan 82% de la tierra explotada para agricultura y ganadería.
“Es irrefutable que las acciones que están llevando las organizaciones campesinas paraguayas y en este caso el Movimiento Agrario y Popular ponen en jaque al imperio del agronegocio y sus pilares corruptos. Así como la Corte Suprema de Justicia Paraguaya confirmó la legitimidad de la recuperación de tierras campesinas arrebatadas por la soja en Tekojoja; los sojeros temen que la recuperación de Parirí pueda ser el primer paso de una gran ofensiva campesina para recuperar sus tierras en la provincia de Caaguazú. Esta lucha del pueblo campesino, históricamente marginalizado, basado en la defensa de la cultura e identidad paraguaya tiene una perspectiva global, dado que se están enfrentando a los intereses del agronegocio globalizado, el que está dominado por las corporaciones Monsanto, Syngenta, Pioneer, Cargill, ADM, y otras”. Estado de alerta en Vaquería, Paraguay. Desalojos y criminalización amenazan al MAP, 30 de mayo de 2007, www.biodiversidadla.org/content/view/full/32684
2007. Coco era olero, se dedicaba a la fabricación artesanal de ladrillos y ya no pudo sustentar su vida. Tampoco sus hijos pudieron seguir con el oficio y están todos desocupados. Como tantos otros fueron “relocalizados” por las inundaciones que generó la represa Yacyretá. “El desplazamiento empieza como un quitarte del río, que es tu fuente de trabajo. La mayoría éramos trabajadores autónomos. Todos trabajábamos en la forma propia de destajo, principalmente con la pesca y los ladrillos. De acuerdo a sus necesidades cada uno producía, vivía bien y no tenía necesidades. Al ser sacados de forma intempestiva, al ser cargados en camiones en forma involuntaria, y llevados a ghettos de casas de muy poca calidad, sobre terrenos movedizos de bañados, te obligan a vivir ahí donde no hay sombra y no hay agua. En la costa había agua gratis. En estos lugares está la obligación de pagar agua, luz, en una vivienda que no es nuestra, que hay que pagar y que por aceptarla se renuncia a todo reclamo a los gobiernos y a los bancos que financiaron la obra” comenta Coco.
La economía y los modos de vida de los afectados fueron paulatinamente eliminados por la represa: “pescadores comerciales y de subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolectores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes”. Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado historias, culturas y un impacto ambiental aun no sospechado.
A ello se suma que el río Paraná en esa parte está contaminado por tres papeleras de capitales chilenos. “Los paraguayos reclaman por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en tantos lugares”, agrega Coco. Represa Yacyretá: Con el río les robaron el futuro. Biodiversidad, sustento y culturas, julio de 2007.
2008. En Paraguay la impunidad histórica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar. Ésta es una de las características inalienables de la atracción de inversionistas extranjeros al país: la certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital y no hay leyes ni ningún principio moral que seguir.
Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado. Los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es muy grave. En el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar mil 156 detenciones siendo la población rural de unos 2 millones 300 mil personas. Es un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones.
Un informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) detectó en un censo preliminar 75 víctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005, periodo supuestamente democrático en Paraguay. Estos casos no son todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado.
El censo del informe demuestra que la mayoría de los asesinados eran jóvenes varones, líderes de base, involucrados en la recuperación de tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los 75 asesinados tenía entre 20 y 39 años y 45% no tenía tierra propia, 66% eran dirigentes de base y/o militantes, personas que se encuentran constantemente en las zonas de disputa por el territorio, cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello también más vulnerables. Muchas de las ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y protesta social o a descabezar organizaciones de base.
La mayoría de estos crímenes se puede relacionar directamente con la expansión de los monocultivos de gran escala. La soja obstaculiza el acceso a la tierra y genera violencia contra las secciones de la población rural organizada. Desde el año 94 aumentó mucho la tasa de ejecuciones. Desde ese año se perpetraron 69 ejecuciones cada 2 meses en promedio. Esta etapa coincidió justamente con un aumento de la tasa de expansión de soja hasta 150 mil hectáreas /año. En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas; en 2003 se llegó a 2 millones y en la actualidad la soja cubre 2.4 millones de hectáreas
Así también las regiones donde más ejecuciones se han dado coinciden relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policía nacional cometió 22 ejecuciones. Javiera Rulli, “La paramilitarización del campo con la expansión de la soja”, Base Investigaciones Sociales, Buenos Aires, Argentina, 25 de febrero 2008
2008. Quienes vivimos desde hace muchos años en el Paraguay tenemos la sensación de que aún no ha sonado su hora positiva en la Historia. La hora negativa ya la tuvo cuando en la década de los setenta del siglo XIX el entonces Imperio del Brasil y las Repúblicas de Argentina y Uruguay en la llamada Guerra Grande lo destrozaron, lo achicaron geográficamente y diezmaron su población. Desde entonces no ha levantado la cabeza.
En la actualidad la encrucijada histórica está así planteada: un mismo partido político, con una seudodemocracia de gobierno, lleva sesenta años en el poder con una política corrupta, clientelista, prebendaria y vendiendo la soberanía nacional para sobrevivir.
Y ya esto no se soporta más. De cada 100 niños que comienzan el primer grado de la primaria solamente 30 llegan a la secundaria. Ciento cincuenta mil campesinos dejan cada año sus tierras y se vienen al Departamento Central o a la capital, Asunción. El 10% de la población más rica consume 90 veces más que el 10% de la población más pobre. Uno de cada tres paraguayos no tiene acceso a centros de salud. Dos millones y medio de habitantes (de cinco y medio) están bajo la línea de la pobreza. La inseguridad se ha adueñado del país, que cuenta con 14 mil policías, bastantes de ellos los llamados polisbandi que participan en los robos, secuestros o viven de coimas.
Al Paraguay lo podemos dividir en tres estamentos.
El de los amos, compuesto por los grandes latifundistas que cultivan la soja o tienen ganado, los grandes empresarios muy ligados al contrabando, la mafia de la droga y las multinacionales, apoyadas por sus embajadas.
El de sus servidores a los que pertenecen los políticos, los funcionarios públicos y quienes consiguen un trabajo o poder trabajar haciéndose miembro del Partido Asociación Nacional Republicana en el poder desde hacer sesenta años.
El de las víctimas del sistema, 42% bajo la línea de la pobreza. Francisco de Paula Oliva, Paraguay: un país en la encrucijada. Alai Amlatina, 01 de julio de 2008.
2010. Respecto de las últimas gestiones llevadas adelante por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y ante la inminente ofensiva contra su titular, el señor Miguel Lovera, expresamos todo cuanto abajo sigue:
Celebramos que el Senave, por primera vez en su historia, esté cumpliendo cabalmente los mandatos que la normativa ambiental vigente le designan, al proceder a la destrucción de los cultivos de maíz transgénico en el departamento de Alto Paraná y al anunciar que hay todo un calendario que se hará cumplir en las zonas donde existan estos cultivos. El accionar de esta institución del Estado demuestra a las claras el compromiso asumido con el pueblo paraguayo, el cual se traduce en la lucha por la recuperación de la soberanía territorial, cultural y alimentaria.
Las organizaciones campesinas e indígenas y los miembros de la sociedad civil organizada tenemos conciencia plena del impacto negativo que la introducción de los organismos genéticamente modificados llegará a tener en las comunidades. Una mesa familiar invadida por transgénicos y agrotóxicos significa más exclusión, más miseria, más muerte de inocentes, más dependencia de las multinacionales y más humillación para el Estado paraguayo.
Repudiamos enérgicamente la posibilidad de una movilización por parte de los únicos beneficiarios del modelo agrícola neoliberal implantado en el país, es decir, los empresarios del agronegocio, en contra de lo que ellos denominan “medidas exageradas” del Senave. Han estado operando a espaldas de la legislación sanitaria y ambiental introduciendo por contrabando las semillas modificadas y hoy se sienten intimidados ante una ocasional intervención en sus cultivos; el hecho de que se esté buscando obedecer los preceptos legales les causa inquietud porque no están acostumbrados a tratar con la Justicia, salvo cuando es para sobornar o fomentar la corrupción de los funcionarios públicos, siempre en defensa de sus propios intereses por encima de los de la mayoría. Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), miembro de la CLOC y la Vía Campesina Paraguay, Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, Asunción, 26 de agosto de 2010.
2010. Tras las polémicas surgidas en los últimos meses entre gremios de la producción y el Gobierno por la prohibición de utilizar “organismos genéticamente modificados” en la agricultura extensiva, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció ayer una resolución por la cual declara de interés estratégico la experimentación con semillas de maíz transgénico. [...] Esta nueva posición que asume el sector de gobierno sobreviene después de fuertes polémicas surgidas con el sector productivo, y principalmente con representantes de gremios agrícolas, que afirmaron que el país está tardando demasiado en autorizar un adelanto que puede ser beneficioso para toda la economía del país.
La situación llegó incluso a un punto de crispación debido a intervenciones realizadas hace unas semanas en algunas fincas de cultivos por fiscalizadores del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que procedieron a destruir sembradíos de maíz transgénico. El MAG autoriza ensayos sobre el maíz transgénico, http://www.abc.com.py/2010/09/08/nota/mag-autoriza-maiz-transgenico-pais/
2010. Hoy Paraguay es la tercera zona de libre comercio más importante del mundo después de Miami o Hong Kong. Su tráfico fronterizo y su sector financiero le dan fama de ser “la principal economía en expansión de la región” y un cruce de caminos de insondables brechas. Las torrentadas de los ríos Paraguay y Paraná forman la segunda cuenca más importante de Sudamérica después del Amazonas. Aquí se hallan Itaipú, la hidroeléctrica en operación más grande del mundo, y la “Entidad Binacional Yaciretá”, enorme represa cuya operación inundó 100 mil hectáreas y 200 islas, desplazó a más de 40 mil personas, produjo unos 80 mil “desaparecidos económicos” [categoría que engloba a todos aquellos que perdieron sus modos de vida y subsistencia] y provocó acusaciones de gran corrupción y pésima planeación.
El desplazamiento ocurre sobre todo por los monocultivos, que sin miramientos promueven la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, megaproyecto que consiste, como afirma la investigadora Elba Stancich, en “hacer navegables los 3 mil 400 kilómetros de río las 24 horas, los 365 días, para ‘convoys’ o ‘trenes’ de 20 barcazas o más”, violentando (con su escala de operación y de remodelación del ecosistema) todas las relaciones de una vasta región para servir a su masivo modelo agroindustrial que tan sólo en lo tocante a la soja representa 42 por ciento de las exportaciones paraguayas.
La élite sojera, que opera en una región que abarca partes de Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay, territorio conocido como “república de la soja”, es el feudo transnacional de una burguesía finquera derechista que ha sembrado terror y soja mediante la acción violenta de guardias armadas, escuadrones de la muerte y “comisiones de seguridad ciudadana” que imponen a los pobladores sus monocultivos mecanizados, acallando la disidencia con el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento. “A estas organizaciones”, dice Javiera Rulli en “que actúan como instrumento de represión y control social en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales: desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y religión, contra quienes no aceptan su orden”. Paraguay, puerta trasera de la Amazonía, Ojarasca, 9 de octubre de 2010.
2012. La avasalladora presencia de voraces latifundistas, de grandes agroexportadores que controlan una producción agrícola limitada a varios rubros y de empresas de ciudadanos extranjeros, sería suficiente para comprender la presencia de algunas familias campesinas sin tierra, parte de las 300 mil señaladas como existentes en el país viviendo en condiciones infrahumanas, en zonas del enorme latifundio existente en Marina Cué, Curuguaty.
Para los grandes propietarios de muchos miles de hectáreas, para jueces y fiscales a veces acusados de estar al servicio de esos poderosos intereses económicos, y para el propio gobierno, la calificación genérica de estos casos es la de invasión de la muy sagrada propiedad privada y de violación de las leyes del país.
Ésas fueron las razones esgrimidas por abogados, fiscales y jueces para ordenar el desalojo hasta por la fuerza, de los ocupantes de apenas una pequeña parte de las miles de hectáreas acumuladas en forma muy dudosa por el empresario Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado quien apoyó, incluso, a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner.
[...] La conocida como masacre de Curuguaty terminó el 15 de junio pasado con la muerte de 11 campesinos y seis policías, el encarcelamiento de numerosos rurales y el dictado de orden de detención a más de 40, quienes huyeron del lugar alegando peligro para sus vidas.
Casi inmediatamente, los partidos políticos tradicionales, con su mayoría congresional, lograron derivar la responsabilidad de lo sucedido hacia el gobierno del presidente Fernando Lugo y lo destituyeron en forma expedita en unas 30 horas, mediante el juicio político convocado, sin tomar en cuenta recomendaciones de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), presentes en Asunción.
¿Qué paso en Curuguaty? En busca de respuestas, más allá de las posiciones respectivas de las organizaciones políticas del país, se conformó la comisión investigadora independiente, encabezada por el jurista español Aifor Martínez y respaldada por abogados y personalidades locales.
Testimonios de primera mano recogió la comisión de los campesinos presentes durante el desalojo así como de policías, funcionarios, familiares de las víctimas, empleados hospitalarios, y acumuló fotos y filmaciones tomadas durante el tiroteo.
La acumulación de elementos permitió a los integrantes del grupo definir algunos aspectos trascendentes: la posición de los francotiradores desconocidos, provistos de armas automáticas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de operaciones de la policía mientras negociaban; la existencia en manos de campesinos apenas de escopetas de caza y otras armas rudimentarias, por lo que fue imposible pudieran resistir al embate de las fuerzas policíacas; la posibilidad latente de ejecuciones extrajudiciales de algunos labriegos, una vez iniciada la entrada con fuerza de la policía en el lugar; la negativa de auxilio a campesinos heridos, demostrada en filmaciones, e incluso la detención y encarcelamiento de un menor herido sin atención médica alguna.
[...] El reclamo sobre lo verdaderamente sucedido en Curuguaty se convirtió en una constante de tal amplitud que, durante el acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la representación de la ONU en Paraguay reclamó al presidente Federico Franco una urgente aclaración de aquellos sucesos. Javier Rodríguez, Paraguay: ¿Qué pasó en Curuguaty?, Rebelión, 19 de diciembre, 2012
2012. Los intentos de destituir al titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), Ing. Miguel Lovera con un listado de acusaciones que incluía su posición “en contra de la producción agropecuaria moderna” por parte de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el intento por liberar los transgénicos —que era explícito en el tractorazo prometido para el 25 de junio— dejan al descubierto la lucha por torcer el brazo de un gobierno que, con muchísimas limitaciones, había empezado a dialogar con los movimientos campesinos. Ni bien se produjo la destitución del Presidente Lugo, la medida de fuerza impulsada por el agronegocio fue suspendida. Las mismas presiones sufrió el Ministro del Ambiente, Oscar Rivas, que llegó a Río + 20 con una posición nacional crítica al agronegocio que fue impedida de expresarse en el plenario de la Cumbre.
Desde la Alianza Biodiversidad condenamos el golpe que ha recibido el rechazo de todo el pueblo paraguayo y denunciamos a las grandes corporaciones del agronegocio con Monsanto y Cargill a la cabeza como responsables, junto a los grandes terratenientes locales y los políticos cómplices, de este golpe. Están ampliamente demostrados los vínculos e intereses comunes de estos sectores. Alianza Biodiversidad, 25 de junio, 2012.
2013. La elección desarrollada en Paraguay el pasado 21 de abril llevó a Horacio Cartes a la Presidencia de la mano del partido colorado. Estas elecciones tuvieron como antecedente la destitución, en un proceso sumarísimo, a Fernando Lugo, Presidente de la República del Paraguay. Hecho político, a su vez, apoyado en el pretexto de una supuesta emboscada de un grupo de campesinos, que no supera un número de cincuenta personas, a unos policías que superaban fácilmente los trescientos, en Marina Kue en el distrito de Curuguaty departamento de Canindeyú.
La idea de la emboscada fue insuflada por los medios corporativos que responden a poderes económicos de la oligarquía paraguaya con dos objetivos; primero: la defenestración del primer mandatario paraguayo, y segundo, la idea de activar con fuerza la existencia de un enemigo interno belicoso que hay que combatir. La presencia del enemigo interno se instala con un plus que no puede pasar desapercibido, cual es, la de asumir el discurso y las reivindicaciones de los sectores populares que en Paraguay son víctimas de un modelo económico excluyente. Darle este discurso a un grupo considerado “terrorista” no tiene otro objetivo que criminalizar las protestas populares por la escandalosa desigualdad reinante en el país. Adilio Lezcano, El nuevo gobierno de Paraguay y la integración regional, Alai AmLatina, 25 de junio, 2013.
2013. La resistencia en las comunidades campesinas e indígenas a los monocultivos transgénicos implica una lucha descarnada contra los intereses de las transnacionales, que no dudarán en amedrentar utilizando los aparatos de represión del Estado, perseguir la protesta social con la eliminación física de los principales líderes a través del sicariato a su servicio o inventar una guerrilla campesina inexistente para argumentar la violencia y vaciar el campo de campesinos y campesinas, militarizando de esa forma el gobierno las zonas de conflicto, en un continuo Estado de excepción. Diana Viveros y Perla Álvarez, Conamuri, Soberanía alimentaria en Paraguay: sobre la cuerda floja, 7º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP, Bogotá, Colombia, 25-27 septiembre 2013